Por una cuestión de principios...

                      Ecuador empujado a la moratoria

  Alberto Acosta

"Cuando un Estado se ve en la necesidad de declararse en quiebra, lo mismo que cuando un individuo se ve en tal necesidad, entonces una quiebra limpia, abierta y confesada es la medida que a la vez menos deshonra al deudor y menos perjudica al acreedor"

Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, 1776.

El Chase Manhattan Bank, que actúa como agente pagador del Ecuador, anunció el viernes 1° de octubre de 1999, que un grupo de tenedores de bonos Brady negó el cobro de los intereses de la deuda a través de las garantías colaterales constituidas de bonos del Tesoro estadounidense para una fracción de bonos Brady -Par y Discount-, tal como lo había propuesta el presidente Jamil Mahuad. Por lo tanto, Ecuador, empujado, en última instancia, por los acreedores, es el primer país en entrar en mora del pago de esos papeles. Esto afectará la totalidad de los bonos Brady ecuatorianos, que suman casi 6.000 millones, e indirectamente también a los 108.000 millones de dólares en bonos Brady de América Latina.

 

La propuesta del presidente Mahuad, asumida ante la incapacidad de pago del Ecuador, creaba -según los acreedores afectados- un riesgo moral. El colateral de los Brady habría sido mal usado, según los acreedores, quienes prefirieron no cobrar el vencimiento correspondiente por una razón de principios... todo para impedir que la actitud de este país creara un mal precedente para el resto de deudores, que eventualmente podrían adoptar una arbitrio similar.

 

Los acreedores, orquestados por varios analistas criollos, han desatado una campaña de amenazas al Ecuador. País que enfrentaría unescenario plagado de acciones legales de los acreedores con sus consiguientes embargos y bloqueos, dicen. Al mismo tiempo, no faltan voces, dentro y fuera del país, que claman por "un programa económico coherente, sólido, para enfrentar de mejor manera el problema de la deuda"; buscando, así, una mayor receptividad en el Congreso y en la sociedad para profundizar el ajuste neoliberal.

 

Una deuda cobrada a cañonazos

 

Esta incapacidad de pago y las presiones de los acreedores recuerdan  una situación similar vivida por Venezuela a principios del siglo.Entonces, este país andino, entrampado por las exigencias de losacreedores y la imposibilidad de cumplir los compromisos impuestos, también se vio forzado a suspender el pago de la deuda.

 

Gran Bretaña y Alemania habían enviado, en diciembre de 1902, un ultimátum para satisfacer sus reclamos. El gobierno del presidente Cipriano Castro, que hacía todo lo posible por cumplir -tal como lo ha hecho Mahuad al sacrificar la inversión social y la reactivación de la economía-, consiguió más recursos imponiendo nuevos impuestos y entregando los ingresos de las aduanas. Sin embargo, al poco tiempo, Castro informó sobre la inutilidad de estos esfuerzos y anunció la

suspensión del servicio de la deuda.

 

Los acreedores ignoraron la respuesta venezolana que proponía renegociar la deuda, para reiniciar los pagos tan pronto como fuera posible. El país fue bloqueado por una flota anglo-alemana-italiana.

Los pocos barcos venezolanos fueron destruidos. Puerto Cabello fue bombardeado. Las tropas extranjeras desembarcaron para "proteger" a sus connacionales y a sus intereses de la "tiranía extranjera", como diría en un derroche de cinismo el canciller alemán von Bülow.

 

En aquella época la política internacional se hacía con cañoneras; los EEUU eran expertos para cobrar así deudas impagas: lo hicieron en Haití, México, Nicaragua, República Dominicana... El país andino invadido invocó sin éxito la doctrina Monroe. Castro, con ayuda de los acreedores/agresores, fue depuesto por su vicepresidente, Juan Vicente Gómez, quien garantizó el pago de la deuda y la entrega de la riqueza petrolera venezolana a las nacientes transnacionales. De esta forma los acreedores se aseguraron el cobro de una deuda superior a los 2 millones de dólares, aunque la acción militar les costó una cifrasuperior... todo era una cuestión de principios.

 

De la fue Argentina el país que dirigió la protesta internacional. Su ministro de Relaciones Exteriores Doctrina Drago a la Ley de Insolvencia Internacional

 

Entonces, Luis Drago, envió una nota que causó conmoción: el rechazo de la fuerza -agresión militar u ocupación de territorios- para lograr el pago de las deudas públicas por parte de los Estados, por ser atentatoria contra el derecho internacional. Este planteamiento, conocido como la Doctrina Drago, fortaleció la Doctrina Calvo, expresada décadas antes por otro argentino, Carlos

Calvo, quien como representante del Paraguay en París, protestó por la injerencia británica en los asuntos internos de ese país. De este esfuerzo surgiría el principio de la no intervención y, poco después,el principio moderno de la igualdad jurídica de los Estados, aún cuando los EEUU trataron de limitarlo en 1907.

 

Las cañoneras quedaron atrás. No así las amenazas y los embargos, mientras se mantiene prácticamente intacta la lógica perversa del endeudamiento externo. Razón tiene el profesor austríaco Kunibbert Raffer cuando afirma que "los largos años de intentos fallidos por parte de los acreedores para resolver el problema de la Deuda Externa, son prueba contundente de la necesidad de un nuevo enfoque. Jueces, jurados, alguaciles, partes interesadas y testigos, acreedores han estado retrasando la implementación de una solución económica justa.

Los acreedores han venido infringiendo daños a las economías de los países deudores haciendo concesiones demasiado reducidas y demasiado tarde, incrementando el monto de la deuda mediante la capitalización de los atrasos de los pagos y añadiendo 'deudas fantasmas'. Esas

deudas se han acumulado solo en los libros y van mucho más allá de la capacidad de pago de los países deudores, dando la falsa impresión de que la condonación sería más cara de lo que en realidad es".

 

El caso del Ecuador desnuda las limitaciones reales de las renegociaciones o reingenierías convencionales. Urgen acuerdos definitivos.

 

Varias campañas nacionales del Jubileo 2000, con motivo de la moratoria ecuatoriana, nos recuerdan que los mismos países acreedores no tuvieron el mismo trato en situaciones similares de sobreendeudamiento y de dificultades económicas mayúsculas, como el Ecuador. A poco de terminada la II Guerra Mundial, en 1953, un grupo de los actuales acreedores de la deuda del mundo subdesarrollad concedió a Alemania una amplia condonación de su deuda externa con la

que bajó su servicio a menos del 5% de sus exportaciones, como límite máximo que establecía la real capacidad de pago de la economía alemana en medio de su reconstrucción. Adicionalmente, este país estaba protegido por una serie de cláusulas de contingencia para el caso de que se produzca un déficit en la balanza comercial o una reducción del PIB.

 

En 1998, Ecuador pagó más del 27% de sus exportaciones por concepto de deuda externa, registró un déficit comercial de casi 7% del PIB y de 10% en la cuenta corriente de la balanza de pagos, mientras que en 1999 experimentará una caída de por lo menos 7% del PIB, sin

perspectiva de condonación, sin cláusulas de contingencia y sin que haya agredido a ninguno de sus acreedores.

 

Para cristalizar estos acuerdos definitivos, que engloben la totalidad de la deuda externa de los países subdesarrollados, se necesita unmarco jurídico internacional adecuado. En ninguno de los países acreedores se deja a un deudor -sea persona natural o jurídica,privada o pública- a la merced incondicional de los acreedores. Entre los estándares de la civilización que ellos mismos consideran como fundamental para sus sociedades existen las siguientes garantías para un deudor insolvente:

 

(1) un proceso ante una instancia imparcial, que es uno de los requisitos en un Estado de derecho.

 

(2) una protección de los recursos necesarios para la sobrevivencia con dignidad del deudor o de los deudores.

 

Ambos principios se violan en el caso ecuatoriano. Como justamente afirmó el presidente Mahuad: "No pueden solicitarnos que paguemos másallá de nuestras capacidades", y eso es lo que han exigido losacreedores del pueblo ecuatoriano.

 

No es aceptable que quienes son parte del conflicto, sean a su vez jurado y jueces, tal como sucede con los acreedores y el control que  estos ejercen en los organismos multilaterales de crédito: FMI o Banco Mundial. Ecuador debe negociar frente a una instancia imparcial,

quizás en una corte de arbitraje, nombrada proporcionalmente por el país deudor y sus acreedores, con una persona adicional aceptada por los árbitros de ambas partes y que debería provenir de una instancia de reconocida solvencia moral, como podría ser el Vaticano.

 

La misma posibilidad de una "quiebra limpia" fue aceptada por Adam Smith en 1776: "Cuando un Estado se ve en la necesidad de declararse en quiebra, lo mismo que cuando un individuo se ve en tal necesidad, entonces una quiebra limpia, abierta y confesada es la medida que a la vez menos deshonra al deudor y menos perjudica al acreedor". Y para legalizar internacionalmente este reclamo, cuya urgencia es indiscutible, se podría inspirar en el Capítulo 9 de la Ley de

Insolvencia de EE UU, que regula las deudas de las municipalidades (El capítulo 11 trata de las empresas; la Texaco se acogió a dicho capítulo para no pagar las indemnizaciones legalmente exigidas por un grupo de indígenas ecuatorianos afectados por sus prácticas antiecológicas).

 

Raffert apunta que "las medidas expresadas en este capítulo de la ley estadounidense protegen a los poderes gubernamentales a la vez que a los individuos afectados como contribuyentes. Tanto los contribuyentes como los empleados de la municipalidad tienen el derecho a ser oídos en defensa de sus intereses. Los acreedores reciben lo que razonablemente se puede esperar bajo las circunstancias y en ningún momento se exige que una municipalidad deje de proveer de las

necesidades sociales básicas como salud, seguridad y bienestar a sus habitantes con el fin de pagar a los acreedores. Incrementar los impuestos para pagar deudas hasta el punto de reducir el nivel de vida de la población de la municipalidad por debajo de los mínimos garantizados a los deudores privados es claramente ilegal en los Estados Unidos."

 

Aquí cabe apelar a resoluciones del derecho internacional que cuestionan aquellos contratos onerosos, aquellas situaciones que impiden el reclamo de los deudores o que afectan la soberanía de los países endeudados. En la propia Convención de Viena de 1967 se establece la posibilidad de revisar contratos cuyas consecuencias son nocivas para los países. También habría como apelar al artículo 1.2 de la Resolución 2200A (XXI) de las Naciones Unidas, vigente desde 1976,

que reza: "En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios  medios de subsistencia".

 

En un mundo donde la mundialización sobre determina la lógica económica, es hora ya de que los marcos regulatorios apegados a la racionalidad del Estado de Derecho se internacionalicen. Para ponerlo en palabras del propio Raffert, "lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para el resto del mundo". Si el Estado de Derecho en dicho país protege al deudor, requerimos una ley de insolvencia internacional, que sería un gran servicio a la humanidad. El lado subdesarrollado del mundo exige las condiciones mínimas para poder cristalizar un proceso de desarrollo sustentable y no simplesdiscursos plagados de gestos caritativos. Tal como sucede con el ofrecimiento de condonación de deuda del presidente Bill Clinton de los EEUU, que ofrece perdonar un monto de 5,7 mil millones de dólares,a un grupo de países arbitrariamente seleccionados, cuando esa deuda

en realidad ha sido ya dada por perdida, pues se cotiza muy por debajo de su valor de emisión, con lo que su monto real bordea apenas los mil millones de dólares. El anuncio de Clinton, además, representa una ampliación de la condonación del 90%, ya comprometido, al 100%, que

supondría unos 100 millones de dólares en el presupuesto norteamericano, a una tasa anual de 10 millones de dólares. Similar reflexión es válida para aquella condonación tan promocionada del G-7

en Colonia, en junio de 1999.

 

En este sentido, una solución definitiva del tema de la deuda externa y no un simple parche caritativo es uno de aquellos prerequisitos indispensables.

 

Vistas así las cosas, la moratoria del Ecuador es un primer paso. Recién empieza el proceso para solucionar el problema de la deuda externa total. Ojalá esta situación no sea manipulada por el gobierno de Mahuad, con el apoyo de los acreedores y de los organismos multilaterales, como instrumento de presión para radicalizar los ajustes neoliberales y así restablecer el servicio de esta "deuda eterna."