En el umbral del siglo XXI, Colombia se enfrenta con el reto de promover y consolidar una sociedad donde las obligaciones esenciales del Estado colombianos sean garantizadas, como lo indica nuestra Constitución:

"Servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación del pueblo en las decisiones que lo afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender nuestra independencia nacional: mantener la integridad territorial y asegurar la coexistencia pacifica y la aplicabilidad de un orden justo."

La responsabilidad que aquellos quienes desde el gobierno estamos trabajando en la construcción de un mejor país para las actuales y futuras generaciones, es fortalecer y consolidar el Estado colombianos como Estado Social de Derecho que pueda proteger a todos sus residentes y sus derechos a la vida, dignidad, prosperidad, creencias y otros derechos y libertades básicos.

Este proceso fundamental requiere confrontar ahora más que nunca las difíciles y cambiantes condiciones nacionales e internacionales, características de los últimos días del segundo milenio de la era cristiana. Pero no es solo asumir el reto que plantean las experiencias de nuestra propia historia y el proceso de evolución en la creación de un estado nacional, es también responder a los dos nuevos retos del crecimiento del tráfico de drogas y el proceso de globalización económico, político y cultural.

Indudablemente los síntomas de un estado que tiene aún que consolidarse, tales como la carencia de confianza en la habilidad de las fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial para garantizar la preservación del orden y la seguridad, la crisis de credibilidad en los diferentes niveles del gobierno y la proliferación de practicas corruptas en los sectores público y privado, han sido agravados por el enorme poder desestabilizador del narcotráfico que sus enormes recursos económicos han generado violencia indiscriminada, lo mismo que un proceso degenerativo de los valores que sólo pueden ser comparados con el período de Prohibición en Norteamérica.

Al mismo tiempo, la aún joven economía colombiana, que aunque ha visto 40 años de continuo crecimiento, aún no ha sido capaz de incorporar masivamente a gran parte de la población al proceso productivo, ni de reducir significativamente los niveles de pobreza. Entre tanto, la violencia y la corrupción alimentadas por el narcotráfico generan desconfianza entre inversionistas extranjeros, constituye un obstáculo en la trasformación y modernización de los procesos productivos dinámicos del país, considerados esenciales para la generación de empleo y que resulte en progreso dentro de la estructura de globalización.

Los problemas seculares que el gobierno hasta ahora, ha sido incapaz de resolver exitosamente, han sido agravados e intensificados por el narcotráfico. Además, en una especie de ciclo vicioso, la violencia ha filtrado los recursos que el país necesitaría para completar la construcción de un estado moderno.

Somos conscientes que alcanzar nuestros objetivos requiere un proceso social y gubernamental que tomará varios años, tiempo dorante el cual es esencial alcanzar consenso entre la sociedad colombiana, lo que facilitará el desarrollo de un pueblo que conocerá y demandará sus derechos pero también será justo y consecuentes con sus obligaciones.

Por esto, mi gobierno se ha comprometido con una meta fundamental: fortalecer el Estado para recuperar la confianza de los ciudadanos y recuperar las normas básicas de convivencia pacifica. Porque el logro de la paz no es sólo un problema de deseo. Ustedes tienen que construir la paz y ésta será resultado del proceso de fortalecimiento del Estado y las consecuencias resultarán en la posibilidad de garantizar a todos los ciudadanos, en la totalidad del territorio nacional, su seguridad y el libre ejercicio de sus derechos y libertades.

La negociación con la insurgencia, que con tanta determinación y voluntad hemos iniciado y continuaremos buscando, es una parte integral de nuestra estrategia porque se propone resolver 40 años de conflicto histórico que ha encontrado innumerables obstáculos en la creación del estado moderno y progresivo en que Colombia necesita convertirse con urgencia. La búsqueda de la paz y la defensa de las instituciones democráticas requerirá tiempo y paciencia, confianza y determinación para tratar exitosamente con las inherentes presiones y dudas que caracterizan un proceso de esta naturaleza.

La lucha contra el narcotráfico constituye el núcleo en nuestra estrategia para avanzar decididamente en una relación entre países productores y consumidores, bajo los principios de reciprocidad e igualdad. El problema de las drogas ilícitas es complejo y transnacional, caracterizado por lanzar una fuerza destructiva sobre las sociedades, debido a las consecuencias sociales y psicológicas para aquellos que consumen, lo mismo que los efectos de violencia y corrupción que se derivan de los inmensos ingresos generados por su contrabando. La solución no radica en señalar a los países productores o consumidores. Los esfuerzos que hacemos serían insuficientes si no los hacemos parte de una verdadera asociación internacional para confrontar y resolver este problema común.

Colombia ha demostrado su compromiso y determinación en la búsqueda de una solución definitiva al fenómeno del narcotráfico, lo mismo que al conflicto armado, la violación de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente a los que está asociada la producción de droga. Sin embargo, más de 20 años después de la aparición de la marihuana y del incremento del cultivo y comercialización de cocaína y amapola, los resultados para Colombia son aún negativos y adversos con relación a sus esfuerzos para consolidar un estado Moderno. El narcotráfico se ha convertido en una fuerza desestabilizadora que altera la economía, revierte los avances hechos en la distribución de la tierra, corrompe la sociedad, duplica la violencia, afecta negativamente el clima de inversión, y quizá lo más serio es el daño causado por su contribución de recursos al aparato de guerra de los grupos armados que han estado atacando al gobierno.

Nuestro país ha estado liderando la batalla contra las drogas, confrontando los carteles y sus campañas de intimidación y sacrificando en el proceso, a muchos de nuestros mejores ciudadanos. Hasta ahora el narcotráfico se ha convertido en una red fragmentada, más internacionalizada y más difícil de combatir. El mundo está siempre probando nuevas estrategias. Más recursos están siendo destinados a la educación y prevención. Los resultados están siendo logrados en cuanto a confiscación y expropiación de dinero y propiedades obtenidas con el narcotráfico. En Colombia hemos lanzado operaciones para destruir laboratorios y redes de distribución, estamos mejorando y apretando la seguridad y el control de nuestros ríos y espacio aéreo para asegurar la interdicción, y estamos explorando nuevas formulas para erradicar los cultivos ilegales. Factores directamente relacionados con el tráfico de drogas, como el lavado de dinero, tráfico ilegal de químicos y de armas, son también parte de un problema compartido y deben ser confrontados a lo largo del mundo, especialmente donde son producidas las drogas ilícitas.

El éxito de nuestra estrategia depende también de nuestros esfuerzos para reformar y modernizar nuestras fuerzas militares para garantizar la aplicación de las leyes y devolver el sentimiento de seguridad a todos los colombianos en la totalidad del territorio nacional. Fuerzas de ejército y policía sólidas y dinámicas y el compromiso para alcanzar la paz y el respeto de los derechos humanos es un requisito indispensable para la preservación y consolidación del estado de derecho. Y sobre todo, hay prioridad por tener un efectivo sistema judicial que pueda defender y promover el respeto de los derechos humanos. Estamos comprometidos en esta causa, convencidos que nuestra primera obligación como gobierno, es garantizar a los residentes en nuestro país el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

El avance en la constricción del estado también requiere reformas en el corazón de las instituciones para que nuestro proceso político sea un instrumento efectivo de progreso y justicia social. Si vamos a progresar en nuestro objetivo tenemos que reducir las causas e incentivos de la violencia, fortaleciendo la participación social y la conciencia colectiva. Para lograrlo, la estrategia incluye un esfuerzo específico que en pocos años, garantizará el acceso del total de la población a la educación y a un adecuado sistema de salud con atención especial a los grupos más vulnerables de la población. Adicionalmente queremos fortalecer los gobiernos locales para incrementar su participación y hacerlos más sensibles y responsables a las necesidades de sus ciudadanos, lo mismo que promover el fortalecimiento de la participación ciudadana en el esfuerzo contra la corrupción, el secuestro, la violencia y el desplazamiento de personas y comunidades.

Finalmente Colombia requiere ayuda para fortalecer su economía y generar empleo. Nuestro país necesita mejorar su acceso a mercados donde nuestros productos tienen ventajas comparativas. La ayuda de U.S.A., la comunidad Europea y el resto de los miembros de la comunidad internacional es vital para el desarrollo económico de nuestro país y para hacer contrapeso al narcotráfico, eso ayudará a crear empleo legal alternativo, que contrarrestará el empleo generado por el narcotráfico, lo mismo que a las organizaciones armadas que se alimentan de él. Estamos convencidos que el primer paso para alcanzar el éxito de la "globalización" mundial es la "globalización de la solidaridad". De ahí que, Colombia pida la ayuda de sus amigos. Requerimos programas para el desarrollo alternativo en las áreas rurales y más accesibilidad para nuestros negocios legales, de tal forma que podamos combatir exitosamente los ilegales.

Hay muchas razones para ser optimistas acerca del futuro de Colombia, especialmente si encontramos eco en la comunidad mundial y así, juntos podemos crear prosperidad combinada con justicia y a su vez, seremos capaces de preparar el camino para una paz duradera

Pensamos, de acuerdo con el autor español Miguel de Unamuno, que "Confianza, no es creer en lo invisible, sino crear lo invisible". Con la confianza que tenemos en nuestra capacidad y con la solidaridad y ayuda de los amigos internacionales en la lucha compartida contra las drogas estamos seguros que crearemos "Lo invisible". Esta sociedad democrática, moderna y pacífica irá orgullosa y dignificada a participar del futuro que se anuncia con el tercer milenio.

1. El estado busca consolidar su institucionalización como "la entidad responsable para el interés público", para recuperar la confianza de sus ciudadanos y restablecer las normas básicas de la convivencia pacífica. Esto proporcionará bases sólidas para recobrar el patrimonio nacional y asegurar la paz en Colombia. El gobierno esta empeñado en el consolidar las responsabilidades centrales del estado; promoviendo la democracia, y el mandato de ley, y el monopolio en la aplicación de la justicia, la integridad territorial, el empleo, el respecto de los derechos humanos y la dignidad y la preservación del orden establecido por las leyes políticas y sociales.

 

2. Llevar a cabo estos objetivos requiere un proceso de construcción de comunidad e institución que tomará varios años, por ello sera indispensable construir un consenso amplio en la sociedad colombiana. La paz no es un simple asunto de voluntad: tiene que ser construida. Surge del fortalecimiento del Estado. Y de la consiguiente posibilidad de garantizar la seguridad a todos los colombianos y el ejercicio de sus derechos y libertades. Las negociaciones con la insurgencia buscan la resolución de conflictos históricos, los cuáles han experimentado un profundo cambio con el paso de los años, para facilitar en gran medida, el proceso de reconstrucción social.

 

3. Para esta estrategia, es fundamental adelantar con decisión, las relaciones con los países que producen y consumen drogas ilícitas, bajo principios de reciprocidad e igualdad. Esta relación debe confrontar el poder desestabilizador del negocio de las drogas, uno de los más lucrativos en el mundo, el cual no solo a contribuido a la corrupción de la sociedad y a disminuir la confianza en los negocios, sino también a alimentar la violencia y el conflicto armado a través de su respaldo a varios grupos armados, permitiendo que adquieran poder económico y presencia territorial.

4. 4. Colombia ha estado trabajando hacia objetivos ocupándose de la lucha contra los carteles de la droga y el narcoterrorismo que ellos han desatado. Durante las últimas décadas, Colombia enfrentó el crecimiento del narcotráfico y logró mantener una economía vigorosa sin caer víctima de la gran crisis que acosó a otros países de América Latina. Hoy enfrenta la peor crisis económica de su historia, lo que limita su capacidad para resolver sus problemas en un momento en que la violencia, alimentada por el narcotráfico continua aumentando.
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6. 5. Atacando los principales factores responsables de la creciente producción de cultivos ilícitos, a través de una estrategia comprensible, esta tarea conjunta contra la producción y el tráfico de droga, asegurará a su vez, que la lucha contra las drogas obtenga resultados importantes, positivos y medibles, con enormes beneficios tanto para Colombia como para el mundo.

1. Una estrategia económica que genera empleos respalda la habilidad del estado en el recaudo de impuestos y permite al país un contrapeso económico viable al narcotráfico. La ampliación del comercio internacional, acompañado del acceso fortalecido a mercados extranjeros y acuerdos de libre comercio que atraen inversión doméstica y extranjera, son la clave para la modernización de nuestra base económica y para la creación de trabajo. Tal estrategia es crucial en un momento en que Colombia enfrenta su peor crisis económica en setenta años, con el desempleo llegando al 20% lo que a su vez limita la habilidad del gobierno para enfrentar el narcotráfico y la violencia que genera.

 

2. Una estrategia fiscal y financiera que incluya duras medidas de ajuste y austeridad, para aumentar la actividad económica y recobrar el excelente prestigio de Colombia en los mercados financieros internacionales.

 

3. Una estrategia militar para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas de Colombia y la policía nacional para hacerlos más capaces de restablecer el mandato de las leyes y proporcionar seguridad a lo largo del país y para combatir el crimen organizado.

 

4. Una estrategia judicial y de derechos humanos para reafirmar las reglas del derecho y asegurar igualdad e imparcialidad en la justicia a todos los Colombianos, al tiempo que se avanza con las reformas ya iniciadas entre las fuerzas de seguridad del Estado para asegurar su propio papel en la defensa y respeto de la dignidad y derechos de cada colombiano.

 

5. Una estrategia antinarcóticos, en colaboración con otros países productores y consumidores, para combatir las drogas ilegales; y que, a nivel nacional, nos permita obstruir el flujo de recursos millonarios provenientes de las drogas a varios grupos insurgentes y otras a otras organizaciones armadas que está alimentando la violencia.

 

6. Una estrategia de desarrollo alternativo que promueva la agricultura y otras actividades económicas lucrativas para los campesinos y sus familias. El desarrollo alternativo también considerará actividades de protección del medio ambiente económicamente factibles que conserven las áreas forestales para detener la peligrosa expansión de cultivos ilícitos a lo largo del Amazonas y los parques naturales, cuya inmensa biodiversidad e importancia ambiental para el mundo entero son incalculables.

 

7. Una estrategia de participación social dirigida a levantar la conciencia colectiva. Esta estrategia apunta gobiernos locales más responsables, compromiso de la comunidad en esfuerzos contra la corrupción y para continuar presionando a la insurgencia y otros grupos armados para que paren el secuestro, la violencia el desplazamiento de ciudadanos y comunidades. También incluirá trabajar con los negocios locales y grupos de trabajo, para adoptar nuevos y productivos modelos a la luz de una economía más globalizada y para fortalecer nuestras comunidades agrícolas para enfrentar la violencia rural.

 

8. Una estrategia de desarrollo humano para promover esfuerzos que garanticen en los próximos años una adecuada educación y salud, para ofrecer oportunidades a los jóvenes colombianos para ayudar a los grupos vulnerables en nuestra sociedad, incluyendo no sólo a aquellos afectados y desplazados por la violencia sino también a aquellos que están en condiciones de extrema pobreza.

 

 

9. Una estrategia de paz que apunta a un acuerdo de paz negociado con la insurgencia sobre las bases de la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos; lo cual debe fortalecer el mandato de la ley y la lucha contra las drogas a lo largo del país.

 

10. Una estrategia internacional para confirmar el liderato de Colombia en la consolidación de los principios de responsabilidad compartida, acción integrada y tratamiento balanceado del asunto de las drogas. El papel de la comunidad internacional es también vital para el éxito del proceso de paz dado que conforma las normas establecidas en el derecho internacional y es solicitada por el gobierno Colombiano.

1. APROXIMACIÓN A LA ECONOMÍA COLOMBIANA

1. El gobierno Pastrana ha tenido que luchar con una herencia de una muy deteriorada economía. El desempleo está al histórico nivel de casi el 20% y el PIB ha completado el tercer trimestre consecutivo de crecimiento negativo. Varios golpes externos (la baja del café y otros precios y el extenso daño causado por el terremoto) han exacerbado las debilidades económicas de Colombia. (Incremento del déficit fiscal desde principios de los 90, problemas del sector bancario). El conflicto existente y la situación de seguridad están reforzando una erosión de le confianza en la economía. Como las oportunidades de empleo continúan desvaneciéndose, más colombianos están buscando ganarse la vida con los narcóticos y otras actividades ilegales.

2. El elemento central en la estrategia del gobierno es restablecer la confianza en la economía colombiana e través de medidas que estabilicen la economía incluyendo volver al equilibrio fiscal. Estas medidas sentarán las bases para el crecimiento sostenido del comercio del sector privado y la inversión. Confianza renovada -junto con un saludable sistema bancario, finanzas gubernamentales estables, el mejoramiento en la situación de seguridad, incremento de las exportaciones y medidas que mejoren el clima de inversión- crean un ambiente en el cual el crecimiento del sector privado generará empleo para el colombiano.

3. Dada la necesidad de la consolidación fiscal, Colombia requiere asistencia financiera para ayudar a cubrir los requerimientos de gasto en su seguridad y antinarcóticos, además de sus necesidades de inversión pública y social. Mientras narcotraficantes y rebeldes continúan financiándose con las ganancias de la droga, Colombia ha sido forzada a recortar en áreas criticas debido al aumento de la deuda y el pago del servicio (la deuda total de Colombia fue casi duplicada en los últimos 5 años, creciendo del 19,1% del PIB en 1995 al 34% en 1999). Como parte del recorte presupuestal, el dinero que va al sistema militar, policial y judicial ha sido reducido dramáticamente (20%). La asistencia exterior es esencial tanto para permitir al gobierno consolidar la reforma económica y como para incrementar el flujo de recursos para financiar el esfuerzo militar y apuntar a las necesidades sociales de la población. De este modo el gobierno será capaz de poner una base fortalecida al crecimiento económico del sector privado mientras asegura que la actual situación económica no genere empleo adicional en actividades económicas ilícitas.

1. El Gobierno está trabajando para estabilizar la macroeconomía con particular énfasis en dirigirse al desequilibrio fiscal y los problemas al interior del sector bancario.

2. Durante el año pasado, el gasto público fue recortado, la base del IVA fue ampliada y se introdujo tanto un impuesto especial sobre las transacciones bancarias como el control sobre la evasión de impuestos. Este segundo año la mayoría de los salarios de los servidores públicos van a ser congelados y más recortes serán hechos en la burocracia y en los gastos de no-inversión.

3. Una nueva serie de reformas estructurales - la racionalización de las finanzas públicas regionales, la reforma a la seguridad social y la creación del fondo de pensión de responsabilidad regional - ha sido presentada al congreso de Colombia. Ello busca la reducción del déficit fiscal estructural y la estabilización del nivel de endeudamiento.

4. Las compañías publicas y los bancos serán privatizados para incrementar la productividad y ayudar al ajuste financiero. ISA e ISAGEN, dos compañías eléctricas públicas de la nación y 14 pequeños distribuidores de electricidad regionales están ya en el mercado lo mismo que CARBOCOL, la compañía minera del estado. Tres bancos estatales serán privatizados el próximo año.

5. Dos obstáculos han hecho el ajuste fiscal más difícil. El terremoto de enero en la zona cafetera está demandando recursos de inversión de casi el 1% del PIB, y la estrategia financiera diseñada para prevenir una crisis bancaria demandará casi el doble de esa cantidad.

6. El gobierno está coordinando, muy de cerca, estas actividades con las instituciones financieras internacionales. El gobierno actualmente está en discusiones con el FMI con respecto a un programa de asistencia de 3 años para sostener el plan de reforma fiscal y estructural. La asistencia del Banco Mundial y el BID está soportando los esfuerzos del gobierno para reformar el sector financiero y el sistema de finanzas publicas.

7. Además de esto, el gobierno ha preparado una red de seguridad social para aliviar el impacto negativo que el ajuste fiscal tendrá en los sectores más vulnerable de la población. Con una de cada 5 personas desempleadas, este es un grupo vulnerable que incluye familias desplazadas de áreas de conflicto del país. Los instrumentos políticos simulan a otros implementados con éxito en países similares: trabajos públicos localizados, subsidios para las necesidades básicas, (especialmente para niños y madres solteras), y préstamos. El gobierno esta trabajando con el IFI para asegurar que el programa de estabilización fiscal no podrá en peligro a los miembros más vulnerables de la sociedad.

8. El gobierno requiere financiamiento extranjero adicional para implementar su estrategia. La asistencia es esencial para minimizar el impacto negativo a corto plazo de la consolidación fiscal en cuanto a desempleo y otros problemas sociales que en últimas, aumentan la expansión de actividades ilícitas.

1. Con su economía en auge a comienzos de los 90s, Colombia fue capaz de bajar su tasa de desempleo a sólo un 8%, lo que a su vez redujo seriamente la influencia de grupos violentos en las principales ciudades del país en esa época. La recesión ha impactado terriblemente a estas grandes áreas urbanas, con un desempleo en Bogotá del 20% y en Cali cercano al 23%. Esto ha empeorado, ya que una gran cantidad del dinero originado en el tráfico de droga es lavada por medio de importaciones de contrabando a Colombia, alimentando la violencia, reduciendo los impuestos del estado, y perjudicando además el empleo en empresas que compiten. El desempleo está impactando y desestabilizando así las ciudades colombianas y debe ser combatido a través de la revitalización de la producción industrial.

 

2. Durante la última década, Colombia abrió su tradicionalmente cerrada economía, expandiendo rápidamente las exportaciones e importaciones. Sin embargo, su sector agrícola sufrió seriamente puesto que su producción de cereales, tales como trigo, maíz y cebada, y otros productos como la soya, el algodón y el sorgo, se mostraron como no competitivos en los mercados del mundo. El resultado fue la pérdida de 700.000 hectáreas de producción agrícola durante la década, lo que a su vez demostró ser una situación crítica para el empleo en las áreas rurales donde el conflicto Colombiano está principalmente localizado. La esperada modernización de la agricultura ha sido extremadamente lenta, ya que las cosechas permanentes con las que Colombia, como país tropical, es competitiva requieren grandes inversiones y crédito por cuanto tienen un período improductivo de varios años.

 

3. Sin espacio para la expansión fiscal, la inversión privada tanto internacional como doméstica es crucial para el desarrollo de las oportunidades de empleo en empresas lícitas. Esta nueva inversión, sin embargo, esta amenazada al deteriorar la confianza de los inversionistas. La inversión extranjera, particularmente, no sólo es necesaria para ayudar a resolver las necesidades financieras permanentes de la economía sino que es crucial para modernizar el eje industrial del país, agilizando así, el alivio del desempleo.

 

4. Colombia ha desarrollado un plan estratégico a diez años para expandir el comercio. Esto es vital para el desarrollo económico de Colombia y como un contrapeso para el tráfico de droga, puesto que ayudaría a animar iniciativas del sector privado y a expandir la inversión doméstica y extranjera en sectores no tradicionales.

 

5. El plan Colombia involucra desarrollar inteligencia de mercado sobre la demanda mundial y avanzar en la integración regional e inter-regional bajo pautas estratégicas. También envuelve el diseño de políticas que reúnan los sectores industrial, agrícola, y de servicios bajo la política de comercio, la construcción de la infraestructura, que apunte a reforzar la productividad, y el apoyo la innovación tecnológica apropiada que se oriente a la exportación y la formación humana. En este esfuerzo, el gobierno prestará particular atención a la formación del rol de empresas pequeñas y medianas en la creación de trabajos del sector privado.

 

6. El plan también involucra la implementación de medidas que servirían par animar la inversión extranjera y más allá, promoverían la expansión del comercio. Estas incluyen adelantar pasos necesarios que cumplan con los acuerdos existentes con Uruguay, especialmente aquellos que tienen que ver con valoración de aduana, protección de propiedad intelectual, y medidas de inversión, lo mismo que la implementación de las medidas de facilitación comercial propuestas en las negociaciones FTAA. Además de esto, Colombia seguirá pasos para promover un ambiente favorable para el comercio electrónico, con el fin de crear nuevas oportunidades comerciales y mejorar la competitividad de los negocios existentes. Colombia también reconoce que la transparencia y debido proceso en la adquisición gubernamental es un elemento esencial para lograr una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos. Colombia está obligada a trabajar para la realización de un acuerdo sobre la transparencia en la adquisición gubernamental con el WTO.

 

7. Colombia acude a sus mayores compañeros comerciales, incluyendo a los Estados Unidos para expandir el acceso del país a sus mercados para productos por los que tiene ventajas competitivas. El apoyo permanente de los Estados Unidos para un acceso preferencial al mercado, es vital para el desarrollo económico en Colombia y una fuerza para contrarrestar al narcotráfico puesto que anima iniciativas del sector privado y ayuda a expandir la inversión en sectores no tradicionales al crear empleos que de otra manera, irían al narcotráfico, la insurgencia o grupos de autodefensa. En particular, sería muy importante en un primer momento, ampliar la duración del ATPA, para reducir la incertidumbre que afecta tanto al comercio como a la inversión. También, la cobertura del producto del ATPA debe ser extendida para que sea comparable a la que se extiende a otros países en la subregión, especialmente aquellos productos bajo la iniciativa CBI.

 

8. Colombia y los Estados Unidos pueden trabajar conjuntamente para negociar un Tratado de Inversión Bilateral como medio de proteger la inversión extranjera de los dos países y para moverse a negociar tan pronto como sea práctico, acuerdos de "cielos abiertos" para facilitar el transporte de carga aéreo y los servicios de pasajeros, por lo cual Colombia trabajará para satisfacer los estándares de seguridad aérea internacional. Colombia también explorará un mayor uso de los recursos IDB del Banco Mundial, tales como el IFC y MIGA, y buscará también una utilización más efectiva de los programas norteamericanos existentes como el financiamiento OPIC, EXM y TDA para promover la inversión.

 

9. Colombia debe abrir espacio para alternativas no sólo para los cultivos ilegales, sino para cultivos que respondan a los retos de un sector agrícola moderno. Esto proporcionaría empleo en el sector rural que es vital para el éxito de la estrategia global para la paz y el desarrollo. Colombia necesita ayuda técnica y financiera en el área sanitaria y fitosanitaria para reducir los costos de producción, para animar un mayor desarrollo agrocomercial y posteriores avances en investigación y desarrollo biotecnológico. En este sentido Colombia asegurará que su régimen regulador para productos de biotecnología es transparente y eficiente.

1. ESTRATEGIA COLOMBIANA ANTIDROGA

1. El gobierno colombiano ha hecho de la lucha contra la producción y el tráfico de droga una de sus prioridades estratégicas fundamentales. Los narcóticos no sólo son una amenaza para la seguridad interna de la nación, sino también para las personas tanto en países productores como consumidores.

 

2. Debido a sus grandes ganancias y a su poder desestabilizador, el tráfico de drogas es uno de los factores centrales generadores de violencia a los largo y ancho del país. Por esta razón, el gobierno debe poner especial atención en este problema y está resuelto a combatir los narcóticos, en términos de tráfico, producción, consumo y cualquier otro elemento que respalde esta actividad ilícita que amenaza las instituciones democráticas y la integridad de nuestra nación.

 

3. El fortalecimiento de la policía y las fuerzas armadas a través de su modernización, reestructuración y profesionalización es crucial para hacerlas más capaces de restablecer el mandato de la ley, restaurar la seguridad a los colombianos en toda la nación e impedir la penetración de grupos irregulares y del crimen organizado, especialmente en casos asociados con el narcotráfico.

 

4. El Gobierno Nacional de la República de Colombia se compromete a llevar a cabo una estrategia Nacional antinarcóticos a largo plazo, de la cual resumimos:

1. El ejército y la policía basarán su conducta en la preservación de las libertades democráticas y la defensa de la vida, honor y bienes de los ciudadanos. La estrategia dará prioridad a la promoción del respeto y protección de los derechos humanos de todos los residentes en Colombia.

 

2. La conducta estará caracterizada por la moralidad, virtud y honor, y por el valor para afrontar los retos impuestos por la misión institucional.

1. El fenómeno de la violencia interna conduce a la inestabilidad causada por cuatro grupos u organizaciones -agentes generadores- que adelantan acciones agresivas que conllevan violencia física, sicológica, económica, social y política: organizaciones de narcotráfico, grupos subversivos, grupos ilegales de autodefensa, y delincuencia común.

 

2. Aunque los movimientos guerrilleros tienen sus raíces en las áreas rurales de Colombia, y por lo menos en parte, en la confrontación ideológica, con el tiempo su lucha por expandir el control territorial ha sido financiada no sólo de sacarle dinero a los ciudadanos y a las actividades económicas, sino que por lo menos un 30% de sus ingresos actuales provienen de cargos a la hoja de coca y pasta obtenida por intermediarios en las áreas de cultivo.

 

3. El mercado de la droga es ahora un elemento desestabilizante en la sociedad democrática que proporciona recursos de financiamiento a grupos armados ilegales. El narcotráfico es la más importante fuente de apoyo logístico a cambio de protección de los cultivos, del proceso y tráfico del producto, por lo que en años recientes estos grupos han disfrutado de un notable aumento de hombres y armas.

 

4. Los insurgentes y los grupos de autodefensa amenazan al estado al intentar controlar parte del territorio nacional, alterando el orden en el país a través de secuestros, bloqueo de vías y ataques terroristas. Los traficantes dependen del cultivo de la coca y la amapola en áreas remotas que están más allá del control del gobierno -especialmente en el sur de Colombia donde hay una fuerte presencia guerrillera. Gran parte del procesamiento también ocurre en las mismas áreas geográficas. Mientras esta fuente independiente de drogas y ganancias permanezcan más allá de las fuerzas de control, los insurgentes, los grupos ilegales de autodefensa y los traficantes simplemente se fortalecerán y el estado enfrentará una amenaza mayor.

1. Misión Nacional: asegurar el orden, la estabilidad y el mandato de las leyes, garantizar la soberanía en el territorio nacional, proteger el Estado y la población civil de las amenazas puestas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales; romper los nexos entre dichos grupos armados ilegales y la industria criminal de la droga que los apoya.

En los seis años siguientes, la meta es reducir el cultivo, procesamiento y distribución de narcóticos en un 50%.

Objetivo N° 1: fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones por medio de un esfuerzo integrado de las fuerzas armadas.

• combatir los cultivos ilícitos por medio de una acción continua y sistemática de las fuerzas del ejercito y la policía, especialmente en el Putumayo y en el sur de Colombia, y fortalecer la capacidad de erradicación de la Policía Nacional de Colombia. Establecer control militar del sur para la erradicación. Destruir las estructuras de procesamiento y mejorar la interdicción por tierra, aire, mares y ríos de drogas y químicos ilegales.
• Establecer control del gobierno sobre áreas claves de producción de droga.

Objetivo N° 2; fortalecer el sistema judicial y combatir la corrupción

• Fortalecer la infraestructura de la oficina del Fiscal, las cortes y los defensores públicos.
• Reforzar y entrenar los cuerpos de investigadores policiales.
• Consolidar el grupo encargado de luchar contra la corrupción e investigar a los servidores públicos.
• Reformar el sistema carcelario.
• Aplicar leyes de extradición.
• Obtener una propuesta para procesos en casos delictivos y entre tanto, idear regulaciones para los procedimientos criminales actuales para juicios públicos
• Fortalecer la estructura de la oficina del fiscal, las cortes y los defensores públicos, especialmente las unidades de derechos humanos.

Objetivo N° 3: neutralizar el sistema financiero del tráfico de drogas y confiscar sus recursos para el estado.

• Fortalecer los esfuerzos anticontrabando.
• Adelantar un vigoroso programa de confiscación.
• Congelar y vedar cuentas de banco dentro y fuera del país.

Objetivo N° 4: neutralizar y combatir los agentes de violencia aliados con el comercio de droga

• Incrementar la seguridad para los ciudadanos contra el secuestro, la extorsión y el terrorismo.
• Impedir la adquisición de armas de aquellos grupos que se lucran del narcotráfico

Objetivo N° 5: integrar iniciativas nacionales en esfuerzos regionales e internacionales

• compartir información e inteligencia con otras agencias de seguridad en el país
• contribuir y coordinar operaciones y acciones regionales e internacionales

Objetivo N° 6: fortalecer y expandir planes para el desarrollo alternativo en las áreas afectadas por el tráfico de drogas.

• Brindar oportunidades de trabajo y servicios sociales a las personas que viven en zonas de cultivo.
• Promover campañas de información pública acerca de los peligros de las drogas ilegales,

ENFOQUE INTEGRADO DEL PLAN

Desarrollar una acción integrada por las fuerzas armadas y la policía que apunte a golpear las zonas del cultivo de narcóticos y romper las estructuras armadas, logística y financiera del narcotráfico por medio de una acción continua y sistemática en tres fases, orientadas a reducir el cultivo y producción en un 50% en los próximos seis años:

Fase 1: una acción militar, policial y judicial de corto alcance dirigido al Putumayo y al sur, planeado para un año.

Fase 2: una acción militar, policial y judicial de mediano alcance dirigido al sureste y partes centrales del país, y planeado para entre 2 y 3 años.

Fase 3: ampliar la acción integrada a lo largo del país entre 3 y 6 años.

A través de sus políticas antidroga, el gobierno apunta a combatir, por medio de un plan integrado, a uno de los agentes generadores de violencia que contribuye significativamente a la alta tasa de criminalidad. Las prioridades y responsabilidades institucionales son las siguientes:

Todas las unidades de las fuerzas armadas deben asegurar la protección de la democracia y los derechos humanos cono una responsabilidad primaria en el desempeño de sus misiones antimoral. Las fuerzas armadas aumentarán el entrenamiento en derechos humanos, antes, durante y después de adelantar cada fase. La protección de la población civil requiere un esfuerzo incrementado para combatir a los grupos ilegales de "autodefensa" en las áreas de cultivo y procesamiento.

Papel y misión de cada fuerza: el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) mantendrán sus prioridades asignadas en la lucha contra los agentes generadores de violencia, buscando optimizar resultados y alcanzar los siguientes objetivos asignados:

• Prioridad de las fuerzas militares: insurgentes, grupos ilegales de "autodefensa", tráfico de droga y crimen organizado.
• Prioridad de la Policía Nacional: tráfico de droga, crimen organizado y delincuencia menor.
• Prioridad del DAS: delitos económicos y financieros contra el Estado, enriquecimiento ilícito de individuos y de grupos insurgentes.

Las operaciones antinarcóticos serán planeadas y llevadas a cabo conjuntamente, desarrollando la doctrina requerida para operaciones exitosas.

Vestir y equipar unidades par enfrentar amenazas a la seguridad nacional y distribuir las fuerzas como sea requerido para ejecutar planes estratégicos -enfatizando operaciones ofensivas mientras se mantengan los requerimientos de defensa esenciales. Desarrollar un plan operacional; enfatizar el entrenamiento; orientarse a una fuerza profesional, predominantemente voluntaria; y continuar mejorando el sistema judicial militar.

Las Fuerzas Armadas aumentarán la profesionalización de elementos empleados en operaciones antinarcóticos como parte de un proceso de evolución hacia una fuerza profesional.

Ministerios e Instituciones: el Ministerio del Interior y los gobernadores y alcaldes emitirán aquellos decretos y resoluciones necesarias para restringir el tráfico y desplazamiento de personas, armas, y materiales legales utilizados en el procesamiento de drogas ilegales en las áreas establecidas cuando un comandante del ejercito o la policía lo solicite.

Aunque la lucha contra el narcotráfico es una actividad fundamental para los cuerpos de policía estatales, el cercano nexo con grupos ilegales armados ha hecho que las fuerzas se dediquen a hacer una contribución comprometida, en una forma integrada y cohesiva en la lucha contra esta amenaza.

Acciones complementarias en la estrategia

Las Fuerzas Militares y la Policía han designado una serie de acciones que respaldan esos roles y responsabilidades definidos.

Desarrollar una campaña de modo independiente por fases y áreas que respaldan las metas de los objetivos estratégicos. Un esfuerzo especial para sensibilizar nuestras propias tropas en la reafirmación de los valores, la ética y el respeto de los Derechos Humanos. Una acción sensitiva hacia la población civil en respalde a los planes operacionales y el desarrollo alternativo. Campaña de deserción dirigida a miembros de grupos armados u narcotraficantes para reintegrarse a la sociedad.

Interdicción aérea.

Consolidar el control del espacio aéreo nacional por todos los medios necesarios. Disuasión del uso del espacio aéreo (inteligencia de todas las agencias, la fuerza aérea) aumentar el rango operacional de la Fuerza Aérea Colombiana para la interdicción. Proporcionar ayuda adicional para la interdicción siendo el resultado final, el aumento en el ritmo de las operaciones y expansión del cubrimiento geográfico. Mejorar el programa de interdicción aérea con énfasis en Colombia oriental.

Aumentar y mejorar el respaldo operacional ara la marina y los marines. Mejorar los esfuerzos para controlar la importación de químicos precursores. Interdicción de dichos químicos en aire, mar, río y tierra (Ejército, Infamar, Fuerza Aérea Policía). Mejorar los controles para interceptar los movimientos terrestres de las drogas por la PNC en puertos y aeropuertos.

Aumentar el empleo de operaciones combinadas con la PNC. Fortalecer las acciones combinadas entre Colombia y los Estados Unidos. Mejorar la protección de nuestras propias fuerzas. Integrar las fuerzas en inteligencia, colección y análisis. Incrementar el número de tropas en operación. Aumentar la movilidad con énfasis en operaciones aéreas y fluviales en la selva. Mejorar la capacidad de las unidades para conducir operaciones nocturnas combinadas.

Destruir la infraestructura del procesamiento. (Inteligencia, Ejército, Infantería de Marina, Fuerza Aérea). Aumentar la habilidad de la PNC y las fuerzas armadas para detectar laboratorios. Aumentar los medios para destruir la infraestructura. Reducir la capacidad de comercializar materiales precursores y droga (Inteligencia, Policía, Armada, fuerza Aérea).

Fortalecer y aumentar el empleo de operaciones de seguridad combinadas durante las operaciones de fumigación y erradicación. Respaldar las nuevas estrategias bajo el Programa de Control Internacional de Droga de las Naciones Unidas, para probar y desarrollar agentes de control biológico confiables y seguros, así suministrando nuevas tecnologías de erradicación.

El propósito de esta estrategia es fortalecer la lucha contra el narcotráfico brindando todos los elementos de la Policía y las Fuerzas Armadas para luchar contra los traficantes. Esta meta es para eliminar la producción de droga a gran escala, terminar la violencia e impunidad a gran escala a manos de grupos organizados, promover el respeto a los derechos humanos y romper el nexo entre los grupos armados y su respaldo de la industria de los narcóticos.

1. Colombia está comprometida para continuar construyendo un justo y efectivo sistema de justicia. La reforma del sector judicial asegurará un sistema transparente, justo, accesible e independiente. La reforma eficaz es un elemento clave para restaurar la confianza pública en la sociedad civil.

 

2. Tratar con los traficantes y la cultura de violencia, corrupción e impunidad involucra al sistema de justicia penal entero. Particularmente el tráfico de cocaína, heroína y otras drogas amenaza cada aspecto de la sociedad civil y estas estrategias responden consecuentemente.

 

3. Estos problemas atraviesan las agencias colombianas–incluso las ramas separadas de Gobierno. La Rama Ejecutiva trabajará estrechamente con el Legislativo y las ramas Judiciales para asegurar la coordinación eficaz y aplicación de estas estrategias.

1. Investigar, procesar y cuando sean encontrados culpables, firmemente encarcelar a los traficantes de narcóticos, abusadores de derechos humanos y otros delincuentes violentos

1. El narcotráfico es un crimen transnacional que tiene consecuencias domésticas e internacionales. Colombia investigará, procesará y sentenciará apropiadamente a los narcotraficantes principales y a los delincuentes relacionados. Los delincuentes deben encarcelarse en prisiones seguras de tal forma que no pueden continuar sus crímenes desde la cárcel. Los delincuentes internacionales–quienes han violado las leyes de otras naciones –deben ser, de acuerdo con las leyes colombianas, extraditados para ser juzgado en las jurisdicciones donde la evidencia de las violaciones ha sido reunida y en las comunidades han perjudicado. El Gobierno asegurará que las acciones antinarcóticos y contrainsurgencia extendidas no se emprenderán a expensas de la protección de la democracia, derechos humanos y el mandato de ley.

 

2. Para dirigirse a esta prioridad Colombia quiere: fortalecer iniciativas ejecución de la ley doméstica y multilateral, incluyendo a) las investigaciones multilaterales y entrenamiento conjunto, y b) la protección eficaz para testigos y funcionarios judiciales; extraditar a los delincuentes internacionales de acuerdo con la ley doméstica e internacional; mejorar el sistema de prisiones para cumplir las normas internacionales de seguridad, incluyendo medios adecuados y personal bien entrenado y profesional; y extender iniciativas multilaterales para controlar y detener los flujos ilícitos de precursores químicos, incluyendo el permanganato de potasio.

 

3. Los inaceptables niveles de secuestro y crímenes callejeros violentos, en muchos casos relacionados o un producto del narcotráfico, deben reducirse para restaurar el sentido público de seguridad y bienestar.

 

4. Las estrategias para abordar esta prioridad incluyen: desarrollar programas anti-violencia a lo largo del país, involucrando el fortalecimiento de la ley, líderes judiciales y comunitarios con énfasis en delitos relacionado con narcóticos; desarrollar, entrenar y equipar una unidad anti-secuestro para investigar y procesar dichos delitos.

1. Privar a los Delincuentes de Ganancias Ilegales y Captar los Recursos para la Sociedad Civil

1. Combatir el lavado de dinero y la restricción de las ganancias ilegales de los traficantes (estimadas en más de mil millones de dólares) puede apoyar el cumplimiento de la ley y la reducción de la demanda, así como otras iniciativas sociales (incluso la reforma de la tierra, el desarrollo alternativo, y el fortalecimiento de instituciones civiles) críticas para una paz duradera.

 

2. Las estrategias para dirigirse esta prioridad incluyen: emplear eficazmente la legislación de confiscación de recurso existente y hacer los ajustes necesarios para confiscar en modo ágil las propiedades tomadas a los delincuentes; fortalecer la ley e instituciones existentes y instituciones para luchar contra el lavado de dinero, incluyendo a la Unidad especializada de la Fiscalía AFML y la Unidad de Información Financiera y Análisis; asegurar la coordinación entre autoridades nacionales e internacionales para garantizar que la información se comparta y se procese eficazmente; romper el nexo financiero entre los narcotraficantes, la insurrección y los paramilitares a través de programas para el cumplimiento de la ley y la coordinación multilateral; fiscales, investigadores y funcionarios de aduanas y sus colegas internacionales deben continúan coordinando esfuerzos para desmantelar el mercado negro del proceso intercambio del peso; completar el desarrollo de mecanismos para compartir recursos confiscados en acciones multilaterales de cumplimiento de la ley de acuerdo con la ley internacional.

 

3. El Gobierno de Colombia se moverá tan rápidamente como sea posible para completar la expropiación formal de bienes, sobre todo tierra, que ha sido incautada a narcotraficantes declarados culpables. Esta tierra se usará, entre otras cosas, para la reubicación de pequeños campesinos y obreros sin tierra que dejan las áreas productoras de coca así como las familias desplazadas por la violencia rural.

1. Promover la transparencia y Responsabilidad del Sistema Judicial

1. Colombia se compromete para respetar los mandatos de ley y continuará fortaleciendo todos los aspectos del sistema judicial, incluyendo el cuidado de la transición continua a un sistema acusatorio (incluyendo los procesos e investigaciones efectivas), acelerando el movimiento de casos a través del proceso judicial, asegurando acceso a justicia a lo largo de la nación sin tener en cuenta ubicación geográfica o ingresos. El Gobierno de Colombia ofrecerá dirección para hacer el sistema judicial más eficaz, transparente, justo y accesible.

 

2. Para hacer el sistema judicial más eficaz, el gobierno de Colombia buscará reducir impunidad a través del procesamiento mejorado, investigaciones más eficaces y juicios más rápidos. Asegurar la coordinación eficaz de sector justicia, incluyendo comunicación abierta y la aplicación de una política eficaz entre las diferentes ramas y oficinas del estado responsables de la reforma judicial y administración; extender el entrenamiento para los funcionarios del sector judicial, incluyendo jueces, defensores públicos y fiscales para asegurar sinceridad al escrutinio público y justos resultados en todos los casos, incluso los casos militares bajo la jurisdicción civil; implementar un currículo central para investigadores de la policía judicial, a través de una sola policía academia de entrenamiento de policía judicial; asegurar el acceso público a los servicios de justicia y una defensa justa.

IV. Combatir el Contrabando y Fortalecer la Interdicción de Narcóticos

1. Un elemento crucial para eliminar el narcotráfico es cerrar las rutas del transporte de las drogas, químicos precursores y contrabando (qué a menudo representa la repatriación de beneficios de los narcóticos). Esto requiere un esfuerzo coordinado en todos los puertos de entrada de Colombia y en las fronteras.

 

2. Las estrategias para dirigirse a esta prioridad incluyen: coordinar un refuerzo marítimo eficaz, incluyendo esfuerzos conjuntos entre la Armada colombiana, el Fiscal General y los colegas internacionales para retener narcóticos y químicos y procesar eficazmente a los violadores; fortalecer y expandir los programas de seguridad de puertos para incluir todos los puertos nacionales de entrada; mejorar la información que se comparte con colegas internacionales sobre los sospechosos, rutas y tendencias del embarque; equipar y entrenar totalmente un servicio de Policía de Aduanas para asegurar el control eficaz de aeropuertos y de puertos marinos; fortalecer la cooperación internacional para luchar contra el contrabando; trabajar estrechamente con otros Gobiernos, para que el sector privado se comprometa a desarrollar medidas eficaces para controlar y prevenir el contrabando, llevando a cabo una política de "conozca a su cliente", y mejorar el conocimiento de las prácticas de su cliente.

1. Los beneficios de los narcóticos han hecho corruptos a oficiales en todas las ramas de Gobierno y han corroído la confianza pública en las instituciones civiles. Colombia continuará sus esfuerzos para luchar contra la corrupción y asegurar que los violadores se sujeten a las sanciones administrativas o delictivas, como es debido.

 

2. Esto se hará: construyendo sobre las iniciativas existentes, incluyendo el Programa Presidencial Contra la Corrupción y la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía; llevando a cabo un descubrimiento financiero eficaz y verificaciones rigurosos pre- empleo y en integridad del servicio;

 

3. El Gobierno de Colombia trabajará a través del Programa Presidencial Contra la Corrupción y el Contralor General para aumentar la transparencia de las acciones de procuración gubernamentales y los traslados financieros a los gobiernos locales.

6. Reducción de Demanda

Colombia se ve a menudo como productor de drogas ilegales, pero el consumo está aumentando rápidamente entre su población. La tarea de prevención del consumo de drogas ilegales se dirige principalmente al joven, y se diseña para desanimarlos de empezar a consumir drogas ilícitas y a controlar el abuso de alcohol, tabaco y drogas que produzcan adicción. Las redes de rehabilitación y tratamiento también se aumentarán para llegar a muchas personas que no tienen acceso hoy.

1. PLAN PARA LA DEMOCRATIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL

1. El objetivo general de esta estrategia es reducir las causas y manifestaciones de la violencia, progresiva y sistemáticamente, fortaleciendo la participación social y la formación de la conciencia colectiva. Esta estrategia apunta a gobiernos locales más responsables, el envolvimiento de la comunidad en acciones de anti-corrupción y a seguir presionando a grupos armados insurgentes y otros, para acabar con el secuestro, la violencia y el desplazamiento interno de ciudadanos y comunidades. También, la estrategia se construye sobre la participación social para generar condiciones económicas, sociales y culturales que hagan que la erradicación de los cultivos ilícitos sea viable en áreas de economía campesina y reservas indígenas.

1. Promoción, Respeto y Protección de los Derechos Humanos

1. El gobierno colombiano ha asumido, bajo la coordinación de la oficina del vicepresidente, un compromiso total para la protección y realización de aquellos derechos fundamentales que trascienden las leyes internas, ya que Colombia es parte de numerosos tratados y pactos multilaterales.

 

2. El gobierno está obedeciendo las acciones siguientes: esparciendo un entendiendo más profundo de los derechos humanos a través de los medios de comunicación, y aplicando a un modelo educativo para el uso en las Fuerzas Armadas, apoyando políticamente y materialmente el trabajo de las unidades de derechos humanos de las diferentes instituciones, así como entrenando periodistas en derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Al mismo tiempo, el gobierno está trabajando en colaboración con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia.

 

3. Una estrategia para luchar contra impunidad, para albergar apoyo a varios comités inter-institucionales que se han creado en el último año y que trabajan para presionar para las investigaciones y sanciones con respecto a los casos más severos de abuso de los derechos humano. De la misma manera, el gobierno habrá establecido a finales de este año, una Comisión Nacional Permanente de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y ha presentado al Congreso Colombiano proyectos de ley con respecto a personas desaparecidas y crímenes contra la humanidad, y la ratificación de la Corte Penal Internacional.

 

4. Una estrategia para proteger aquéllos que trabajan en defensa de derechos humanos, a través del apoyo al Programa de Testigos y Personas Amenazadas , y una orden Presidencial que exige a todos los funcionarios públicos proteger a los trabajadores de derechos humanos y apoyar su trabajo y aquéllos de las ONGs a lo largo del país.

1. Política para la Prevención y Cuidado de los Desplazados

1. Las acciones dirigieron, de primer orden, ayudar a los desplazados a volver a su casa, y, en segundo lugar, garantizar la estabilidad a través de la inversión social y los programas productivos en estas áreas. La estrategia del Gobierno para la atención a los desplazados se coordinará estrechamente con el proceso de la paz y el esfuerzo global para aumentar la capacidad del gobierno local. La atención a los desplazados será emprendida principalmente por los gobiernos municipales y ONGs colombianas bajo la dirección de la Red de Solidaridad Social. El Gobierno de Colombia también invitará la participación de organizaciones internacionales a nivel municipal como un medios de movilizar recursos adicionales, así como para establecer verificación independiente de la situación local.

 

2. Según los lineamientos de los Principios Gobernantes del desplazamiento interior, la acción del Gobierno busca neutralizar las causas que llevan al desplazamiento mejorando la seguridad en aquellas áreas de mayor incidencia. En áreas de conflicto, el Gobierno establecerá un sistema para detectar y descubrir, a tiempo, violencia inminente para permitir una reacción apropiada. En los casos donde no es posible impedir el desplazamiento, el gobierno buscará fortalecer sus habilidades para centrarse en las necesidades locales.

 

 

3. Desarrollar medidas especiales para garantizar que, cada vez que una persona es desplazada, sus derechos se protegerán, mientras se establecen normas mínimas para la ayuda humanitaria de emergencia con respecto al agua e higiene, nutrición, la salud y albergue, teniendo en cuenta las varias necesidades de grupos de edades diferentes, con atención especial a los niños, mujeres y minorías étnicas. Dondequiera que sea factible, el Gobierno de Colombia promoverá Comunidades de Paz a las que los desplazados pueden volver y donde la prestación de servicios sociales y la seguridad pública puedan facilitarse.

1. Plan Nacional para el Desarrollo Alternativo

1. La política colombiana para el abandono voluntario de cosechas ilícitas de pequeños campesinos (menos de 3 hectáreas en producción) y de obreros de la plantación, es manejada por la proximidad del área productora con los mercados potenciales, el origen de las personas que producen la cosecha ilícita, y el potencial agrícola de la tierra donde las cosechas ilícitas están siendo cultivadas.

 

2. En las áreas productoras de amapola, así como aproximadamente un tercio de las áreas productoras de coca, es generalmente factible sustituir uno o más cultivos agrícolas por la producción ilícita de pequeños campesinos. En estas áreas, los productores serán animados para que abandonen la producción ilícita a cambio de la ayuda para establecer cosechas legales lucrativas, provisión de servicios de educación y salud, infraestructura municipal mejorada, y seguridad pública. Los gobiernos municipales, el sector privado, y las ONGs colombianas trabajarán con el Gobierno de Colombia en el establecimiento de cosechas sustentables y para fortalecer los nexos entre los productores y los mercados locales y urbanos.

 

3. Se estima que tanto como el 60 por ciento de las áreas productoras de coca, está lejos de los mercados potenciales y en áreas que pobremente adecuadas para cualquier clase de producción agrícola sostenida. Para ofrecer oportunidades de ingreso legales a los pequeños campesinos y obreros en tales áreas, el Gobierno colombiano prevé tres posibles respuestas: Primera, a granjeros y otros, con vocación agrícola, se les ofrecerá la oportunidad de trasladarse de las áreas productoras de coca y reagruparse en tierras confiscadas a los narcotraficantes o suministrada por el instituto de reforma Agraria, INCORA; segunda, las oportunidades económicas en pequeñas empresas y microempresas se ofrecerán en las áreas urbanas dejadas por cultivadores de la coca que emigraron, para quitar el incentivo económico de esa migración; tercero, el Gobierno Colombiano trabajará con grupos indígenas y gobiernos locales para lanzar las actividades de protecciones del ambiente económicamente factibles, que conserven las áreas forestales en un esfuerzo por retardar el avance de la frontera agrícola hacia áreas inapropiadas. El esfuerzo de conservación y protección también generará empleo para algunos de los anteriores campesinos cultivadores de coca.

 

4. El costo estimado del Plan de Desarrollo Alternativo Nacional para el año 2000 al 2003 es $500 millones. De esto, $350 millones serán para transferir tecnología y empresas productivas, $100 millones para el desarrollo de la infraestructura en áreas rurales, y $50 millones para la conservación y restauración de áreas frágiles en medio ambiente.

1. Estrategia para el Desarrollo Sostenible en áreas Frágiles en medio ambiente y su Protección

1. El conflicto armado afecta el hábitat natural, como hace lo hace la expansión de la agricultura y, más notablemente, las cosechas ilegales que han destruido cerca de un millón de hectáreas de bosque entre 1974 y 1998. Estas zonas incluyen un porcentaje alto de áreas de conservación y terrenos de parques nacionales, y hay amplia evidencia que este proceso de expansión implica una amenaza seria al Delta vital del Amazonas.

 

2. Las acciones para enfrentar este problema incluyen restaurar ciertas áreas como parques nacionales, mientras se recuperan también bosques que, se espera, contribuirán a los objetivos globales para conservar el Delta Amazónico, como se anotó en la Convención de Cambios Climáticos, con respecto a la absorción de CO2.

 

3. Además, el gobierno ayudará la sustitución de los productos insostenibles por otros más dóciles a las condiciones locales y regionales, fortalecidas por otras experiencias con productos más sustentables.

 

4. Finalmente, apoyar la reforestación pequeña en la transformación primaria de productos de madera y no-madera en el bosque, para consolidar mercados verdes que generen posibilidades para negocios locales.

1. El papel de comunidades locales y municipalidades en la estrategia de desarrollo social y alternativo

1. Los ciudadanos esperan seguridad, orden, empleo, servicios básicos y un mejor futuro para sus niños. Los programas nacionales como los de desarrollo alternativo, protección del ambiente, desplazados y ayuda a zonas de conflicto apuntan a ayudar a cumplir estas expectativas, así como a reducir incentivos para que los residentes se vayan o produzcan cosechas ilícitas. Las comunidades locales y municipalidades juegan un papel fundamental para ayudar a que los programas nacionales lleguen a los ciudadanos de Colombia.

 

2. Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para desarrollar y llevar a cabo programas de inversión social nacional, trabajar con organizaciones no gubernamentales y negocios locales para resolver problemas locales y dar cuenta de su actuación, es fundamental para la inversión social de Colombia y la estrategia de desarrollo alternativo.

 

 

3. El Gobierno de Colombia trabajará a través de la Red de Solidaridad Social, Ministerios, y ONGs para progresivamente proporcionar las habilidades técnicas a los gobiernos municipales para manejar fondos y llevar a cabo actividades que apunten a los desplazados, desarrollo alternativo y alivio a la pobreza. Hasta 150 comunidades, en áreas donde las situaciones conflictivas o la producción de cultivos ilícitos han interrumpido la provisión de servicios básicos, causado degradación del medio ambiente o donde hay mayor incidencia de la pobreza, se seleccionarán durante de un período de más de dos años para participar en un programa local de fortalecimiento de gobierno. Se entrenarán líderes gubernamentales locales en habilidades de la gobernación. Además, los gobiernos locales serán entrenados para desarrollar mecanismos que promuevan la participación pública en el proceso de toma de decisión para resolver problemas sociales y económicos. Con este entrenamiento los líderes locales podrán priorizar las necesidades de la comunidad, diseñar e implementar iniciativas prioritarias para satisfacer las necesidades de servicios básicas y utilizar los recursos disponibles de la manera más eficaz.

 

4. Máximizar la efectividad, los gobiernos locales trabajarán en sociedad con el gobierno nacional así como con los negocios locales y las organizaciones no gubernamentales. Se animará a los gobiernos municipales para que inviertan réditos local y de la Tesorería Nacional junto con fondos donados para apoyar organizaciones locales a dirigirse a necesidades de prioridad. El Gobierno de Colombia también invitará la participación de organizaciones internacionales a nivel municipal como un medio de movilizar recursos adicionales así como para establecer un medios de verificación independiente de la situación local.

1. EL PROCESO DE PAZ

1. El Proceso de Paz

1. El conflicto armado mantenido en Colombia por más de treinta y cinco años. Esta Administración ha comenzado un proceso que apunta al acuerdo de una paz negociada con la insurrección sobre la base de la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos, y qué, si llega a tener éxito, fortalecería el mandato de ley y la lucha contra las drogas a lo largo del país.

 

2. El proceso de paz es una de las prioridades del país. El Presidente Pastrana ha asumido la dirección personal del papel del gobierno, junto con la ayuda del Alto Comisionado para la Paz, fijado directamente por el Presidente. El Comisionado cuya posición lleva rango ministerial, trabaja junto a líderes económicos y sociales que igualmente, están consagrando sus energías a acabar el conflicto.

 

3. El propósito de la zona de distensión, un instrumento creado por ley 418 de 1997, es garantizar la seguridad necesaria para adelantar negociaciones con la insurrección. Dentro de sus poderes el Presidente puede crear así como eliminar una zona de despeje, reafirmando la soberanía del Estado. Implica sólo la restricción de la presencia de las fuerzas armadas colombianas y policiales dentro del área y la suspensión de garantías para el arresto, sin afectar el poder de los funcionarios elegidos a niveles local y regional.

 

4. La zona de despeje, creada para las negociaciones con las FARC, es una área escasamente poblada considerada el 0.25 por ciento de la población colombiana. Su número históricamente bajo de habitantes es debido al hecho de que el territorio esta constituido por prados montañosos o infecundos y selva. Dado el carácter temporal de la zona de despeje, su duración se relaciona con el avance de las negociaciones, sin la posibilidad de interferir con elecciones locales libres. El Gobierno Nacional ha creado y directamente paga por una fuerza policíaca civil que apoya a los alcaldes en cada una de las municipalidades.

 

5. El proceso de paz también es parte de una gran alianza contra el narcotráfico, la corrupción, y la violación de derechos humanos, como parte de la reasunción del gobierno como único garante de ley y orden. Para que esto no sólo sea factible sino duradero, requiere apoyo comprometido en las áreas de seguridad y defensa, así como una fraternidad contra la producción y consumo de droga y un plan de desarrollo para crear trabajos y alcanzar a los más necesitados.

1. El Conflicto Armado y la Sociedad Civil

1. Hay tres protagonistas principales del conflicto. En el lado de los guerrilleros, están las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) cuyas raíces yacen en la guerra rural y la guerra fría, respectivamente. En el otro lado están los grupos de autodefensa, que buscan un fin armado a todas las actividades guerrilleras y el reconocimiento político para su organización. Finalmente, atrapados en el fuego cruzado, están la gran mayoría de colombianos que a menudo sufren a manos de los otros participantes.

 

2. El movimiento guerrillero tiene sus raíces en los problemas rurales y políticos tradicionales de Colombia y, también en parte, en la confrontación ideológica capitalista-comunista. A través del tiempo, su lucha por extender su presencia territorial como un medio de adquirir poder militar y político, ha sido financiado por extorsión, secuestros, y más recientemente, cobros impuestos a la hoja de la coca y la pasta obtenidas por los intermediarios en las áreas de cultivo.

 

3. En los últimos treinta años Colombia pasó de ser un país principalmente rural a una población urbana, con más de setenta por ciento de su población ahora en áreas urbanas. Con el fin de la guerra fría, el apoyo público que la insurrección tenía durante los 60’s, 70’s y 80’s ha disminuido al punto que las encuestas hoy muestran a sólo un 4 por ciento de respaldo. Los guerrilleros entienden que, bajo esas circunstancias, ellos no podrán tomarse el poder por la vía de la confrontación armada. A pesar del rechazo del país de su ideología y, particularmente, sus métodos, ellos continúan buscando influencia a través de los medios militares.

 

4. El proceso de paz ha sido fijado para permitir que la sociedad en conjunto juegue un papel central. Por un lado, puede presionar a los grupos armados por una solución política al conflicto y por el respeto de sus derechos humanitarios internacionalmente reconocidos (DIH). Por otro lado, pueden presentar ideas y sugerencias para ayudar a que el proceso avance, lo que puede servir como una base para las negociaciones futuras. Hay un acuerdo general, más específicamente, con respecto a la necesidad alcanzar un arreglo negociado al conflicto, tener una agenda amplia, y dar la bienvenida la participación de la comunidad internacional.

1. Estado de los Asuntos

1. El proceso de paz ha hecho adelantos reales en varios frentes. Con las FARC, una zona de despeje, se creó como asilo seguro para las negociaciones, y ha ayudado a ambas bandos para formular una agenda, proceso que fue completado el pasado mayo. El gobierno y los FARC han estado de acuerdo en una comisión para acompañar el proceso, pero su aplicación ha tenido problemas. El proceso ha detenido en ese punto pero se espera que sea alcanzado un acuerdo en la comisión próximamente.

 

2. Con el ELN, el gobierno ha autorizado un grupo de colombianos reconocidos para facilitar la liberación de los rehenes, y ha estado de acuerdo en comenzar, inmediatamente después de la liberación de los mismos, diálogos directos que permitirán a una fórmula para pedir una Convención Nacional.

 

3. En el caso de los grupos de autodefensa, el gobierno continúa luchando contra ellos, aunque esto no implica que, con el avance del proceso de paz, no esté listo para buscar formas pacíficas alternativas que desmantelen su infraestructura y funcionamientos.

 

4. Durante el proceso de paz, las fuerzas armadas y la Policía deben continuar fortaleciéndose para mantener una presencia eficaz a lo largo del país.

1. El Papel de la Comunidad Internacional

1. El papel de la comunidad internacional es vital para el éxito del proceso de paz. Más específicamente, Colombia requiere apoyo en dos áreas: diplomática y financiera La comunidad internacional puede actuar como reguladora, mediadora, inspectora o, en una fase posterior, verificadora del proceso. Además, es muy importante que ellos rechacen enérgicamente cualquier acción terrorista y las violaciones del DIH, y presionen para mantener el proceso en movimiento.

 

2. En el campo de cooperación bilateral, la cooperación del ejército y la policía están fuera de contemplación. La acción colectiva de países vecinos no sólo es menos eficaz que la acción bilateral, sino que puede servir para obstruir el proceso de negociación. En este sentido, para coordinar las operaciones del ejército la policía, y mejorar la seguridad fronteriza, la ayuda tecnológica y en equipos sería de enorme beneficio.

 

3. Refiriéndose a la acción diplomática de los países vecinos, en este momento, el gobierno colombiano prefiere el diálogo bilateral y las consultas confidenciales con países interesados en el proceso. Cualquier forma de participación internacional en el proceso de paz, debe ser conforme a las normas establecidas por el derecho internacional y debe ser aceptable al gobierno colombiano. Se debe adherir estrictamente a los principios de no-intervención y no-interferencia con respecto a los asuntos interiores de estado, y debe emprenderse después de consultar con el gobierno colombiano y contar con su apoyo.

 

4. El gobierno colombiano ha preparado un fondo como un medio para encauzar la ayuda financiera internacional, directamente al proceso de paz. Este fondo podrá apoyar proyectos diseñados para proporcionar desarrollo económico y social a esas áreas más duramente golpeadas por el conflicto armado. Para este propósito un grupo llamado a consulta, con el apoyo del BID, ha sido establecido para recibir contribuciones hechas por varios países. Estos recursos se usarán para complementar los fondos ya asignados por el gobierno colombiano.

 

5. Un proceso de paz exitoso también tendrá un impacto positivo en acciones antidroga puesto que el Gobierno de Colombia podrá extender los programas de la aplicación de la ley y desarrollo alternativo hasta aquellas áreas en su mayoría envueltas en producción de droga. La insurrección y el tráfico de droga son problemas que, aunque unidos de ciertas maneras, tienen orígenes distintos y los objetivos diferentes. Los guerrilleros operan bajo un esquema político-militar revolucionario que exige una solución negociada –algo que nunca puede acordarse con los narcotraficantes.

L02

En el umbral del siglo XXI, Colombia se enfrenta con el reto de promover y consolidar una sociedad donde las obligaciones esenciales del Estado colombianos sean garantizadas, como lo indica nuestra Constitución:

"Servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación del pueblo en las decisiones que lo afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender nuestra independencia nacional: mantener la integridad territorial y asegurar la coexistencia pacifica y la aplicabilidad de un orden justo."

 

La responsabilidad que aquellos quienes desde el gobierno estamos trabajando en la construcción de un mejor país para las actuales y futuras generaciones, es fortalecer y consolidar el Estado colombianos como Estado Social de Derecho que pueda proteger a todos sus residentes y sus derechos a la vida, dignidad, prosperidad, creencias y otros derechos y libertades básicos.

Este proceso fundamental requiere confrontar ahora más que nunca las difíciles y cambiantes condiciones nacionales e internacionales, características de los últimos días del segundo milenio de la era cristiana. Pero no es solo asumir el reto que plantean las experiencias de nuestra propia historia y el proceso de evolución en la creación de un estado nacional, es también responder a los dos nuevos retos del crecimiento del tráfico de drogas y el proceso de globalización económico, político y cultural.

Indudablemente los síntomas de un estado que tiene aún que consolidarse, tales como la carencia de confianza en la habilidad de las fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial para garantizar la preservación del orden y la seguridad, la crisis de credibilidad en los diferentes niveles del gobierno y la proliferación de practicas corruptas en los sectores público y privado, han sido agravados por el enorme poder desestabilizador del narcotráfico que sus enormes recursos económicos han generado violencia indiscriminada, lo mismo que un proceso degenerativo de los valores que sólo pueden ser comparados con el período de Prohibición en Norteamérica.

Al mismo tiempo, la aún joven economía colombiana, que aunque ha visto 40 años de continuo crecimiento, aún no ha sido capaz de incorporar masivamente a gran parte de la población al proceso productivo, ni de reducir significativamente los niveles de pobreza. Entre tanto, la violencia y la corrupción alimentadas por el narcotráfico generan desconfianza entre inversionistas extranjeros, constituye un obstáculo en la trasformación y modernización de los procesos productivos dinámicos del país, considerados esenciales para la generación de empleo y que resulte en progreso dentro de la estructura de globalización.

Los problemas seculares que el gobierno hasta ahora, ha sido incapaz de resolver exitosamente, han sido agravados e intensificados por el narcotráfico. Además, en una especie de ciclo vicioso, la violencia ha filtrado los recursos que el país necesitaría para completar la construcción de un estado moderno.

Somos conscientes que alcanzar nuestros objetivos requiere un proceso social y gubernamental que tomará varios años, tiempo dorante el cual es esencial alcanzar consenso entre la sociedad colombiana, lo que facilitará el desarrollo de un pueblo que conocerá y demandará sus derechos pero también será justo y consecuentes con sus obligaciones.

Por esto, mi gobierno se ha comprometido con una meta fundamental: fortalecer el Estado para recuperar la confianza de los ciudadanos y recuperar las normas básicas de convivencia pacifica. Porque el logro de la paz no es sólo un problema de deseo. Ustedes tienen que construir la paz y ésta será resultado del proceso de fortalecimiento del Estado y las consecuencias resultarán en la posibilidad de garantizar a todos los ciudadanos, en la totalidad del territorio nacional, su seguridad y el libre ejercicio de sus derechos y libertades.

La negociación con la insurgencia, que con tanta determinación y voluntad hemos iniciado y continuaremos buscando, es una parte integral de nuestra estrategia porque se propone resolver 40 años de conflicto histórico que ha encontrado innumerables obstáculos en la creación del estado moderno y progresivo en que Colombia necesita convertirse con urgencia. La búsqueda de la paz y la defensa de las instituciones democráticas requerirá tiempo y paciencia, confianza y determinación para tratar exitosamente con las inherentes presiones y dudas que caracterizan un proceso de esta naturaleza.

La lucha contra el narcotráfico constituye el núcleo en nuestra estrategia para avanzar decididamente en una relación entre países productores y consumidores, bajo los principios de reciprocidad e igualdad. El problema de las drogas ilícitas es complejo y transnacional, caracterizado por lanzar una fuerza destructiva sobre las sociedades, debido a las consecuencias sociales y psicológicas para aquellos que consumen, lo mismo que los efectos de violencia y corrupción que se derivan de los inmensos ingresos generados por su contrabando. La solución no radica en señalar a los países productores o consumidores. Los esfuerzos que hacemos serían insuficientes si no los hacemos parte de una verdadera asociación internacional para confrontar y resolver este problema común.

Colombia ha demostrado su compromiso y determinación en la búsqueda de una solución definitiva al fenómeno del narcotráfico, lo mismo que al conflicto armado, la violación de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente a los que está asociada la producción de droga. Sin embargo, más de 20 años después de la aparición de la marihuana y del incremento del cultivo y comercialización de cocaína y amapola, los resultados para Colombia son aún negativos y adversos con relación a sus esfuerzos para consolidar un estado Moderno. El narcotráfico se ha convertido en una fuerza desestabilizadora que altera la economía, revierte los avances hechos en la distribución de la tierra, corrompe la sociedad, duplica la violencia, afecta negativamente el clima de inversión, y quizá lo más serio es el daño causado por su contribución de recursos al aparato de guerra de los grupos armados que han estado atacando al gobierno.

Nuestro país ha estado liderando la batalla contra las drogas, confrontando los carteles y sus campañas de intimidación y sacrificando en el proceso, a muchos de nuestros mejores ciudadanos. Hasta ahora el narcotráfico se ha convertido en una red fragmentada, más internacionalizada y más difícil de combatir. El mundo está siempre probando nuevas estrategias. Más recursos están siendo destinados a la educación y prevención. Los resultados están siendo logrados en cuanto a confiscación y expropiación de dinero y propiedades obtenidas con el narcotráfico. En Colombia hemos lanzado operaciones para destruir laboratorios y redes de distribución, estamos mejorando y apretando la seguridad y el control de nuestros ríos y espacio aéreo para asegurar la interdicción, y estamos explorando nuevas formulas para erradicar los cultivos ilegales. Factores directamente relacionados con el tráfico de drogas, como el lavado de dinero, tráfico ilegal de químicos y de armas, son también parte de un problema compartido y deben ser confrontados a lo largo del mundo, especialmente donde son producidas las drogas ilícitas.

El éxito de nuestra estrategia depende también de nuestros esfuerzos para reformar y modernizar nuestras fuerzas militares para garantizar la aplicación de las leyes y devolver el sentimiento de seguridad a todos los colombianos en la totalidad del territorio nacional. Fuerzas de ejército y policía sólidas y dinámicas y el compromiso para alcanzar la paz y el respeto de los derechos humanos es un requisito indispensable para la preservación y consolidación del estado de derecho. Y sobre todo, hay prioridad por tener un efectivo sistema judicial que pueda defender y promover el respeto de los derechos humanos. Estamos comprometidos en esta causa, convencidos que nuestra primera obligación como gobierno, es garantizar a los residentes en nuestro país el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

El avance en la constricción del estado también requiere reformas en el corazón de las instituciones para que nuestro proceso político sea un instrumento efectivo de progreso y justicia social. Si vamos a progresar en nuestro objetivo tenemos que reducir las causas e incentivos de la violencia, fortaleciendo la participación social y la conciencia colectiva. Para lograrlo, la estrategia incluye un esfuerzo específico que en pocos años, garantizará el acceso del total de la población a la educación y a un adecuado sistema de salud con atención especial a los grupos más vulnerables de la población. Adicionalmente queremos fortalecer los gobiernos locales para incrementar su participación y hacerlos más sensibles y responsables a las necesidades de sus ciudadanos, lo mismo que promover el fortalecimiento de la participación ciudadana en el esfuerzo contra la corrupción, el secuestro, la violencia y el desplazamiento de personas y comunidades.

Finalmente Colombia requiere ayuda para fortalecer su economía y generar empleo. Nuestro país necesita mejorar su acceso a mercados donde nuestros productos tienen ventajas comparativas. La ayuda de U.S.A., la comunidad Europea y el resto de los miembros de la comunidad internacional es vital para el desarrollo económico de nuestro país y para hacer contrapeso al narcotráfico, eso ayudará a crear empleo legal alternativo, que contrarrestará el empleo generado por el narcotráfico, lo mismo que a las organizaciones armadas que se alimentan de él. Estamos convencidos que el primer paso para alcanzar el éxito de la "globalización" mundial es la "globalización de la solidaridad". De ahí que, Colombia pida la ayuda de sus amigos. Requerimos programas para el desarrollo alternativo en las áreas rurales y más accesibilidad para nuestros negocios legales, de tal forma que podamos combatir exitosamente los ilegales.

Hay muchas razones para ser optimistas acerca del futuro de Colombia, especialmente si encontramos eco en la comunidad mundial y así, juntos podemos crear prosperidad combinada con justicia y a su vez, seremos capaces de preparar el camino para una paz duradera

Pensamos, de acuerdo con el autor español Miguel de Unamuno, que "Confianza, no es creer en lo invisible, sino crear lo invisible". Con la confianza que tenemos en nuestra capacidad y con la solidaridad y ayuda de los amigos internacionales en la lucha compartida contra las drogas estamos seguros que crearemos "Lo invisible". Esta sociedad democrática, moderna y pacífica irá orgullosa y dignificada a participar del futuro que se anuncia con el tercer milenio.

1. El estado busca consolidar su institucionalización como "la entidad responsable para el interés público", para recuperar la confianza de sus ciudadanos y restablecer las normas básicas de la convivencia pacífica. Esto proporcionará bases sólidas para recobrar el patrimonio nacional y asegurar la paz en Colombia. El gobierno esta empeñado en el consolidar las responsabilidades centrales del estado; promoviendo la democracia, y el mandato de ley, y el monopolio en la aplicación de la justicia, la integridad territorial, el empleo, el respecto de los derechos humanos y la dignidad y la preservación del orden establecido por las leyes políticas y sociales.

 

2. Llevar a cabo estos objetivos requiere un proceso de construcción de comunidad e institución que tomará varios años, por ello sera indispensable construir un consenso amplio en la sociedad colombiana. La paz no es un simple asunto de voluntad: tiene que ser construida. Surge del fortalecimiento del Estado. Y de la consiguiente posibilidad de garantizar la seguridad a todos los colombianos y el ejercicio de sus derechos y libertades. Las negociaciones con la insurgencia buscan la resolución de conflictos históricos, los cuáles han experimentado un profundo cambio con el paso de los años, para facilitar en gran medida, el proceso de reconstrucción social.

 

3. Para esta estrategia, es fundamental adelantar con decisión, las relaciones con los países que producen y consumen drogas ilícitas, bajo principios de reciprocidad e igualdad. Esta relación debe confrontar el poder desestabilizador del negocio de las drogas, uno de los más lucrativos en el mundo, el cual no solo a contribuido a la corrupción de la sociedad y a disminuir la confianza en los negocios, sino también a alimentar la violencia y el conflicto armado a través de su respaldo a varios grupos armados, permitiendo que adquieran poder económico y presencia territorial.

4. 4. Colombia ha estado trabajando hacia objetivos ocupándose de la lucha contra los carteles de la droga y el narcoterrorismo que ellos han desatado. Durante las últimas décadas, Colombia enfrentó el crecimiento del narcotráfico y logró mantener una economía vigorosa sin caer víctima de la gran crisis que acosó a otros países de América Latina. Hoy enfrenta la peor crisis económica de su historia, lo que limita su capacidad para resolver sus problemas en un momento en que la violencia, alimentada por el narcotráfico continua aumentando.
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6. 5. Atacando los principales factores responsables de la creciente producción de cultivos ilícitos, a través de una estrategia comprensible, esta tarea conjunta contra la producción y el tráfico de droga, asegurará a su vez, que la lucha contra las drogas obtenga resultados importantes, positivos y medibles, con enormes beneficios tanto para Colombia como para el mundo.

1. Una estrategia económica que genera empleos respalda la habilidad del estado en el recaudo de impuestos y permite al país un contrapeso económico viable al narcotráfico. La ampliación del comercio internacional, acompañado del acceso fortalecido a mercados extranjeros y acuerdos de libre comercio que atraen inversión doméstica y extranjera, son la clave para la modernización de nuestra base económica y para la creación de trabajo. Tal estrategia es crucial en un momento en que Colombia enfrenta su peor crisis económica en setenta años, con el desempleo llegando al 20% lo que a su vez limita la habilidad del gobierno para enfrentar el narcotráfico y la violencia que genera.

 

2. Una estrategia fiscal y financiera que incluya duras medidas de ajuste y austeridad, para aumentar la actividad económica y recobrar el excelente prestigio de Colombia en los mercados financieros internacionales.

 

3. Una estrategia militar para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas de Colombia y la policía nacional para hacerlos más capaces de restablecer el mandato de las leyes y proporcionar seguridad a lo largo del país y para combatir el crimen organizado.

 

4. Una estrategia judicial y de derechos humanos para reafirmar las reglas del derecho y asegurar igualdad e imparcialidad en la justicia a todos los Colombianos, al tiempo que se avanza con las reformas ya iniciadas entre las fuerzas de seguridad del Estado para asegurar su propio papel en la defensa y respeto de la dignidad y derechos de cada colombiano.

 

5. Una estrategia antinarcóticos, en colaboración con otros países productores y consumidores, para combatir las drogas ilegales; y que, a nivel nacional, nos permita obstruir el flujo de recursos millonarios provenientes de las drogas a varios grupos insurgentes y otras a otras organizaciones armadas que está alimentando la violencia.

 

6. Una estrategia de desarrollo alternativo que promueva la agricultura y otras actividades económicas lucrativas para los campesinos y sus familias. El desarrollo alternativo también considerará actividades de protección del medio ambiente económicamente factibles que conserven las áreas forestales para detener la peligrosa expansión de cultivos ilícitos a lo largo del Amazonas y los parques naturales, cuya inmensa biodiversidad e importancia ambiental para el mundo entero son incalculables.

 

7. Una estrategia de participación social dirigida a levantar la conciencia colectiva. Esta estrategia apunta gobiernos locales más responsables, compromiso de la comunidad en esfuerzos contra la corrupción y para continuar presionando a la insurgencia y otros grupos armados para que paren el secuestro, la violencia el desplazamiento de ciudadanos y comunidades. También incluirá trabajar con los negocios locales y grupos de trabajo, para adoptar nuevos y productivos modelos a la luz de una economía más globalizada y para fortalecer nuestras comunidades agrícolas para enfrentar la violencia rural.

 

8. Una estrategia de desarrollo humano para promover esfuerzos que garanticen en los próximos años una adecuada educación y salud, para ofrecer oportunidades a los jóvenes colombianos para ayudar a los grupos vulnerables en nuestra sociedad, incluyendo no sólo a aquellos afectados y desplazados por la violencia sino también a aquellos que están en condiciones de extrema pobreza.

 

 

9. Una estrategia de paz que apunta a un acuerdo de paz negociado con la insurgencia sobre las bases de la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos; lo cual debe fortalecer el mandato de la ley y la lucha contra las drogas a lo largo del país.

 

10. Una estrategia internacional para confirmar el liderato de Colombia en la consolidación de los principios de responsabilidad compartida, acción integrada y tratamiento balanceado del asunto de las drogas. El papel de la comunidad internacional es también vital para el éxito del proceso de paz dado que conforma las normas establecidas en el derecho internacional y es solicitada por el gobierno Colombiano.

1. APROXIMACIÓN A LA ECONOMÍA COLOMBIANA

1. El gobierno Pastrana ha tenido que luchar con una herencia de una muy deteriorada economía. El desempleo está al histórico nivel de casi el 20% y el PIB ha completado el tercer trimestre consecutivo de crecimiento negativo. Varios golpes externos (la baja del café y otros precios y el extenso daño causado por el terremoto) han exacerbado las debilidades económicas de Colombia. (Incremento del déficit fiscal desde principios de los 90, problemas del sector bancario). El conflicto existente y la situación de seguridad están reforzando una erosión de le confianza en la economía. Como las oportunidades de empleo continúan desvaneciéndose, más colombianos están buscando ganarse la vida con los narcóticos y otras actividades ilegales.

2. El elemento central en la estrategia del gobierno es restablecer la confianza en la economía colombiana e través de medidas que estabilicen la economía incluyendo volver al equilibrio fiscal. Estas medidas sentarán las bases para el crecimiento sostenido del comercio del sector privado y la inversión. Confianza renovada -junto con un saludable sistema bancario, finanzas gubernamentales estables, el mejoramiento en la situación de seguridad, incremento de las exportaciones y medidas que mejoren el clima de inversión- crean un ambiente en el cual el crecimiento del sector privado generará empleo para el colombiano.

3. Dada la necesidad de la consolidación fiscal, Colombia requiere asistencia financiera para ayudar a cubrir los requerimientos de gasto en su seguridad y antinarcóticos, además de sus necesidades de inversión pública y social. Mientras narcotraficantes y rebeldes continúan financiándose con las ganancias de la droga, Colombia ha sido forzada a recortar en áreas criticas debido al aumento de la deuda y el pago del servicio (la deuda total de Colombia fue casi duplicada en los últimos 5 años, creciendo del 19,1% del PIB en 1995 al 34% en 1999). Como parte del recorte presupuestal, el dinero que va al sistema militar, policial y judicial ha sido reducido dramáticamente (20%). La asistencia exterior es esencial tanto para permitir al gobierno consolidar la reforma económica y como para incrementar el flujo de recursos para financiar el esfuerzo militar y apuntar a las necesidades sociales de la población. De este modo el gobierno será capaz de poner una base fortalecida al crecimiento económico del sector privado mientras asegura que la actual situación económica no genere empleo adicional en actividades económicas ilícitas.

1. El Gobierno está trabajando para estabilizar la macroeconomía con particular énfasis en dirigirse al desequilibrio fiscal y los problemas al interior del sector bancario.

2. Durante el año pasado, el gasto público fue recortado, la base del IVA fue ampliada y se introdujo tanto un impuesto especial sobre las transacciones bancarias como el control sobre la evasión de impuestos. Este segundo año la mayoría de los salarios de los servidores públicos van a ser congelados y más recortes serán hechos en la burocracia y en los gastos de no-inversión.

3. Una nueva serie de reformas estructurales - la racionalización de las finanzas públicas regionales, la reforma a la seguridad social y la creación del fondo de pensión de responsabilidad regional - ha sido presentada al congreso de Colombia. Ello busca la reducción del déficit fiscal estructural y la estabilización del nivel de endeudamiento.

4. Las compañías publicas y los bancos serán privatizados para incrementar la productividad y ayudar al ajuste financiero. ISA e ISAGEN, dos compañías eléctricas públicas de la nación y 14 pequeños distribuidores de electricidad regionales están ya en el mercado lo mismo que CARBOCOL, la compañía minera del estado. Tres bancos estatales serán privatizados el próximo año.

5. Dos obstáculos han hecho el ajuste fiscal más difícil. El terremoto de enero en la zona cafetera está demandando recursos de inversión de casi el 1% del PIB, y la estrategia financiera diseñada para prevenir una crisis bancaria demandará casi el doble de esa cantidad.

6. El gobierno está coordinando, muy de cerca, estas actividades con las instituciones financieras internacionales. El gobierno actualmente está en discusiones con el FMI con respecto a un programa de asistencia de 3 años para sostener el plan de reforma fiscal y estructural. La asistencia del Banco Mundial y el BID está soportando los esfuerzos del gobierno para reformar el sector financiero y el sistema de finanzas publicas.

7. Además de esto, el gobierno ha preparado una red de seguridad social para aliviar el impacto negativo que el ajuste fiscal tendrá en los sectores más vulnerable de la población. Con una de cada 5 personas desempleadas, este es un grupo vulnerable que incluye familias desplazadas de áreas de conflicto del país. Los instrumentos políticos simulan a otros implementados con éxito en países similares: trabajos públicos localizados, subsidios para las necesidades básicas, (especialmente para niños y madres solteras), y préstamos. El gobierno esta trabajando con el IFI para asegurar que el programa de estabilización fiscal no podrá en peligro a los miembros más vulnerables de la sociedad.

8. El gobierno requiere financiamiento extranjero adicional para implementar su estrategia. La asistencia es esencial para minimizar el impacto negativo a corto plazo de la consolidación fiscal en cuanto a desempleo y otros problemas sociales que en últimas, aumentan la expansión de actividades ilícitas.

1. Con su economía en auge a comienzos de los 90s, Colombia fue capaz de bajar su tasa de desempleo a sólo un 8%, lo que a su vez redujo seriamente la influencia de grupos violentos en las principales ciudades del país en esa época. La recesión ha impactado terriblemente a estas grandes áreas urbanas, con un desempleo en Bogotá del 20% y en Cali cercano al 23%. Esto ha empeorado, ya que una gran cantidad del dinero originado en el tráfico de droga es lavada por medio de importaciones de contrabando a Colombia, alimentando la violencia, reduciendo los impuestos del estado, y perjudicando además el empleo en empresas que compiten. El desempleo está impactando y desestabilizando así las ciudades colombianas y debe ser combatido a través de la revitalización de la producción industrial.

 

2. Durante la última década, Colombia abrió su tradicionalmente cerrada economía, expandiendo rápidamente las exportaciones e importaciones. Sin embargo, su sector agrícola sufrió seriamente puesto que su producción de cereales, tales como trigo, maíz y cebada, y otros productos como la soya, el algodón y el sorgo, se mostraron como no competitivos en los mercados del mundo. El resultado fue la pérdida de 700.000 hectáreas de producción agrícola durante la década, lo que a su vez demostró ser una situación crítica para el empleo en las áreas rurales donde el conflicto Colombiano está principalmente localizado. La esperada modernización de la agricultura ha sido extremadamente lenta, ya que las cosechas permanentes con las que Colombia, como país tropical, es competitiva requieren grandes inversiones y crédito por cuanto tienen un período improductivo de varios años.

 

3. Sin espacio para la expansión fiscal, la inversión privada tanto internacional como doméstica es crucial para el desarrollo de las oportunidades de empleo en empresas lícitas. Esta nueva inversión, sin embargo, esta amenazada al deteriorar la confianza de los inversionistas. La inversión extranjera, particularmente, no sólo es necesaria para ayudar a resolver las necesidades financieras permanentes de la economía sino que es crucial para modernizar el eje industrial del país, agilizando así, el alivio del desempleo.

 

4. Colombia ha desarrollado un plan estratégico a diez años para expandir el comercio. Esto es vital para el desarrollo económico de Colombia y como un contrapeso para el tráfico de droga, puesto que ayudaría a animar iniciativas del sector privado y a expandir la inversión doméstica y extranjera en sectores no tradicionales.

 

5. El plan Colombia involucra desarrollar inteligencia de mercado sobre la demanda mundial y avanzar en la integración regional e inter-regional bajo pautas estratégicas. También envuelve el diseño de políticas que reúnan los sectores industrial, agrícola, y de servicios bajo la política de comercio, la construcción de la infraestructura, que apunte a reforzar la productividad, y el apoyo la innovación tecnológica apropiada que se oriente a la exportación y la formación humana. En este esfuerzo, el gobierno prestará particular atención a la formación del rol de empresas pequeñas y medianas en la creación de trabajos del sector privado.

 

6. El plan también involucra la implementación de medidas que servirían par animar la inversión extranjera y más allá, promoverían la expansión del comercio. Estas incluyen adelantar pasos necesarios que cumplan con los acuerdos existentes con Uruguay, especialmente aquellos que tienen que ver con valoración de aduana, protección de propiedad intelectual, y medidas de inversión, lo mismo que la implementación de las medidas de facilitación comercial propuestas en las negociaciones FTAA. Además de esto, Colombia seguirá pasos para promover un ambiente favorable para el comercio electrónico, con el fin de crear nuevas oportunidades comerciales y mejorar la competitividad de los negocios existentes. Colombia también reconoce que la transparencia y debido proceso en la adquisición gubernamental es un elemento esencial para lograr una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos. Colombia está obligada a trabajar para la realización de un acuerdo sobre la transparencia en la adquisición gubernamental con el WTO.

 

7. Colombia acude a sus mayores compañeros comerciales, incluyendo a los Estados Unidos para expandir el acceso del país a sus mercados para productos por los que tiene ventajas competitivas. El apoyo permanente de los Estados Unidos para un acceso preferencial al mercado, es vital para el desarrollo económico en Colombia y una fuerza para contrarrestar al narcotráfico puesto que anima iniciativas del sector privado y ayuda a expandir la inversión en sectores no tradicionales al crear empleos que de otra manera, irían al narcotráfico, la insurgencia o grupos de autodefensa. En particular, sería muy importante en un primer momento, ampliar la duración del ATPA, para reducir la incertidumbre que afecta tanto al comercio como a la inversión. También, la cobertura del producto del ATPA debe ser extendida para que sea comparable a la que se extiende a otros países en la subregión, especialmente aquellos productos bajo la iniciativa CBI.

 

8. Colombia y los Estados Unidos pueden trabajar conjuntamente para negociar un Tratado de Inversión Bilateral como medio de proteger la inversión extranjera de los dos países y para moverse a negociar tan pronto como sea práctico, acuerdos de "cielos abiertos" para facilitar el transporte de carga aéreo y los servicios de pasajeros, por lo cual Colombia trabajará para satisfacer los estándares de seguridad aérea internacional. Colombia también explorará un mayor uso de los recursos IDB del Banco Mundial, tales como el IFC y MIGA, y buscará también una utilización más efectiva de los programas norteamericanos existentes como el financiamiento OPIC, EXM y TDA para promover la inversión.

 

9. Colombia debe abrir espacio para alternativas no sólo para los cultivos ilegales, sino para cultivos que respondan a los retos de un sector agrícola moderno. Esto proporcionaría empleo en el sector rural que es vital para el éxito de la estrategia global para la paz y el desarrollo. Colombia necesita ayuda técnica y financiera en el área sanitaria y fitosanitaria para reducir los costos de producción, para animar un mayor desarrollo agrocomercial y posteriores avances en investigación y desarrollo biotecnológico. En este sentido Colombia asegurará que su régimen regulador para productos de biotecnología es transparente y eficiente.

1. ESTRATEGIA COLOMBIANA ANTIDROGA

1. El gobierno colombiano ha hecho de la lucha contra la producción y el tráfico de droga una de sus prioridades estratégicas fundamentales. Los narcóticos no sólo son una amenaza para la seguridad interna de la nación, sino también para las personas tanto en países productores como consumidores.

 

2. Debido a sus grandes ganancias y a su poder desestabilizador, el tráfico de drogas es uno de los factores centrales generadores de violencia a los largo y ancho del país. Por esta razón, el gobierno debe poner especial atención en este problema y está resuelto a combatir los narcóticos, en términos de tráfico, producción, consumo y cualquier otro elemento que respalde esta actividad ilícita que amenaza las instituciones democráticas y la integridad de nuestra nación.

 

3. El fortalecimiento de la policía y las fuerzas armadas a través de su modernización, reestructuración y profesionalización es crucial para hacerlas más capaces de restablecer el mandato de la ley, restaurar la seguridad a los colombianos en toda la nación e impedir la penetración de grupos irregulares y del crimen organizado, especialmente en casos asociados con el narcotráfico.

 

4. El Gobierno Nacional de la República de Colombia se compromete a llevar a cabo una estrategia Nacional antinarcóticos a largo plazo, de la cual resumimos:

1. El ejército y la policía basarán su conducta en la preservación de las libertades democráticas y la defensa de la vida, honor y bienes de los ciudadanos. La estrategia dará prioridad a la promoción del respeto y protección de los derechos humanos de todos los residentes en Colombia.

 

2. La conducta estará caracterizada por la moralidad, virtud y honor, y por el valor para afrontar los retos impuestos por la misión institucional.

1. El fenómeno de la violencia interna conduce a la inestabilidad causada por cuatro grupos u organizaciones -agentes generadores- que adelantan acciones agresivas que conllevan violencia física, sicológica, económica, social y política: organizaciones de narcotráfico, grupos subversivos, grupos ilegales de autodefensa, y delincuencia común.

 

2. Aunque los movimientos guerrilleros tienen sus raíces en las áreas rurales de Colombia, y por lo menos en parte, en la confrontación ideológica, con el tiempo su lucha por expandir el control territorial ha sido financiada no sólo de sacarle dinero a los ciudadanos y a las actividades económicas, sino que por lo menos un 30% de sus ingresos actuales provienen de cargos a la hoja de coca y pasta obtenida por intermediarios en las áreas de cultivo.

 

3. El mercado de la droga es ahora un elemento desestabilizante en la sociedad democrática que proporciona recursos de financiamiento a grupos armados ilegales. El narcotráfico es la más importante fuente de apoyo logístico a cambio de protección de los cultivos, del proceso y tráfico del producto, por lo que en años recientes estos grupos han disfrutado de un notable aumento de hombres y armas.

 

4. Los insurgentes y los grupos de autodefensa amenazan al estado al intentar controlar parte del territorio nacional, alterando el orden en el país a través de secuestros, bloqueo de vías y ataques terroristas. Los traficantes dependen del cultivo de la coca y la amapola en áreas remotas que están más allá del control del gobierno -especialmente en el sur de Colombia donde hay una fuerte presencia guerrillera. Gran parte del procesamiento también ocurre en las mismas áreas geográficas. Mientras esta fuente independiente de drogas y ganancias permanezcan más allá de las fuerzas de control, los insurgentes, los grupos ilegales de autodefensa y los traficantes simplemente se fortalecerán y el estado enfrentará una amenaza mayor.

1. Misión Nacional: asegurar el orden, la estabilidad y el mandato de las leyes, garantizar la soberanía en el territorio nacional, proteger el Estado y la población civil de las amenazas puestas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales; romper los nexos entre dichos grupos armados ilegales y la industria criminal de la droga que los apoya.

En los seis años siguientes, la meta es reducir el cultivo, procesamiento y distribución de narcóticos en un 50%.

Objetivo N° 1: fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones por medio de un esfuerzo integrado de las fuerzas armadas.

• combatir los cultivos ilícitos por medio de una acción continua y sistemática de las fuerzas del ejercito y la policía, especialmente en el Putumayo y en el sur de Colombia, y fortalecer la capacidad de erradicación de la Policía Nacional de Colombia. Establecer control militar del sur para la erradicación. Destruir las estructuras de procesamiento y mejorar la interdicción por tierra, aire, mares y ríos de drogas y químicos ilegales.
• Establecer control del gobierno sobre áreas claves de producción de droga.

Objetivo N° 2; fortalecer el sistema judicial y combatir la corrupción

• Fortalecer la infraestructura de la oficina del Fiscal, las cortes y los defensores públicos.
• Reforzar y entrenar los cuerpos de investigadores policiales.
• Consolidar el grupo encargado de luchar contra la corrupción e investigar a los servidores públicos.
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