ACUERDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

El realismo capitalista

Si bien no es del todo nuevo, pocas personas conocen el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) en el que se establecen, sin contemplaciones ni pudor, los derechos del más fuerte como único mandatario en el mundo de la economía. El acuerdo, llevado adelante en secreto en el seno de la OCDE, establece total libertad para la acción de los inversores trasnacionales y severos castigos económicos para los gobiernos que pretendan limitar o regular el pleno goce de las oportunidades de inversión y ganancia de los empresarios extranjeros.

                                                                                                               Ivonne Trías

Si usted creía que los acuerdos internacionales reconocían a los gobiernos el derecho a disponer libremente de los recursos nacionales y a promover su uso en beneficio de su población, es hora de aggiornar sus creencias. El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) no trata de establecer los derechos y obligaciones de los inversores y los derechos y obligaciones de los gobiernos, sino los derechos de los primeros y las obligaciones de los segundos. La búsqueda de la desregulación global de la economía llevada adelante por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que recibió un fuerte espaldarazo en ocasión de la ronda Uruguay del Gatt en 1994, pretende ahora a través del AMI extender la desregulación a aquellos sectores a los que todavía no había llegado: dónde y cómo se ha de invertir en la industria y los servicios, en qué marco se harán las transacciones de divisas y de los demás instrumentos financieros: acciones y obligaciones, bienes raíces, recursos naturales, etcétera.

Como una división de tareas entre indígenas y colonizadores, los gobiernos nacionales están ante la opción de hierro de aceptar la propuesta draconiana del AMI o responder a la demanda pública de soluciones económicas.

El acuerdo se empezó a negociar desde 1995 en el marco de la OCDE. La negociación se desarrolló en secreto, porque sus 29 miembros, entre los que figuran los países más ricos, pretendían ponerse de acuerdo antes de dar la voz de orden a los países en vías de desarrollo. Se suponía que entonces los países que recibieran la propuesta no tendrían más opciones que "tómalo o déjalo". El borrador del acuerdo estaba terminado en un 90 por ciento cuando una ofensiva llevada a cabo por movimientos americanos de ciudadanos contra el procedimiento del fast track -abril de 1997- se apropió de una copia del documento y dio la voz de alarma. El propio Congreso de Estados Unidos cayó en la cuenta del tipo de negociaciones que se venían desarrollando desde hacía tres años, negadas hasta el momento, por el Departamento de Estado y el del Tesoro que debieron afrontar el papelón de que dicho documento fuera puesto a disposición del público en Internet. En otros países europeos hubo sorpresas y bochornos similares, puesto que los directamente involucrados en las negociaciones también negaban conocimiento. Según publica Le Monde Diplomatique, el presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional de Francia, Jack Lang, a pesar de estar directamente involucrado, declaró en diciembre pasado: "Ignoramos quién negocia qué en nombre de quién". En el documento base del AMI se establece el marco jurídico para los intercambios económicos en un mundo globalizado.

¿Cuál es la diferencia del AMI con los demás tratados internacionales de la era de la globalización, como el tlc o nafta? Que el AMI se ocupa de establecer exclusivamente los derechos de las empresas y de los inversores internacionales, reservando para los gobiernos nacionales todas las obligaciones. La idea es que los gobiernos nacionales, cuando de captar inversores se trate, no establezcan ninguna diferencia entre nacionales o extranjeros, entre los que requieran mano de obra o materia prima nacional y los que no las requieran, entre los que reinviertan localmente y los que no lo hagan.

Ahora y en la hora de nuestra muerte. Por otra parte el AMI establece una cláusula sin precedentes, una especie de matrimonio indisoluble por el cual los estados que entren en el acuerdo quedarán comprometidos durante 20 años. Existe una disposición por la cual ningún Estado puede manifestar su deseo de abandonar el acuerdo antes de cumplidos cinco años de su ingreso. Pero una vez cumplidos esos cinco, el acuerdo continúa vigente durante quince años suplementarios.

Las empresas trasnacionales y los grandes grupos financieros han estado muy atentos al desarrollo de las condiciones mundiales para la inversión, vale decir, a la obtención de garantías y libertades por parte de los gobiernos para sacar el máximo provecho de las inversiones que estos particulares realicen.

No es poca cosa que el capítulo clave del tratado se titule: "Derechos de los Inversores", donde se desarrolla el derecho a comprar todo: recursos naturales, servicios -como las telecomunicaciones por ejemplo-, tierras, divisas, etcétera, en las condiciones de máxima desregulación. Es decir, el capítulo "Derechos de los Inversores" podría resumirse diciendo que tienen los inversores el derecho absoluto a invertir sin ninguna restricción.

Mientras tanto los gobiernos tienen obligaciones: la primera de ellas es asegurar el "pleno goce" de sus inversiones a los inversionistas.

Son muchas las cláusulas que prevén el derecho de los inversores a ser indemnizados por los estados toda vez que haya una política o acción gubernamental que limite en algo el máximo provecho que aquéllos pudieran obtener de sus inversiones.

Esto significa, ni más ni menos, que cualquier empresa que invierta en un país puede considerarse perjudicada e iniciar querella judicial ante tribunales internacionales -elegidos por ella naturalmente- para exigir el pago de compensaciones si, por ejemplo, una restricción gubernamental le hiciera perder una oportunidad de ganancia. Esto equivale, para el AMI, a una especie de expropiación indirecta y otorga el derecho al inversor de reclamar el pago de indemnizaciones.

Si el gobierno uruguayo, por ejemplo, exigiera a una empresa extranjera el cumplimiento de las normas nacionales en materia de contAMInación ambiental, de derecho laboral o del consumidor, esta empresa estaría capacitada, según el AMI, de acusar al Estado por amenazar su derecho al pleno provecho de su inversión y, por lo tanto, de reclamar el pago de una compensación.

Esto sería algo así como obligar a los estados a establecer políticas sociales de asistencia a la empresa trasnacional.

¿QUE LA SOBERANÍA? ¡OLVIDATE!

Un capítulo por demás interesante en este manual de derechos del inversor es el que establece su derecho a ser indemnizado en casos de disturbios en los países donde el pobre hubiere invertido.

En ese caso, como obviamente en cualquier caso de disturbio civil -revueltas, estado de emergencia, movimientos de protesta, boicots, huelgas y ni qué hablar de revolución- los gobiernos serán los reponsables y tendrán la obligación de garantizar las inversiones extranjeras contra cualquier perturbación.

Pero para el AMI no basta con las intenciones de un gobierno: hay que ver el impacto que una política cualquiera puede tener sobre el inversor para determinar si esa política es discriminatoria, intencionalmente o no, para el capital extranjero.

En ese caso se encontraría toda ley o medida que intentara fijar un límite a las industrias extractivas, mineras o forestales. Los inversores tendrían derecho a señalar la discriminación implícita en ese tope.

Todas aquellas políticas que contemplaban a minorías desfavorecidas -como la discriminación positiva aplicada otrora en Estados Unidos para ayudar a las mujeres, los negros o los latinos- o bien a países o regiones pobres, serán acusadas por el AMI de discriminar al inversor.

De medidas nacionales para orientar las inversiones de modo a favorecer el interés público, creando empleo o empleando mano de obra local, limitando los riesgos de contAMInación, favoreciendo el reciclaje de productos, mejor ni hablar: todas son consideradas por el AMI como atentatorias al sagrado derecho del inversor. De la posibilidad de que un gobierno exija a los inversores extranjeros compartir con empresas locales, tampoco.

En fin, un mundo en el que el mando efectivo mundial pase de los gobiernos a las empresas e inversores privados ya no surge de un análisis marxista sino de un documento secreto -a voces- elaborado por 29 países ricos en un marco orgánico como el de la OCDE. El acuerdo dará efectivamente a las empresas derechos extraordinarios, como el de perseguir a los gobiernos ante tribunales elegidos por ellas, como por ejemplo el jurado arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, del que no se necesita ser muy sagaz para sospechar la parcialidad de sus decisiones.

Pero una disposición del acuerdo impone a los estados "aceptar sin condición el sometimiento de los litigios al arbitraje internacional", algo impensable desde la óptica de la soberanía.

¿QUE LOS DERECHOS CIVILES? ¡OLVIDATE!

El director del movimiento Public Citizen's Global Watch, de Washington DC, Lori M. Wallach, señala en Le Monde Diplomatique:

"Curiosamente, aquellos que deberían ser los más movilizados, los movimientos sindicales, representados en el seno de la OCDE por las confederaciones internacionales, se han limitado a proponer, sin éxito, el agregado al AMI de una "cláusula social" en lugar de cuestionar los fundamentos mismos del acuerdo. Una posición denunciada por los movimientos de consumidores, las asociaciones de defensa de los derechos del hombre, las de protección del medio ambiente, así como por un número creciente de sindicatos que juzgan la propuesta equivalente a colocar una frutilla sobre una torta de estricnina.

Ni los representantes de los gobiernos ni los de negocios tienen la intención de introducir disposiciones limitantes en el AMI. Su táctica consiste en prever numerosas excepciones y reservas, revelando así la amplitud de la amenaza. No es para nada tranquilizador que se nos prometa envolver nuestros objetos de valor en papel, mientras se rocía con nafta nuestra casa en llamas. Así los gobiernos canadiense y francés se dedican a obtener "excepciones culturales", en tanto que los negociadores americanos toman sus órdenes de Hollywood, que gracias al AMI acepta ejercer una hegemonía sin partenaires sobre todas las industrias de la cultura.

Los años de experiencia del gatt, luego de la omc, tanto como de otros tratados comerciales internacionales, demostraron ampliamente que las excepciones no ofrecen, durante la mayor parte del tiempo, ninguna garantía. Así, los plantadores de bananas del Caribe acaban de constatar que las cláusulas de acceso preferencial al mercado europeo contenidas en la convención de Lomé habían sido barridas por la ofensiva americana ante la omc: 'La Unión Europea fue definitivamente condenada. El AMI contiene disposiciones que prohíben a los estados intervenir en el futuro en los sectores que él cubre, con obligación de derogar sistemáticamente todas las leyes no conformes'.

¿Quién tiene interés en avanzar en la desregulación de las inversiones y en la desvinculación del Estado, cuando los resultados de la mundialización se revelan desastrosos? Desde ya, todo gobierno que se esfuerce en responder a la demanda pública de soluciones a los grandes problemas económicos y sociales debe hacerlo en un contexto internacional de inestabilidad monetaria, de especulación, de movimientos masivos y erráticos de capitales y de inversiones sin fronteras. Una situación que no podría durar. Salvo para la pequeña minoría que tiene interés en que ella empeore."

LAS PRIMERAS PROTESTAS

De todos modos, la difusión de un acuerdo destinado a crecer en secreto está despertando reacciones en distintos lugares. En Canadá, el conocimiento del documento ha levantado más resistencias que las que levantara hace diez años el tratado de libre intercambio con Estados Unidos. En Estados Unidos ha sido vivamente atacado en el Congreso, pero las protestas se habían iniciado ya en 1997, en ocasión de la runión del G-7, acompañada en paralelo y en forma alternativa por la Cumbre de los Pueblos. El 20 de junio, Mike Dolan y Chantell Taylor, de la organización no gubernamental Global Trade Watch, fueron a Denver para participar en la Cumbre de los Pueblos. Dolan y Taylor plantearon el reclamo de que se revelaran las negociaciones que venían desarrollándose en forma secreta acerca del AMI, y difundieron sus denuncias para multiplicarlas mediante campañas de otros activistas en todo el mundo.

En una conferencia de prensa, realizada frente al edificio en que se reunía el G-7, se arrojaron bolsas de basura, con etiquetas como "derechos laborales", "estándares ambientales", "derechos humanos" o "soberanía estatal y local", a un depósito que llevaba el nombre "Acuerdo Multilateral de Inversiones". Dolan declaró a la prensa que "cada uno de los líderes del G-7 es también un líder de la OCDE, donde se está negociando el AMI. Son ejemplos de las instituciones multilaterales y supranacionales esencialmente no democráticas y de que los negocios que ellas acuerdan -las políticas que imponen- no benefician a los consumidores, a los trabajadores o al ambiente".

En Francia, el documento del AMI se ha publicado en francés -gracias al movimiento de defensa de los consumidores Public Citizen, fundado por Ralph Nader- por Le Monde Diplomatique, del 8 de octubre de 1997, con la dirección www.mondediplomatique.fr/md/dossiers/AMI/.