Ignacio Ramonet
Dos fenómenos
centrales e imbricados caracterizan hoy a nuestro planeta: por una parte, todos
los Estados participan de la dinámica globalizadora y,
al mismo tiempo, el mundo asiste a la revolución de la información. Se
trata de un proceso importante, comparable al del paso de la economía agraria
al de la economía industrial. Vivimos una segunda revolución capitalista, cuyo
nombre es: globalización.
¿Y qué es
en definitiva la globalización? Se trata de la interdependencia y de la
imbricación cada vez más estrecha de las economías de numerosos países,
sobre todo el sector financiero, ya que la libertad de circulación de
capitales, de flujos financieros, es total y hace que este sector domine, muy
ampliamente, la esfera económica.
La
globalización llega a todos los rincones del planeta, ignorando o pasando por
alto tanto los derechos y reglas de individuos y empresas como la independencia
de los pueblos o la diversidad de regímenes políticos.
La
globalización es la característica principal del ciclo histórico inaugurado
por la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, y la desaparición de
la Unión Soviética, en diciembre de 1991.
Su empuje y
su potencia son tales, que nos obligan a redefinir conceptos fundamentales sobre
los que reposaba el edificio político y democrático levantado a finales del
siglo dieciocho:
conceptos
como Estado-nación, soberanía, independencia, fronteras, democracia, Estado
benefactor y ciudadanía.
La
globalización no apunta a conquistar los países, sino los mercados. Su
preocupación no es el control físico de los cuerpos ni la conquista de
territorios, como fue el caso durante las invasiones o los periodos coloniales,
sino el control y la posesión de las riquezas.
La
consecuencia de la globalización es la destrucción de lo colectivo, la
apropiación de las esferas pública y social por el mercado y el interés
privado. Actúa como una mecánica de selección permanente, en un contexto de
competencia generalizada. Existe competencia entre el capital y el trabajo, pero
-como los capitales circulan libremente y los seres humanos son mucho menos móviles-
el capital siempre gana.
Los fondos
privados de los mercados financieros tienen ahora en sus manos el destino de
muchas empresas nacionales y la soberanía de numerosas naciones y también, en
cierta medida, la suerte o el destino económico del mundo.
Los
mercados financieros pueden dictar sus leyes a las empresas y a los Estados. En
este nuevo paisaje político-económico, el financista se impone al empresario,
lo global a lo nacional y los mercados al Estado.
En una
economía globalizada ni el capital ni el trabajo, ni las materias primas
constituyen en sí mismos el factor económico determinante, sino que lo
importante resulta la relación óptima entre esos tres factores. Para
establecer esa relación, las grandes firmas globales no tienen en cuenta ni las
fronteras ni las reglamentaciones, sino solamente el tipo de explotación
inteligente que pueden realizar de la información, de la organización del
trabajo y de la revolución en los métodos de gestión.
Esto
comporta con frecuencia la ruptura de la cadena de solidaridades en el interior
de un país.
Se llega así
al divorcio entre el interés de las grandes multinacionales y el de las pequeñas
y medianas (incluso grandes) empresas nacionales, entre el interés de los
accionistas de las grandes empresas y el de la colectividad nacional, entre la lógica
financiera y la lógica democrática.
Las grandes
empresas multinacionales no se sienten concernidas, ni mucho menos responsables,
por esta situación, ya que subcontratan y venden en el mundo entero y
reivindican un carácter supranacional que les permite actuar con enorme
libertad, ya que no existen, por decirlo así, instituciones internacionales
capaces de reglamentar con eficacia su comportamiento.
La
globalización constituye una inmensa ruptura económica, política y cultural;
somete a las empresas y a los ciudadanos a un diktat único:
"adaptarse", abdicar de su voluntad para obedecer al mandato anónimo
de los mercados financieros. La globalización, tal como se desarrolla
actualmente, es el economicismo llevado al extremo.
Esta
mundialización condena por adelantado, en nombre del "realismo",
cualquier veleidad de resistencia e, incluso, de disidencia. Los pujos
proteccionistas, la búsqueda de alternativas, las tentativas de regulación
democrática y las críticas a los mercados financieros son considerados
"arcaicos" o incluso oprobiosos.
La
mundialización erige a la competencia en única, exclusiva, fuerza motriz.
Helmut Maucher, un ex presidente de Nestlé, declaró por ejemplo en el Foro de
Davos: "Tanto para un individuo, como para una empresa o un país, lo
importante para sobrevivir en este mundo es ser más competitivo que el
vecino".
Pobre del
gobierno que no siga esta línea. "Los mercados lo sancionarían de
inmediato -advirtió Hans Tietmeyer, ex presidente del Bundesbank alemán- ya
que los políticos están ahora bajo control de los mercados financieros".
Marc Blondel, secretario del sindicato francés Force Ouvrière, pudo verificar
esto en Davos, en 1996: "En el mejor de los casos, los poderes públicos sólo
son subcontratistas de las grandes multinacionales. El mercado gobierna; el
gobierno administra".
Boutros
Boutros-Ghali, ex secretario general de las Naciones Unidas, señaló por su
parte: "La realidad del poder mundial escapa ampliamente a los Estados.
Esto es así porque la gloabalización implica la emergencia de nuevos poderes,
que trascienden las estructuras estatales". ¿Y quiénes son, en este siglo
que comienza, esos "nuevos poderes", esos nuevos amos del mundo? Por
cierto, no constituyen, como algunos imaginan, una especie de estado mayor
clandestino que conspiran en las sombras para controlar al mundo. Se trata más
bien de fuerzas que se mueven a su antojo gracias a la globalización, que
obedecen a consignas precisas, cuyo slogan totalitario podría ser: "todo
el poder a los mercados".
George
Soros, financista multimillonario, sostiene que "los mercados votan todos
los días, por cierto; fuerzan a los gobiernos a adoptar medidas impopulares,
pero indispensables. Son los mercados los que tienen sentido del Estado".
Sin
embargo, la globalización mata al mercado nacional, en particular los de los países
en desarrollo, que es uno de los fundamentos del poder del Estado nación.
Anulando al mercado, modifica el capitalismo nacional y disminuye el papel de
las empresas locales y de los poderes públicos.
Las
empresas locales, incluso los Estados, ya no disponen de los medios para
oponerse a los mercados. Quedan desprovistas de instrumentos para frenar los
formidables flujos de capital, muchas veces puramente especulativos, o para
oponerse a la acción de los mercados contra sus intereses y los intereses de
los ciudadanos. En general, los gobiernos se someten a las consignas de política
económica definidas por organismos mundiales como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio, que
ejercen una verdadera dictadura sobre la política de los Estados.
La
globalización no se reduce a la simple apertura de fronteras; traduce sobre
todo el creciente poder de los mercados financieros, el retroceso de los Estados
nacionales y las dificultades para establecer poderes supranacionales capaces de
orientarla hacia el interés general.
Favoreciendo
el libre flujo de capitales y las privatizaciones masivas a lo largo de los dos
últimos decenios, los responsables políticos han permitido la transferencia de
decisiones capitales (en materia de inversiones, de empleo, de salud, de educación,
de cultura, de protección del medio ambiente), desde el ámbito público
nacional hacia el ámbito privado internacional. Es por eso que actualmente más
de la mitad de las doscientas primeras economías del mundo no pertenecen a países,
sino a empresas privadas.
Si
consideramos la cifra de negocios global de las doscientas principales empresas
del planeta, vemos que aquella representa más de un cuarto de la actividad económica
mundial. Sin embargo, esas doscientas firmas emplean menos del 0.75 por ciento
de la mano de obra del planeta.
Mediante
las fusiones, se multiplica el número de firmas gigantes, cuyo peso es a veces
superior al de los Estados. La cifra de negocios de General Motors es superior
al Producto Interno Bruto de Dinamarca; la de Exxon-Mobil supera el de Austria.
Cada una de las 100 empresas multinacionales más importantes vende más de lo
que exporta cada uno de los 120 países más pobres del planeta. Las 23
multinacionales más poderosas venden más de lo que exportan algunos gigantes
del sur del planeta, como India, Brasil, Indonesia o México. Esas grandes
firmas controlan el 70 por ciento del comercio mundial y amenazan con asfixiar o
absorber a millares de pequeñas y medianas empresas en el mundo.
Los
dirigentes de las multinacionales y de los grandes grupos financieros y mediáticos
mundiales detentan la realidad del poder y, a través de sus poderosos lobbies,
se imponen sobre las decisiones políticas, confiscando en su beneficio la
economía y la democracia.
El volumen
de la economía financiera es 50 veces superior al de la economía real y sus
principales actores -los fondos de pensión estadounidenses, británicos y
japoneses- dominan los mercados financieros. Ante ellos, el peso de los Estados
y de las empresas locales, cualesquiera que sean, resulta casi despreciable.
Cada vez más
países que han vendido (muchas veces malvendido) sus empresas públicas al
sector privado internacional se han convertido de hecho en propiedad de los
grandes grupos multinacionales, que actualmente dominan sectores enteros de la
economía del sur, sirviéndose de los Estados locales para ejercer presión
sobre los foros internacionales y obtener las decisiones políticas más
favorables a su dominación global.
Las políticas
de ajuste estructural impuestas a los países en desarrollo en los años ochenta
en el marco del Consenso de Washington han dado resultados satisfactorios a
escala macroeconómica, pero han significado un costo social exorbitante y
contraproductivo. Los gobiernos han "saneado" las economías únicamente
para favorecer la inversión internacional y, al mismo tiempo, han destruido las
sociedades.
La
aceleración de la globalización y las crisis financieras de los años 1997 y
1998 aumentaron estos perversos efectos. Provocaron una reducción de los gastos
públicos en salud y educación en nombre de la lucha contra el déficit fiscal
y un aumento de las desigualdades y de la pobreza. Es cierto que en los países
en desarrollo éstas no son producto exclusivo de las políticas de ajuste, pero
es innegable que esas políticas han contribuido a acrecentarlas.
Actualmente,
tanto las estructuras de Estado como las económicas y sociales de los países
en desarrollo han sido barridas. El Estado se desploma un poco en todas partes.
Se desarrollan zonas donde no existe el derecho, una suerte de entidades caóticas
ingobernables al margen de toda legalidad donde se ha recaído en un estado de
barbarie en el que sólo las mafias imponen su ley. Aparecen nuevos peligros:
crimen organizado, delincuencia explosiva, inseguridad generalizada, redes
mafiosas, fanatismos étnicos o religiosos, corrupción masiva, etcétera.
La
abundancia de bienes y el progreso de la técnica alcanzan niveles sin
precedentes en los países ricos y desarrollados, pero en los países en
desarrollo el número de los que no tienen techo, trabajo,
medicamentos ni lo suficiente para alimentarse, aumenta sin cesar. Sobre
los 4,500 millones de personas que viven en los países en desarrollo, más de
un tercio (o sea 1,500 millones) no tiene acceso al agua potable. El 20 por
ciento de los niños no ingiere las calorías o proteínas suficientes y
alrededor de 2 mil millones de personas, un tercio de la humanidad, sufre de
anemia.
La
globalización viene acompañada de un impresionante proceso de destrucción.
Desaparecen industrias enteras en todas las regiones, con los sufrimientos
sociales que eso comporta: feroz explotación de hombres, mujeres y, más
escandaloso aún, de niños: 300 millones de niños son explotados en el mundo,
en condiciones de brutalidad sin precedentes.
La
mundialización comporta también devastación ecológica. Las grandes firmas
pillan el medio ambiente valiéndose de medios desmesurados; se aprovechan sin
frenos ni escrúpulos de riquezas naturales que representan el bien común de la
humanidad.
Esto se
acompaña asimismo de una criminalidad financiera ligada a los negocios y a los
grandes bancos, que reciclan sumas que superan el millón de millones de dólares
por año, es decir, 20 por ciento de todo el comercio mundial y más que el PNB
de un tercio de la humanidad.
La
mercantilización generalizada de las palabras y las cosas, de los cuerpos y los
espíritus, de la naturaleza y de la cultura, agrava las desigualdades.
Las
diferencias de ingreso a escala planetaria se ampliaron en proporciones sin
precedentes en la historia. La relación entre el país más rico y el más
pobre era de alrededor de 3 a 1 en 1816, cuando Argentina se declaró
independiente. En 1950, era de 35 a 1, de 44 a 1 en 1973, de 72 a 1 en 1992 y de
¡82 a 1 en 1995! Si bien -gracias a un crecimiento sostenido y a los beneficios
de la llamada nueva economía- el mundo es globalmente más rico, las políticas
de ayuda a los más pobres resultan un fiasco evidente.
Entre 1990
y 1998, las progresión anual media del ingreso por habitante fue negativa en 50
países en desarrollo. En más de 70 países, el ingreso medio por habitante es
hoy menor que hace 20 años.
A escala
planetaria, uno de cada dos niños sufre de malnutrición. Más de 3 mil
millones de personas, la mitad de la humanidad, viven con menos de 2 dólares
por día "Viven" es una manera de decir, porque con dos dólares por día
deben comer, alojarse, curarse, vestirse, transportarse.
En América
Latina, la pobreza alcanzaba en 1980 al 35 por ciento de los hogares; en 1990,
al 45 por ciento, o sea que pasó de 135 a 200 millones de personas. En 1998, más
de 50 millones de personas, que antes pertenecían a las clases medias, habían
pasado a la clase de "nuevos pobres".
La
desigualdad aumenta entre países ricos y pobres, en materia de acceso a
medicamentos y de investigación para el tratamiento de enfermedades prácticamente
ausentes en los países desarrollados.
Aunque el
mundo ha progresado mucho en materia de una mejor salud para todos, esos avances
son relativizados por el peor de los escándalos: la gravísima desigualdad en
el acceso a la salud. La señora Brundtland, directora general de la Organización
Mundial de la Salud, constata que "más de mil millones de personas abordan
el siglo XXI sin haber gozado de la revolución sanitaria: sus vidas siguen
siendo breves y marcadas por la enfermedad" (1).
La
globalización es cada vez más excluyente. En nuestro planeta, el quinto más
rico de la población dispone del 80 por ciento de los recursos, mientras el
quinto más pobre dispone de menos del 0.5 por ciento.
El número
de personas que vive en la pobreza es más grande que nunca y la distancia en términos
relativos entre los países desarrollados y en desarrollo nunca fue más
importante. La fosa que separa el Norte del Sur es hoy tan grande, que resulta
difícil imaginar cómo podría desaparecer.
Las
exportaciones mundiales se han más que duplicado, pero la participación en
ellas de los países menos desarrollados pasó del 0.6 en 1980 al 0.5 en 1990 y
al 04 por ciento en 1997.
Podemos
verificar con satisfacción que en los últimos veinte años más de 100 países
se desprendieron de regímenes militares o de partido único y que, por primera
vez en la historia, la mayor parte de la humanidad vive en democracia. Pero el
desastre económico pone en cuestión el progreso de las libertades civiles en
muchos países en desarrollo. La pobreza disminuye el sentido de la democracia.
Se podría
estimar que la clase media global reagrupa a los propietarios de automóviles, o
sea alrededor de 500 millones de personas. Si estimamos tres personas por coche,
eso hace 1,500 millones, o sea el 25 por ciento de la población mundial, de las
cuales cuatro quintas partes viven en el Norte y consumen el 80 por ciento de
los recursos del planeta.
La
comunidad mundial de abonados a Internet conoce un crecimiento exponencial y
representa actualmente el 26 por ciento de la población de Estados Unidos, pero
menos del 1 por ciento del conjunto de los países en desarrollo.
Se
considera que el número de utilizadores de Internet, estimado en 142 millones
en 1998, debería ser de 500 millones en 2003. La gran batalla del porvenir será
entre empresas estadunidenses, europeas y japonesas por controlar las redes. Los
países en desarrollo y sus empresas, salvo alguna excepción, están por
completo al margen de esta nueva fuente de riquezas y apenas recogerán unas
migas del comercio electrónico. Embrionario en 1998, con apenas 8 mil millones
de dólares de intercambio, el comercio electrónico llegará a 40 mil millones
este año y superará los 80 mil millones en 2002.
Pero en la
edad de la globalización, incluso los países ricos no garantizan un nivel de
desarrollo humano satisfactorio a todos sus habitantes. Sectores enteros de la
sociedad quedan al margen de la aparente prosperidad económica. En Estados
Unidos, el 16 por ciento de la población, o sea una persona de cada seis, sufre
de exclusión social. El número de niños sin cobertura médica satisfactoria
llega el 37 por ciento. En Texas, el estado de George Bush, llega al 46 por
ciento. En la primera potencia económica del mundo, 32 millones de personas
tienen una esperanza de vida inferior a los 60 años; 44 millones están
privadas de toda asistencia médica; 46 millones viven por debajo de los niveles
de pobreza y hay 52 millones de iletrados. En el Reino Unido, un cuarto de los
niños vive por debajo de los niveles de pobreza; más de la mitad de las
mujeres trabaja en condiciones precarias y, en el plano de la asistencia médica,
Gran Bretaña está en la última posición en la Unión Europea, después de
Grecia, Portugal e Irlanda.
Hay a quien
estas cifras parezcan asombrosas o desmesuradas...
A escala
mundial, los países en desarrollo necesitarían una 80 mil millones de dólares
por año (casi la mitad de la deuda externa argentina) para asegurar servicios
de base para todos.
Por todas
partes, la regla es la pobreza y el confort la excepción. La desigualdad
creciente es una de las características estructurales de la mundialización.
Estimaciones recientes de la ONU señalan que en 1999 la fortuna acumulada por
las 200 personas más ricas del mundo representa más de un millón de millones
de dólares. A título comparativo, digamos que los 582 millones de habitantes
de los 43 países menos desarrollados totalizaron un ingreso de 146 mil millones
de dólares.
Existen
individuos más ricos que los Estados: el patrimonio de las 15 personas más
ricas supera el PIB del conjunto del Africa subsahariana. La riqueza de las tres
personas más ricas del mundo es superior a la suma del Producto Nacional Bruto
de todos los países menos desarrollados, o sea 600 millones de personas.
La
globalización ha favorecido una gigantesca dilatación de la esfera financiera:
el monto de las transacciones del mercado de divisas se multiplicó por cinco
desde 1980, para llegar a cerca de ¡dos millones de millones de dólares por día!
El monto de las transacciones financieras internacionales es 50 veces más
importante que el valor del comercio internacional de bienes y servicios. El
monto de los activos en poder de los inversionistas institucionales (compañías
de seguros, fondos de pensión, etc.) supera los 25 millones de millones de dólares,
o sea más que la totalidad de las riquezas producidas anualmente en todo el
mundo.
Y las
autoridades no pueden hacer gran cosa ante el poder de la especulación. Por
ejemplo Japón, país que posee la más importante reserva de divisas del mundo
(más de 200 mil millones de dólares), no es nada ante el poder financiero de
los tres primeros fondos de pensión de Estados Unidos: ¡más de 500 mil
millones de dólares! Si un gobierno democrático desea proteger sus empresas
nacionales y realizar una política favorable al crecimiento y al empleo
reduciendo las ganancias de las grandes empresas y tolerando un pequeño aumento
de la inflación, los inversionistas internacionales lo acusarán de inmediato
de proteccionismo y sancionarán al país, sea atacando su moneda, sea vendiendo
masivamente las acciones de sus empresas. Esta reacción brutal provoca una
crisis y hace imposible la aplicación de una política que ha sido democráticamente
elegida por los ciudadanos.
Rubens Recúpero,
secretario general de la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo, acaba de lanzar el siguiente grito de alarma: "Es necesario
controlar los movimientos de capital volátil. La economía mundial es hoy más
inestable que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Los países en vías de
desarrollo son los más vulnerables. La reforma de la arquitectura financiera
planetaria debe ser la primera prioridad mundial" (2).
James
Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, admitió el fracaso de una cierta política,
a punto tal que declaró en Ginebra, el 26 de junio pasado: "Sabemos ahora
que la estabilidad macroeconómica, la liberalización y las privatizaciones son
importantes, pero no suficientes. El desarrollo tiene múltiples facetas. Hacer
funcionar los mercados, apunta a reducir la pobreza, pero demanda un entorno
social sólido. La pobreza es multidimensional: una mejor calidad de vida no se
traduce solamente por ingresos más elevados, sino que debe representar asimismo
más libertades civiles y políticas, más seguridad y participación a la vida
pública, más educación, alimentación y salud, un medio ambiente más
protegido y un aparato de Estado que funcione realmente" (3).
En conclusión,
la globalización construye sociedades duales: de un lado un grupo de
privilegiados e hiperactivos y, del otro, una inmensa masa de precarios,
desempleados y marginados.
Los años
noventa son los años de la exclusión social, con todos los riesgos que ello
supone, ya que el crecimiento de la pobreza y la desaparición de toda esperanza
de salir de ella favorece el aumento de la violencia en los países en
desarrollo. En algunos de ellos, la violencia ha adquirido la dimensión de una
verdadera guerra. En Brasil, por ejemplo, alrededor de 600 mil personas han
muerto asesinadas en los últimos 20 años.
En países
como Japón o Francia, el número de personas asesinadas es, respectivamente, de
2 y 3 por cada 100 mil personas. En Brasil, es de 58 y en Colombia ¡de 78
personas asesinadas por cada 100 mil! En ciertas ciudades esa proporción es aún
más trágica: en Cali es de 88, y en ciertos barrios de San Pablo ¡de 102 ! Y
la tendencia es al agravamiento. En 1988, fueron asesinadas en Brasil 21 mil
personas; en 1999, 42 mil, o sea el doble, sin contar los robos, las agresiones,
violaciones y secuestros.
Alrededor
de 2,500 personas son secuestradas anualmente en Colombia; cientos en Brasil, México,
Guatemala. En ciertas ciudades de América Latina, más del 50 por ciento de las
personas interrogadas declaran que ya no salen de su casa por la noche, lo que
comporta un desastre económico para muchos comercios y empresas.
¿Cuándo
acabaremos por comprender, por aceptar, que la equidad y la justicia social,
lejos de constituir frenos al desarrollo, son por el contrario favorables a
mediano y largo plazo a la eficacia económica, a la expansión del comercio y a
la prosperidad de las empresas? Hay que tomar medidas redistributivas,
destinadas a facilitar el acceso de los pobres a la renta, y poner en práctica
políticas que estimulen la participación de los pobres en la vida social y
económica. Lo verdaderamente importante sería reducir el peso del servicio de
la deuda externa y liberar esos recursos para la inversión productiva y el
gasto social. El pago de la deuda es, en algunos países, la mayor partida del
gasto gubernamental y llega a consumir hasta el 30 y el 40 por ciento del mismo.
En el plano internacional, se requiere ante todo un entorno de estabilidad que
favorezca el crecimiento económico y marcos reguladores que limiten los flujos
especulativos y eliminen la volatilidad financiera asociada a la globalización.
También es clave la apertura comercial de los países industrializados, a través
de una nueva ronda de negociaciones multilaterales, pero ésta sólo contribuirá
a mejoras sociales si va acompañada de cláusulas sociales y ambientales. Solo
así conseguiremos humanizar la globalización y hacerla compatible con una
concepción elevada de la democracia y de la dignidad humana.
Info ATTAC
Asociación
por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos
Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)
Documento de Trabajo 00-16
La crisis de la política en América
Latina
Unidad de
Políticas Comparadas (CSIC)
Introducción
La
vinculación causal entre desarrollo económico y democracia, convertida en un
lugar común a partir desde Lipset (1959), hizo que durante la década de los
80, tras la crisis de la deuda y los ajustes económicos consiguientes, se
extendiera un cierto pesimismo sobre el futuro de la democracia en América
Latina, precisamente en un momento en el que los regímenes autoritarios de la década
anterior estaban dando paso uno tras otro a una restaurada democracia. Muchos
observadores temieron que la crisis económica y sus regresivas consecuencias
sociales harían imposible el mantenimiento de regímenes democráticos en la
región.
En el período
trancurrido desde entonces ese temor se ha disipado en buena medida. La norma
siguen siendo en América Latina los regímenes democráticos, pese al alto
precio social pagado por la crisis y los ajustes y reformas posteriores, y el
propio régimen mexicano, siempre considerado un caso anómalo, afronta las
elecciones presidenciales del año 2000 con serias garantías institucionales de
un proceso competitivo y transparente. No obstante, la discutible reelección
del presidente Fujimori en Perú, y la concentración de poder en la presidencia
de Chávez, en Venezuela, arrojan serias sombras sobre la institucionalidad
democrática en ambos países. Y, por otro lado el intento de golpe —y el
desplazamiento del presidente Mahuad— en Ecuador y el estado de sitio en
Bolivia han mostrado en los primeros meses de 2000 que las tensiones sociales
pueden crear serios problemas para la gobernación democrática.
De esta
forma reaparece la cuestión social como clave del futuro de la democracia: ¿hasta
qué punto puede asentarse la democracia en sociedades marcadas por altos
niveles de pobreza y creciente desigualdad? El problema sería saber qué
variable explica la permanencia o la fragilidad de los regímenes democráticos
cuando se parte de situaciones de fuerte desigualdad social o de crisis económica
profunda. El recuerdo próximo de un régimen autoritario o la dramática
memoria de un conflicto civil pueden ayudar a que las instituciones democráticas
se mantengan para evitar el regreso hacia ese pasado indeseable. Pero además
cabe imaginar que algunas características de las instituciones democráticas
pueden favorecer especialmente su duración, motivando que los ciudadanos
mantengan su confianza en ellas. La primera de estas características sería, en
buena lógica, la capacidad para satisfacer las demandas de los electores.
Insatisfacción
y desconfianza: el problema general
El
sentimiento de insatisfacción respecto a los resultados de la democracia es un
fenómeno casi universal, si bien en general los ciudadanos afirman preferir la
democracia a cualquier otra forma de gobierno. Los gobernantes, los partidos y
los políticos en su conjunto son valorados negativamente, incluso en casos en
que se les reconoce una gestión eficaz (Maravall, 1995). Lo más llamativo es
que algunas de las razones que explicarían esta insatisfacción no parecen
responder a la realidad. Por ejemplo, la idea —muy extendida en los países
desarrollados— de que los partidos no siguen en su política las preferencias
expresadas por los electores: por el contrario, los programas se diseñan casi
siempre en estricto seguimiento de tales preferencias (Biorcio y Mannheimer,
1995; Fuchs y Klingemann, 1995).
Lo que podría
explicar el sentimiento opuesto, sin embargo, sería la peculiar distribución
de las preferencias de los electores. Se viene sosteniendo que desde los años
70 han emergido nuevos valores y preferencias (posmaterialistas) distintos de
los expresados por los electores durante el período de posguerra: frente a las
demandas de empleo, mejoras salariales y servicios públicos, los nuevos valores
apuntarían a la calidad de vida, el medio ambiente, la paz y los derechos
individuales, en particular la igualdad entre hombre y mujeres (Inglehart, 1977,
1990 y 1997; Abramson e Inglehart, 1995). Normalmente se entiende que esto se
traduce en una segmentación del electorado, que obligaría a los partidos a
buscar fórmulas de conciliación (trade-off) entre los nuevos y los viejos
valores para obtener apoyo mayoritario.
Desde este
planteamiento los partidos tendrían un problema para reformular sus discursos y
sus estrategias: los partidos socialdemócratas europeos, en particular, oscilarían
entre la tentación de aferrarse a su público tradicional, renunciando a las
nuevas demandas sociales, y la de intentar satisfacerlas corriendo el riesgo de
perder el apoyo de los trabajadores identificados con las viejas demandas
materialistas (Kitschelt, 1994). Pero no se plantea otro problema distinto: que
la contradicción entre viejos y nuevos valores suponga la coexistencia en los
propios electores de dos o más ejes de preferencias distintos, no agregables, y
que por tanto las mismas políticas que susciten su apoyo les puedan dejar
insatisfechos en alguna medida.
La idea de
que los electores se manejan a la vez en varios ejes de preferencias es en
realidad muy anterior a la entrada en escena de la nueva política (Stokes,
1966), pero entonces se planteó más bien como un reto al modelo espacial de la
competencia electoral (Downs, 1957). Paradójicamente, sin embargo, el modelo
espacial —y en particular el teorema del votante mediano— puede salvarse en
un espacio de dos o más dimensiones: para competir por la mayoría los partidos
deberán concentrar sus propuestas en un conjunto de posiciones (uncovered set)
en el que se aglutinan la mayoría de los electores (McKelvey, 1986; Ordeshook,
1986).
El problema
de la insatisfacción de los electores, en cambio, sólo se ha planteado a
partir de la posibilidad de una distribución bimodal de las preferencias sobre
un mismo eje (Miller y Listhaug, 1998). Es evidente que en este caso una política
(centrista) que responda a las preferencias del votante mediano será la que
obtenga mayor apoyo —o menor rechazo—, pero a la vez creará una
insatisfacción mayoritaria. Lo que no es tan obvio es que, cuando se definen
políticas para atender a demandas sobre dos o más ejes de preferencias, las
metapreferencias de los electores —su ordenación relativa de estos ejes—
difícilmente corresponderán a las prioridades de la agenda política
desarrollada por los gobiernos, por lo que la insatisfacción de los electores
crecerá incluso si sus demandas son atendidas en mayor o menor medida (Paramio,
1999a).
Una vez que
se admite la existencia de más de un eje de preferencias, se puede hablar de un
eje de metapreferencias: si sobre éste existiera una distribución unimodal de
los electores, la posición del votante mediano sobre este eje correspondería a
la política —al orden de prioridades— que minimizaría la insatisfacción
de los electores. Pero si no existe tal distribución unimodal, sino que las
metapreferencias están distribuidas aleatoriamente o de forma n-modal, ninguna
política mayoritaria podrá dejar de suscitar insatisfacción en los mismos
electores a cuyas demandas se pretende ofrecer solución, independientemente de
que cada demanda en si pueda considerarse razonablemente satisfecha. La
insatisfacción de las prioridades (metapreferencias) sería vivida por los
electores, paradójicamente, como insatisfacción de las demandas.
Se podría
suponer que la nueva situación de insatisfacción generalizada ante la política
refleja, en este sentido, una ruptura de la ordenación de las prioridades
sociales propia de las décadas de posguerra. No habría existido quizá nunca
una época en la que las preferencias políticas se distribuyeran sobre un único
eje, pero sí habría habido un número limitado de metapreferencias
proyectables sobre un eje ordenado transitivamente en términos ideológicos.
Cada posición sobre este eje de las metapreferencias (cada ordenación de las
preferencias) tendría su equivalente en una identidad partidaria. Las
prioridades de los distintos partidos —por ejemplo, redistribución frente a
crecimiento de las ganancias— serían opciones sobre las que se decantarían
los electores, en función de sus propios intereses.
En teoría
los electores deciden su voto calculando los beneficios que pueden obtener de un
gobierno de uno u otro partido. En la práctica, dado que la información sobre
los programas y sus posibles repercusiones, la competencia de los candidatos y
la sinceridad de sus intenciones, excede a la que puede reunir y analizar
cualquier elector común, los electores utilizan lo que podemos llamar atajos
informacionales: la ideología o identidad partidaria es el fundamental de estos
atajos. Sobre esa base los electores construyen vínculos de identificación que
tienen una componente valorativa y otra afectiva: la decisión de votar, cuando
los beneficios esperables de ese voto son remotos, se explica en buena medida
por la carga expresiva que conlleva el hecho de votar (Riker y Ordeshook, 1968),
por ejemplo al hacerlo por un partido con el que el elector se siente
identificado.
Se suele
aceptar que el auge de los medios audiovisuales ha disminuido el papel de los
partidos políticos como canales de información y formación de opinión política,
y que en la misma medida, al hacerse menos relevantes los partidos en la vida
social, los vínculos de identificación partidaria se han debilitado
(Wattenberg, 1998). Eso no tendría que haber afectado necesariamente al papel
de las identidades o ideologías partidarias como atajos informacionales, aunque
erosionara la relación afectiva entre los electores y los partidos, y en lógica
consecuencia disminuyera la lealtad de los primeros hacia los segundos. Pero, si
efectivamente se ha producido en paralelo la aparición de nuevas preferencias
en los electores, las identidades partidarias anteriores no tendrán
inicialmente valor informacional sobre estas nuevas preferencias. Por tanto, el
eje ideológico sobre el que se alineaban las identidades partidarias se mostrará
ahora no sólo menos relevante, sino también insuficiente para ordenar las
prioridades (metapreferencias) en el nuevo espacio n-dimensional de las demandas
sociales.
En todo el
razonamiento anterior se parte de la hipótesis de que existen unas preferencias
o demandas tradicionales, respecto a las cuales los partidos representan
identidades o posiciones ideológicas claras, y que el único cambio lo
representan las nuevas preferencias o demandas que traducen los valores
posmaterialistas. No es así, sin embargo. Como es bien sabido, desde los años
80 se ha producido en todo el mundo, y en América Latina de forma más marcada,
un cambio en las reglas de juego de la economía, como consecuencia del auge de
unos mercados financieros globales caracterizados por una extraordinaria
movilidad. Esos cambios han provocado una modificación de las políticas
posibles para los gobiernos, y esto a su vez ha supuesto una alteración de las
identidades partidarias: los partidos que antes se identificaban con la
redistribución ahora deben asumir políticas de ajuste con resultados sociales
regresivos, al menos a corto plazo.
Por tanto,
junto con la pérdida de valor de las identidades partidarias para ordenar las
metapreferencias, al desarrollarse nuevas demandas y preferencias sociales, se
produce también un cambio de dichas identidades partidarias, cambio que será
percibido por sus electores tradicionales como un desdibujamiento y causa
previsible de desconfianza. Lo esperable entonces será no sólo que se
debiliten o disminuyan los vínculos de identificación entre los ciudadanos y
los partidos, sino que caiga drásticamente la funcionalidad de los partidos
para agregar las preferencias sociales sobre un único eje de metapreferencias.
La consecuencia será que las políticas capaces de obtener el apoyo de la mayoría
serán, simultáneamente, incapaces de satisfacerla: los partidos podrán ganar
las elecciones, pero no la confianza de los electores, en la medida en que éstos
no reconozcan ni hagan suyas las prioridades de los partidos. Crecerá por el
contrario la distancia entre la lógica de la gobernación y la lógica de las
demandas individuales.
No es
evidente sin embargo que este proceso deba considerarse irreversible, al
contrario de lo que sugiere la mayor parte de los estudios. En el caso
norteamericano se puede sostener que el peso en el voto de las identificaciones
partidarias ha recuperado en las elecciones presidenciales el nivel de posguerra
en la década de los 80, y ha crecido posteriormente (Bartels, 2000). Se puede
pensar que la causa es el realineamiento ideológico que se ha producido en
Estados Unidos durante las presidencias de Reagan y Clinton, pero el hecho es
que en general puede considerarse factible que la capacidad de los gobiernos
para ofrecer de forma duradera resultados coherentes se traduzca en un
reforzamiento de las identificaciones partidarias. El proceso implicaría la
satisfacción de las demandas inmediatas de los ciudadanos dentro del orden de
preferencias fijado por los partidos, lo que haría aceptable esa ordenación
para los electores.
La
frustración de las expectativas en América Latina
La situación
se complica considerablemente si recordamos que en América Latina la alta
movilidad de los mercados financieros no sólo limita las posibilidades de
actuación de los gobiernos, sino que también ha producido drásticos
retrocesos en los resultados obtenidos por ellos. Los ejemplos más notorios los
ofrecen la devaluación catastrófica de diciembre de 1994, en México, y el
impacto subsiguiente del efecto tequila sobre la economía argentina, en 1995, y
las secuelas de las crisis asiática y rusa en Brasil, a comienzos de 1999. En
todos estos casos los ciudadanos sentían que se habían superado —con alto
coste social— la crisis de la deuda y sus secuelas, incluyendo la hiperinflación
en Argentina y Brasil, y que los sucesivos ajustes y reformas estructurales habían
logrado poner a los respectivos países en una senda estable de crecimiento económico.
Las nuevas crisis supusieron, por tanto, una fuerte frustración de
expectativas, independientemente de la mayor o menor responsabilidad que los
ciudadanos atribuyeran a los gobiernos en el origen y manejo de la coyuntura
adversa.
En los
modelos económicos de voto se supone que los electores castigan a los gobiernos
por los reveses económicos en su gestión —voto retrospectivo— o bien que
deciden si las expectativas más favorables de comportamiento futuro de la
economía las ofrece la continuidad del partido en el gobierno o, por el
contrario, la llegada a éste del (principal) partido de oposición (Fiorina,
1978 y 1981; MacKuen et al., 1992). En los tres casos mencionados (México,
Argentina y Brasil) se daba sin embargo una paradoja: castigar al partido en el
gobierno suponía favorecer a partidos que no prometían mejores perspectivas
para el futuro, por haber tenido recientes experiencias negativas de gobierno o
por no contar con una reputación favorable en la gestión de la economía, al
no haber gobernado previamente o mantener un discurso poco creíble en este
campo.
En una
situación así cabe hablar de frustración de los electores: una vez que ha
fallado la única opción que garantizaba resultados económicos positivos no
existen alternativas racionales, y en lo sucesivo el comportamiento electoral
oscilará entre el voto aleatorio y el simple voto agresivo hacia los
gobernantes en las convocatorias cuyo resultado no pueda agravar en exceso la
situación ya existente. Esta conducta frustrada es la esperable una vez que los
cálculos racionales no han logrado conducir a los resultados deseados
(Eckstein, 1991). La frustración no tiene por qué convertirse en un patrón
estable de conducta, ya que cambios posteriores en la oferta partidaria pueden
significar la reaparición de alternativas y cálculos racionales. Pero lo más
probable es que un caso grave de frustración de expectativas induzca en los
electores una desconfianza duradera hacia los resultados de la política.
Puede ser
útil contraponer la experiencia de Argentina con la de Venezuela, donde la
frustración se ha agravado hasta afectar seriamente a la legitimidad del
sistema político. En Argentina, la Alianza que derrotó al peronismo a finales
de 1999 no despertaba grandes expectativas, sino que se limitó a presentarse
como una alternativa racional a la forma de gobierno de Menem, conservando las
reformas económicas de mercado introducidas por éste pero haciendo hincapié
en la restauración de la transparencia y las normas del Estado de derecho, tras
diez años de una gestión poco escrupulosa. En suma, el programa de la Alianza
proponía mayor atención a la educación y a la política social —pero
reconociendo un escaso margen de actuación y sin ofrecer milagros— y una
gestión más austera y responsable de la economía, manteniendo básicamente el
modelo heredado de los gobiernos anteriores.
Que esta
oferta modesta y racional obtuviera el apoyo de la mayoría fue el resultado de
varios factores. El primero es la propia reducción de expectativas de los
electores: la crisis de 1995, bajo el impacto del efecto tequila, disipó las
ilusiones económicas creadas por el éxito del primer gobierno de Menem desde
la fijación de la paridad del peso por ley. Olvidado el triunfalismo de aquel
momento, unas expectativas más realistas permitieron a los electores valorar
positivamente las propuestas de la Alianza. El segundo fue la recuperación de
la credibilidad de la oposición como gestora de la economía, superando el
recuerdo del final hiperinflacionario del gobierno de la UCR con Raúl Alfonsín.
A esta superación contribuyeron a su vez varios factores, entre ellos el perfil
positivo como gestor del candidato presidencial Fernando de la Rúa, pero quizá
el sustancial fue la recomposición de la oferta partidaria que condujo a la
formación de la Alianza.
El Frepaso
(Frente por un País Solidario) surge, a partir del Frente Grande, como una
escisión del justicialismo en protesta por las reformas neoliberales
emprendidas por Menem. El discurso del Frepaso pasa pronto a centrarse en la
defensa de los derechos individuales y sociales, y en la denuncia de la corrupción,
abandonando toda nostalgia del modelo económico anterior, a la vez que se corta
la tentación de convertir a la organización en polo de atracción para los
sucesivos disidentes del menemismo dentro del justicialismo. Ese proceso de
modernización política culmina con el acuerdo para la constitución de la
Alianza con la Unión Cívica Radical.
De esta
forma se introducen en la agenda de la oposición las demandas de la clase media
urbana simpatizante de la izquierda y del peronismo, y a la vez la oposición
recupera una imagen de alternativa de gobierno en torno al perfil de gestor
honesto y eficaz de De la Rúa. El Frepaso supera así su marginalidad inicial,
y la UCR las hipotecas adquiridas por la catástrofe hiperinflacionaria del
final del gobierno de Alfonsín, por el mal comprendido pacto de Olivos —con
el que se hace posible la reelección de Menem—, y por las divisiones internas
a las que había conducido a la UCR la contradicción de estar de acuerdo en
principio con las reformas económicas de Menem, pero no con la forma en que éste
las introducía y, sobre todo, con la desenvoltura de su gestión y sus aspectos
colaterales (incluyendo las sospechas de corrupción).
En
Venezuela Carlos Andrés Pérez llegó por segunda vez a la presidencia, tras
las elecciones de diciembre de 1988, con un aura de impulsor de prosperidad
procedente de su primer período (1974-79), que había estado marcado por la
riqueza petrolera y la ampliación de la actuación económica del Estado. Sin
embargo, Pérez optó por un giro radical para lograr sanear unas finanzas públicas
al borde de la bancarrota, anticipando las consecuencias futuras de esta situación
y probablemente influido por las políticas de reforma aplicadas en años
anteriores por los gobiernos socialistas español y francés. El choque entre
las expectativas populares y la inmediata realidad de una drástica reducción
de subsidios, que afectaba duramente a las clases bajas y medias bajas, se
tradujo en febrero de 1989 en una explosión social, el caracazo, reprimida además
de forma sangrienta.
En 1992,
tras dos años de recuperación económica, el teniente coronel Hugo Chávez
intentó un golpe de Estado que no triunfó, pero le convirtió en héroe
popular de los sectores sociales frustrados por la presidencia de Carlos Andrés
Pérez, induciendo una preocupante tolerancia entre los electores hacia la
intervención militar como vía para la reafirmación de la voluntad popular. Pérez
fue removido de la presidencia ya en el final de su mandato, acusado de mal uso
de fondos públicos, y, en medio de la crisis de Acción Democrática, el ex
presidente Rafael Caldera, que había abandonado el otro gran partido (Copei),
regresó a la presidencia apoyándose en un movimiento propio (Convergencia
Nacional) y una coalición con el MAS y una ristra de pequeños partidos.
Tras un
breve ensayo de retorno al populismo debió volver a la ortodoxia económica,
provocando una nueva frustración y abriendo así la puerta al triunfo democrático
de Hugo Chávez, convertido en presidente y vencedor arrollador en la
convocatoria de una Asamblea Constituyente destinada a acabar con el anterior
sistema de partidos y con el conjunto de las instituciones democráticas que Chávez
y sus seguidores asocian con la partidocracia y su corrupción. La diferencia
con el caso argentino debería ser obvia: en Argentina, la disconformidad con
las reformas abre el paso a una recuperación de la credibilidad de la oposición
partidaria. En cambio, en Venezuela, esa disconformidad, a través de la
experiencia de Caldera, supone la definitiva pérdida de credibilidad del
conjunto del sistema de partidos.
Un primer
factor para explicar las distintas trayectorias es la inevitabilidad de las
reformas económicas (Paramio, 1999b). Si éstas resultaban forzosas
—independientemente de que las razones fueran internas o externas—, una
nueva fuerza política que tratara de eludirlas, como el movimiento encabezado
por Caldera, estaba condenada a ofrecer un balance negativo y a acentuar el
descrédito de la política partidaria. Un segundo factor sería la percepción
social en Venezuela de la corrupción como un fenómeno generalizado, mientras
que en Argentina la Alianza del Frepaso y la UCR ofreció la imagen de una
alternativa honesta y regeneracionista. Pero quizá un tercer factor fuera el
decisivo: la división interna de los grandes partidos en Venezuela. Caldera se
presenta contra Copei, su partido de origen, y AD no consigue resolver las
divisiones abiertas por la presidencia de Carlos Andrés Pérez y su traumático
final.
Oferta
partidaria y resultados de los gobiernos
La misma
combinación de frustración de expectativas y división de la oposición
(Izquierda Unida) podría explicar el irresistible ascenso de Fujimori en 1990 y
la prolongada irrelevancia de los partidos en la política peruana desde
entonces, aunque merecería capítulo aparte la situación del APRA por las
acusaciones pendientes sobre el ex presidente Alan García. Pero hay otro tipo
de situaciones que llama la atención a comienzos del año 2000: los movimientos
de protesta social en democracias ya razonablemente duraderas, como Ecuador o
Bolivia, que reabren la posibilidad de crisis profundas de gobernación.
Inicialmente
hubo serios temores, sustentados en estallidos sociales aislados, de que los
ajustes y reformas estructurales que siguieron a la crisis de la deuda
provocaran un creciente malestar social y pusieran en peligro la estabilidad de
los regímenes democráticos en América Latina. Que el deterioro social no se
haya traducido en mayor conflictividad tiene varias explicaciones. La primera se
refiere a la propia lógica de la acción social: un colectivo que se ha visto
gravemente afectado en sus intereses sólo se movilizará si cuenta con los
recursos organizativos necesarios para ello. Los sectores populares más
afectados por la crisis carecen a menudo de organización y dirección que les
permitan movilizarse, y la protesta de las clases medias pasa normalmente por la
política democrática, en forma de voto de castigo a los gobiernos o de voto
frustrado a candidatos excéntricos. En cuanto a los sindicatos, su
debilitamiento a causa de la crisis, los incentivos selectivos ofrecidos a sus
dirigentes, y el juego estratégico derivado de sus relaciones con los partidos,
se han combinado para reducir su movilización frente a las reformas económicas
(Astudillo, 1999; Murillo, 2000).
Una segunda
explicación es que los actores sociales golpeados por la crisis y las reformas
económicas se han visto limitados a menudo por la conciencia social de la
gravedad de la situación, gravedad que deslegitimaba cualquier intento de
defensa del statu quo. Esta conciencia no sólo les obstaculizaba una posible
confrontación abierta con los gobiernos que introducían las reformas económicas
de mercado, sino que les dificultaba seriamente el establecimiento de
coaliciones para dar una respuesta coordinada a la crisis: cada uno de los
actores reclamaba protección o mejoras de los gobiernos, pero sin poder
presentar propuestas alternativas a las reformas ni hacer frente común con los
restantes en torno a un programa común.
La novedad
del escenario en que se producen las protestas sociales actuales es que no se
plantean sólo en contra de las reformas económicas, sino también en denuncia
de sus promesas incumplidas. El caso boliviano es ejemplar en este sentido, ya
que se suele considerar que es uno de los países que ha ido más lejos en el
proceso de reformas: las demandas salariales se han combinado con la oposición
a una privatización del suministro de agua que suponía un aumento de su precio
para los actuales usuarios. En cambio, Ecuador está más próximo al caso de
Venezuela: reiterados intentos de reformas de mercado que no han llegado a
culminar pero han discurrido en paralelo a un imparable deterioro social, con
fuerte crecimiento del desempleo y de la pobreza a consecuencia de la inflación.
La cuestión es saber por qué, ahora, estas protestas pueden —al menos en
Ecuador— llegar a poner en cuestión las instituciones de gobierno.
En realidad
la respuesta en el caso ecuatoriano es muy simple: la movilización indígena
condujo a la salida del presidente Mahuad porque dentro de la propia clase política
y del ejército ya existían proyectos para sustituirlo. En un contexto, además,
en el que el respeto a la estabilidad institucional no es precisamente la norma,
como se había puesto de relieve en su momento con el desplazamiento del
presidente Bucaram y el confuso proceso de su sustitución. Quizá la verdadera
pregunta no es entonces la que se refiere al impacto de las protestas, sino a su
alcance: ¿cuál es la razón de que las movilizaciones sociales adquieran estas
dimensiones en regímenes democráticos razonablemente asentados?
La primera
tentación sería buscar una respuesta en las deficiencias de la democracia o de
los gobernantes, por ejemplo en el hecho de que el general Bánzer, en Bolivia,
tenga un pasado de gobernante autoritario. Pero, yendo más al fondo de la
cuestión, parece lógico preguntarse por las posibilidades de representación
política eficaz que el sistema democrático ofrece a quienes se movilizan en
defensa de sus intereses. Y esta cuestión, a su vez, tiene dos partes: la
oferta partidaria —si existen partidos que representen las demandas de estos
grupos— y la capacidad del sistema político para ofrecer respuestas
satisfactorias a estas demandas. Estamos ahora muy lejos del problema de la
insatisfacción ante gobiernos que atienden realmente las demandas sociales,
pero cuyas prioridades no se ajustan a las expectativas de los electores, y ante
un problema mucho más palpable e inmediato: la existencia o inexistencia de
resultados.
Con ello
llegamos al terreno de la política económica en contextos de drástica
limitación de las opciones de los gobiernos, y en los que, además, la
estructura económica de partida condiciona fuertemente los resultados a los que
los gobiernos pueden aspirar. La existencia de extensas capas indígenas,
vinculadas a la agricultura de subsistencia o a la economía informal, no admite
un tratamiento rápido para la mejora de las condiciones sociales cuando el
Estado ha visto reducirse drásticamente sus recursos y el dinamismo del sector
exportador es insuficiente para impulsar un crecimiento económico global. Si
además los problemas estructurales permanecen irresueltos, y las reformas se
han traducido en la formación de oligopolios privados sin beneficios para la
mayoría, los resultados de los gobiernos serán insatisfactorios en el sentido
más literal del término.
Se abre
entonces la posibilidad de que los sectores más desprotegidos lleguen a
organizarse localmente para protestar contra medidas concretas —el
encarecimiento del agua, en Bolivia— y que la acumulación de protestas, en
una situación de estabilidad económica, pueda traducirse en un frente de
rechazo a las políticas del gobierno, aunque éste cuente con respaldo
parlamentario. Además, la baja participación —un tercio de los potenciales
electores no están registrados— pone en cuestión la representatividad democrática
de las instituciones, mientras las élites políticas mantienen un amplio
consenso sobre el modelo económico y, dadas las características del sistema de
partidos, participan o han participado casi sin excepciones en sucesivos
gobiernos que no han resuelto los problemas populares (Ibáñez, 1999). La falta
de desarrollo social, combinada con una fuerte autoexclusión popular de la
participación política, fruto a su vez de la marginalidad de la población indígena
respecto a los partidos tradicionales (Van Cott, 2000), no permite descartar un
desbordamiento de las instituciones democráticas.
En Ecuador,
por el contrario, existen canales para la representación política de los
grupos indígenas y del campesinado, pero el sistema de partidos no ha conducido
a coaliciones que traduzcan los intereses de estos grupos en políticas
concretas. El éxito de Bucaram provino de aparecer como representante de la
gente de la calle frente a la gente, las élites sociales y políticas con las
que se identifica el sistema de partidos (De la Torre, 1997). Tras el
desplazamiento de Bucaram, Mahuad vino a encarnar una vez más a esas élites, y
en su propio derrocamiento convergieron las demandas de los sectores populares e
indígenas con los intereses de quienes —dentro de los grupos dominantes y del
sistema político— le veían cada vez más prisionero de una trama de pactos e
irregularidades que le impedían gobernar la economía. Su sustitución por el
vicepresidente Noboa respondió a las exigencias de la gobernación, pero fue
una burla a los ojos de los sectores populares que poco o nada esperan de la
dolarización y de sus deseados efectos estabilizadores de la economía.
Si la
crisis económica se ha dado por cerrada —el caso boliviano—, o si nunca
parece terminar —como en Ecuador—, la fuerza disuasoria de la crisis
desaparece y la protesta social puede generalizarse entre los excluidos. La
pregunta que se plantea a partir de los hechos de Ecuador y Bolivia en los
primeros meses de 2000 es doble. En primer lugar, si el sistema político es
capaz de dar cabida a las demandas de los grupos más pobres y evitar la tentación
de reducirse a canal de representación de las demandas de las clases medias y
de los grupos dominantes. En segundo lugar, si existen las condiciones para
ofrecer resultados políticos positivos a las demandas populares en el contexto
de la economía globalizada, y desde gobiernos con recursos limitados.
Las
respuestas podrían ser positivas, pero hay una cuestión de tiempo: frente a la
impaciencia de los más pobres la legitimidad de las instituciones democráticas
podría estar agotándose o haberse agotado, y estar cobrando nueva fuerza el
sueño de regímenes populistas al servicio de la mayoría. El ejemplo de
Venezuela, con sus tintes de régimen personalista y de liquidación de la clase
política tradicional, podría ser una tentación para las mayorías sociales de
otros países andinos, pese a las dificultades que Chávez o Fujimori puedan
encontrar para mantenerse en el poder.
Conclusiones
Los regímenes
democráticos atraviesan en todo el mundo un proceso de adaptación a dos
cambios fundamentales. Por un lado los cambios en los valores y demandas de los
ciudadanos, que a su vez se relacionan con una pérdida de peso de los partidos
políticos, y de la identificación con ellos: la consiguiente individualización
de la política provoca probablemente una visión más crítica de los partidos
y de los gobiernos. Por otro lado, los cambios en la economía, que afectan a
las políticas y resultados posibles de los gobiernos, que tienen así más
dificultad para satisfacer las demandas sociales y, sobre todo, para ajustarse a
las prioridades de los electores en el diseño de sus políticas. Estos cambios
explican probablemente que en todos los países democráticos exista un clima de
relativa insatisfacción y desconfianza hacia los partidos políticos y hacia
los resultados de los gobiernos.
En buena lógica,
este clima no puede dejar de afectar a las democracias de América Latina. Pero
los problemas más acuciantes para la gobernación democrática en la región
tienen mayor relación con fenómenos específicos: las limitaciones de la
oferta partidaria y los resultados insuficientes de los gobiernos en las nuevas
circunstancias creadas por la globalización de los mercados financieros. La
aparición de nuevos partidos y canales de representación de los intereses
populares puede resolver el primer problema y conducir a alternativas verosímiles
frente a la frustración de los electores. Pero el segundo remite a situaciones
de desigualdad social y falta de desarrollo económico seriamente agravadas
desde la crisis de la deuda, especialmente en los países que no han conseguido
realizar las reformas estructurales o que, pese a haberlas realizado, no han
logrado volver a entrar en un camino de crecimiento sostenido.
En este
punto los problemas del sistema político pasan a ser problemas del Estado para
cumplir su función, y el reto para los partidos no es sólo ya representar las
demandas sociales, sino encontrar un nuevo modelo de Estado que permita ofrecer
soluciones: reconstruir el Estado en las nuevas circunstancias de la economía
mundial (Banco Mundial, 1997), crear las condiciones para entrar en una nueva
fase de desarrollo (Stiglitz, 1998).
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