DESARMAR LOS MERCADOS FINANCIEROS
Ignacio Ramonet
El tifón que han experimentado las
bolsas de Asia amenaza al resto del mundo. La mundialización -cuyo principal
motor es la optimización a escala planetaria del capital financiero- está
poniendo a los pueblos en estado de inseguridad generalizada. Ignora y rebaja a
las naciones y a sus Estados en tanto espacios idóneos para el ejercicio de la
democracia y como garantes del bien común.
La mundialización financiera ha creado de esta forma su
propio Estado. Un Estado supranacional, que dispone de sus aparatos, de sus
redes de influencia y de sus propios medios de acción. Se trata de la
constelación formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial , la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas instituciones hablan
con una sola voz - amplificada por la práctica totalidad de los media - para
exaltar las "virtudes del mercado".
Este Estado mundial es un poder sin sociedad, ya que este rol es ejercido por
los mercados financieros y las empresas gigantes de los que son mandatarios. El
resultado es que las sociedades realmente existentes son sociedades sin poder
(1). Y todo esto no deja de agravarse. (Léase en éste número el dossier sobre
la crisis financiera actual).
Sucesora del GATT, la OMC se ha transformado desde 1995 en
una institución dotada de poderes supranacionales y situada fuera de cualquier
control por parte de las democracias parlamentarias.
Una vez que se propone intervenir, la OMC puede declarar a las legislaciones
nacionales en materia de derecho laboral, de medio ambiente o de salud
"contrarias a la libertad de comercio" y pedir su derogación (2). Por
otra parte, desde mayo de 1995, en el seno de la OCDE, al margen de la opinión
pública de los diferentes países, se negocia el muy importante Acuerdo
Multilateral de Inversiones (AMI), que deberá ser firmado en 1998, y que se
orienta a dar plenos poderes a los inversores frente a los gobiernos.
El desarme del poder financiero debe convertirse en un objetivo de interés
cívico de primera magnitud, si se quiere evitar que el mundo del próximo siglo
se transforme en una jungla donde los predadores impongan su ley.
Diariamente unos 1.500 millardos de dólares realizan
múltiples idas y venidas, especulando sobre las variaciones en las cotizaciones
de las divisas. Esta inestabilidad de los cambios es una de las causas del alza
de los intereses reales, que frena el consumo doméstico y las inversiones de
las empresas. Incrementa los déficits públicos y por otra parte incita a los
fondos de pensiones, que manejan centenares de miles de millones de dólares, a
reclamar a las empresas dividendos cada vez más elevados. Las primeras
víctimas de esta "caza" del beneficio son los asalariados, cuyos
despidos masivos hacen subir las cotizaciones bursátiles de sus ex-empleadores.
¿Pueden las sociedades seguir tolerando lo intolerable por mucho tiempo?. Es
urgente arrojar algunos gramos de arena en el engranaje de estos movimientos de
capitales devastadores. De tres formas: supresión de los "paraísos
fiscales"; aumento de la fiscalidad en las rentas del capital; aplicación
de
tasas sobre las transacciones financieras.
Los paraísos fiscales son zonas en las que reina el secreto bancario, que no
sirve más que para camuflar malversaciones y otras actividades mafiosas.
Miles de millones de dólares son sustraídos de esta forma a toda fiscalidad en beneficio de los poderosos y de los establecimientos financieros. Porque todos los grandes bancos del planeta tienen sucursales en los paraísos fiscales y extraen un gran provecho de ello. ¿ Por qué no decretar un boicot financiero, por ejemplo, a Gibraltar, o a las Islas Caimán o a Liechtenstein, mediante una prohibición a los bancos que trabajan con el sector público de operar y abrir filiales en esos lugares?.
El impuesto sobre las rentas financieras es una exigencia
democrática mínima. Estos beneficios deberían ser sometidos exactamente a la
misma fiscalidad a la que se somete a las rentas del trabajo. Esto no sucede en
ningún lugar, en particular en la Unión Europea.
La libertad total de circulación de capitales desestabiliza a la democracia.
Por ello es importante poner en marcha mecanismos disuasorios. Uno de ellos es
la Tasa Tobin. Que toma su nombre del Premio Nobel norteamericano de economía,
que la propuso en 1972. Se trata de gravar, de forma módica, todas las
transacciones sobre los mercados de cambios para estabilizarlos y al mismo
tiempo para procurar ingresos a la comunidad internacional. Con un nivel del
0,1%, la tasa Tobin lograría anualmente unos 166 mil millones de dólares, dos
veces más que la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extremada de
aquí al comienzo del próximo siglo (3).
Numerosos expertos han señalado que la puesta en práctica de esta tasa no
presentaría ninguna dificultad técnica (4). Su aplicación arruinaría el
credo liberal de cuantos no cesan de evocar la ausencia de soluciones de
recambio al sistema actual.
¿Por qué no crear (a escala planetaria) la Organización No Gubernamental
Acción por una Tasa Tobin de ayuda a los ciudadanos (ATTAC)?. En coordinación
con sindicatos y asociaciones con finalidades culturales, sociales o
ecológicas, podría funcionar como un formidable grupo de presión cívica ante
los gobiernos para impulsarles a reclamar finalmente la puesta en marcha
efectiva de este impuesto mundial por la solidaridad."
Ignacio Ramonet
(Editorial del nº 26, diciembre de 1997,Le Monde diplomatique, edición española).
(* ) Artículo que inició el Movimiento ATTAC