Estado anfitrión y capital extranjero
Le
Monde International Nº 2572, 980221, J.-P. Tuquoi, p. 5
El Acuerdo multinacional de inversiones AMI está en discusión en el marco de
la OCDE, el club de los países ricos, desde mayo de 1995 pero su firma,
prevista para el próximo mes de abril, parece difícil por el gran revuelo que
ha provocado. El AMI pretende asegurar alguna forma de igualdad de trato para
los inversionistas extranjeros y nacionales dentro de un mismo país.
Jack Lang, actual presidente de la comisión de asuntos exteriores de la
Asamblea francesa, declaró que "el AMI instaurará el poder absoluto del
dinero" y será "una maquinaria infernal para desestructurar el
mundo" lanzada por "los ultraliberales" y a cuya cabeza se
encuentra "una suerte de soviet económico mundial animado por los
dirigentes de los grandes grupos multinacionales los cuales escapan al control
de los pueblos". Y el ex-ministro de la cultura de Francia concluye:
"Un eslogan debiera unir a todos los hombres progresistas: «l'AMI, c'est
l'ennemi». (el AMI -el amigo- es el enemigo)."
Los artistas
franceses fueron los primeros en rebelarse contra el AMI por el temor a que
ponga fin a la excepción cultural. El primer ministro Lionel Jospin declaró
que "el AMI no debiera, en ningún caso, restringir nuestra capacidad de
apoyar y desarrollar la creación artística y las industrias culturales y
audiovisuales." Según los especialistas, tal riesgo no existe porque se
puede obtener un compromiso similar al habido en la Ronda de Uruguay donde
Francia obtuvo el poder para fijar una política audiovisual independiente. Además,
cuenta con el apoyo del Canadá, preocupado por su proximidad con EE.UU., de
España, Italia, Grecia...
Lo
esencial del AMI está en la organización de las relaciones entre los Estados y
los inversionistas extranjeros. Conforme al espíritu que condujo a la creación
de la Organización mundial del comercio OMC en 1993, el AMI consagra la
liberalización de las inversiones mundiales cualquiera sea su tipo (acciones,
bonos, licencias...) o sector (financiero, inmobiliario...). El proyecto prevé
que el Estado anfitrión no podrá imponer al inversionista el "exportar un
volumen o porcentaje dado de bienes o servicios", ni "alcanzar un
nivel dado o porcentaje de contenido nacional", ni "transferir
tecnología", ni "localizar su domicilio societario", ni
"alcanzar un cierto nivel de empleo ni de investigación-desarrollo".
En cambio, el texto no dedica ni una palabra a cuestiones esenciales tales como
la de los "precios de transferencias" que permiten que las firmas
multinacionales, jugando entre sus distintas filiales diseminadas por todo el
mundo, logren más o menos escapar al pago de impuestos.
Sus
defensores argumentan que las reglas "tales como la transparencia de las
legislaciones, la libertad para la transferencia de fondos de las empresas y las
compensaciones en caso de expropiación, reflejan normas internacionales muy
bien establecidas e incorporadas en numerosos tratados bilaterales
vigentes". Se agrega que "el objetivo es garantizar a los
inversionistas un marco jurídico claro, equitativo y estable y de ofrecerles
mecanismos destinados a resolver eventuales conflictos que los opongan con los
gobiernos de los países que los acogen."
La paradoja
es que este debate se concentra en Europa donde no existen problemas entre las
firmas multinacionales y los gobiernos. El AMI apunta más bien al Asia, tierra
bendita para los inversionistas pero imprevisible. Otra paradoja es que la
discusión no es tan maniquea como pudiera pensarse: en particular, no opone a
una coalición de países europeos contra EE.UU. En realidad, partidarios y
adversarios del AMI se enfrentan, también, en EE.UU., principal inversionista a
escala mundial. Las firmas multinacionales y la Casa Blanca defienden el
proyecto mientras que el Congreso americano está dividido y la prensa no lo
trata.
"El
Estado, en general, no tiene el tamaño como para luchar contra las compañías
multinacionales. Para hacer que éstas vengan, está obligado a ofrecer
compensaciones por medio de medidas fiscales y subvenciones. Para evitar estos
sesgos y hacer jugar la competencia y atraer el mayor número de compañías, al
Estado debiera interesarle el que existan reglas claras y transparentes",
opina un profesor del Instituto de estudios políticos de París. Agrega este
especialista en comercio internacional: "Por lo demás, la adopción del
AMI es favorable para las multinacionales francesas que ya no enfrentarán al
Estado americano sino a su justicia en caso de litigio. El AMI es un avance que
no debe detenerse pues pronto deberán abrirse negociaciones sobre precios de
transferencias y sobre la competencia."