10.09

SEMINARIO INTERNACIONAL- LA DEUDA Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES FRENTE AL DERECHO INTERNACIONAL.
Organizado por el Comité por la anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM)
Bruselas, 10 y 11 de diciembre de 2001.
Ponencia de Alejandro Teitelbaum

I. En el período de acumulación acelerada de la deuda, muchos gobiernos de los países deudores (en no pocos casos dictaduras abiertas o encubiertas) actuaron de manera irresponsable y en el sólo beneficio de minorías corruptas, endeudando a sus respectivos países mucho más allá de su reales posibilidades de reembolso. El Fondo Monetario Internacional, que según el art. 1 de sus Estatutos debe : ..."facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional contribuyendo de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de la capacidad productiva",  y que de acuerdo con la decisión de su Consejo de Administración del 29 de abril de 1977  debería vigilar que los Estados realicen una política financiera sana que les permita un desarrollo sostenido y socialmente equitativo, cumpliendo al mismo tiempo sus obligaciones internacionales, se abstuvo en esa época de alertar a los gobiernos que se estaban endeudando improductiva y excesivamente. La razón es que el FMI respondió en ese momento -como lo hace siempre- a las estrategias de las grandes potencias y del gran capital, que tenían interés en colocar el excedente de dólares, aunque fuese en condiciones riesgosas.

En el caso  de Argentina, para determinar las responsabilidades por ese  crecimiento vertiginoso de la deuda que contó con la complicidad por omisión del Fondo Monetario Internacional, como acabamos de ver, en 1982 se presentó una denuncia ante los tribunales de dicho país.

En julio del 2000 se dictó sentencia en dicha causa y en las conclusiones el Juez dice:

“Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación...Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados...Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de los seguros de cambio...la existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones económicas”...

El juez decidió el archivo de las actuaciones porque el único procesado resultó sobreseído por prescripción, pero remitió copia de la resolución al Congreso de la Nación a fin de que éste adopte las medidas que estime conducentes en la negociación de la deuda “que ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976"...  (Causa Nº 14467, “Olmos, Alejandro, s/denuncia, Juzgado Federal Nº 2 de Buenos Aires).

II. Cuando la magnitud de la deuda y el retraso en los servicios de la misma puso de manifiesto la imposibilidad para los países del Tercer Mundo de pagarla en las condiciones pactadas, el Fondo Monetario Internacional (que como vimos, se abstuvo de intervenir para tratar de evitar un incremento irresponsable de la deuda) propuso como solución las políticas de ajuste. Estas políticas son la condición que se impone a los países deudores que necesitan imperativamente renegociar la deuda y seguir teniendo acceso a los mercados financieros internacionales.

De modo que el Estado que quiere tener acceso al crédito internacional debe ajustarse a los "principios directores" del FMI que, de manera general, son los siguientes:

1)..."apertura de los sectores que han estado protegidos frente a la competencia del mercado y la eliminación de subvenciones..."

2)..."reducir las presiones inflacionarias, alentar la repatriación del capital y fomentar la inversión extranjera directa..." (Comunicado del Comité Provisional de la Junta de Gobernadores del FMI, Comunicado de Prensa Nº 89/44, del 25/9/89);

3)..."contener la demanda global...";

4)..."saneamiento de las empresas públicas...";

5)..."flexibilización del control de precios y de las restricciones comerciales" (acuerdo con Mauritania);

6)..."revisión de la escala de derechos de importación y de los precios agrícolas..." (acuerdo con Costa Rica, Bulletin du FMI, 5 juin 1989, p. 174).

Estos "principios directores" se han incluido en los acuerdos celebrados con numerosos países, en el marco de la llamada "estrategia reforzada de la deuda" y de las "facilidades de ajuste estructural reforzadas". Estas propuestas de ajuste estructural del FMI, difieren  de las "políticas de estabilización" precedentemente preconizadas por el FMI, en que éstas  se orientaban a presionar a los países deudores para que realizaran una política financiera que asegurara el reembolso de la deuda, mientras que la “estrategia reforzada de la deuda” implicó una injerencia total en las políticas financieras, económicas y sociales de los países deudores. 

Desde diciembre de 1999, las políticas de intervención del FMI en los países del Tercer Mundo tienen un nuevo nombre: “Facilidades de crecimiento y de reducción de la pobreza”. Estas “facilidades” consisten en que los países pobres más endeudados entrarán en la lista de los que podrán beneficiarse de una reducción de la deuda siempre que  los respectivos gobiernos adopten medidas de lucha contra la pobreza.  Dicho de otro modo,  el FMI, que con sus políticas de ajuste contribuyó ampliamente a sumir en la pobreza total a la mayoría de la población de los países pobres muy endeudados, ahora le pide a los gobiernos de dichos países que luchen contra la pobreza para poder beneficiarse eventualmente con una reducción de la deuda.  Una lógica elemental indica que el orden debería ser inverso: primero reducir o anular la deuda y después (o en todo caso simultáneamente) exigir a los gobiernos beneficiados que adopten medidas de lucha contra la pobreza.

Las llamadas políticas de ajuste son económicamente recesivas  y socialmente regresivas, pues el único objetivo real del Fondo es que los deudores paguen los servicios de la deuda a los acreedores. Con tales políticas la espiral de la deuda  sigue creciendo  porque la economía  de los países deudores permanece estancada o crece lentamente, con lo que se les hace aún más difícil cumplir con los acreedores, y  se deben contraer nuevos préstamos para pagar los servicios de los préstamos anteriores. Así  la deuda  externa no deja de crecer y se convierte en deuda eterna.

Las políticas de ajuste  están destinadas,  por una parte, a asegurar que  continúe la remisión de los servicios de la deuda a los acreedores y, por otra, a imponer a los países deudores su integración  al sistema  económico -financiero mundial dominante, caracterizado por la  concentración en pocas manos  de las riquezas  producidas a escala planetaria .

La reunión de setiembre del 2000 en Praga del Banco Mundial y del FMI  consagró las orientaciones propuestas en el Informe de abril del 2000 de la Comisión Meltzer del Congreso de los Estados Unidos: que el FMI sea prestamista a corto plazo y a interés elevado y que los préstamos se otorguen a los países donde haya una fuerte presencia de la banca privada internacional, como garantía de su estabilidad financiera.

El G8, reunido en Génova a fin de julio  del 2001, se limitó a ratificar la Iniciativa para los países pobres más endeudados ([1]).

¿Cuál es el balance   a mayo del 2001 de esta iniciativa a favor de los países pobres más endeudados lanzada en Halifax en 1995?

En 1996  el total de la deuda de los 41 países que figuraban en la lista  era de 205 mil millones de dólares y  en 2001 es de  215 mil millones de dólares. Es decir que la deuda  aumentó, en lugar de disminuir (FMI, World economic outlook, www.imf.org).

En 1998 los 41 países pobres más endeudados (PPME) transfirieron al norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron  (World Bank, Global Development Finance, 2000) y en 1999 el conjunto de los países del Tercer Mundo realizaron una transferencia neta de recursos al norte de 114.600 millones de dólares.

En realidad, la anunciada  reducción o anulación parcial de la deuda  de los países más pobres es  una pura superchería, como dice Eric Toussaint, un especialista en la materia.  Toussaint agrega que …”es igualmente útil precisar que las sumas destinadas por los Estados industrializados al alivio de la deuda son utilizadas para indemnizar empresas privadas alemanas, francesas, belgas…que han participado en la realización de “elefantes blancos” en los países actualmente aplastados por el peso de la deuda”… ([2]).

El último informe de la OCDE al respecto (Estadísticas de la deuda externa, 2001, citado por Eric Toussaint) ([3]) no puede ser más claro: “La iniciativa para los países pobres más endeudados no se traducirá  por una reducción nominal del valor de la deuda  porque las quitas  consistirán en lo esencial  en  condonación de intereses  y  donaciones destinadas a financiar el servicio de la deuda y no en reducciones directas de la deuda”.

“La  iniciativa –sigue diciendo Toussaint- consiste en disminuir un poco el peso de la deuda sobre las finanzas de los países más pobres  a fin de que el sistema de la deuda perdure”.

Señala Toussaint que las condiciones impuestas son tan insoportables que en el año 2000  Laos y Ghana rechazaron formar parte de la lista  de  países supuestamente beneficiarios de la iniciativa .

Podrían resumirse las políticas de las instituciones de Bretton Woods diciendo que la ayuda que proporcionan a los países pobres  pertenece al reino de la fantasía  pero que la injerencia en las políticas financieras, económicas y sociales de dichos Estados  es bien real y sus consecuencias son económica y socialmente catastróficas.

III. DIFERENTES ARGUMENTOS JURÍDICOS QUE PUEDEN INVOCARSE PARA DECLARAR EXTINGUIDA LA OBLIGACIÓN DE REEMBOLSAR LA DEUDA.

Hay una serie de argumentos jurídicos que pueden invocar los Estados deudores para declara unilateralmente la extinción de la obligación de pagar la deuda.

Entre ellos cabe enumerar: 1) la ilicitud de origen y/o la ilicitud sobreviniente de la misma; 2) el pago de la misma (excepción de pago); 3) el enriquecimiento sin causa del acreedor; 4) la excesiva onerosidad  sobreviniente (principio rebus sic stantibus) y 5) la primacía de los derechos humanos fundamentales sobre la obligaciones inherentes al pago de la deuda.

1)      Ilicitud de origen y/o ilicitud sobreviniente de los contratos que dieron origen a la actual desmesurada deuda externa de muchos países del Tercer Mundo. Muchas de dichas operaciones contienen cláusulas ilícitas, vicios del consentimiento, intereses usurarios, comisiones y otros gastos desproporcionados, etc. No decimos "intereses usurarios" como figura  retórica: mientras la tasa de interés efectivo a largo plazo en seis países industrializados fue, como promedio, en el período 1985‑1989, del 4,35 por ciento, la tasa de interés efectivo sobre la deuda externa pagada como promedio por seis de los principales países deudores en el período 1980‑1985, fue del 16,8 por ciento ([4]).

Algunas operaciones fueron simplemente simuladas, donde aparecían como deudores empresas privadas o individuos de ciertos países del Tercer Mundo y como acreedores grandes Bancos de los países desarrollados, es decir se asociaron para delinquir personas privadas del Tercer Mundo y grandes Bancos transnacionales.  Luego estas deudas fueron "estatizadas" (en los países del Tercer Mundo se privatizan las empresas y recursos nacionales y se "estatizan" las deudas de los particulares) y ahora los pueblos están pagando deudas contraídas por particulares  incluso, entre ellas, deudas simuladas ([5]).

Además, los intereses no cobrados se incorporaron al capital adeudado,  de manera que se devengaron  intereses sobre los intereses (anatocismo), lo que está prohibido en las legislaciones  de muchos países.

Hubo también vicios del consentimiento en algunos contratos originales y en las renegociaciones por ejemplo el  reconocimiento de deudas ilícitas o simuladas en los acuerdos en el marco del Plan Brady , contra lo establecido en los principios jurídicos vigentes de que el reconocimiento de obligaciones que agravan  la prestación original o la modifican en perjuicio del deudor, debe estarse a la obligación original, salvo que haya una nueva causa lícita (art. 723 del Código Civil argentino) ([6]).

Las obligaciones contraídas  que sirven de fundamento a la deuda tienen, pues , diversas causas ilícitas, por lo que carecen de efecto y su cumplimiento no es, por lo tanto, exigible.

2) La deuda ya ha sido saldada (excepción de pago).

Desde el punto de vista económico-financiero, si se hiciera un estudio actuarial  descontando los pagos realizados, las deudas ficticias, los intereses usurarios,  los intereses sobre los intereses,  los gastos y comisiones desproporcionados, se llegaría a la conclusión  de que la deuda  ha sido totalmente  pagada  y probablemente se vería que los presuntos deudores son  en realidad acreedores. El resultado sería aun más desfavorable para los acreedores si se agrega la fuga de capitales.

Un documento del 25 de junio  de 2001 de  Jubileo Sur, una red internacional por la anulación de la deuda, dice que  en 1980 los países del sur debían 567 mil millones de dólares, que desde entonces se han pagado 3 billones 450 mil millones, es decir seis veces el monto de la deuda de 1980 y que sin embargo se deben actualmente algo más  de  dos billones, es decir tres veces y media  más que en 1980.

El Informe del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano de noviembre 2001, citando cifras de la CEPAL, llega a la misma conclusión: la deuda ya ha sido saldada.

Desde un punto de vista ético habría que poner la presunta deuda en un platillo de la balanza y en el otro platillo la deuda social, ecológica  e histórica que los acreedores tienen con los presuntos deudores. Es decir poner en ese platillo el enorme daño social causado con las políticas de ajuste, el daño ecológico  provocado con industrias contaminantes, con los desechos tóxicos transportados  a los países del Tercer Mundo, con  la devastación de los bosques y la deuda histórica  contraída  con los presuntos deudores  durante siglos de despojo de sus riquezas y recursos humanos.

3)      Enriquecimiento sin causa del acreedor.

Se puede  invocar  el enriquecimiento sin causa de los acreedores (facultad  de reclamar la devolución y obligación de devolver lo que se ha percibido sin derecho, como  está establecido por ejemplo en los  arts. 784 y siguientes del Código civil argentino, 1895 y siguientes del Código civil español  y 1376 y siguientes del Código civil francés) ([7]).

4)      Excesiva onerosidad sobreviniente (rebus sic stantibus).

También en el plano jurídico cabe hacer valer el principio rebus sic stantibus, es decir el derecho a no cumplir una obligación cuando las condiciones de la misma han cambiado de manera tal que su cumplimiento resulta de una onerosidad extrema. Este principio está también contemplado en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Cambio fundamental en las circunstancias) ([8]).

Puede afirmarse que la deuda externa de los países del tercer mundo es jurídica, económica y financieramente inexistente y éticamente insostenible  y que su subsistencia forma parte  del sistema mundial dominante caracterizado por la hegemonía  del capital financiero parasitario que funciona como una bomba aspirante  del trabajo y el ahorro de los pueblos de todo el mundo, siendo los más afectados los países pobres y dentro de ellos, los sectores más desfavorecidos de la población.

5) Primacía de los derechos humanos fundamentales sobre la obligación de reembolsar la deuda.

La utilización, para pagar los intereses y amortizaciones de la deuda,  de recursos desproporcionados  con relación al monto total de los recursos disponibles para atender las necesidades nacionales, sin que las autoridades del Estado deudor recurran  a lo que en derecho se llama  el  beneficio de competencia (pagar lo que buenamente se puede, art. 799 del Código civil argentino) y sobre todo a invocar la doctrina Calvo-Drago sobre la soberanía del Estado frente a sus acreedores, lleva a la  violación  de  derechos humanos fundamentales tanto económicos, sociales y culturales como civiles y políticos, que no solo son interdependientes sino indivisibles, como lo es el ser humano mismo.

En efecto, si por un lado es evidente que dedicar una parte desproporcionada de los recursos nacionales a pagar la deuda externa tiene por consecuencia la violación de los derechos económicos, sociales y culturales  de la población, también  implica la violación de otros derechos fundamentales , en la esfera de los derechos civiles.

Por ejemplo, la violación de ciertos derechos económicos, sociales y culturales  pueden significar la violación del derecho fundamental e inalienable a la dignidad  inherente a  la persona humana, del derecho a la vida o la violación del derecho a no sufrir tratamientos inhumanos o degradantes, entre otros.

El derecho a la dignidad inherente a la  persona humana  está reconocido  en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas,  consagrado explícitamente en los preámbulos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en varios otros instrumentos internacionales y en el ordenamiento constitucional de muchos Estados.

La falta de acceso a tratamientos médicos, a medicamentos indispensables, puede  implicar una violación del derecho a la vida ([9]).

Pero el derecho a la vida no es el mero derecho biológico a existir sino el derecho a vivir dignamente, que es propio de la persona  humana como  ser racional ([10]).

De modo que la falta alimentos suficientes, de una vivienda adecuada, del acceso a la educación, a la seguridad social, etc., también constituyen violaciones del derecho a la dignidad  inherente a la persona humana .

La violación de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales también pueden constituir  tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" y el mismo enunciado figura en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los tratos inhumanos o degradantes  no están definidos en la Declaración Universal ni en el Pacto ni en la Convención contra la tortura. Pero puede ser una referencia la  definición de la tortura del artículo 1º de la Convención contra la tortura, según la cual ésta  consiste en infligir intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de :

1)      obtener de ella o de un tercero información o una confesión ;

2)      castigarla por un acto que haya cometido ;

3)      intimidarla o coaccionarla ;

4)      o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación (énfasis agregado)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que son tratamientos degradantes los destinados a crear en quien los sufre sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad  con el fin de humillarlo, envilecerlo y eventualmente a quebrar su resistencia  física o moral ([11]).

La reducción a la pobreza y más aún a la extrema pobreza puede constituir entonces un tratamiento inhumano y degradante basado en la discriminación social, afectándose así la  dignidad personal de quien lo sufre, provocándole sentimientos de temor, angustia e inferioridad.

Por otra parte, la Comisión y el Tribunal  Europeo de Derechos Humanos  han desarrollado progresivamente una jurisprudencia en la que se han puesto de relieve  los aspectos económicos, sociales y culturales de los derechos civiles y políticos. Cabe destacar el caso « Airey c. Irlanda «    (9/10/79, Serie A  nº 32) donde el Tribunal europeo dijo : « El Tribunal  no ignora que el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales depende mucho de la situación de los Estados  y especialmente de sus finanzas. Por otro lado, la Convención debe leerse a la luz de las condiciones de vida actuales ». Y más adelante dice el Tribunal :  « Lo mismo que la Comisión, el Tribunal  no considera  que deba dejar de lado una u otra interpretación  por el simple motivo que al adoptarla  se correría el riesgo de invadir la esfera de los derechos  económicos, sociales y culturales;  ninguna mampara impermeable  separa  esa esfera de derechos  del campo de la Convención ».

Sin embargo, la Comisión Europea  rechazó en 1990 por falta de fundamento  la queja interpuesta contra Bélgica por una señora  quien,  falta de recursos y con una pequeña hija, tenía que vivir en condiciones sumamente precarias, sin calefacción ni agua caliente (caso Van Volsem c.Bélgica).  La queja se había fundado en que la denunciante sufría un tratamiento inhumano y degradante ([12]).

El  profesor Fréderic Sudre criticó severamente esta decisión  en un artículo titulado  « La  première décision « quart monde » de la Commission européenne des droits de l’homme : une « bavure »  (mancha) dans une jurisprudence dynamique » (Revue Universelle des Droits de l’Homme, Estrasburgo, 1990, pág. 349).

Las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales pueden configurar también crímenes contra la humanidad  y el crimen de genocidio.

En el punto 6 de la sección IV de las Conclusiones del seminario de Celigny ([13]) se puede leer :

“Es posible invocar ante los tribunales como derecho vigente el artículo 7 (crímenes contra la humanidad) del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma 1998) contra los dirigentes de las sociedades transnacionales, en particular su inciso 1 apartados f): (tortura [que incluye los « otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes », según la respectiva Convención]); k): « Otros actos inhumanos...que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física » y el inciso 2 apartado b): [exterminación]« infligir intencionalmente condiciones de vida, inter alia la privación del acceso a los alimentos y a las medicinas... ».

También puede invocarse el artículo II, inciso c) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: ...“sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

Las normas mencionadas y su interpretación doctrinaria y jurisprudencial podrían invocarse ante los tribunales nacionales, pero si se llega a constituir  la Corte Penal Internacional, con los mismos fundamentos  quedará abierta una muy estrecha y remota posibilidad de llevar ante dicho Tribunal  las violaciones a los derechos humanos derivados de la existencia de la deuda externa ([14]).

Actualmente en Argentina está en curso una querella criminal contra  varios ex dictadores y otros jefes militares del Cono Sur  por su responsabilidad en la ejecución del Plan Cóndor. (“Videla Jorge Rafael  y  otros s/ Privación Ilegal de la Libertad Personal”).

En el escrito de querella se acusa a los imputados de haber constituido una asociación ilícita  para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal  del aparato del Estado respectivo. Y también se hace mención en el escrito de querella  a la existencia de una conspiración contra el derecho de autodeterminación de cada uno de los pueblos de los Estados partes, privando a éstos de sus riquezas naturales, desmantelando sus estructuras productivas y obligándolos a un endeudamiento que se paga con la exclusión social, nueva forma de desaparición del mundo del trabajo, la salud y la cultura.

La parte querellante ofreció pruebas de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales  cometidos  por los querellados, entre dichas pruebas un pedido de informes estadísticos a la  CEPAL (Comisión Económica para América Latina), pruebas que el juez de la causa aceptó y ordenó su diligenciamiento.

El juez ya ha dictado la prisión preventiva de Videla y solicitado la detención –con miras a la extradición - de Pinochet y Stroessner y de un grupo de militares uruguayos.

Este juicio es un ejemplo de cómo se puede denunciar ante los tribunales como un todo  indisociable  las violaciones de los derechos civiles y políticos y  las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

IV. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MATERIA DE NO PAGO DE LA DEUDA.

Otro sólido argumento para declarar extinguida la obligación de pagar la deuda externa son   los ejemplos de la historia, que demuestran que, sobre todo las grandes potencias, nunca o casi nunca han pagado sus deudas .

Decía Keynes: “...los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es más fácil tratar sobre ellos nombrando a aquéllos que no han incurrido en incumplimiento, que aquéllos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania.” ([15]).

John Kenneth Galbraith ([16]) cita  varios ejemplos de  deudas externas (sobre todo de los países  llamados desarrollados) que nunca fueron pagadas.

Sergio Bitar, en el prólogo a un libro de Gonzalo Biggs ([17])  cita a Andrew Mellon, que fué  Secretario del Tesoro de los Estados Unidos a fines de los años 1920, quien dijo: “La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de pago de una nación  le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo  imposible… quienes insisten en cláusulas imposibles están propiciando en última instancia el repudio completo de la deuda”. Esto lo decía Mellon para justificar la firma de 15 convenios para reprogramar las deudas de guerra de los países europeos con Estados Unidos. Pese a esta reprogramación, Alemania y otros países europeos  suspendieron más adelante el pago de las deudas de guerra  con Estados Unidos.

Dice  Biggs que si los países latinoamericanos recibieran  un trato similar al de Alemania y otros países europeos después de la primera guerra mundial (que finalmente no pagaron sus deudas) la deuda latinoamericana debería reducirse en más del 50 por ciento  y prorrogar los plazos de vencimiento de la misma  hasta después del año  2050 (Biggs, pág. 171).

En su libro, Biggs cita numerosos precedentes históricos de países  que no han  pagado sus deudas externas, entre ellos los Estados Confederados del Sur  después de la Guerra  de  Secesión.  Dicha deuda fue  anulada mediante el punto 4 de  la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos , del 16 de junio de 1866, que dice : “…ni los Estados Unidos, ni ninguno de los Estados reconocerán o pagarán deuda  u obligación  alguna que se haya contraído para ayudar a una insurrección o rebelión  contra los Estados Unidos…; estas deudas, obligaciones y reclamaciones  serán consideradas ilegales y nulas”. (Biggs, págs. 101 y 102).

El profesor  José Antonio Alonso, en un artículo publicado en el diario español “El País”  del 17 de abril de  2001,  después de indicar el elevado costo económico y social de la deuda de los países en desarrollo,  señala que después de la Segunda  Guerra Mundial se fijó como cuota máxima para el pago de la deuda alemana  el 4,6% de sus exportaciones, con el objeto de “no dislocar la economía” y “no drenar indebidamente sus recursos”. Es decir que Alemania,  después de haber provocado la hecatombe humana más grande de la  historia, recibió mejor trato  que el que reciben actualmente los países deudores pobres.

Biggs dice que la experiencia histórica  muestra que en todas las crisis financieras internacionales , los acreedores o sus gobiernos  debieron asumir una parte importante de las pérdidas resultantes de sus préstamos o inversiones y que la única excepción a esta regla ha sido la latinoamericana (pág. 28). Podría agregarse que actualmente la excepción alcanza no sólo a los países latinoamericanos sino a todos los países deudores  pobres. 

Desde el punto de vista jurídico,  se ha reconocido el derecho de un gobierno constitucional a desconocer las deudas contraídas por un gobierno dictatorial anterior, con fundamento en la mala fe del acreedor (que prestó  sabiendo el destino ajeno al interés público del préstamo) y en la falta de representatividad del deudor. El general Tinoco había asumido el poder mediante un golpe de Estado en Costa Rica en 1917 y su gobierno contrajo una deuda con el Royal Bank of Canada. Dicha deuda fue desconocida por el gobierno constitucional posterior. En 1923, el juez Taft de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que actuó como juez-árbitro entre el Royal Bank  y el Gobierno de Costa Rica, rechazó la demanda de reembolso de la deuda, con los fundamentos mencionados  ([18]).

El jurista argentino Carlos Calvo desarrolló entre 1868 y 1896 la doctrina según la cual los intereses y las inversiones extranjeras deben estar sujetas a las leyes nacionales. En apoyo de la misma citaba una decisión del Gobierno federal de Estados Unidos de 1868 por la cual se formó una comisión para examinar los reclamos de indemnización formulados por ciudadanos estadounidenses y extranjeros por daños sufridos durante la guerra de secesión. Dicha comisión era soberana y sus decisiones inapelables y sobre todo  no debía  admitir las intervenciones diplomáticas en favor de los reclamantes extranjeros y si tal intervención se producía la consecuencia era el rechazo inmediato  del reclamo del ciudadano extranjero.

V. LA DOCTRINA DRAGO SOBRE LA  SOBERANÍA DE LOS ESTADOS FRENTE A LOS ACREEDORES.

En 1902, a raíz de la agresión armada contra Venezuela  llevada a cabo por buques de guerra británicos, alemanes e italianos que bombardearon las costas de dicho país para forzarlo a pagar sus deudas con particulares europeos, Luis María Drago,  ministro de relaciones exteriores de Argentina, formuló el principio que se conoce como “Doctrina Drago” que considera inadmisible el cobro compulsivo de la deuda pública. Dice Salvador María Lozada ([19]) que lo que “ataca la Doctrina Drago es la presión ejercida contra un Estado soberano por la falta de pago de la deuda. La acción militar, el bloqueo, el bombardeo de puertos, la ocupación territorial, solo son especies del género que es la presión, la interferencia, la injerencia. Está claro que la doctrina Drago condena cualquier presión”. Lozada, citando a Drago, dice que en virtud de su condición de soberano,  el Estado tiene la “facultad de elegir el modo y el tiempo de efectuar el pago”.

VI. RESPONSABILIDAD CIVIL E ILICITOS PENALES DE LOS ACREEDORES (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL , ESTADOS,  BANCOS)  Y RESPONSABILIDAD Y  EVENTUALES ILICITOS PENALES DE LAS AUTORIDADES DE LOS  ESTADOS DEUDORES.

1. La responsabilidad de las instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas y la naturaleza jurídica de los préstamos que conceden y de los acuerdos que celebran con los países deudores.

En julio de 1944, la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucci¢n y Fomento (Banco Mundial). Esta instituciones "...tenían como finalidad fomentar tipos de cambio estables, estimular el crecimiento del comercio mundial y facilitar la circulaci¢n internacional de capitales...Hubo una falta de atención casi inevitable a los intereses de los países en desarrollo. La mayoría de éstos eran aún colonias y por lo tanto no estuvieron representados en Bretton Woods...En general se soslayó al Tercer Mundo y poco se tomaron en consideración sus intereses.

En el artículo 1 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 1 de sus Estatutos) se enuncian los seis objetivos del Fondo, entre ellos ..."facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional contribuyendo de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de la capacidad productiva" .

Las instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional,  el Banco Mundial y otras,  tienen también el deber de promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo (arts. 55, 56, 57, 58, 63 y 64 de la Carta de las Naciones Unidas) y de respetar, en tanto personas de derecho internacional, los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia ha dicho que los deberes y derechos de entidades como las Naciones Unidas y los organismos especializados "deben derivarse de (sus) propósitos y funciones, contenidos explícita o implícitamente en (sus) instrumentos constitutivos y desarrollados en la práctica" ([20]).

Las instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas (particularmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) son  formalmente personas jurídicas internacionales y tienen patrimonio propio. En consecuencia, son jurídicamente responsables de las violaciones que cometan, sea por omisión o por acción, de los derechos económicos, sociales y culturales y tienen la obligación de reparar los daños causados, de cesar las violaciones y de no reincidir.

Como personas jurídicas, pueden incurrir en responsabilidades penales.

En el caso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sería aplicable  una doble imputación: contra la institución como persona jurídica y contra los integrantes de los órganos que toman las decisiones.

El artículo XII, Sección 4 c) de los Estatutos del FMI, establecen la autonomía del Director respecto de los Estados, de modo que tiene la entera responsabilidad de sus decisiones. Y en cuanto a los administradores y gobernadores, que son nombrados por los Estados, tampoco pueden estar exentos de una eventual responsabilidad penal por las decisiones que votan en nombre de sus respectivos gobiernos, pues no es aceptable, en el estado actual del derecho internacional, que puedan invocar como eximente de responsabilidad penal las "órdenes recibidas".

Una situación equivalente se presenta en el caso del Banco Mundial, para el presidente por un lado y para los gobernadores y los directores ejecutivos por el otro (artículo V del Convenio constitutivo).

La responsabilidad penal de los funcionarios nombrados por los Estados en ambas instituciones, no exime a éstos (en particular a los Estados que detentan estatutariamente el poder de decisión en virtud del voto ponderado), de su responsabilidad jurídica como Estados, en los términos expuestos más adelante en el párrafo sobre la responsabilidad de los Estados.

En el período de sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en julio-agosto de 2001, dos de sus miembros, la señora Udagama y el señor Onyango, presentaron un informe sobre la mundialización ([21]).

Los autores dicen en el informe que si bien la protección y promoción de los derechos humanos  es primordialmente una obligación de los Estados, otras entidades  tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial, no están de manera alguna exceptuadas de responsabilidad en ese terreno. Afirman que las instituciones internacionales multilaterales “tienen la obligación de no  tomar medidas  que afecten la situación social de un país dado”. 

En el debate que se suscitó en la Subcomisión, el representante del FMI afirmó que dicha institución no tiene mandato para tomar en cuenta los derechos humanos en sus decisiones y que no está obligada por las diferentes declaraciones y convenciones relativas a los derechos humanos ([22]).

Esta afirmación provocó vivas réplicas, salvo alguna notable excepción, de varios miembros de la Subcomisión, afirmando uno de ellos que “no es admisible que el FMI no se someta al derecho internacional” y otro sugirió que la Subcomisión “debía adoptar  una posición clara indicando que los sistemas comerciales y financieros están sometidos al derecho internacional y por lo tanto tienen la obligación  de proteger y respetar los derechos humanos”.

¿Son realmente en los hechos el  FMI y el BM organismos especializados del sistema de  las Naciones Unidas?

El FMI, es formalmente un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas y como tal debería actuar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, pero en los hechos no es así, pues actúa con total independencia del sistema, sin dar prácticamente ninguna participación en sus decisiones a los órganos principales de las Naciones Unidas ([23]).                    

Y en el seno del FMI, el poder de decisión pertenece a los cinco países que reúnen la mayoría de las cuotas, pues el artículo XII sección 5 de sus Estatutos establecen el voto ponderado en los órganos de dirección (Consejo de Gobernadores y Consejo de Administración). Además, un solo país, los Estados Unidos, puede bloquear ciertas decisiones importantes (por ejemplo el restablecimiento de un sistema internacional de cambios fijos) porque dispone de un porcentaje de votos(18 por ciento)  superior a la minoría de bloqueo, que es del 15 por ciento.                      

De modo que es un pequeño grupo de países, muy poderosos económicamente, quienes imponen al resto de la comunidad internacional las orientaciones de la política económica. Y en el caso particular de la deuda externa y de las políticas de ajuste sucede lo mismo, de manera que las "recomendaciones" y "principios directores" del FMI son más que una obligación jurídica, es el resultado de la coacción ejercida sobre  los países que quieren renegociar la deuda u obtener préstamos del sistema financiero internacional.  

En setiembre de 1947 la Asamblea General  aprobó sin votación los acuerdos entre las Naciones Unidas, por una parte, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en tanto organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, por la otra.

En los hechos, los acuerdos constituyeron más una declaración de independencia de ambos organismos financieros que de cooperación con las Naciones Unidas.

En el debate sobre los acuerdos, realizado en el Consejo Económico y Social en agosto de 1947, el representante de Noruega dijo que el ECOSOC se apartaría de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas si los aprobara, agregando que su delegación no estaba dispuesta a reconocer al Banco Mundial como organismo especializado, sometiéndose a las condiciones impuestas por el mismo Banco. El representante de la Unión Soviética, por su parte, señaló en el mismo debate que ciertas disposiciones de los dos acuerdos violaban los artículos 57, 58, 62, 63, 64 y 70 de la Carta de las Naciones Unidas, referidos al funcionamiento de los organismos especializados y a las facultades del ECOSOC  a su respecto. El representante de Venezuela lamentó que los acuerdos hubieran ido más lejos de los que parecía necesario, en particular el párrafo 3 del artículo IV, que aconsejaba a las Naciones Unidas que evitaran hacer recomendaciones al Banco con relación a los préstamos o a las condiciones o circunstancias de su financiamiento ([24]).

En un  trabajo de Erskine Childers ([25]) ‚ éste señala que no corresponde a las instituciones de Bretton Woods ocuparse de los problemas de política macroeconómica, pues estudiarlas es función de las comisiones del ECOSOC y adoptarlas de la Asamblea General. Sigue diciendo que, de conformidad con el artículo 58 de la Carta de las Naciones Unidas es la Asamblea General quien debe coordinar dichas políticas y, de acuerdo al artículo 63, es el ECOSOC quien debe coordinar su puesta en práctica por los organismos especializados.

En la práctica, las instituciones de Bretton Woods tienen un poder de decisión excepcional sobre las orientaciones de las economías nacionales de los países menos desarrollados,  como mandatarios de los países ricos,  sin base alguna en el derecho internacional vigente. Por el contrario, no tienen poder alguno sobre las orientaciones económicas de los países ricos, pese a que la enorme deuda externa e interna de algunos de ellos justificaría ampliamente la aplicación de una política de ajuste estructural, de acuerdo a las concepciones del Fondo. Tampoco el Fondo y el Banco, pese a que las grandes potencias dicen que son los "únicos organismos competentes" del sistema, tienen una política mundial económica y/o financiera. Tal política va a la deriva de los intereses coyunturales del capital financiero e industrial transnacional ([26]).

Todo esto confirma que el FMI y el Banco no son en la práctica organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, como está previsto en la Carta, sino meros instrumentos y mandatarios de las grandes potencias y del gran capital.   

Desde que, en 1947, el FMI y el Banco Mundial pasaron formalmente a ser organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas,  los esfuerzos para que ambas instituciones coordinen sus actividades con el ECOSOC han sido infructuosos, a causa de que han rehusado hacerlo, insistiendo sobre su carácter independiente. El FMI y el Banco Mundial están representados en las reuniones de los principales órganos de las Naciones Unidas, no sólo en las esferas económica y social, sino también en los órganos subsidiarios y grupos de expertos. En cambio, la representación de las Naciones Unidas en las reuniones del FMI y del Banco Mundial está mucho más restringida y se limita a las reuniones anuales de la Junta de Gobernadores y a las reuniones bianuales de un día del Comité Provisional y del Comité para el Desarrollo. El representante del Secretario General ha sido excluido de las reuniones confidenciales de ambos Comités. Además, las opiniones del Secretario General solo son admitidas en dichos Comités por escrito. "De modo que, mientras el Director Gerente del FMI y el Presidente del Banco Mundial hacen anualmente alocuciones ante el Consejo Económico y Social, no existe reciprocidad al respecto, lo que constituye una grave asimetría" ([27]). Y una violación del artículo 70 de la Carta de la ONU, que dice: "El Consejo Económico y Social podrá  hacer arreglos para que representantes de los organismos especializados participen, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las de las comisiones que establezca, y para que sus propios representantes participen en las deliberaciones de aquellos organismos".

Se da la situación paradojal, en la que un organismo como la Organización Internacional del Trabajo, que con su estructura tripartita  (Estados, empleadores y trabajadores) y sus casi dos centenares de Estados Miembros,  y que tiene por mandato examinar y considerar cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero desde el punto de vista de la justicia social (Declaración de Filadelfia de 1944) "tiene escasa influencia en las deliberaciones y las decisiones de política de las instituciones  que desempeñan un papel cada vez más importante en la gestión de la economía mundial"...como ha dicho el Director General de la OIT en uno de sus  informes anuales. ([28]).

La ausencia de una  vertiente  social en las políticas del FMI y del Banco Mundial, puede explicarse porque la gran mayoría de la humanidad, deseosa y necesitada de justicia social, no tiene participación alguna en las decisiones de ambas instituciones. 

Esta situación anómala de las instituciones de Bretton Woods, a la luz del derecho internacional vigente, tanto en su funcionamiento interno (falta de democracia y falta de transparencia) como en sus relaciones con el sistema de las Naciones Unidas,  plantea el problema de la naturaleza jurídica de los préstamos que conceden y de los acuerdos que celebran dichas instituciones  con los Estados deudores. ¿Deben considerarse estos préstamos y acuerdos sometidos a los principios del derecho internacional público o simples contratos de derecho internacional privado?

Quizás habría que inclinarse por la segunda alternativa, dado que en los hechos ambas instituciones no funcionan en el marco de las Naciones Unidas, sino como mandatarios  de intereses privados localizados en los países ricos.

2. La responsabilidad de las personas privadas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice:

"Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad" (art. 29 inc. 1E) y "Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración" (art. 30).

Los deberes que imponen los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo alcanzan a  entidades tales  como las empresas  transnacionales, las asociaciones de productores, los sindicatos, etc., como se desprende de la Declaración de Filadelfia de 1944, incorporada a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de Principios Tripartita sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, aprobada por el Consejo de Administración de la OIT en 1977.

El artículo 4E de esta última Declaración dice: "Los principios de esta Declaración están destinados a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y trabajadores...y a las empresas multinacionales". Y el artículo 8: "...todas las partes a quienes concierne esta Declaración deberían respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales".

En cuanto a la responsabilidad penal internacional de las personas de derecho privado que violan derechos fundamentales consagrados en normas internacionales, se plantea la cuestión de si  entidades de derecho privado pueden ser sujetos de obligaciones internacionales, si pueden cometer delitos internacionales y, en consecuencia, ser objeto de sanciones internacionales.

Se puede responder por la afirmativa dado que,  de manera general,  actualmente se admite que los individuos (las personas privadas en general) son sujetos de derecho internacional.

Pero más específicamente en la materia que nos ocupa, cuando las actividades de las personas (físicas y jurídicas) de derecho privado son internacionales, pueden cometer delitos internacionales (delito transnacional, es decir a través de las fronteras). Pero incluso cuando dichas actividades se desarrollan en un ámbito nacional sin trascender las fronteras, también pueden dar lugar a la comisión de delitos internacionales (delito de derecho internacional o crimen internacional).

En efecto, para ser internacional, un delito requiere tener  un elemento transnacional y/o internacional.

Ejemplo de delito transnacional es el cometido en un país que produce sus efectos dañosos en otro, como la falsificación de  moneda extranjera o la concertación entre un Banco transnacional con sede en un país y una persona privada residente en otro país para cometer una maniobra financiera ilícita.

El elemento internacional aparece  cuando la conducta delictiva afecta los intereses de la seguridad colectiva de la comunidad mundial (por ejemplo guerra de agresión) o viola bienes jurídicos reconocidos como fundamentales por la comunidad internacional, como  la vida, la integridad física, el derecho a la no discriminación, etc. (crímenes contra la humanidad, genocidio, apartheid, tortura, etc.).

En las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales están generalmente presentes los dos elementos: el transnacional y el internacional y, en todo caso, por la calidad de los bienes jurídicos que afectan dichas violaciones (vida, integridad y dignidad humanas, etc.) y por su carácter masivo, está invariablemente presente el elemento internacional.

El derecho  internacional vigente considera ilícitas e incrimina en  tratados y convenios   diversas actividades realizadas por entidades o personas privadas (por ejemplo el tráfico de drogas) y no hay razón objetiva alguna para excluir de tales incriminaciones las violaciones graves y masivas a los derechos humanos.

En un documento de 1984 del Comité de Prevención del delito de las Naciones Unidas, se decía: "al protegerse de graves acusaciones y de sanciones penales, las grandes empresas han logrado mantener muy satisfactoriamente las definiciones sociales que propugnan sobre el delito y sobre las actividades empresariales: han aprovechado y procurado perpetuar  una serie de ideas comunes que alientan a la gente a creer que los delitos cometidos por las empresas no son "verdaderos" delitos" ([29]).

3. Responsabilidad de los Estados donde tienen su sede los acreedores.

El derecho al desarrollo y al goce progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales comporta obligaciones de la comunidad internacional y de cada uno de los Estados miembros, respecto de sus propios pueblos y  de los seres humanos en general, en la medida de los recursos disponibles.  Y estas obligaciones implican el deber de cada Estado de hacer el máximo de esfuerzos para promover el progreso económico, social y cultural de su pueblo (Resoluciones 2626 (XXV), 3201 (S‑VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea General).

Las obligaciones de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales existen no sólo respecto de sus propios pueblos sino de la sociedad humana en general. Son los llamados "derechos de la solidaridad", consagrados en los artículos 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 3, inciso 3E de la Carta de las Naciones Unidas y 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando se refieren a la cooperación internacional.  

Hay pues, en esta categoría de derechos, una obligación activa universal de los Estados de garantizarlos y una obligación pasiva universal de respetarlos. Los Estados pueden incurrir entonces en violación por omisión, al no garantizarlos, o en violación activa, al no respetarlos, por ejemplo, mediante políticas económicas y sociales regresivas respecto de sus propios pueblos o imponiendo tales políticas a terceros Estados.

En cualquiera de ambos casos, los Estados son  jurídicamente responsables de tales violaciones, cuando han sido cometidas por sus funcionarios y/o sus  órganos.

Y también son responsables por las violaciones cometidas por los particulares que están bajo su jurisdicción, cuando no ha adoptado las precauciones necesarias para evitarlas y para proteger a las víctimas.  

De la responsabilidad del Estado deriva su obligación de reparar el daño causado a las víctimas, de dar seguridades de que no se repetirá la violación y, tratándose de un crimen internacional (como son a nuestro juicio las violaciones graves y masivas a los derechos económicos, sociales y culturales), la posibilidad de ser objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional hasta que cesen las violaciones y se repare el daño causado.

Pese a que se habla de « crimen internacional », para subrayar el carácter particularmente grave de una violación del derecho internacional, en derecho internacional  actual no se admite la responsabilidad penal del  Estado en cuanto tal, pero si la de sus funcionarios.

Este es, en líneas generales, el enfoque de los artículos del proyecto elaborado por la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad de los Estados, aprobado en primera lectura en el año 2000, pero que seguramente será objeto de ulteriores revisiones ([30]).

Estos principios generales sobre la responsabilidad de los Estados son aplicables a los Estados donde tienen  su sede los acreedores de la deuda externa, porque dichos  Estados no sólo no han adoptado  las precauciones para evitar los daños  y violaciones causados por particulares (los Bancos acreedores) que están bajo su jurisdicción, sino que colaboran  activamente con los acreedores,  en forma directa como Estados e indirectamente a través del Fondo Monetario Internacional, ejerciendo fuertes presiones sobre los países deudores, a fin de que se sometan a las exigencias de aquéllos.

Salvador María Lozada ( [31]) observa con razón que “debe recordarse que las obligaciones inherentes a la llamada deuda externa no son otra cosa , en la mayoría de los supuestos, que diversas obligaciones creadas en favor de un acreedor privado –un banco generalmente- lo cual de ningún modo autoriza la intervención de gobiernos y diplomáticos extranjeros. Sin embargo, hemos visto en estos años a funcionarios que van desde jefes de Estado a embajadores, pasando por toda suerte de secretarios y ministros, participando de la  gestión del cobro de los intereses de la deuda externa, como si esta fuera una obligación entre Estados (énfasis agregado), beneficiándose así los acreedores –con cómplice aquiescencia de los estados supuestamente deudores- con un formidable respaldo estatal de las grandes potencias. Es como si el dux de Venecia se hubiera puesto entera y entusiastamente del lado del implacable Shylock”.

De esta manera, los Estados donde tienen su sede los acreedores se han hecho cómplices de éstos y de las autoridades de los países deudores por las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, a que nos hemos referido más arriba en el punto III, párrafo 5 ( Primacía de los derechos humanos fundamentales sobre la obligación de reembolsar la deuda). Y, por cierto, son directamente responsables de estas violaciones cuando el Estado mismo es el acreedor.

4. Responsabilidad de las autoridades de los Estados deudores.

Dice Biggs: “La iniciativa para exigir la revisión sustancial  de las negociaciones…corresponde a los países deudores y no puede suponerse que, para ello, éstos habrán de contar necesariamente con el apoyo o comprensión de las demás partes. Pero el temor a la antagonización  no puede justificar la prolongación e intensificación de un gravamen irreversible sobre la seguridad y el bienestar de las actuales y futuras generaciones latinoamericanas” (págs. 33 y 34).

Bitar, en el prólogo al libro de Biggs, señala que: “ Una extracción de recursos tan cuantiosos de las naciones pobres por las naciones ricas, obedece en definitiva a las condiciones de poder. Pero al final tiene un límite: la capacidad de pago del deudor. Y este concepto depende de una decisión nacional: lo que es esencial para el pueblo y para invertir no está disponible para transferirlo al exterior” (pág. 18).

Lyon, 3 de diciembre de 2001.