Impacto de la globalización en los países en desarrollo 

                                                                                                          Ignacio Ramonet

Dos fenómenos centrales e imbricados caracterizan hoy a nuestro planeta: por una parte, todos los Estados participan de la dinámica globalizadora y,  al mismo tiempo, el mundo asiste a la revolución de la información. Se trata de un proceso importante, comparable al del paso de la economía agraria al de la economía industrial. Vivimos una segunda revolución capitalista, cuyo nombre es: globalización.

¿Y qué es en definitiva la globalización? Se trata de la interdependencia y de la imbricación cada vez más estrecha de las economías de numerosos países, sobre todo el sector financiero, ya que la libertad de circulación de capitales, de flujos financieros, es total y hace que este sector domine, muy ampliamente, la esfera económica.

La globalización llega a todos los rincones del planeta, ignorando o pasando por alto tanto los derechos y reglas de individuos y empresas como la independencia de los pueblos o la diversidad de regímenes políticos.

La globalización es la característica principal del ciclo histórico inaugurado por la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, y la desaparición de la Unión Soviética, en diciembre de 1991.

Su empuje y su potencia son tales, que nos obligan a redefinir conceptos fundamentales sobre los que reposaba el edificio político y democrático levantado a finales del siglo dieciocho:

conceptos como Estado-nación, soberanía, independencia, fronteras, democracia, Estado benefactor y ciudadanía.

La globalización no apunta a conquistar los países, sino los mercados. Su preocupación no es el control físico de los cuerpos ni la conquista de territorios, como fue el caso durante las invasiones o los periodos coloniales, sino el control y la posesión de las riquezas.

La consecuencia de la globalización es la destrucción de lo colectivo, la apropiación de las esferas pública y social por el mercado y el interés privado. Actúa como una mecánica de selección permanente, en un contexto de competencia generalizada. Existe competencia entre el capital y el trabajo, pero -como los capitales circulan libremente y los seres humanos son mucho menos móviles- el capital siempre gana.

Los fondos privados de los mercados financieros tienen ahora en sus manos el destino de muchas empresas nacionales y la soberanía de numerosas naciones y también, en cierta medida, la suerte o el destino económico del mundo.

Los mercados financieros pueden dictar sus leyes a las empresas y a los Estados. En este nuevo paisaje político-económico, el financista se impone al empresario, lo global a lo nacional y los mercados al Estado.

En una economía globalizada ni el capital ni el trabajo, ni las materias primas constituyen en sí mismos el factor económico determinante, sino que lo importante resulta la relación óptima entre esos tres factores. Para establecer esa relación, las grandes firmas globales no tienen en cuenta ni las fronteras ni las reglamentaciones, sino solamente el tipo de explotación inteligente que pueden realizar de la información, de la organización del trabajo y de la revolución en los métodos de gestión.

Esto comporta con frecuencia la ruptura de la cadena de solidaridades en el interior de un país.

Se llega así al divorcio entre el interés de las grandes multinacionales y el de las pequeñas y medianas (incluso grandes) empresas nacionales, entre el interés de los accionistas de las grandes empresas y el de la colectividad nacional, entre la lógica financiera y la lógica democrática.

Las grandes empresas multinacionales no se sienten concernidas, ni mucho menos responsables, por esta situación, ya que subcontratan y venden en el mundo entero y reivindican un carácter supranacional que les permite actuar con enorme libertad, ya que no existen, por decirlo así, instituciones internacionales capaces de reglamentar con eficacia su comportamiento.

La globalización constituye una inmensa ruptura económica, política y cultural; somete a las empresas y a los ciudadanos a un diktat único: "adaptarse", abdicar de su voluntad para obedecer al mandato anónimo de los mercados financieros. La globalización, tal como se desarrolla actualmente, es el economicismo llevado al extremo.

Esta mundialización condena por adelantado, en nombre del "realismo", cualquier veleidad de resistencia e, incluso, de disidencia. Los pujos proteccionistas, la búsqueda de alternativas, las tentativas de regulación democrática y las críticas a los mercados financieros son considerados "arcaicos" o incluso oprobiosos.

La mundialización erige a la competencia en única, exclusiva, fuerza motriz. Helmut Maucher, un ex presidente de Nestlé, declaró por ejemplo en el Foro de Davos: "Tanto para un individuo, como para una empresa o un país, lo importante para sobrevivir en este mundo es ser más competitivo que el vecino".

Pobre del gobierno que no siga esta línea. "Los mercados lo sancionarían de inmediato -advirtió Hans Tietmeyer, ex presidente del Bundesbank alemán- ya que los políticos están ahora bajo control de los mercados financieros". Marc Blondel, secretario del sindicato francés Force Ouvrière, pudo verificar esto en Davos, en 1996: "En el mejor de los casos, los poderes públicos sólo son subcontratistas de las grandes multinacionales. El mercado gobierna; el gobierno administra".

Boutros Boutros-Ghali, ex secretario general de las Naciones Unidas, señaló por su parte: "La realidad del poder mundial escapa ampliamente a los Estados. Esto es así porque la gloabalización implica la emergencia de nuevos poderes, que trascienden las estructuras estatales". ¿Y quiénes son, en este siglo que comienza, esos "nuevos poderes", esos nuevos amos del mundo? Por cierto, no constituyen, como algunos imaginan, una especie de estado mayor clandestino que conspiran en las sombras para controlar al mundo. Se trata más bien de fuerzas que se mueven a su antojo gracias a la globalización, que obedecen a consignas precisas, cuyo slogan totalitario podría ser: "todo el poder a los mercados".

George Soros, financista multimillonario, sostiene que "los mercados votan todos los días, por cierto; fuerzan a los gobiernos a adoptar medidas impopulares, pero indispensables. Son los mercados los que tienen sentido del Estado".

Sin embargo, la globalización mata al mercado nacional, en particular los de los países en desarrollo, que es uno de los fundamentos del poder del Estado nación. Anulando al mercado, modifica el capitalismo nacional y disminuye el papel de las empresas locales y de los poderes públicos.

Las empresas locales, incluso los Estados, ya no disponen de los medios para oponerse a los mercados. Quedan desprovistas de instrumentos para frenar los formidables flujos de capital, muchas veces puramente especulativos, o para oponerse a la acción de los mercados contra sus intereses y los intereses de los ciudadanos. En general, los gobiernos se someten a las consignas de política económica definidas por organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio, que ejercen una verdadera dictadura sobre la política de los Estados.

La globalización no se reduce a la simple apertura de fronteras; traduce sobre todo el creciente poder de los mercados financieros, el retroceso de los Estados nacionales y las dificultades para establecer poderes supranacionales capaces de orientarla hacia el interés general.

Favoreciendo el libre flujo de capitales y las privatizaciones masivas a lo largo de los dos últimos decenios, los responsables políticos han permitido la transferencia de decisiones capitales (en materia de inversiones, de empleo, de salud, de educación, de cultura, de protección del medio ambiente), desde el ámbito público nacional hacia el ámbito privado internacional. Es por eso que actualmente más de la mitad de las doscientas primeras economías del mundo no pertenecen a países, sino a empresas privadas.

Si consideramos la cifra de negocios global de las doscientas principales empresas del planeta, vemos que aquella representa más de un cuarto de la actividad económica mundial. Sin embargo, esas doscientas firmas emplean menos del 0.75 por ciento de la mano de obra del planeta.

Mediante las fusiones, se multiplica el número de firmas gigantes, cuyo peso es a veces superior al de los Estados. La cifra de negocios de General Motors es superior al Producto Interno Bruto de Dinamarca; la de Exxon-Mobil supera el de Austria. Cada una de las 100 empresas multinacionales más importantes vende más de lo que exporta cada uno de los 120 países más pobres del planeta. Las 23 multinacionales más poderosas venden más de lo que exportan algunos gigantes del sur del planeta, como India, Brasil, Indonesia o México. Esas grandes firmas controlan el 70 por ciento del comercio mundial y amenazan con asfixiar o absorber a millares de pequeñas y medianas empresas en el mundo.

Los dirigentes de las multinacionales y de los grandes grupos financieros y mediáticos mundiales detentan la realidad del poder y, a través de sus poderosos lobbies, se imponen sobre las decisiones políticas, confiscando en su beneficio la economía y la democracia.

El volumen de la economía financiera es 50 veces superior al de la economía real y sus principales actores -los fondos de pensión estadounidenses, británicos y japoneses- dominan los mercados financieros. Ante ellos, el peso de los Estados y de las empresas locales, cualesquiera que sean, resulta casi despreciable.

Cada vez más países que han vendido (muchas veces malvendido) sus empresas públicas al sector privado internacional se han convertido de hecho en propiedad de los grandes grupos multinacionales, que actualmente dominan sectores enteros de la economía del sur, sirviéndose de los Estados locales para ejercer presión sobre los foros internacionales y obtener las decisiones políticas más favorables a su dominación global.

Las políticas de ajuste estructural impuestas a los países en desarrollo en los años ochenta en el marco del Consenso de Washington han dado resultados satisfactorios a escala macroeconómica, pero han significado un costo social exorbitante y contraproductivo. Los gobiernos han "saneado" las economías únicamente para favorecer la inversión internacional y, al mismo tiempo, han destruido las sociedades.

La aceleración de la globalización y las crisis financieras de los años 1997 y 1998 aumentaron estos perversos efectos. Provocaron una reducción de los gastos públicos en salud y educación en nombre de la lucha contra el déficit fiscal y un aumento de las desigualdades y de la pobreza. Es cierto que en los países en desarrollo éstas no son producto exclusivo de las políticas de ajuste, pero es innegable que esas políticas han contribuido a acrecentarlas.

Actualmente, tanto las estructuras de Estado como las económicas y sociales de los países en desarrollo han sido barridas. El Estado se desploma un poco en todas partes. Se desarrollan zonas donde no existe el derecho, una suerte de entidades caóticas ingobernables al margen de toda legalidad donde se ha recaído en un estado de barbarie en el que sólo las mafias imponen su ley. Aparecen nuevos peligros: crimen organizado, delincuencia explosiva, inseguridad generalizada, redes mafiosas, fanatismos étnicos o religiosos, corrupción masiva, etcétera.

La abundancia de bienes y el progreso de la técnica alcanzan niveles sin precedentes en los países ricos y desarrollados, pero en los países en desarrollo el número de los que no tienen techo, trabajo,  medicamentos ni lo suficiente para alimentarse, aumenta sin cesar. Sobre los 4,500 millones de personas que viven en los países en desarrollo, más de un tercio (o sea 1,500 millones) no tiene acceso al agua potable. El 20 por ciento de los niños no ingiere las calorías o proteínas suficientes y alrededor de 2 mil millones de personas, un tercio de la humanidad, sufre de anemia.

La globalización viene acompañada de un impresionante proceso de destrucción. Desaparecen industrias enteras en todas las regiones, con los sufrimientos sociales que eso comporta: feroz explotación de hombres, mujeres y, más escandaloso aún, de niños: 300 millones de niños son explotados en el mundo, en condiciones de brutalidad sin precedentes.

La mundialización comporta también devastación ecológica. Las grandes firmas pillan el medio ambiente valiéndose de medios desmesurados; se aprovechan sin frenos ni escrúpulos de riquezas naturales que representan el bien común de la humanidad.

Esto se acompaña asimismo de una criminalidad financiera ligada a los negocios y a los grandes bancos, que reciclan sumas que superan el millón de millones de dólares por año, es decir, 20 por ciento de todo el comercio mundial y más que el PNB de un tercio de la humanidad.

La mercantilización generalizada de las palabras y las cosas, de los cuerpos y los espíritus, de la naturaleza y de la cultura, agrava las desigualdades.

Las diferencias de ingreso a escala planetaria se ampliaron en proporciones sin precedentes en la historia. La relación entre el país más rico y el más pobre era de alrededor de 3 a 1 en 1816, cuando Argentina se declaró independiente. En 1950, era de 35 a 1, de 44 a 1 en 1973, de 72 a 1 en 1992 y de ¡82 a 1 en 1995! Si bien -gracias a un crecimiento sostenido y a los beneficios de la llamada nueva economía- el mundo es globalmente más rico, las políticas de ayuda a los más pobres resultan un fiasco evidente.

Entre 1990 y 1998, las progresión anual media del ingreso por habitante fue negativa en 50 países en desarrollo. En más de 70 países, el ingreso medio por habitante es hoy menor que hace 20 años.

A escala planetaria, uno de cada dos niños sufre de malnutrición. Más de 3 mil millones de personas, la mitad de la humanidad, viven con menos de 2 dólares por día "Viven" es una manera de decir, porque con dos dólares por día deben comer, alojarse, curarse, vestirse, transportarse.

En América Latina, la pobreza alcanzaba en 1980 al 35 por ciento de los hogares; en 1990, al 45 por ciento, o sea que pasó de 135 a 200 millones de personas. En 1998, más de 50 millones de personas, que antes pertenecían a las clases medias, habían pasado a la clase de "nuevos pobres".

La desigualdad aumenta entre países ricos y pobres, en materia de acceso a medicamentos y de investigación para el tratamiento de enfermedades prácticamente ausentes en los países desarrollados.

Aunque el mundo ha progresado mucho en materia de una mejor salud para todos, esos avances son relativizados por el peor de los escándalos: la gravísima desigualdad en el acceso a la salud. La señora Brundtland, directora general de la Organización Mundial de la Salud, constata que "más de mil millones de personas abordan el siglo XXI sin haber gozado de la revolución sanitaria: sus vidas siguen siendo breves y marcadas por la enfermedad" (1).

La globalización es cada vez más excluyente. En nuestro planeta, el quinto más rico de la población dispone del 80 por ciento de los recursos, mientras el quinto más pobre dispone de menos del 0.5 por ciento.

El número de personas que vive en la pobreza es más grande que nunca y la distancia en términos relativos entre los países desarrollados y en desarrollo nunca fue más importante. La fosa que separa el Norte del Sur es hoy tan grande, que resulta difícil imaginar cómo podría desaparecer.

Las exportaciones mundiales se han más que duplicado, pero la participación en ellas de los países menos desarrollados pasó del 0.6 en 1980 al 0.5 en 1990 y al 04 por ciento en 1997.

Podemos verificar con satisfacción que en los últimos veinte años más de 100 países se desprendieron de regímenes militares o de partido único y que, por primera vez en la historia, la mayor parte de la humanidad vive en democracia. Pero el desastre económico pone en cuestión el progreso de las libertades civiles en muchos países en desarrollo. La pobreza disminuye el sentido de la democracia.

Se podría estimar que la clase media global reagrupa a los propietarios de automóviles, o sea alrededor de 500 millones de personas. Si estimamos tres personas por coche, eso hace 1,500 millones, o sea el 25 por ciento de la población mundial, de las cuales cuatro quintas partes viven en el Norte y consumen el 80 por ciento de los recursos del planeta.

La comunidad mundial de abonados a Internet conoce un crecimiento exponencial y representa actualmente el 26 por ciento de la población de Estados Unidos, pero menos del 1 por ciento del conjunto de los países en desarrollo.

Se considera que el número de utilizadores de Internet, estimado en 142 millones en 1998, debería ser de 500 millones en 2003. La gran batalla del porvenir será entre empresas estadunidenses, europeas y japonesas por controlar las redes. Los países en desarrollo y sus empresas, salvo alguna excepción, están por completo al margen de esta nueva fuente de riquezas y apenas recogerán unas migas del comercio electrónico. Embrionario en 1998, con apenas 8 mil millones de dólares de intercambio, el comercio electrónico llegará a 40 mil millones este año y superará los 80 mil millones en 2002.

Pero en la edad de la globalización, incluso los países ricos no garantizan un nivel de desarrollo humano satisfactorio a todos sus habitantes. Sectores enteros de la sociedad quedan al margen de la aparente prosperidad económica. En Estados Unidos, el 16 por ciento de la población, o sea una persona de cada seis, sufre de exclusión social. El número de niños sin cobertura médica satisfactoria llega el 37 por ciento. En Texas, el estado de George Bush, llega al 46 por ciento. En la primera potencia económica del mundo, 32 millones de personas tienen una esperanza de vida inferior a los 60 años; 44 millones están privadas de toda asistencia médica; 46 millones viven por debajo de los niveles de pobreza y hay 52 millones de iletrados. En el Reino Unido, un cuarto de los niños vive por debajo de los niveles de pobreza; más de la mitad de las mujeres trabaja en condiciones precarias y, en el plano de la asistencia médica, Gran Bretaña está en la última posición en la Unión Europea, después de Grecia, Portugal e Irlanda.

Hay a quien estas cifras parezcan asombrosas o desmesuradas...

A escala mundial, los países en desarrollo necesitarían una 80 mil millones de dólares por año (casi la mitad de la deuda externa argentina) para asegurar servicios de base para todos.

Por todas partes, la regla es la pobreza y el confort la excepción. La desigualdad creciente es una de las características estructurales de la mundialización. Estimaciones recientes de la ONU señalan que en 1999 la fortuna acumulada por las 200 personas más ricas del mundo representa más de un millón de millones de dólares. A título comparativo, digamos que los 582 millones de habitantes de los 43 países menos desarrollados totalizaron un ingreso de 146 mil millones de dólares.

Existen individuos más ricos que los Estados: el patrimonio de las 15 personas más ricas supera el PIB del conjunto del Africa subsahariana. La riqueza de las tres personas más ricas del mundo es superior a la suma del Producto Nacional Bruto de todos los países menos desarrollados, o sea 600 millones de personas.

La globalización ha favorecido una gigantesca dilatación de la esfera financiera: el monto de las transacciones del mercado de divisas se multiplicó por cinco desde 1980, para llegar a cerca de ¡dos millones de millones de dólares por día! El monto de las transacciones financieras internacionales es 50 veces más importante que el valor del comercio internacional de bienes y servicios. El monto de los activos en poder de los inversionistas institucionales (compañías de seguros, fondos de pensión, etc.) supera los 25 millones de millones de dólares, o sea más que la totalidad de las riquezas producidas anualmente en todo el mundo.

Y las autoridades no pueden hacer gran cosa ante el poder de la especulación. Por ejemplo Japón, país que posee la más importante reserva de divisas del mundo (más de 200 mil millones de dólares), no es nada ante el poder financiero de los tres primeros fondos de pensión de Estados Unidos: ¡más de 500 mil millones de dólares! Si un gobierno democrático desea proteger sus empresas nacionales y realizar una política favorable al crecimiento y al empleo reduciendo las ganancias de las grandes empresas y tolerando un pequeño aumento de la inflación, los inversionistas internacionales lo acusarán de inmediato de proteccionismo y sancionarán al país, sea atacando su moneda, sea vendiendo masivamente las acciones de sus empresas. Esta reacción brutal provoca una crisis y hace imposible la aplicación de una política que ha sido democráticamente elegida por los ciudadanos.

Rubens Recúpero, secretario general de la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, acaba de lanzar el siguiente grito de alarma: "Es necesario controlar los movimientos de capital volátil. La economía mundial es hoy más inestable que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Los países en vías de desarrollo son los más vulnerables. La reforma de la arquitectura financiera planetaria debe ser la primera prioridad mundial" (2).

James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, admitió el fracaso de una cierta política, a punto tal que declaró en Ginebra, el 26 de junio pasado: "Sabemos ahora que la estabilidad macroeconómica, la liberalización y las privatizaciones son importantes, pero no suficientes. El desarrollo tiene múltiples facetas. Hacer funcionar los mercados, apunta a reducir la pobreza, pero demanda un entorno social sólido. La pobreza es multidimensional: una mejor calidad de vida no se traduce solamente por ingresos más elevados, sino que debe representar asimismo más libertades civiles y políticas, más seguridad y participación a la vida pública, más educación, alimentación y salud, un medio ambiente más protegido y un aparato de Estado que funcione realmente" (3).

En conclusión, la globalización construye sociedades duales: de un lado un grupo de privilegiados e hiperactivos y, del otro, una inmensa masa de precarios, desempleados y marginados.

Los años noventa son los años de la exclusión social, con todos los riesgos que ello supone, ya que el crecimiento de la pobreza y la desaparición de toda esperanza de salir de ella favorece el aumento de la violencia en los países en desarrollo. En algunos de ellos, la violencia ha adquirido la dimensión de una verdadera guerra. En Brasil, por ejemplo, alrededor de 600 mil personas han muerto asesinadas en los últimos 20 años.

En países como Japón o Francia, el número de personas asesinadas es, respectivamente, de 2 y 3 por cada 100 mil personas. En Brasil, es de 58 y en Colombia ¡de 78 personas asesinadas por cada 100 mil! En ciertas ciudades esa proporción es aún más trágica: en Cali es de 88, y en ciertos barrios de San Pablo ¡de 102 ! Y la tendencia es al agravamiento. En 1988, fueron asesinadas en Brasil 21 mil personas; en 1999, 42 mil, o sea el doble, sin contar los robos, las agresiones, violaciones y secuestros.

Alrededor de 2,500 personas son secuestradas anualmente en Colombia; cientos en Brasil, México, Guatemala. En ciertas ciudades de América Latina, más del 50 por ciento de las personas interrogadas declaran que ya no salen de su casa por la noche, lo que comporta un desastre económico para muchos comercios y empresas.

¿Cuándo acabaremos por comprender, por aceptar, que la equidad y la justicia social, lejos de constituir frenos al desarrollo, son por el contrario favorables a mediano y largo plazo a la eficacia económica, a la expansión del comercio y a la prosperidad de las empresas? Hay que tomar medidas redistributivas, destinadas a facilitar el acceso de los pobres a la renta, y poner en práctica políticas que estimulen la participación de los pobres en la vida social y económica. Lo verdaderamente importante sería reducir el peso del servicio de la deuda externa y liberar esos recursos para la inversión productiva y el gasto social. El pago de la deuda es, en algunos países, la mayor partida del gasto gubernamental y llega a consumir hasta el 30 y el 40 por ciento del mismo. En el plano internacional, se requiere ante todo un entorno de estabilidad que favorezca el crecimiento económico y marcos reguladores que limiten los flujos especulativos y eliminen la volatilidad financiera asociada a la globalización. También es clave la apertura comercial de los países industrializados, a través de una nueva ronda de negociaciones multilaterales, pero ésta sólo contribuirá a mejoras sociales si va acompañada de cláusulas sociales y ambientales. Solo así conseguiremos humanizar la globalización y hacerla compatible con una concepción elevada de la democracia y de la dignidad humana.

Info ATTAC

Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos

 

  Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)
Documento de Trabajo 00-16

 

La crisis de la política en América Latina

Ludolfo Paramio

Unidad de Políticas Comparadas (CSIC)

 

Introducción

La vinculación causal entre desarrollo económico y democracia, convertida en un lugar común a partir desde Lipset (1959), hizo que durante la década de los 80, tras la crisis de la deuda y los ajustes económicos consiguientes, se extendiera un cierto pesimismo sobre el futuro de la democracia en América Latina, precisamente en un momento en el que los regímenes autoritarios de la década anterior estaban dando paso uno tras otro a una restaurada democracia. Muchos observadores temieron que la crisis económica y sus regresivas consecuencias sociales harían imposible el mantenimiento de regímenes democráticos en la región.

En el período trancurrido desde entonces ese temor se ha disipado en buena medida. La norma siguen siendo en América Latina los regímenes democráticos, pese al alto precio social pagado por la crisis y los ajustes y reformas posteriores, y el propio régimen mexicano, siempre considerado un caso anómalo, afronta las elecciones presidenciales del año 2000 con serias garantías institucionales de un proceso competitivo y transparente. No obstante, la discutible reelección del presidente Fujimori en Perú, y la concentración de poder en la presidencia de Chávez, en Venezuela, arrojan serias sombras sobre la institucionalidad democrática en ambos países. Y, por otro lado el intento de golpe —y el desplazamiento del presidente Mahuad— en Ecuador y el estado de sitio en Bolivia han mostrado en los primeros meses de 2000 que las tensiones sociales pueden crear serios problemas para la gobernación democrática.

De esta forma reaparece la cuestión social como clave del futuro de la democracia: ¿hasta qué punto puede asentarse la democracia en sociedades marcadas por altos niveles de pobreza y creciente desigualdad? El problema sería saber qué variable explica la permanencia o la fragilidad de los regímenes democráticos cuando se parte de situaciones de fuerte desigualdad social o de crisis económica profunda. El recuerdo próximo de un régimen autoritario o la dramática memoria de un conflicto civil pueden ayudar a que las instituciones democráticas se mantengan para evitar el regreso hacia ese pasado indeseable. Pero además cabe imaginar que algunas características de las instituciones democráticas pueden favorecer especialmente su duración, motivando que los ciudadanos mantengan su confianza en ellas. La primera de estas características sería, en buena lógica, la capacidad para satisfacer las demandas de los electores.

Insatisfacción y desconfianza: el problema general

El sentimiento de insatisfacción respecto a los resultados de la democracia es un fenómeno casi universal, si bien en general los ciudadanos afirman preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Los gobernantes, los partidos y los políticos en su conjunto son valorados negativamente, incluso en casos en que se les reconoce una gestión eficaz (Maravall, 1995). Lo más llamativo es que algunas de las razones que explicarían esta insatisfacción no parecen responder a la realidad. Por ejemplo, la idea —muy extendida en los países desarrollados— de que los partidos no siguen en su política las preferencias expresadas por los electores: por el contrario, los programas se diseñan casi siempre en estricto seguimiento de tales preferencias (Biorcio y Mannheimer, 1995; Fuchs y Klingemann, 1995).

Lo que podría explicar el sentimiento opuesto, sin embargo, sería la peculiar distribución de las preferencias de los electores. Se viene sosteniendo que desde los años 70 han emergido nuevos valores y preferencias (posmaterialistas) distintos de los expresados por los electores durante el período de posguerra: frente a las demandas de empleo, mejoras salariales y servicios públicos, los nuevos valores apuntarían a la calidad de vida, el medio ambiente, la paz y los derechos individuales, en particular la igualdad entre hombre y mujeres (Inglehart, 1977, 1990 y 1997; Abramson e Inglehart, 1995). Normalmente se entiende que esto se traduce en una segmentación del electorado, que obligaría a los partidos a buscar fórmulas de conciliación (trade-off) entre los nuevos y los viejos valores para obtener apoyo mayoritario.

Desde este planteamiento los partidos tendrían un problema para reformular sus discursos y sus estrategias: los partidos socialdemócratas europeos, en particular, oscilarían entre la tentación de aferrarse a su público tradicional, renunciando a las nuevas demandas sociales, y la de intentar satisfacerlas corriendo el riesgo de perder el apoyo de los trabajadores identificados con las viejas demandas materialistas (Kitschelt, 1994). Pero no se plantea otro problema distinto: que la contradicción entre viejos y nuevos valores suponga la coexistencia en los propios electores de dos o más ejes de preferencias distintos, no agregables, y que por tanto las mismas políticas que susciten su apoyo les puedan dejar insatisfechos en alguna medida.

La idea de que los electores se manejan a la vez en varios ejes de preferencias es en realidad muy anterior a la entrada en escena de la nueva política (Stokes, 1966), pero entonces se planteó más bien como un reto al modelo espacial de la competencia electoral (Downs, 1957). Paradójicamente, sin embargo, el modelo espacial —y en particular el teorema del votante mediano— puede salvarse en un espacio de dos o más dimensiones: para competir por la mayoría los partidos deberán concentrar sus propuestas en un conjunto de posiciones (uncovered set) en el que se aglutinan la mayoría de los electores (McKelvey, 1986; Ordeshook, 1986).

El problema de la insatisfacción de los electores, en cambio, sólo se ha planteado a partir de la posibilidad de una distribución bimodal de las preferencias sobre un mismo eje (Miller y Listhaug, 1998). Es evidente que en este caso una política (centrista) que responda a las preferencias del votante mediano será la que obtenga mayor apoyo —o menor rechazo—, pero a la vez creará una insatisfacción mayoritaria. Lo que no es tan obvio es que, cuando se definen políticas para atender a demandas sobre dos o más ejes de preferencias, las metapreferencias de los electores —su ordenación relativa de estos ejes— difícilmente corresponderán a las prioridades de la agenda política desarrollada por los gobiernos, por lo que la insatisfacción de los electores crecerá incluso si sus demandas son atendidas en mayor o menor medida (Paramio, 1999a).

Una vez que se admite la existencia de más de un eje de preferencias, se puede hablar de un eje de metapreferencias: si sobre éste existiera una distribución unimodal de los electores, la posición del votante mediano sobre este eje correspondería a la política —al orden de prioridades— que minimizaría la insatisfacción de los electores. Pero si no existe tal distribución unimodal, sino que las metapreferencias están distribuidas aleatoriamente o de forma n-modal, ninguna política mayoritaria podrá dejar de suscitar insatisfacción en los mismos electores a cuyas demandas se pretende ofrecer solución, independientemente de que cada demanda en si pueda considerarse razonablemente satisfecha. La insatisfacción de las prioridades (metapreferencias) sería vivida por los electores, paradójicamente, como insatisfacción de las demandas.

Se podría suponer que la nueva situación de insatisfacción generalizada ante la política refleja, en este sentido, una ruptura de la ordenación de las prioridades sociales propia de las décadas de posguerra. No habría existido quizá nunca una época en la que las preferencias políticas se distribuyeran sobre un único eje, pero sí habría habido un número limitado de metapreferencias proyectables sobre un eje ordenado transitivamente en términos ideológicos. Cada posición sobre este eje de las metapreferencias (cada ordenación de las preferencias) tendría su equivalente en una identidad partidaria. Las prioridades de los distintos partidos —por ejemplo, redistribución frente a crecimiento de las ganancias— serían opciones sobre las que se decantarían los electores, en función de sus propios intereses.

En teoría los electores deciden su voto calculando los beneficios que pueden obtener de un gobierno de uno u otro partido. En la práctica, dado que la información sobre los programas y sus posibles repercusiones, la competencia de los candidatos y la sinceridad de sus intenciones, excede a la que puede reunir y analizar cualquier elector común, los electores utilizan lo que podemos llamar atajos informacionales: la ideología o identidad partidaria es el fundamental de estos atajos. Sobre esa base los electores construyen vínculos de identificación que tienen una componente valorativa y otra afectiva: la decisión de votar, cuando los beneficios esperables de ese voto son remotos, se explica en buena medida por la carga expresiva que conlleva el hecho de votar (Riker y Ordeshook, 1968), por ejemplo al hacerlo por un partido con el que el elector se siente identificado.

Se suele aceptar que el auge de los medios audiovisuales ha disminuido el papel de los partidos políticos como canales de información y formación de opinión política, y que en la misma medida, al hacerse menos relevantes los partidos en la vida social, los vínculos de identificación partidaria se han debilitado (Wattenberg, 1998). Eso no tendría que haber afectado necesariamente al papel de las identidades o ideologías partidarias como atajos informacionales, aunque erosionara la relación afectiva entre los electores y los partidos, y en lógica consecuencia disminuyera la lealtad de los primeros hacia los segundos. Pero, si efectivamente se ha producido en paralelo la aparición de nuevas preferencias en los electores, las identidades partidarias anteriores no tendrán inicialmente valor informacional sobre estas nuevas preferencias. Por tanto, el eje ideológico sobre el que se alineaban las identidades partidarias se mostrará ahora no sólo menos relevante, sino también insuficiente para ordenar las prioridades (metapreferencias) en el nuevo espacio n-dimensional de las demandas sociales.

En todo el razonamiento anterior se parte de la hipótesis de que existen unas preferencias o demandas tradicionales, respecto a las cuales los partidos representan identidades o posiciones ideológicas claras, y que el único cambio lo representan las nuevas preferencias o demandas que traducen los valores posmaterialistas. No es así, sin embargo. Como es bien sabido, desde los años 80 se ha producido en todo el mundo, y en América Latina de forma más marcada, un cambio en las reglas de juego de la economía, como consecuencia del auge de unos mercados financieros globales caracterizados por una extraordinaria movilidad. Esos cambios han provocado una modificación de las políticas posibles para los gobiernos, y esto a su vez ha supuesto una alteración de las identidades partidarias: los partidos que antes se identificaban con la redistribución ahora deben asumir políticas de ajuste con resultados sociales regresivos, al menos a corto plazo.

Por tanto, junto con la pérdida de valor de las identidades partidarias para ordenar las metapreferencias, al desarrollarse nuevas demandas y preferencias sociales, se produce también un cambio de dichas identidades partidarias, cambio que será percibido por sus electores tradicionales como un desdibujamiento y causa previsible de desconfianza. Lo esperable entonces será no sólo que se debiliten o disminuyan los vínculos de identificación entre los ciudadanos y los partidos, sino que caiga drásticamente la funcionalidad de los partidos para agregar las preferencias sociales sobre un único eje de metapreferencias. La consecuencia será que las políticas capaces de obtener el apoyo de la mayoría serán, simultáneamente, incapaces de satisfacerla: los partidos podrán ganar las elecciones, pero no la confianza de los electores, en la medida en que éstos no reconozcan ni hagan suyas las prioridades de los partidos. Crecerá por el contrario la distancia entre la lógica de la gobernación y la lógica de las demandas individuales.

No es evidente sin embargo que este proceso deba considerarse irreversible, al contrario de lo que sugiere la mayor parte de los estudios. En el caso norteamericano se puede sostener que el peso en el voto de las identificaciones partidarias ha recuperado en las elecciones presidenciales el nivel de posguerra en la década de los 80, y ha crecido posteriormente (Bartels, 2000). Se puede pensar que la causa es el realineamiento ideológico que se ha producido en Estados Unidos durante las presidencias de Reagan y Clinton, pero el hecho es que en general puede considerarse factible que la capacidad de los gobiernos para ofrecer de forma duradera resultados coherentes se traduzca en un reforzamiento de las identificaciones partidarias. El proceso implicaría la satisfacción de las demandas inmediatas de los ciudadanos dentro del orden de preferencias fijado por los partidos, lo que haría aceptable esa ordenación para los electores.

La frustración de las expectativas en América Latina

La situación se complica considerablemente si recordamos que en América Latina la alta movilidad de los mercados financieros no sólo limita las posibilidades de actuación de los gobiernos, sino que también ha producido drásticos retrocesos en los resultados obtenidos por ellos. Los ejemplos más notorios los ofrecen la devaluación catastrófica de diciembre de 1994, en México, y el impacto subsiguiente del efecto tequila sobre la economía argentina, en 1995, y las secuelas de las crisis asiática y rusa en Brasil, a comienzos de 1999. En todos estos casos los ciudadanos sentían que se habían superado —con alto coste social— la crisis de la deuda y sus secuelas, incluyendo la hiperinflación en Argentina y Brasil, y que los sucesivos ajustes y reformas estructurales habían logrado poner a los respectivos países en una senda estable de crecimiento económico. Las nuevas crisis supusieron, por tanto, una fuerte frustración de expectativas, independientemente de la mayor o menor responsabilidad que los ciudadanos atribuyeran a los gobiernos en el origen y manejo de la coyuntura adversa.

En los modelos económicos de voto se supone que los electores castigan a los gobiernos por los reveses económicos en su gestión —voto retrospectivo— o bien que deciden si las expectativas más favorables de comportamiento futuro de la economía las ofrece la continuidad del partido en el gobierno o, por el contrario, la llegada a éste del (principal) partido de oposición (Fiorina, 1978 y 1981; MacKuen et al., 1992). En los tres casos mencionados (México, Argentina y Brasil) se daba sin embargo una paradoja: castigar al partido en el gobierno suponía favorecer a partidos que no prometían mejores perspectivas para el futuro, por haber tenido recientes experiencias negativas de gobierno o por no contar con una reputación favorable en la gestión de la economía, al no haber gobernado previamente o mantener un discurso poco creíble en este campo.

En una situación así cabe hablar de frustración de los electores: una vez que ha fallado la única opción que garantizaba resultados económicos positivos no existen alternativas racionales, y en lo sucesivo el comportamiento electoral oscilará entre el voto aleatorio y el simple voto agresivo hacia los gobernantes en las convocatorias cuyo resultado no pueda agravar en exceso la situación ya existente. Esta conducta frustrada es la esperable una vez que los cálculos racionales no han logrado conducir a los resultados deseados (Eckstein, 1991). La frustración no tiene por qué convertirse en un patrón estable de conducta, ya que cambios posteriores en la oferta partidaria pueden significar la reaparición de alternativas y cálculos racionales. Pero lo más probable es que un caso grave de frustración de expectativas induzca en los electores una desconfianza duradera hacia los resultados de la política.

Puede ser útil contraponer la experiencia de Argentina con la de Venezuela, donde la frustración se ha agravado hasta afectar seriamente a la legitimidad del sistema político. En Argentina, la Alianza que derrotó al peronismo a finales de 1999 no despertaba grandes expectativas, sino que se limitó a presentarse como una alternativa racional a la forma de gobierno de Menem, conservando las reformas económicas de mercado introducidas por éste pero haciendo hincapié en la restauración de la transparencia y las normas del Estado de derecho, tras diez años de una gestión poco escrupulosa. En suma, el programa de la Alianza proponía mayor atención a la educación y a la política social —pero reconociendo un escaso margen de actuación y sin ofrecer milagros— y una gestión más austera y responsable de la economía, manteniendo básicamente el modelo heredado de los gobiernos anteriores.

Que esta oferta modesta y racional obtuviera el apoyo de la mayoría fue el resultado de varios factores. El primero es la propia reducción de expectativas de los electores: la crisis de 1995, bajo el impacto del efecto tequila, disipó las ilusiones económicas creadas por el éxito del primer gobierno de Menem desde la fijación de la paridad del peso por ley. Olvidado el triunfalismo de aquel momento, unas expectativas más realistas permitieron a los electores valorar positivamente las propuestas de la Alianza. El segundo fue la recuperación de la credibilidad de la oposición como gestora de la economía, superando el recuerdo del final hiperinflacionario del gobierno de la UCR con Raúl Alfonsín. A esta superación contribuyeron a su vez varios factores, entre ellos el perfil positivo como gestor del candidato presidencial Fernando de la Rúa, pero quizá el sustancial fue la recomposición de la oferta partidaria que condujo a la formación de la Alianza.

El Frepaso (Frente por un País Solidario) surge, a partir del Frente Grande, como una escisión del justicialismo en protesta por las reformas neoliberales emprendidas por Menem. El discurso del Frepaso pasa pronto a centrarse en la defensa de los derechos individuales y sociales, y en la denuncia de la corrupción, abandonando toda nostalgia del modelo económico anterior, a la vez que se corta la tentación de convertir a la organización en polo de atracción para los sucesivos disidentes del menemismo dentro del justicialismo. Ese proceso de modernización política culmina con el acuerdo para la constitución de la Alianza con la Unión Cívica Radical.

De esta forma se introducen en la agenda de la oposición las demandas de la clase media urbana simpatizante de la izquierda y del peronismo, y a la vez la oposición recupera una imagen de alternativa de gobierno en torno al perfil de gestor honesto y eficaz de De la Rúa. El Frepaso supera así su marginalidad inicial, y la UCR las hipotecas adquiridas por la catástrofe hiperinflacionaria del final del gobierno de Alfonsín, por el mal comprendido pacto de Olivos —con el que se hace posible la reelección de Menem—, y por las divisiones internas a las que había conducido a la UCR la contradicción de estar de acuerdo en principio con las reformas económicas de Menem, pero no con la forma en que éste las introducía y, sobre todo, con la desenvoltura de su gestión y sus aspectos colaterales (incluyendo las sospechas de corrupción).

En Venezuela Carlos Andrés Pérez llegó por segunda vez a la presidencia, tras las elecciones de diciembre de 1988, con un aura de impulsor de prosperidad procedente de su primer período (1974-79), que había estado marcado por la riqueza petrolera y la ampliación de la actuación económica del Estado. Sin embargo, Pérez optó por un giro radical para lograr sanear unas finanzas públicas al borde de la bancarrota, anticipando las consecuencias futuras de esta situación y probablemente influido por las políticas de reforma aplicadas en años anteriores por los gobiernos socialistas español y francés. El choque entre las expectativas populares y la inmediata realidad de una drástica reducción de subsidios, que afectaba duramente a las clases bajas y medias bajas, se tradujo en febrero de 1989 en una explosión social, el caracazo, reprimida además de forma sangrienta.

En 1992, tras dos años de recuperación económica, el teniente coronel Hugo Chávez intentó un golpe de Estado que no triunfó, pero le convirtió en héroe popular de los sectores sociales frustrados por la presidencia de Carlos Andrés Pérez, induciendo una preocupante tolerancia entre los electores hacia la intervención militar como vía para la reafirmación de la voluntad popular. Pérez fue removido de la presidencia ya en el final de su mandato, acusado de mal uso de fondos públicos, y, en medio de la crisis de Acción Democrática, el ex presidente Rafael Caldera, que había abandonado el otro gran partido (Copei), regresó a la presidencia apoyándose en un movimiento propio (Convergencia Nacional) y una coalición con el MAS y una ristra de pequeños partidos.

Tras un breve ensayo de retorno al populismo debió volver a la ortodoxia económica, provocando una nueva frustración y abriendo así la puerta al triunfo democrático de Hugo Chávez, convertido en presidente y vencedor arrollador en la convocatoria de una Asamblea Constituyente destinada a acabar con el anterior sistema de partidos y con el conjunto de las instituciones democráticas que Chávez y sus seguidores asocian con la partidocracia y su corrupción. La diferencia con el caso argentino debería ser obvia: en Argentina, la disconformidad con las reformas abre el paso a una recuperación de la credibilidad de la oposición partidaria. En cambio, en Venezuela, esa disconformidad, a través de la experiencia de Caldera, supone la definitiva pérdida de credibilidad del conjunto del sistema de partidos.

Un primer factor para explicar las distintas trayectorias es la inevitabilidad de las reformas económicas (Paramio, 1999b). Si éstas resultaban forzosas —independientemente de que las razones fueran internas o externas—, una nueva fuerza política que tratara de eludirlas, como el movimiento encabezado por Caldera, estaba condenada a ofrecer un balance negativo y a acentuar el descrédito de la política partidaria. Un segundo factor sería la percepción social en Venezuela de la corrupción como un fenómeno generalizado, mientras que en Argentina la Alianza del Frepaso y la UCR ofreció la imagen de una alternativa honesta y regeneracionista. Pero quizá un tercer factor fuera el decisivo: la división interna de los grandes partidos en Venezuela. Caldera se presenta contra Copei, su partido de origen, y AD no consigue resolver las divisiones abiertas por la presidencia de Carlos Andrés Pérez y su traumático final.

Oferta partidaria y resultados de los gobiernos

La misma combinación de frustración de expectativas y división de la oposición (Izquierda Unida) podría explicar el irresistible ascenso de Fujimori en 1990 y la prolongada irrelevancia de los partidos en la política peruana desde entonces, aunque merecería capítulo aparte la situación del APRA por las acusaciones pendientes sobre el ex presidente Alan García. Pero hay otro tipo de situaciones que llama la atención a comienzos del año 2000: los movimientos de protesta social en democracias ya razonablemente duraderas, como Ecuador o Bolivia, que reabren la posibilidad de crisis profundas de gobernación.

Inicialmente hubo serios temores, sustentados en estallidos sociales aislados, de que los ajustes y reformas estructurales que siguieron a la crisis de la deuda provocaran un creciente malestar social y pusieran en peligro la estabilidad de los regímenes democráticos en América Latina. Que el deterioro social no se haya traducido en mayor conflictividad tiene varias explicaciones. La primera se refiere a la propia lógica de la acción social: un colectivo que se ha visto gravemente afectado en sus intereses sólo se movilizará si cuenta con los recursos organizativos necesarios para ello. Los sectores populares más afectados por la crisis carecen a menudo de organización y dirección que les permitan movilizarse, y la protesta de las clases medias pasa normalmente por la política democrática, en forma de voto de castigo a los gobiernos o de voto frustrado a candidatos excéntricos. En cuanto a los sindicatos, su debilitamiento a causa de la crisis, los incentivos selectivos ofrecidos a sus dirigentes, y el juego estratégico derivado de sus relaciones con los partidos, se han combinado para reducir su movilización frente a las reformas económicas (Astudillo, 1999; Murillo, 2000).

Una segunda explicación es que los actores sociales golpeados por la crisis y las reformas económicas se han visto limitados a menudo por la conciencia social de la gravedad de la situación, gravedad que deslegitimaba cualquier intento de defensa del statu quo. Esta conciencia no sólo les obstaculizaba una posible confrontación abierta con los gobiernos que introducían las reformas económicas de mercado, sino que les dificultaba seriamente el establecimiento de coaliciones para dar una respuesta coordinada a la crisis: cada uno de los actores reclamaba protección o mejoras de los gobiernos, pero sin poder presentar propuestas alternativas a las reformas ni hacer frente común con los restantes en torno a un programa común.

La novedad del escenario en que se producen las protestas sociales actuales es que no se plantean sólo en contra de las reformas económicas, sino también en denuncia de sus promesas incumplidas. El caso boliviano es ejemplar en este sentido, ya que se suele considerar que es uno de los países que ha ido más lejos en el proceso de reformas: las demandas salariales se han combinado con la oposición a una privatización del suministro de agua que suponía un aumento de su precio para los actuales usuarios. En cambio, Ecuador está más próximo al caso de Venezuela: reiterados intentos de reformas de mercado que no han llegado a culminar pero han discurrido en paralelo a un imparable deterioro social, con fuerte crecimiento del desempleo y de la pobreza a consecuencia de la inflación. La cuestión es saber por qué, ahora, estas protestas pueden —al menos en Ecuador— llegar a poner en cuestión las instituciones de gobierno.

En realidad la respuesta en el caso ecuatoriano es muy simple: la movilización indígena condujo a la salida del presidente Mahuad porque dentro de la propia clase política y del ejército ya existían proyectos para sustituirlo. En un contexto, además, en el que el respeto a la estabilidad institucional no es precisamente la norma, como se había puesto de relieve en su momento con el desplazamiento del presidente Bucaram y el confuso proceso de su sustitución. Quizá la verdadera pregunta no es entonces la que se refiere al impacto de las protestas, sino a su alcance: ¿cuál es la razón de que las movilizaciones sociales adquieran estas dimensiones en regímenes democráticos razonablemente asentados?

La primera tentación sería buscar una respuesta en las deficiencias de la democracia o de los gobernantes, por ejemplo en el hecho de que el general Bánzer, en Bolivia, tenga un pasado de gobernante autoritario. Pero, yendo más al fondo de la cuestión, parece lógico preguntarse por las posibilidades de representación política eficaz que el sistema democrático ofrece a quienes se movilizan en defensa de sus intereses. Y esta cuestión, a su vez, tiene dos partes: la oferta partidaria —si existen partidos que representen las demandas de estos grupos— y la capacidad del sistema político para ofrecer respuestas satisfactorias a estas demandas. Estamos ahora muy lejos del problema de la insatisfacción ante gobiernos que atienden realmente las demandas sociales, pero cuyas prioridades no se ajustan a las expectativas de los electores, y ante un problema mucho más palpable e inmediato: la existencia o inexistencia de resultados.

Con ello llegamos al terreno de la política económica en contextos de drástica limitación de las opciones de los gobiernos, y en los que, además, la estructura económica de partida condiciona fuertemente los resultados a los que los gobiernos pueden aspirar. La existencia de extensas capas indígenas, vinculadas a la agricultura de subsistencia o a la economía informal, no admite un tratamiento rápido para la mejora de las condiciones sociales cuando el Estado ha visto reducirse drásticamente sus recursos y el dinamismo del sector exportador es insuficiente para impulsar un crecimiento económico global. Si además los problemas estructurales permanecen irresueltos, y las reformas se han traducido en la formación de oligopolios privados sin beneficios para la mayoría, los resultados de los gobiernos serán insatisfactorios en el sentido más literal del término.

Se abre entonces la posibilidad de que los sectores más desprotegidos lleguen a organizarse localmente para protestar contra medidas concretas —el encarecimiento del agua, en Bolivia— y que la acumulación de protestas, en una situación de estabilidad económica, pueda traducirse en un frente de rechazo a las políticas del gobierno, aunque éste cuente con respaldo parlamentario. Además, la baja participación —un tercio de los potenciales electores no están registrados— pone en cuestión la representatividad democrática de las instituciones, mientras las élites políticas mantienen un amplio consenso sobre el modelo económico y, dadas las características del sistema de partidos, participan o han participado casi sin excepciones en sucesivos gobiernos que no han resuelto los problemas populares (Ibáñez, 1999). La falta de desarrollo social, combinada con una fuerte autoexclusión popular de la participación política, fruto a su vez de la marginalidad de la población indígena respecto a los partidos tradicionales (Van Cott, 2000), no permite descartar un desbordamiento de las instituciones democráticas.

En Ecuador, por el contrario, existen canales para la representación política de los grupos indígenas y del campesinado, pero el sistema de partidos no ha conducido a coaliciones que traduzcan los intereses de estos grupos en políticas concretas. El éxito de Bucaram provino de aparecer como representante de la gente de la calle frente a la gente, las élites sociales y políticas con las que se identifica el sistema de partidos (De la Torre, 1997). Tras el desplazamiento de Bucaram, Mahuad vino a encarnar una vez más a esas élites, y en su propio derrocamiento convergieron las demandas de los sectores populares e indígenas con los intereses de quienes —dentro de los grupos dominantes y del sistema político— le veían cada vez más prisionero de una trama de pactos e irregularidades que le impedían gobernar la economía. Su sustitución por el vicepresidente Noboa respondió a las exigencias de la gobernación, pero fue una burla a los ojos de los sectores populares que poco o nada esperan de la dolarización y de sus deseados efectos estabilizadores de la economía.

Si la crisis económica se ha dado por cerrada —el caso boliviano—, o si nunca parece terminar —como en Ecuador—, la fuerza disuasoria de la crisis desaparece y la protesta social puede generalizarse entre los excluidos. La pregunta que se plantea a partir de los hechos de Ecuador y Bolivia en los primeros meses de 2000 es doble. En primer lugar, si el sistema político es capaz de dar cabida a las demandas de los grupos más pobres y evitar la tentación de reducirse a canal de representación de las demandas de las clases medias y de los grupos dominantes. En segundo lugar, si existen las condiciones para ofrecer resultados políticos positivos a las demandas populares en el contexto de la economía globalizada, y desde gobiernos con recursos limitados.

Las respuestas podrían ser positivas, pero hay una cuestión de tiempo: frente a la impaciencia de los más pobres la legitimidad de las instituciones democráticas podría estar agotándose o haberse agotado, y estar cobrando nueva fuerza el sueño de regímenes populistas al servicio de la mayoría. El ejemplo de Venezuela, con sus tintes de régimen personalista y de liquidación de la clase política tradicional, podría ser una tentación para las mayorías sociales de otros países andinos, pese a las dificultades que Chávez o Fujimori puedan encontrar para mantenerse en el poder.

Conclusiones

Los regímenes democráticos atraviesan en todo el mundo un proceso de adaptación a dos cambios fundamentales. Por un lado los cambios en los valores y demandas de los ciudadanos, que a su vez se relacionan con una pérdida de peso de los partidos políticos, y de la identificación con ellos: la consiguiente individualización de la política provoca probablemente una visión más crítica de los partidos y de los gobiernos. Por otro lado, los cambios en la economía, que afectan a las políticas y resultados posibles de los gobiernos, que tienen así más dificultad para satisfacer las demandas sociales y, sobre todo, para ajustarse a las prioridades de los electores en el diseño de sus políticas. Estos cambios explican probablemente que en todos los países democráticos exista un clima de relativa insatisfacción y desconfianza hacia los partidos políticos y hacia los resultados de los gobiernos.

En buena lógica, este clima no puede dejar de afectar a las democracias de América Latina. Pero los problemas más acuciantes para la gobernación democrática en la región tienen mayor relación con fenómenos específicos: las limitaciones de la oferta partidaria y los resultados insuficientes de los gobiernos en las nuevas circunstancias creadas por la globalización de los mercados financieros. La aparición de nuevos partidos y canales de representación de los intereses populares puede resolver el primer problema y conducir a alternativas verosímiles frente a la frustración de los electores. Pero el segundo remite a situaciones de desigualdad social y falta de desarrollo económico seriamente agravadas desde la crisis de la deuda, especialmente en los países que no han conseguido realizar las reformas estructurales o que, pese a haberlas realizado, no han logrado volver a entrar en un camino de crecimiento sostenido.

En este punto los problemas del sistema político pasan a ser problemas del Estado para cumplir su función, y el reto para los partidos no es sólo ya representar las demandas sociales, sino encontrar un nuevo modelo de Estado que permita ofrecer soluciones: reconstruir el Estado en las nuevas circunstancias de la economía mundial (Banco Mundial, 1997), crear las condiciones para entrar en una nueva fase de desarrollo (Stiglitz, 1998).

 

Referencias Abramson, P.R., e Inglehart, R. (1995), Value change in global perspective, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Astudillo, J. (1999), “Élites políticas, sindicatos y reformas económicas en América Latina”, Zona Abierta 88-89: 75-139.

Banco Mundial (1997), Informe sobre el desarrollo mundial 1997: El Estado en un mundo en transformación, Washington: Banco Mundial.

Bartels, L.M. (2000), “Partisanship and voting behavior, 1952-1996”, American Journal of Political Science 44: 35-50.

Biorcio, R., y Mannheimer, R. (1995), “Relationships between citizens and political parties”, en H.D. Klingemann y D. Fuchs, comps., Beliefs in government, vol. 1, Citizens and the state, 206-226, Nueva York: Oxford University Press.

De la Torre, C. (1997), “Populism and democracy: political discourses and cultures in contemporay Ecuador”, Latin American Perspectives 94: 12-24.

Downs, A. (1957), An economic theory of democracy, Nueva York: Harper & Row [Teoría económica de la democracia, Madrid: Aguilar, 1973].

Eckstein, H. (1991), “Rationality and frustration in political behavior”, en K.R. Monroe, comp., The economic approach to politics, 74-93, Nueva York: Harper Collins.

Fiorina, M.P. (1978), “Economic retrospective voting in American national elections: a microanalysis”, American Journal of Political Science 22: 426-443.

Fiorina, M.P. (1981), Retrospective voting in American national elections, New Haven: Yale University Press.

Fuchs, D., y Klingemann, H.D. (1995), “Citizens and the state: a relationship transformed”, en H.D. Klingemann y D. Fuchs, comps., Beliefs in government, vol. 1, Citizens and the state, 419-443, Nueva York: Oxford University Press.

Ibáñez, E. (1999), “El consenso sin alternativa: los partidos políticos en la transición boliviana”, Zona Abierta 88-89: 141-173.

Inglehart, R. (1977), The silent revolution: changing values and political styles among Western publics, Princeton: Princeton University Press.

Inglehart, R. (1990), El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1991 [Culture shift in advanced industrial society, Princeton: Princeton University Press].

Inglehart, R. (1997), Modernización y posmodernización: el cambio cultural, económico y político en 43 sociedades, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1998 [Modernization and postmodernization: cultural, economic, and political change in 43 societies, Princeton: Princeton University Press].

Lipset, S.M. (1959), “Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy”, American Political Science Review 53: 69-105.

Kitschelt, H. (1994), The transformation of European social democracy, Cambridge: Cambridge University Press.

Maravall, J.M. (1995), “Democracias y demócratas”, Working Paper 65, Madrid: Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March.

MacKuen, M.B., Erikson, R.S., y Stimson, J.A. (1992), “Peasants or bankers? The American electorate and the US economy”, American Political Science Review 86: 597-611.

McKelvey, R.D. (1986), “Covering, dominance, and the institution-free properties of social choice”, American Journal of Political Science 30: 283-314.

Miller, A.H., y Listhaug, O. (1998), “Policy preferences and political distrust: a comparison of Norway, Sweden and the United States”, Scandinavian Political Studies 21: 161-187.

Murillo, M.V. (2000), “From populism to neoliberalism: labor unions and market reforms in Latin America”, World Politics 52: 135-174.

Ordeshook, P.C. (1986), Game theory and political theory: an introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

Paramio, L. (1999a), “Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de preferencias”, Revista Española de Ciencia Política 1: 81-95.

Paramio, L. (1999b), “Las dimensiones políticas de las reformas económicas en América Latina”, Zona Abierta 88-89: 5-74.

Riker, W.H., y Ordeshook, P.C. (1968), “A theory of the calculus of voting”, American Political Science Review 62: 25-42 [“Una teoría del cálculo de votar”, en J.M. Colomer, comp., Lecturas de teoría política positiva, 299-338, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1991].

Stiglitz, J.E. (1998), “Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo: hacia el consenso post-Washington”, Desarrollo Económico 38 (151): 691-722.

Stokes, D.E. (1966), “Some dynamic elements in contests for the presidency”, American Political Science Review 60: 19-28.

Van Cott, D.L. (2000), “Party system development and indigenous populations in Latin America: the Bolivian case”, Party Politics 6: 155-174.

Wattenberg, M.P. (1998), “Turnout decline in the US and other advanced industrial democracies”, Research Paper, Irvine: Center for the Study of Democracy, University of California at Irvine.