EL NUEVO MANIFIESTO DEL CAPITALISMO MUNDIAL

 

 

Imagine un tratado de comercio que autoriza a las empresas multinacionales y a los inversionistas a demandar directamente a los gobiernos para obtener reparaciones por daños y perjuicios e intereses en compensación de toda política o acción pública que tenga como efecto disminuirle sus ganancias. Esto no es la intriga de una novela de ciencia ficción acerca del futuro totalitario del capitalismo sino sólo una de las cláusulas de un tratado que está a punto de ser firmado: El Acuerdo multilateral sobre inversiones (AMI).

El director general de la Organización mundial del comercio (OMC), Renato Ruggiero, describió con bastante certeza la naturaleza de este acuerdo: "Estamos redactando la Constitución de una economía mundial unificada."

Pocas personas saben que el AMI está negociándose desde 1995 en el seno de la Organización de cooperación y desarrollo económicos (OCDE) en París. Los 29 países miembros, que incluye a los más ricos del mundo, desean, antes que nada, ponerse de acuerdo antes de presentar a los países en desarrollo un tratado que no deje más opción que aceptarlo o rechazarlo. El objetivo del acuerdo es extender el programa de desregulación sistemática de la OMC a ciertos sectores vitales que aún no han sido incorporados: la domiciliación y las condiciones de la inversión en la industria y los servicios, las transacciones de divisas y los demás instrumentos financieros tales como las acciones y los bonos, los bienes raíces y los recursos naturales.

Durante las décadas anteriores, mientras el mundo era trastornado por una verdadera explosión de los movimientos planetarios de capitales, la inversión atrajo menos la atención que la actividad comercial por parte de la opinión pública, de la prensa y de los poderes políticos. Sin embargo, las empresas transnacionales y los grandes establecimientos financieros han estado muy atentos al respecto. Con paciencia y agresividad, han actuado de manera que las reglas generales en la materia satisfagan sus intereses particulares y aseguren la extensión y consolidación de su poder sobre los Estados.

Los legisladores y los ciudadanos han sido mantenidos en la ignorancia de las transacciones en circunstancias que el texto de la OCDE (190 páginas) está concluido en un 90%. Cuando se produjo la ofensiva de los movimientos de ciudadanos americanos contra el procedimiento de negociación comercial llamado de la vía rápida (fast track), en abril de 1997, fue cuando el Congreso tomó conciencia de las negociaciones del AMI que se llevaban a cabo, desde hacía tres años, por parte del departamento de Estado y el del Tesoro.

El muro de silencio desborda los EE.UU. En Francia, el presidente de la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea nacional, Jack Lang, pese a que el asunto le atañe tan directamente, declaró en diciembre: «Ignoramos quién negocia qué y a nombre de quién.» Los representantes americanos negaron la existencia del texto hasta que una coalición de movimientos de ciudadanos se consiguió una copia. Ahora, lamentablemente para el departamento de Estado americano y de sus socios de la OCDE, esa versión está disponible en Internet.