ES HORA DE COMBATIR LAS LEYES DE LIBRE MERCADO QUE SÓLO BENEFICIAN A LAS MULTINACIONALES

Por Naomi Klein

Si todavía no está claro para alguien porqué la policía esta construyendo una moderna Bastilla alrededor de Ciudad Quebec, en preparación de la próxima cumbre y revelación del Área de Libre Comercio de las Américas, debería echar un vistazo a un litigio del que conoce el Tribunal Supremo de una de las provincias canadienses.

En 1991 una empresa estadounidense de gestión de residuos, Metalclad, compró unas instalaciones clausuradas de tratamiento de tóxicos en Guadalcázar, México. La empresa quería construir un enorme y peligroso vertedero y prometió limpiar el basurero que habían dejado los anteriores propietarios. En los años siguientes, amplió sus actividades sin buscar la aprobación local y ganándose pocas simpatías en Guadalcázar. Los vecinos perdieron la confianza en las intenciones de Metalclad de limpiar el lugar, temiendo que continuase la contaminación de los acuíferos y finalmente decidieron que la empresa extranjera no era bienvenida.

En 1995, cuando el vertedero estaba listo para su apertura, el municipio y el Estado intervinieron con los poderes legales de que disponían: el municipio denegó a Metalclad la licencia de construcción y el Estado declaró que el área en torno al lugar era parte de una reserva ecológica. En esta época el Acuerdo de Librecambio Norteamericano (ALENA) estaba en completa vigencia, incluida la controvertida cláusula del capítulo 11 que permitía a los inversores litigar contra los gobiernos. Por tanto, Metalclad lanzó un desafío legal, alegando que México estaba “expropiando” su inversión.

La reclamación fue dirimida en Washington por un órgano arbitral de tres miembros  que concedió a Metalclad una indemnización de 16,7 millones de dólares. Utilizando un mecanismo que permite apelar a un tercero, México ha elegido impugnar el fallo ante un tribunal canadiense.

El caso Metalclad es un vivo ejemplo de lo que quieren decir los críticos cuando argumentan que los acuerdos de libre comercio constituyen una “declaración de derechos de las empresas multinacionales”. Metalclad ha interpretado con éxito el papel de víctima oprimido por lo que el ALENA denomina “intervención”  y que solía denominarse “democracia”. A veces la democracia surge cuando menos se la espera. Puede ser en una amodorrada localidad o en una complaciente ciudad donde los vecinos, de repente, deciden que sus políticos no han hecho su trabajo e intervienen.

Se forman grupos comunitarios y las sesiones municipales se vuelven tormentosas. Y a veces hay una victoria: una mina peligrosa no llega a ser construida, un plan para privatizar el servicio de aguas es torpedeado, un vertedero de basuras es bloqueado. Estos brotes de intervención de las bases son desordenados, inconvenientes y difíciles de predecir. Es precisamente este tipo de democracia lo que los árbitros de Metalclad consideraron “arbitraria”.

Bajo el denominado libre comercio, los gobiernos están perdiendo su capacidad para rendir cuentas ante sus electores, para aprender de los errores y para corregirlos antes de que sea demasiado tarde. La postura de Metalclad es que el gobierno federal simplemente debería haber ignorado las objeciones locales. No hay duda de que desde la perspectiva del inversor es siempre más fácil negociar con un escalón de la administración que con tres. La cuestión es que nuestras democracias no funcionan así: asuntos como la gestión de residuos atraviesan distintos niveles de la administración y afectan no sólo al comercio sino también al agua potable, la salud, la ecología y el turismo.

Además son las comunidades locales las que sienten el impacto real de las políticas de libre comercio de un modo más acentuado. Es a las ciudades a las que se pide que absorban las personas expulsadas de su tierra por la agricultura industrial o forzadas a dejar sus lugares de origen por los recortes en los programas federales de empleo.

Son las ciudades y los municipios quienes deben encontrar refugio para quienes pierden su vivienda como consecuencia de la desregulación de los mercados de alquiler y quienes tienen que lidiar con los problemas causados por los fracasados experimentos de privatización del agua, todo ello con una base fiscal erosionada. Hay una tendencia entre muchos políticos locales a demandar mayores poderes como consecuencia de estas cargas.

Citando el laudo Metalclad, el Ayuntamiento de Vancouver aprobó el mes pasado una resolución solicitando “del Gobierno federal que rechace la firma de cualquier nuevo acuerdo sobre inversiones y comercio como... el Área de Libre Comercio de las Américas que incluya previsiones inversor-Estado similares a las contenidas en el ALENA”.

Las ciudades y los municipios necesitan poderes de decisión a medida de sus crecientes responsabilidades o se convertirán en los vertederos pasivos de los residuos tóxicos del libre comercio. En algunos casos, como en Guadalcázar, el vertedero se ve con claridad, en otros se ha ocultado mejor.