Por una Tasa Tobin en la Argentina

Declaración del Consejo Académico de Attac

27 de julio de 2001

Argentina enfrenta nuevamente una situación extremadamente difícil. El gobierno no logra equilibrar sus cuentas sin recortar parte de sus gastos; en el sector externo se ha profundizado el déficit de divisas; la desocupación continúa creciendo y la recesión no cede. Bajo esas condiciones el actual panorama político-económico del país delata incongruencias que conspiran, no solo contra los objetivos que teóricamente debió haber perseguido el equipo gobernante, de acuerdo con las promesas preelectorales, sino que también diluye las posibilidades de lograr el propósito de calmar la inagotable presión de los mercados (eufemismo para escamotear a los inversores/especuladores), como pareciera ser la obsesión ministerial.

El resultado de la ley recientemente aprobada por el Congreso de la Nación que consagra el pomposamente denominado "déficit cero" privilegia el pago de los intereses de la deuda por encima de cualquier otro gasto público. De este modo se satisface la demanda de los acreedores externos y se garantiza el pago de los intereses de la eterna deuda externa con recaudación fiscal. En realidad nos encontramos ante un verdadero chantaje de los grupos financieros transnacionales y sus socios locales. O hacemos lo que ellos exigen o caeremos en el más profundo de los abismos. Pretenden naturalizar una situación inducida para disciplinarnos; llegado el caso, amenazan con el terror de la caída en desgracia de nuestra moneda, similar a lo ocurrido con la inflación en 1989. Terror que apunta a terminar de reorganizar regresivamente el capitalismo argentino, mientras continúa la degradación del aparato productivo y se liquida todo vestigio del país que conocimos.

Los indicadores económicos son arbitrariamente manipulados para justificar el ajuste regresivo. Si bien es cierto que el déficit fiscal existe, no se explica qué lo está generando, aunque resulta evidente si se analiza lo ocurrido con los ingresos y los gastos. Lo que se esconde es que el crecimiento del gasto público entre 1993 y el 2000 se explica en un 61,3% de aumento de intereses de la deuda, en 28,8% por el déficit previsional y 15,3% por subsidios al sector privado.

En síntesis el déficit fiscal no deriva de la existencia de salarios elevados (circunscriptos a un reducido grupo de funcionarios) sino a formidables maniobras financieras, de modo que la decisión de reducir los gastos, vía salarios y jubilaciones, reduce la demanda interna, acentúa la recesión y automáticamente compromete las perspectivas de recaudación fiscal.

Es ciertamente evidente que no se han planteado soluciones para ninguno de nuestros más acuciantes problemas. Reaparecerá el déficit fiscal, perdurará la recesión y el desempleo continuará incrementándose. Algunos caminos alternativos que hubieran podido morigerar el ajuste han sido abruptamente abandonados. Tal el caso, por ejemplo del Plan de Infraestructura, que hubieran podido paliar la situación generando algunos síntomas de reactivación y dando alguna mínima respuesta al malestar social.

Tampoco se vislumbra voluntad política de poner en caja la enorme evasión impositiva que deriva del manejo inescrupuloso de las grandes transnacionales, de los servicios privatizados y de los bancos, que ocultan sistemáticamente sus ganancias drenándolas hacia el exterior y que - de ser controladas - podrían evitar el sistemático sacrifico de los sectores de menos recursos. La tecnología informática disponible permite la realización de dichos controles, de donde se deduce que solo esta faltando la mencionada decisión política para instrumentarlos.

La baja de los aportes patronales y el traspaso de las cajas provinciales de jubilaciones al Estado Nacional son asimismo factores que han contribuido, junto al peso de la deuda a desequilibrar las finanzas públicas acrecentando la dependencia externa.

Sin embargo, esas determinaciones no inhiben el planteo de otras cuestiones no menos cruciales. Si el agobio fiscal, externo y productivo se relaciona con los intereses a tasas desmesuradas de una deuda cuya composición es por lo menos dudosa, así como con el cierre del acceso a nuevos préstamos, indudablemente debe atenderse también ese frente. No debería desecharse, en consecuencia, la realización de un riguroso examen de las obligaciones contraídas bajo el genérico nombre de Deuda Externa puesto que en parte son nulas e inexigibles por haber violado los principios generales del derecho, tal el caso de las resultantes de los Bonos Brady que capitalizaron los intereses hasta ese momento adeudados, configurando el vicio de Anatocismo, prohibido en todos los códigos del mundo civilizado como una protección contra el delito de usura. Tampoco debe olvidarse que es al Congreso a quién compete la obligación constitucional de "arreglar la deuda externa", responsabilidad que le ha sido reiteradamente escamoteada a partir de 1984, circunstancia esta que no solo arroja una sombra de ilegitimidad sobre toda la deuda acumulada sino que también certifica igual y especialmente la ilicitud de la deuda contraída durante la dictadura militar.

Parece, por lo menos impostergable pensar en una reprogramación seria de estos compromisos, incluyendo una moratoria-suspensión que permita reorientar fondos para la reactivación, la reducción de las tasas de interés a niveles racionales y, eventualmente, una quita de lo adeudado, atendiendo tanto al origen dudoso de la deuda como a los pagos ya realizados, que han superado holgadamente los prestamos recibidos. Ese camino no es novedoso e incluso lo ha transitado el país en diversas ocasiones, como en 1890 o en 1982, sin que implicara una ruptura con la comunidad económica internacional o un aislamiento. Es que los acreedores comprenden, tarde o temprano, que un país que no produce no puede pagar aunque quiera hacerlo. Por eso, la reprogramación de la deuda y la implementación de un plan de reactivación diferente de los programas recesivos inspirados por el FMI mejoraría notablemente las perspectivas del país.

El progresivo deterioro y previsible abandono de las funciones que competen al estado y que establece nuestra Constitución, servicios de salud, educación, seguridad, vivienda están generando un vacío de poder, que atenta contra las bases mismas de la democracia y que no resuelven los miserables Planes Trabajar, ni los desesperados esfuerzos del ejecutivo por comprometer al desacreditado Parlamento, ni la postergación de las elecciones sugerida por el ex presidente hoy preso, y mucho menos aún la criminalización de las luchas sociales y la represión a quienes solo buscan obtener las mínimas condiciones de subsistencia.

La sociedad, agotadas las esperanzas, observa azorada que cada golpe de timón aleja cada vez más las posibilidades de reconstruir una estructura que la contenga adecuadamente, proporcionándole el marco imprescindible para su desarrollo y en consecuencia, comienza a asumir la necesidad de buscar por sí misma alternativas que reemplacen la sistemática apropiación de sus esfuerzos en beneficio de los "mercados", aunque siendo este vocablo tan solo una entelequia sería más preciso decir los "mercaderes".

Es hora de que sean estos, especialmente los especuladores los que contribuyan a la reconstrucción del país, aportando una cuota de sus ingentes ganancias, generadas, en definitiva por el esfuerzo de todos. No es posible que el sistema tributario argentino sea una de los mas regresivos del mundo ( mas del 70 % de los impuestos recae sobre el consumo) y por otro lado el creciente proceso de concentración hace que el 20 % mas rico se apropie de casi el 60% del Ingreso Nacional.

J

unto a las profundas reformas al sistema tributario para modificar su inequidad, que implica gravar las rentas financieras, las manifestaciones de riquezas suntuarias, las rentas monopólicas, la renta petrolera, también debe enfocarse el creciente problema del flujo descontrolado de capitales, su origen, y la inestabilidad que se genera. Nada mejor por lo tanto que analizar y poner en marcha el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras especulativas como la Tasa Tobin a las que debería agregarse un más amplio espectro de ganancias financieras (plazos fijos, desde un determinado monto, operaciones de bolsa, etc) que, antes que el ajuste a los que menos tienen, constituye un modo más genuino de procurar una, apenas más equitativa, redistribución de los recursos.

La contribución de los medios a ese poderoso sistema de presión, que en muchos casos influye en el desaliento y paraliza la gestión ciudadana, podría transformarse junto a los movimientos sociales y políticos que aspiran a la construcción de una alternativa política al servicio de los ciudadanos.

Buenos Aires, 27 de julio de 2001.