DEUDA Y DEMOCRACIA.

La recurrente y eterna deuda externa                                                                              Por: Julio C. Gambina*

  Otra vez reaparece el fantasma de la deuda externa y la cesación de pagos (default) de la Argentina. Es una historia larga y que en su trayecto ha generado beneficiados (pocos) y perjudicados (muchos), pero que fundamentalmente ha condicionado la política económica del país, por lo menos en los últimos 25 años. Puede decirse que el endeudamiento externo ha sido el mecanismo económico que favoreció la instrumentación de la reestructuración del capitalismo local y además, sigue cumpliendo ese papel. El mecanismo político se sustentó en el terror de Estado y la modelación de una vigencia constitucional funcional al modelo de acumulación de capitales instalado en este tiempo. Por ello es imprescindible a comienzo del siglo XXI interrogarse sobre la relación entre Deuda y Democracia.

El problema está en el origen ilícito de la deuda, en la dictadura militar 1976/1983, tiempo en que la deuda creció desde los 7.875 millones de dólares en diciembre de 1975, a 46.005 millones de dólares en diciembre de 1983 (Cepal; Ministerio de Economía), expresando un incremento de 484%. En tiempos constitucionales, el primer turno (Dr. Alfonsín), además del reconocimiento de los actos ilegales del gobierno de facto, dejó un stock de deuda a diciembre de 1989 de 63.314 millones de dólares, ascendiendo en el final del segundo turno (primera y segunda presidencia del Dr. Menem) a 144.657 millones de dólares, monto que sigue su curso ascendente en la actualidad (Dr. De la Rúa). Es un agravante la transferencia de una parte importante de la deuda privada al Estado generada durante la presidencia del BCRA por Domingo Cavallo en 1982. Personaje que reaparece en las renegociaciones de la deuda externa en 1992 (Plan Brady) y ahora en el reciente mega canje y actualmente en las negociaciones con las AFJP y los bancos, avaladas por el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Resulta interesante verificar la recurrencia del fenómeno del default en cada una de las renegociaciones de la deuda. En el ciclo que comentamos, el administrador de la cesación de pagos y la renovación del plan de pagos ha sido el actual ministro de economía. Hay que observar que todas las refinanciaciones han sido para reanudar las condiciones de pago en condiciones gravosas, de reanudación del flujo de préstamos y la concesión de nuevas condicionalidades de política económica. Producto de las refinanciaciones sucesivas se produjo la capitalización de la deuda y las privatizaciones de las empresas públicas, pero al mismo tiempo el aliento a una estrategia de acumulación de capitales que incluye la fuga de los mismos hacia el mercado mundial. Si las estadísticas oficiales acusan cerca de 100.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, para FLACSO, la cifra se extiende hasta los 150.000 millones de dólares, monto cercano al total del endeudamiento público actual.

Ahora, otra vez en default y mateializando la negociación para seguir pagando y subordinando la política económica local a la demanda del poder transnacional administrado desde los organismos financieros internacionales y los bancos transnacionales. Lo curioso es que hasta los ultra liberales plantean que Argentina no puede seguir así y que hace falta reconsiderar las políticas en materia de endeudamiento. Michael Mussa, ex Economista Jefe del FMI hasta hace muy poco, dice que "la Argentina no es solvente bajo ningún concepto" y que "El país necesita una nueva estrategia que, forzosa y claramente, reconozca que la anterior estaba equivocada" y agrega que la ayuda del FMI en el último tiempo "fue el mayor error que cometió el organismo" en los diez años en que el se desempeñó en el cargo (La Nación, 17/10/01). Es la misma línea que sigue Paul O´Neil, Secretario del Tesoro de los EEUU, que siguiendo las recomendaciones de Alan Meltzer y Charles Calomiris, ambos asesores del Senado norteamericano, sugieren una quita del 40% de la deuda argentina y recomponer un diagrama de pagos para el resto con ayuda financiera del FMI. En los cálculos de ellos, el costo debiera ser pagado por los tenedores de títulos de la deuda argentina, en buena parte argentinos, o agentes económicos que operan en el país.

Mientras tanto, el poder económico localizado en la Argentina, que incluye a los bancos más concentrados de capital externo y sus posiciones dominantes en las AFJP, no están dispuestos a resignar posiciones y presionan sobre el gobierno para que transfiera el peso de la renegociación de la deuda externa sobre los sectores populares. Esa es la explicación de los ajustes sobre ajustes, la obstinación en el déficit cero, la mengua en el envio de fondos coparticipables a las provincias y la reiterada iniciativa por arancelar la Universidad, desregular las Obras Sociales y mercantilizar los derechos de educación y salud. Esa es la explicación del lobby que realizan las consultoras internacionales a favor de los bancos y acreedores, amenazando de bajar la calificación (nota) de la deuda argentina e impedir el ingreso de nuevos capitales que sostengan la alicaida convertibilidad.

La voz que falta es aquella que aluda a un planteo soberano y que trasciende la formulación del NO PAGO, para instalarse en la modificación de la política económica en su conjunto. Es que no alcanza con no pagar. De hecho la Argentina viene pateando la pelota hacia delante con sucesivas renegociaciones y refinanciaciones que agigantan la hipoteca sobre las generaciones venideras. La pérdida de soberanía a futuro es espectacular y no encuentra lugar en la agenda a discutir de la coyuntura actual. La existencia de un perdón total, si lo hubiera, no elimina los problemas derivados del endeudamiento y por ello, junto a la suspensión de los pagos de intereses y capital, debe incluirse una propuesta integral de política económica que privilegie las demandas socio económicas de la mayoría de la población: el empleo, la pobreza y la reactivación del mercado interno. Desde la satisfacción de las necesidades mínimas de la población es que puede pensarse entonces en una política de desarrolllo integral, con otros beneficiarios y otros perjudicados.

No es un dato menor señalar el peso de los intereses de la deuda pública en el presupuesto nacional, que representan para el presente año un 22% del total del gasto y que muestran una progresión ascendente. En el marco de la prolongada recesión que sufre la Argentina y de las definiciones de privilegio a la iniciativa privada que sustenta la política gubernamental, el creciente peso de los intereses se descuenta de las partidas de gasto destinadas a cubrir los salarios de los trabajadores estatales y el conjunto del gasto social, tal como educación y salud. Queremos señalar, que en la coyuntura actual no es un dato menor el ahorro fiscal que representa instrumentar una política que privilegie los intereses y derechos de los trabajadores desocupados, jubilados y de todos aquellos que son acreedores de derechos sociales incluidos en la Constitución Nacional. Sólo en 2001 representan más de 11.000 millones de dólares, cifra menor a la demanda de un seguro de empleo y formación para los jefes de hogar desempleados y la asignación universal para menores de 18 años que sostiene el movimiento por la consulta popular a realizarse a mediados de diciembre próximo.

¿Hay antecedentes que legitimen la posición que sustentamos? Existe el concepto de "deuda odiosa" y tiene origen en la independencia de Cuba del dominio de España en 1898 y que desconoció la deuda que la isla tenía con los españoles, porque había "sido impuesta sin consentimiento y por la fuerza". A esa doctrina, se le agregan fundadas opiniones de juristas locales e internacionales que son impulsadas en múltiples foros que reclaman por la anulación de la deuda externa de los países del tercer mundo. Entre otros y por su importancia destaco el Foro Social Mundial, reunido en Porto Alegre en enero pasado, que recogió como una demanda global de los pueblos del mundo la reivindicación del no pago.

Pero más allá de tratadistas y foros académicos y políticos, la justicia local se expidió sobre el tema. En efecto, el Juez en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Jorge Ballestero dictó un fallo en Julio 2000 estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura militar que contrajeron la deuda y la corresponsabilidad de los organismos internacionales, tales como el FMI, que aprobaron préstamos ilícitos y fraudulentos. El despacho fue remitido al Parlamento, quién tiene las facultades constitucionales para actuar en relación con la deuda y sin embargo, hasta ahora es poco lo realizado. El juicio se vincula al periodo de la dictadura militar y en el Parlamento existe una Comisión investigadora que a propósito del dictamen judicial ha extendido el tiempo de la indagación hasta nuestros días.

En definitiva, se trata de un asunto político donde la sociedad debe expresar su opinión. Ante la inoperancia de la Justicia, que responsabiliza sin sentenciar a nadie y un Parlamento que debate en comisión y no constituye una agenda de acciones políticas y legislativas al respecto, es el movimiento social y político quién debe asumir la instalación del tema. Una forma podría ser la convocatoria a una consulta popular que interrogue qué hacer con la deuda, qué hacer con los recursos estatales, ¿honrrar a los acreedores o satisfacer las necesidades populares? En la respuesta a estos interrogantes se encontrará el destino de nuestra democracia. ¿Seremos capaces los argentinos de erradicar el chantaje derivado del endeudamiento? Mi aspiración transita por la recuperación de un accionar social y político que afirme la soberanía.


* Profesor Titular de Economía Política. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Profesor del Posgrado en Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Profesor de la Unaiversidad Popular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.