EL NUEVO MANIFIESTO DEL CAPITALISMO MUNDIAL
Imagine
un tratado de comercio que autoriza a las empresas multinacionales y a los
inversionistas a demandar directamente a los gobiernos para obtener reparaciones
por daños y perjuicios e intereses en compensación de toda política o acción
pública que tenga como efecto disminuirle sus ganancias. Esto no es la intriga
de una novela de ciencia ficción acerca del futuro totalitario del capitalismo
sino sólo una de las cláusulas de un tratado que está a punto de ser firmado:
El Acuerdo multilateral sobre inversiones (AMI).
El director
general de la Organización mundial del comercio (OMC), Renato Ruggiero,
describió con bastante certeza la naturaleza de este acuerdo: "Estamos
redactando la Constitución de una economía mundial unificada."
Pocas
personas saben que el AMI está negociándose desde 1995 en el seno de la
Organización de cooperación y desarrollo económicos (OCDE) en París. Los 29
países miembros, que incluye a los más ricos del mundo, desean, antes que
nada, ponerse de acuerdo antes de presentar a los países en desarrollo un
tratado que no deje más opción que aceptarlo o rechazarlo. El objetivo del
acuerdo es extender el programa de desregulación sistemática de la OMC a
ciertos sectores vitales que aún no han sido incorporados: la domiciliación y
las condiciones de la inversión en la industria y los servicios, las
transacciones de divisas y los demás instrumentos financieros tales como las
acciones y los bonos, los bienes raíces y los recursos naturales.
Durante las
décadas anteriores, mientras el mundo era trastornado por una verdadera explosión
de los movimientos planetarios de capitales, la inversión atrajo menos la
atención que la actividad comercial por parte de la opinión pública, de la
prensa y de los poderes políticos. Sin embargo, las empresas transnacionales y
los grandes establecimientos financieros han estado muy atentos al respecto. Con
paciencia y agresividad, han actuado de manera que las reglas generales en la
materia satisfagan sus intereses particulares y aseguren la extensión y
consolidación de su poder sobre los Estados.
Los
legisladores y los ciudadanos han sido mantenidos en la ignorancia de las
transacciones en circunstancias que el texto de la OCDE (190 páginas) está
concluido en un 90%. Cuando
se produjo la ofensiva de los movimientos de ciudadanos americanos contra el
procedimiento de negociación comercial llamado de la vía rápida (fast track),
en abril de 1997, fue cuando el Congreso tomó conciencia de las negociaciones
del AMI que se llevaban a cabo, desde hacía tres años, por parte del
departamento de Estado y el del Tesoro.
El muro
de silencio desborda los EE.UU. En Francia, el presidente de la comisión de
relaciones exteriores de la Asamblea nacional, Jack Lang, pese a que el asunto
le atañe tan directamente, declaró en diciembre: «Ignoramos quién negocia qué
y a nombre de quién.» Los representantes americanos negaron la existencia del
texto hasta que una coalición de movimientos de ciudadanos se consiguió una
copia. Ahora,
lamentablemente para el departamento de Estado americano y de sus socios de la
OCDE, esa versión está disponible en Internet.