¿Responsabilidad
social
de
las
empresas
o
control
democrático
de
las
decisiones
económicas ?
[1]
Fuente :
http://france.attac.org
Este
artículo
trata
de
proponer
por
un
lado
un
análisis
crítico
de
la
doctrina
de
la
« Responsabilidad
Social
de
las
Empresas »
(la
RSE)
actualmente
impulsada
por
los
lobys
vinculados
a
las
transnacionales
como
respuesta
a
las
exigencias
sociales
y
por
otra
a
enunciar
algunas
propuestas
tendientes
a
lograr
el
objetivo,
que
también
lo
es
de
ATTAC,
de
establecer
pautas
de
transparencia
y
de
control
democrático
de
las
decisiones
económicas
que
afectan
a
la
sociedad.
« Pocos
cambios
podrían
socavar
tan
profundamente
los
cimientos
de
nuestras
sociedades
libres
como
el
hecho
de
que
los
dirigentes
empresarios
aceptaran
una
responsabilidad
social
diferente
a
la
de
amasar
la
mayor
cantidad
de
dinero
posible
para
sus
accionistas.
Es
sin
duda
una
doctrina
fundamentalmente
subversiva.
Si
los
empresarios
tienen
otras
responsabilidades
y
no
solo
lograr
el
máximo
beneficio
para
sus
accionistas
¿cómo
pueden
hacer
para
saber
cual
es?
¿Pueden
acaso
los
privados
autonominados
decidir
sobre
los
intereses
de
la
sociedad?
(Milton
Friedman,
Capitalismo
y
libertad).
Una
creciente
marea
viene
desencadenándose
desde
hace
algunos
años:
la
ola
de
la
“Responsabilidad
Social
de
las
Empresas”
no
cesa
de
ampliarse.
Según
esta
nueva
doctrina
las
empresas
deben
ciertamente
tender
a
obtener
el
máximo
provecho
pero
tener
asimismo
en
cuenta
en
su
funcionamiento
el
interés
de
todos
los
que
las
conforman
incluyendo
desde
luego
a
los
accionistas
pero
también
a
los
asalariados,
los
consumidores,
las
ONGs...
y
hasta
para
algunos,
la
sociedad
en
su
conjunto
y
las
generaciones
futuras.
Todo
el
mundo
interviene:
la
ONU
(el
“pacto
global”,
“Global
Compact”
con
las
multinacionales).
La
OIT,
la
OCDE
(“lineas
directrices”
para
las
multinacionales),
la
Comisión
Europea
(“El
Libro
Verde”),
el
Gobierno
francés
(ley
sobre
las
Nuevas
Regulaciones
Económicas),
las
autoridades
británicas[2]
y
ciertamente
las
mismas
multinacionales[3]
Actualmente
las
Confederaciones
sindicales
francesas
(excepto
el
FO)
han
creado
un
“Comité
intersindical
de
ahorro
salarial”
para
orientar
la
inversión
de
estos
ahorros
en
lugares
“socialmente
responsables”
Este
trabajo
tiende
a
proponer
por
un
lado,
un
análisis
crítico
de
la
doctrina
de
la
“Responsabilidad
Social
de
las
Empresas”
(“RSE”)
impulsadas
hoy
en
día
por
lobbies
vinculados
a
las
transnacionales
como
respuestas
a
los
reclamos
sociales
y
por
otro
lado
a
enunciar
propuestas
que
permitan
avanzar
realmente
sobre
el
objetivo,
que
también
lo
es
de
ATTAC,
de
lograr
la
transparencia
y
el
control
democrático
de
las
decisiones
económicas
que
afectan
a
la
sociedad.
Este
entusiasmo
por
la
“Responsabilidad
Social
de
las
Empresas”
invade
tanto
los
medios
como
los
sectores
gerenciales.
Muchas
firmas
multinacionales
se
hacen
eco
de
la
“responsabilidad
social”
o
del
“crecimiento
sustentable”
en
sus
comunicaciones
publicitarias
para
mostrarse
permeables
a
las
aspiraciones
ciudadanas.
Por
otra
parte,
algunas
multinacionales
cuyas
imágenes
se
hallan
en
riesgo,
comprenden
la
necesidad
de
construir
una
comunicación
“ética”
para
evitar
los
riesgos
de
rechazo
por
parte
de
los
consumidores.
Pero
no
se
trata
más
que
de
una
moda
o
de
astucias
de
la
propaganda
destinadas
a
seguir
sirviendo
a
intereses
inmediatos.
Si
bien
los
primeros
trabajos
sobre
empresas
socialmente
responsables
aparecieron
en
los
Estados
Unidos
a
comienzos
de
los
60,
la
práctica
de
estos
planteos
recién
se
inicia
en
los
90
con
el
desarrollo
de
una
corriente
gerencial
preocupada
por
la
“ética
de
los
negocios”.
Ante
la
desaparición
de
la
amenaza
comunista
y
de
los
contrapoderes
sindicales,
frente
al
retroceso
de
las
regulaciones
públicas
y
a
la
afirmación
de
un
individualismo
inmoral,
algunos
autores
y
algunos
dirigentes
tratan
de
avanzar
sobre
la
necesidad
de
que
las
empresas
regulen
por
sí
mismas
sus
comportamientos
y
los
de
sus
trabajadores,
con
el
objeto
de
evitar
excesos
que
podrían
transformarse
en
el
corto
plazo
perjudiciales
a
la
legitimidad
del
sistema.
Estas
p[4]reocupaciones
crecen
en
los
años
90,
frente
a
la
aparición
,
especialmente
en
los
países
anglosajones
y
en
el
Norte
de
Europa,
de
movimientos
sociales
de
consumidores
que
organizan
actos
simbólicos
o
boicots
contra
ciertas
empresas
de
comportamiento
es
censurable.
Aparece
así
en
los
EEUU
un
fuerte
movimiento
estudiantil
contra
la
explotación
de
los
“sweatshops”
(N.de
T.
“Talleres
de
sudor”
,
expresión
acuñada
en
Inglaterra
a
fines
del
siglo
XIX,
durante
la
Revolución
Industrial
en
que
se
explotaba
sin
control
a
los
trabajadores,
especialmente
mujeres
y
niños)
en
los
países
del
Sur
y
por
el
pago
de
“salarios
decentes”
para
las
personas
de
servicio
poco
calificadas
en
el
mismo
EEUU.
La
década
de
los
noventa
termina
con
el
potente
crecimiento
de
la
oposición
anti-mundialización
liberal,
que
pone
en
tela
de
juicio
la
búsqueda
del
máximo
provecho
como
objetivo
supremo
y
hasta
único
de
la
actividad
económica.
La
RSE
aparece
entonces
como
una
de
las
respuestas
de
la
elite
dirigente
hacia
los
movimientos
sociales
que
se
oponen
cada
vez
con
más
fuerza
a
los
exorbitantes
poderes
de
las
multinacionales,
que
las
decisiones
políticas
de
desregulación
y
la
generalización
de
las
privatizaciones
vienen
fortaleciendo
desde
hace
ya
veinte
años.
Luchas
contra
las
prácticas
de
subcontratación
de
Nike
o
de
Reebock,
contra
la
irresponsable
negligencia
de
Shell
o
de
TotalFinaElf,
contra
los
despidos
“bursátiles”
de
Danon
o
de
Mark
&
Spencer,
contra
la
complicidad
de
algunas
empresas
petroleras
con
dictadores
o
regímenes
corruptos,
contra
la
“Macdonalización”
y
la
mercantilización
del
mundo,
por
el
respeto
de
las
convenciones
internacionales
de
la
OIT
y
por
los
derechos
de
los
trabajadores...
estas
luchas
plantean
de
manera
cada
vez
más
aguda
el
principio
del
control
democrático
de
las
decisiones
más
importantes
de
las
transnacionales
cuyos
efectos
recaen
a
millares
o
hasta
a
millones
de
personas
en
vastos
sectores
del
planeta.
Los
planteos
de
la
“RSE”
que
comienzan
entonces
a
hacerse
notar
indican
que
muchos
miembros
de
las
élites
dirigentes
han
tomado
conciencia
de
la
ilegitimidad
de
la
doctrina
neoliberal
según
la
cual
la
exclusiva
misión
de
las
empresas
es
la
de
maximizar
los
ingresos
de
los
accionistas.
Como
lo
expresa
Milton
Friedman,
pope
del
liberalismo
,
toda
otra
consideración
es
inmoral
y
antieconómica.
La
aparición
de
la
“RSE”
testimonia
el
debilitamiento
de
la
hegemonía
de
la
doctrina
neoliberal
relativa
al
“gobierno
de
las
empresas”
,
la
“corporate
governance”,
solo
para
el
“shareholder
value”
(accionistas)
y
el
creciente
interés
que
suscita
la
idea
reformista
denominada
“stakeholder”
que
reconoce
la
legitimidad
de
los
intereses
de
todos
los
que
conforman
la
actividad
empresaria.
En
el
fondo
el
apoyo
creciente
hacia
lo
“socialmente
responsable”
es,
no
otra
cosa
para
el
Big
business,
que
una
tentativa
de
respuesta
al
modelo
neoliberal
destinada
a
restaurar
una
cada
vez
más
cuestionada
hegemonía
moral.
Los
dirigentes
más
lúcidos,
además
de
hallarse
en
algunos
casos
influenciados
por
los
argumentos
de
los
movimientos
sociales,
se
preocupan
por
el
riesgo
que
implica
la
posibilidad
de
que
los
Estados
y
las
instituciones
internacionales
cedan
ante
estos
pedidos
de
volver
a
la
regulación.
Prefieren
en
cambio
adelantarse
demostrando
la
capacidad
del
big
business
de
autolimitarse
imponiéndose
reglas
de
buena
conducta
voluntariamente
adoptadas
La
RSE
se
inscribe
en
la
tendencia
más
global
de
la
privatización44
del
derecho
en
la
que
el
paso
dado
por
la
“refundación
social”
del
Medef
en
Francia
es
un
típico
ejemplo.
Esta
iniciativa
presupone
que
el
Estado
(o
las
organizaciones
internacionales)
no
puede
intervenir
legítimamente
en
la
economía.
La
empresa
debe
ser
competitiva,
debe
poder
elegir
sus
reglas
de
comportamiento
ético
o
social
en
función
de
sus
propias
obligaciones.
El
campo
de
la
“responsabilidad
social”
es
por
lo
tanto
la
ley
de
la
“soft
law”,
la
ley
suave,
no
obligatoria,
libremente
escogida,
hecha
de
compromisos
morales,
jurídicamente
no
sancionables,
en
lugar
de
la
legalidad
estatal.
Se
trata
de
promover
concertadamente
la
auto-regulación,
con
socios
elegidos,
en
lugar
de
la
negociación
colectiva
con
partícipes
obligatorios;
de
utilizar
instrumentos
de
análisis
privadamente
elaborados
o
caso
por
caso
en
lugar
de
criterios
standard
;
de
acudir
a
auditorías
privadas
más
que
a
inspectores
de
trabajo...
Ciertamente
los
sectores
ultraliberales
de
los
patrones
(como
la
directiva
del
Medef)
no
muestran
ningún
interés
por
los
temas
de
la
responsabilidad
social
que
consideran
como
una
concesión
inútil
en
estos
tiempos;
la
RSE
no
constituye
para
ellos
una
amenaza
en
la
medida
en
que
se
basa
en
una
actitud
puramente
voluntaria
de
las
empresas,
ajena
a
todo
compromiso
jurídico
o
social,
impulsada
mancomunadamente
por
las
ONGs
o
por
grupos
de
intereses
más
o
menos
representativos
destinada
a
inspirar
eventuales
acciones
de
los
poderes
públicos.
Como
lo
expresara
claramente
el
presidente
de
Business
Action
for
Sustaineable
Development
en
la
cumbre
de
Johannesburgo
en
setiembre
de
20025
“
uno
de
los
éxitos
de
esta
cumbre
ha
sido
mostrar
el
poder
de
los
empresarios.
Preconizamos
el
desarrollo
de
los
empresariados
globales
con
otros
(sic)
con
el
objeto
de
fijar
normas
para
los
diferentes
sectores,
(...)
normas
a
partir
de
las
cuales
sea
juzgado
el
business
internacional.
Los
resultados
(
de
estas
asociaciones)
influirán
igualmente
en
los
procesos
legislativos
nacionales”.
Es
decir
que
las
asociaciones
entre
las
transnacionales
y
“otros”
socios
elegidos
sustituyen
a
las
regulaciones
públicas
nacionales
e
internacionales...
El
triple
resultado
(“triple
bottom
line”):
¿un
acto
de
fe?
Todos
los
textos
sobre
la
RSE
salidos
de
los
medios
de
negocios
giran
alrededor
de
una
misma
temática:
la
gran
empresa
no
puede
ignorar
a
la
sociedad
en
que
se
inserta;
la
cantidad
de
empleados,
el
volumen
de
sus
ganancias
y
su
influencia
económica
y
política
le
significan
nuevos
deberes.
Las
exigencias
de
la
sociedad
civil
y
de
los
consumidores
son
cada
vez
más
fuertes,
las
empresas
deben
estar
atentas
para
mantenerse
competitivas.
Porque
las
“virtudes”
sociales
y
ecológicas
permiten
aumentar
la
rentabilidad
financiera.
Dicho
de
otro
modo,
tratar
bien
a
los
empleados
y
al
medio
ambiente
permite
políticamente
obtener
un
“resultado
triple”:
la
empresa
mejora
las
condiciones
de
vida
de
sus
trabajadores,
la
calidad
del
medio
ambiente
y
su
propia
rentabilidad.
El
razonamiento
subyacente
es
el
siguiente:
tomando
cuenta
de
su
“responsabilidad
social
y
ecológica”
la
empresa
se
pone
a
cubierto
no
solo
delos
movimientos
sociales
o
de
opinión
que
pueden
serle
costosos6
sino
que
se
asegura
la
benevolencia
de
la
opinión
pública
interna
(
sus
empleados)
y
externa
(los
consumidores,
los
poderes
públicos)
y
obtener
de
este
modo
una
ventaja
sobre
sus
competidores
y
afianzar
su
crecimiento
en
el
largo
plazo.
Es
curioso
descubrir
la
total
ausencia
de
reflexiones
explícitas
sobre
los
costos
que
un
mayor
respeto
al
medio
ambiente
o
una
mejora
en
las
condiciones
de
trabajo
podrían
ocasionar.
En
la
retórica
de
la
RSE
pareciera
que
estos
costos
no
existen
–
y
uno
de
pregunta
entonces
porqué
las
empresas
no
son
desde
ya
entonces
espontáneamente
“socialmente
responsables”
–
o
son
forzadamente
inferiores
a
los
beneficios
(igual
pregunta)
Sin
embargo
mejorar
las
condiciones
de
trabajo
y
de
los
salarios,
prohibir
el
trabajo
de
los
niños,
desarrollar
la
formación
o
limitar
la
precariedad
son
en
un
primer
momento
costos
extra
para
las
empresas
lo
mismo
que
dejar
de
evacuar
deshechos
contaminantes
en
los
ríos
o
en
las
napas
freáticas
requiere
importantes
inversiones.
El
hecho
de
que
estas
consideraciones
no
aparezcan
generalmente
en
las
comunicaciones
sobre
la
RSE
de
las
empresas
puede
atribuirse
a
dos
interpretaciones:
sea
que
las
empresas
no
evalúan
los
costos
de
la
RSE
porque
esta
apuntaría
a
un
fin
superior
al
de
la
maximización
de
los
beneficios
(aunque
ante
los
accionistas
pretenden
lo
contrario)
o
bien
que
los
costos
adicionales
han
sido
evaluados
y
considerados
menores
o
tan
rentables
como
los
realizados
en
publicidad.
No
es
en
absoluto
seguro
que
estos
temas
(la
metodología
de
evaluación
de
los
costos
y
de
la
rentabilidad
de
la
responsabilidad
social)
figuren
en
la
formación
sobre
la
RSE
de
los
cuadros
dirigentes
que
muchas
empresas
están
instrumentando.
Si
bien
la
cantidad
de
creyentes
parece
bastante
grande
(si
se
leen
las
listas
de
los
adherentes
a
las
fundaciones
dedicadas
a
la
RSE)
la
efectividad
práctica
parece
bastante
limitada:
encontramos
siempre
los
mismos
nombres
(
Shell,
Nike,
Adidas,
Body
Shop,
Ben
&
Jerrys...)
De
modo
que
el
5%
de
las
inversiones
en
la
City
sería
“socialmente
responsable”
es
decir
desarrolladas
según
criterios
no
exclusivamente
financieros
(
Fuente:
Libro
Verde).
El
ejemplo
de
Adidas-Salomon:
el
gerenciamiento
de
la
cadena
de
subcontratación
(supply
chaín
management)
Adidas-Salomon
es
una
empresa
de
punta,
como
Nike
su
principal
competidor,
que
se
encuentra
presionada
por
las
campañas
de
las
ONGs
estadounidenses.
He
aquí
como
la
empresa
describe
su
actividad:
“Sub-contratar
la
producción
no
debe
significar
sub-contratar
la
responsabilidad
moral.
El
propósito
de
esta
estrategia
es
obtener
los
productos
no
al
más
bajo
precio
sino
al
más
bajo
precio
aceptable.
Nuestra
compañía
cuenta
con
“estándares
de
compromiso”
cuyo
valor
de
aceptabilidad
se
basa
sobre
los
propios
valores
de
la
empresa
(...)
La
empresa
cuenta
con
un
equipo
de
30
personas
la
mayor
parte
de
ellas
localizadas
en
su
país
de
origen
en
el
que
se
encuentran
los
proveedores
(Asia,
Europa
y
los
EEUU)
Estas
personas
conocen
los
derechos
de
los
trabajadores
y
las
reglamentaciones
sobre
seguridad
de
sus
países
y
son
a
menudo
(sic)
capaces
de
hablar
con
el
obrero
en
su
propio
idioma
(...)
Antes
de
entablar
una
relación
con
el
sub-contratista,
se
le
realiza
una
auditoria
para
estar
seguros
de
que
las
condiciones
de
trabajo
de
sus
operarios
son
compatibles
con
los
criterios
de
Salomón.
(...)
Luego
la
supervisión
continúa
puesto
que
los
subcontratistas
son
inspeccionados
por
lo
menos
una
vez
al
año
y
más
aún
si
hubiera
problemas
serios.
(...)
En
el
2000,
se
realizaron
800
inspecciones
(...)
Cuando
se
detectan
problemas
serios,
la
periodicidad
de
los
controles
se
reduce
a
tres
meses.
Si
el
proveedor
se
niega
a
realizar
los
cambios
que
fueren
necesarios
Adidas
se
reserva
el
derecho
de
quitarle
los
encargos.
Este
tipo
de
decisiones
solo
se
toma
en
casos
extremos
pues
la
empresa
prefiere
mantener
a
sus
proveedores
y
trabajar
desde
adentro
para
favorecer
las
mejoras.
Ver
http://www.wbcsd.ch/casestud/adidas/index.htm
Las
diferentes
iniciativas
Bajo
la
etiqueta
RSE
se
encuentran
muy
diferentes
iniciativas :
desde
el
vago
« Código
de
conducta”
puramente
retórico
que
se
contenta
con
remitir
a
las
páginas
WEB
desde
algunas
multinacionales
hasta
redes
de
ONGs
activistas
o
independientes
que
inspeccionan
sitios
internacionales
en
Asia
Se
pueden
distinguir
al
menos
tres
grandes
tipos
de
instrumentos:
·
“Códigos
de
conducta”
o
“Cartas”
autoproclamadas
y
otras
declaraciones
de
principios
éticos
(el
Global
Compact
de
la
ONU
anunciado
por
Kofi
Annan
en
el
2000,
puede
considerarse
de
este
tipo).
Consiste
en
enviar
señales
a
los
asalariados,
a
los
poderes
públicos
o
a
la
opinión
pública
en
general.
Los
mecanismos
de
aplicación
de
control
de
estos
códigos
son
particularmente
laxos:
ya
sea
porque
los
códigos
son
en
sí
mismos
vagos
y
de
difícil
evaluación,
o
porque
no
existen
indicadores
objetivos
que
permitan
evaluar
su
grado
de
aplicación,
o
porque
las
evaluaciones
son
realizadas
por
organismos
internos
o
dependientes
de
la
empresa.
Muchas
fundaciones
o
asociaciones
(en
Francia
el
Observatorio
Etico
o
el
Observatorio
de
la
Responsabilidad
Social
de
las
empresas)
tratan
de
motivar
a
las
empresas
sobre
los
temas
de
la
RSE.
·
Etiquetas
o
certificados
otorgados
por
organizaciones
independientes:
así
la
organización
estadounidense
Social
Accountability
International
ha
definido
una
norma
bajo
el
título
SA8000
que
controlan
oficinas
de
auditoría
independientes ;
el
británico
Institute
of
social
and
ethical
accountability
auspicia
un
procedimiento
(AA1000)
que
permite
integrar
las
pautas
de
la
responsabilidad
social
a
los
indicadores
de
gestión
de
la
empresa.
La
Global
Reporting
Initiative
es
una
gran
ONG
estadounidense
que
desarrolla
indicadores
de
resultados
« sustentables »
en
tres
ámbitos,
económico,
ecológico
y
social
y
cuenta
con
la
participación
de
la
AFL
CIO,
la
confederación
sindical
estadounidense
como
también
(entre
otras)
de
la
General
Motors,Nike,
Ford
y…TotalFinaElf.
AFNOR
ha
elaborado
una
norma
(SD
21000)
mientras
que
su
equivalente
internacional
la
ISO
todavía
no
ha
incursionado
en
este
campo.
Bélgica
ha
aprobado
una
ley
sobre
las
etiquetas
sociales7
de
la
que
participan
los
poderes
públicos,
ciudadanos
y
ONGs
y
Dinamarca
tiene
asimismo
etiquetas
muy
difundidas
aunque
todavía
no
respaldadas
por
una
ley.
La
dificultad
reside
en
desarrollar
instrumentos
de
medida
de
resultados
sociales
y
ecológicos,
es
decir
indicadores
que
tengan
el
mismo
sentido
para
todas
las
empresas
y
que
permitan
compararlas
entre
sí
y
en
el
tiempo.
Las
etiquetas
tienen
la
ventaja
de
ser
públicas
y
de
poder
ser
controladas
de
manera
independiente.
·
Los
organismos
asesores
en
inversiones
“socialmente
responsables”:
(en
Francia
esta
ARESE,
filial
de
la
Caja
de
Depósitos
que
ha
desarrollado
esta
oferta
para
las
emresas
europeas8
Se
trata
de
agencias
de
“rating”
social
y
medioambiental
que
atribuyen
a
las
empresas
calificaciones
que
reflejan
sus
resultados
ecológicos
y
sociales.
Los
clientes
de
estas
agencias
son
fondos
“éticos”
u
organismos
de
inversiones
socialmente
responsables
que
tratan
de
dirigir
sus
inversiones
hacia
empresas
“políticamente
correctas”La
utilización
por
parte
de
las
empresas
de
las
etiquetas
o
los
nombres
anteriormente
mencionados
pueden
constituir
un
criterio
de
juicio
pero
no
el
único
(efectivamente
son
muy
pocas
las
empresas
que
usan
actualmente
esas
etiquetas)
Para
adjudicar
las
notas
a
las
empresas
las
agencias
de
rating
social
proceden
a
analizar
los
documentos
de
las
empresas
(balance
financiero,
“balance
social”,
obligatorio
en
Francia
para
empresas
con
más
de
300
trabajadores,
etc)
mediante
cuestionarios
enviados
a
las
empresas,
entrevistas
con
sus
componentes
(gerentes,
sindicatos,
ONGs..)
Como
se
trata
de
asesoramientos
los
resultados
no
son
generalmente
poblicados
por
cuanto
pertenecen
al
cliente
que
paga
el
estudio9
La
transparencia
y
los
resultados
son
por
lo
tanto
bastante
débiles.
El
Centro
Francés
de
Información
sobre
Empresas
(CFIE)
realiza
más
bien
un
papel
de
lobbying
con
relación
al
RSE
aunque
realice
análisis
de
resultados
societarios
(publica
un
informe
en
Alternativas
económicas
sobre
las
multinacionales
francesas).
La
mayor
parte
de
las
iniciativas
forman
parte
actualmente
de
la
primera
categoría:
la
lógica
espontánea
de
la
inmensa
mayoría
de
las
empresas
es
la
de
tratar
de
conservar
el
control
interno
de
las
pautas
RSE.
Las
multinacionales
en
respuesta
al
Libro
Verde
de
la
Comisión
insisten
en
la
necesidad
de
que
las
iniciativas
sean
de
carácter
voluntario
y
no
coercitivo,
en
que
resultan
nocivas
las
tentativas
de
normalización
o
de
generallización
de
las
pautas.
Las
empresas
están
a
menudo
dispuestas
a
destinar
algunos
recursos
a
la
creación
de
una
Dirección
específica
(“ética
de
los
negocios”
o
“desarrollo
sustentable”),
a
la
redacción
de
Cartas
y
la
difusión
de
“prácticas
correctas”
(
en
el
marco
del
benchmarking,
precedentemente
llamado
copia
que
forma
parte
de
las
prácticas
corrientes
del
moderno
gerenciamiento).
Suelen
estar
dispuestas
a
responder
a
los
cuestionarios
de
las
agencias
de
rating
social
y
a
abrirles
las
puertas
a
sus
consultores.
Son
menos
frecuentes
las
que
aceptarían
voluntariamente
a
elaborar
un
“balance
social”
público
basado
en
criterios
objetivos,
mensurables
y
definidos
fuera
de
la
empresa,
procedentes
de
varias
fuentes
y
que
puedan
producir
una
auditoría
plenamente
independiente...
¿Cómo
pueden
intervenir
los
movimientos
sociales
para
influir
en
estos
procesos?
La
RSE,
una
caja
de
Pandora
Frente
al
desarrollo
de
esta
retórica
de
la
RSE
podemos
considerar
a
las
multinacionales
y
a
sus
dirigentes
al
pie
de
la
letra.
La
crisis
de
legitimidad
del
neoliberalismo
puede
obligarlas
a
abrir
la
caja
de
Pandora.
Los
movimientos
sociales
y
ciudadanos
pueden
impulsarlo
ventajosamente
y
poner
fundamentalmente
en
tela
de
juicio
las
actuales
reglas
de
juego
a
través
de
las
cuales
los
accionistas
y
los
dirigentes
son
los
únicos
contramaestres
de
las
empresas:
hacia
un
proceso
de
responsabilidad
social
y
ambiental
que
permita
avanzar
hacia
el
control
democrático
de
las
transnacionales.
Pretendiendo
ubicarse
en
el
terreno
de
la
responsabilidad
social
y
ecológica,
cuando
hasta
ahora
fundaban
ampliamente
su
legitimidad
sobre
postulados
de
eficacia
y
del
juego
del
libre
mercado,
las
empresas
se
están
comprometiendo
en
el
marco
de
la
mundialización
liberal
(¿tienen
acaso
elección?)
en
un
terreno
peligroso
para
su
hegemonía.
En
el
debate
que
les
ha
sido
impuesto
por
los
movimientos
sociales
y
en
el
que
intentan
redefinir
sus
términos,
las
multinacionales
están
viendo
ampliarse
el
campo
de
maniobras
de
los
sindicatos
y
de
las
ONGs
independientes
y
abrirse
en
consecuencia
un
nuevo
campo
de
lucha
(definición
de
indicadores,
formas
de
control,
sanciones...)
Sus
pretensiones
de
definir
y
controlar
por
sí
mismas
los
criterios
“socialmente
responsables”
en
el
marco
de
organizaciones
cuidadosamente
dosificadas,
podría
volverse
insostenible
frente
a
la
presión
de
los
movimientos
sociales
y
de
la
opinión
pública.
¿Ustedes
quieren
lograr
un
“desarrollo
socialmente
sustentable”,
conciliar
la
ley
del
beneficio
con
el
desarrollo
humano?
Sea.
Pero
¿cuales
son
las
medidas
que
estáis
tomando
para
asegurar
la
distribución
equitativa
de
las
ganancias
de
la
productividad
entre
vuestros
empleados,
el
mejoramiento
de
sus
condiciones
de
trabajo,
la
igualdad
entre
hombres
y
mujeres,
la
seguridad
laboral?
¿Estáis
dispuestos
a
poner
en
conocimiento
del
público
vuestros
resultados
sobre
el
particular,
a
través
de
indicadores
elaborados
y
controlados
por
organismos
realmente
independientes?
O
bien
¿la
publicidad
policroma,
las
Cartas
huecas
y
los
coloquios
con
invitados
elegidos
van
a
seguir
siendo
para
vosotros
el
único
compromiso
ciudadano?
Por
otra
parte
el
debate
puede
resultar
saludable
para
uno
de
sus
actores
más
importantes,
el
sindicalismo.
Resulta
muy
evidente
hoy
en
día
la
dificultad
de
estos
últimos
en
lo
que
hace
a
la
redefinición
de
sus
estrategias
en
el
contexto
de
la
mundialización
liberal
y
del
crecimiento
de
los
movimientos
contestatarios
civiles.
El
debate
sobre
la
responsabilidad
social
y
ambiental
de
las
empresas
puede
ciertamente,
entre
quienes
acepten
los
términos
de
la
RSE,
según
sus
turiferarios
patrones,
facilitar
la
cooptación
dentro
del
juego
neoliberal,
reservándoles
un
papel
supletorio
en
la
certificación
y
calificación
de
las
empresas,
a
los
actores
sindicales.
Pero
también
puede
empujar
al
sindicalismo
a
repensar
su
papel
y
el
de
los
demás
actores
sociales
en
el
sentido
de
abrir
nuevos
campos
de
lucha,
mediante
la
formalización
de
nuevas
alianzas
con
los
consumidores,
los
usuarios,
las
asociaciones
y
las
ONGs
intervinientes
en
los
campos
de
la
actividad
empresaria.
Puede
también
conducirlos
a
replantearse
el
problema
de
la
intervención
de
los
trabajadores
en
las
decisiones
económicas
(qué
produce
la
empresa,
porqué,
para
quién,
cómo...)
Su
capacidad
para
tratar
seriamente
estos
problemas
será
decisiva
para
el
éxito
de
las
nuevas
alianzas.
El
debate
obligará
sin
duda
a
tratar
cuestiones
cruciales
(por
ejemplo:
cadenas
de
subcontratación,
nacionales
e
internacionales,
diferencias
entre
empresa
y
sociedad
de
capitales)
mal
encaradas
por
los
actores
sociales
en
las
empresas
y
no
tratadas
por
las
instituciones
o
los
derechos
existentes.
Trampas
a
desarmar
Existen
de
todos
modos
serios
peligros
que
reclaman
cierta
prudencia
en
nuestro
posición
amiento
y
un
análisis
preciso
de
los
desafíos
que
plantea
n
los
debates
sobre
la
responsabilidad
social
de
las
empresas.
La
primera
trampa
consiste
en
admitir
la
cooptación
de
la
crítica
como
argumento
comercial.
Desde
ahora
el
buen
ciudadano
debería
cargar
su
tanque
en
la
Shell
y
no
en
TotalFinaElf
o
hacer
sus
compras
en
Carrefour
más
que
en
Auchan
.
Dado
que
las
pautas
de
la
RSE
son
comparativas
por
naturaleza:
las
empresas
se
clasifican
las
unas
con
relación
a
otras,
(o
en
relación
a
sus
prácticas
anteriores)en
función
de
una
batería
de
criterios
económicos,
sociales
y
ecológicos.
La
hipótesis
más
fuerte
que
sostienen
estas
pautas
es
que
los
actuales
problemas
sociales
(aumento
de
las
desigualdades,
desempleo,
precariedad,
devastaciones
ecológicas)
son
la
consecuencia
de
los
inadecuados
comportamientos
empresarios
individuales
y
que
mejorando
sus
componentes
mejorará
la
situación
global.
Ahora
bien
esta
hipótesis
debe
ser
ampliamente
discutida:
bajo
el
efecto
de
la
dinámica
de
conjunto
del
capitalismo
neoliberal,
es
probable
que
los
progresos
supuestamente
realizados
por
tal
o
cual
empresa
serán
contrapesadas
por
la
degradación
producida
por
sus
competidores
en
otra
parte
;
nada
asegura
tampoco
que
el
comportamiento
calificado
(¿por
quién?)
socialmente
responsable
por
una
empresa
pueda
mantenerse
frente
a
la
aleatoriedad
de
los
mercados
y
de
los
accionistas.
Danone,
parangón
de
lo
socialmente
correcto
en
Francia,
tomó
la
decisión
de
suprimir
empleos
en
nombre
del
crecimiento
del
retorno
de
las
inversiones.
(eligiendo
por
otra
parte,
por
azar
sin
duda,
cerrar
los
dos
establecimientos
más
sindicalmente
turbulentos).
Un
compromiso
acrítico
con
el
proceso
RSE
tal
como
actualmente
está
planteado
por
sus
promotores
desembocaría
en
una
legitimación
de
un
capitalismo
neoliberal
atemperado
por
la
buena
voluntad
de
las
multinacionales.
Se
acepta
la
lógica
del
valor
accionista,
moderándolo
al
nivel
de
cada
una
de
las
empresas
teniendo
en
cuenta
valorees
sociales
o
ecológicos,
pero
sinn
poner
en
tela
de
juicio
las
opciones
neoliberales:
libertad
del
movimiento
de
capitales,
privatizaciones,
reducción
de
los
presupuestos
sociales,
competencia
generalizada...Constituye
la
tentación
de
algunos
sindicatos
o
de
ciertas
importantes
ONGs
comprometidas
con
la
defensa
de
los
derechos
del
hombre,
habituadas
a
razonar
sobre
casos
concretos,
individuales
y
desdeñosas
de
los
razonamientos
globales.
De
este
modo,
influido
especialmente
por
el
ejemplo
de
Renault
Vilborde,
el
Libro
Verde
de
la
Comisión
europea
insta
a
la
“reestructuración
responsable”
diciendo
al
respecto
“
la
forma
es
a
menudo
tan
importante
como
el
fondo”
(p.11)
y
que
es
conveniente
“asegurar
la
participación
y
el
involucramiento”
de
los
asalariados
en
la
toma
de
decisiones
de
supresión
de
empleos
que
no
forman
parte
de
ciertas
negociaciones...
Una
segunda
trampa,
muy
cierta
teniendo
en
cuenta
la
literatura
existente
sobre
la
RSE,
tiene
que
ver
con
el
corto
circuito
en
los
sindicatos.
Estos
se
han
visto
considerablemente
debilitados
por
las
nuevas
formas
de
gestión
del
trabajo
(precarización,
flexibilidad
en
a
organización
laboral,
acelerada
movilidad
de
los
asalariados...)
puestas
en
práctica
con
el
objeto
de
de
asegurar
a
los
inversores
la
más
estable
y
elevada
rentabilidad
posible.
Hasta
ahora
los
sindicatos
permanecen
quasi
ausentes
dentro
de
los
planes
de
RSE
(
la
palabra
sindicato
por
ejemplo
solo
aparece
excepcionalmente
en
el
Libro
Verde
de
la
Comisión
Europea.
Efectivamente
aparece
recién
en
la
página
17
y
de
manera
totalmente
incidental).
La
RSE
(se
nota
claramente
en
el
enfoque
anglo
sajón
les
reserva
un
papel
secundario,
de
relevo
del
discurso
ético
gerencial
o
en
el
mejor
de
los
casos
como
auxiliares
de
la
definición
o
del
control
interno
de
los
criterios
de
responsabilidad
social.
Frente
a
la
opinión
pública
externa,
llamada
por
la
RSE
a
jugar
de
árbitro
entre
las
empresas
que
compiten
por
una
mejor
imagen
“ética”,
algunos
sindicatos
pueden
ser
conducidos
a
formular
sus
críticas
y
a
jugar
a
favor
de
la
empresa
para
evitar
una
disminución
de
su
nota
(clasificación)
y
la
pérdida
de
mercados
accionarios.
Mucho
más
(
por
lo
menos
los
más
estables
y
más
calificados)
si
los
empleados
bajo
la
égida
de
su
sindicato
han
invertido
en
dicha
empresa
o
en
fondos
éticos
Finalmente
en
el
marco
de
la
lógica
ya
invocada
de
la
“privatización
del
derecho”,
la
RSE
tiende
a
privilegiar
el
interés
de
todos
los
que
conforman
directamente
la
empresa
(los
accionistas,
los
empleados,
los
consumidores)
descuidando
el
tema
del
“interés
general”
y
de
su
construcción.
Lo
que
es
bueno
para
los
“componentes”
de
Total
FinaElf
o
de
otras
empresas
químicas
puede
no
serlo
para
el
conjunto
de
la
sociedad
(vale
recordar
el
acuerdo
firmado
entre
los
sindicatos
y
los
directivos
de
la
empresa
para
salvaguardar
las
fábricas
de
Toulouse
contra
la
voluntad
de
los
habitantes
y
de
los
colectivos
locales).
Son
necesarios
pues
arbitrajes
políticos
que
deben
respaldar
la
democracia
para
todos
los
ciudadanos
en
su
conjunto.
La
privatización
del
enjuiciamiento
hace
nacer
toda
una
industria
de
asesoramiento
y
evaluación
de
lo
“socialmente
responsable”
sobre
los
que,
al
igual
que
en
los
consejos
de
evaluación
puramente
financiera,
se
ejercen
toda
clase
de
influencias
cruzadas
entre
quienes
contratan
las
auditorías,
los
controladores,
los
asesores
de
gestión,
las
empresas
controladas...
Se
vio
en
la
quiebra
de
Enron:
la
sociedad
auditora
Arthur
Andersen,
que
era
la
encargada
de
autentificar
los
balances
(trucados)
de
Enron,
aceptó
cerrar
los
ojos
durante
años
sobre
grandes
malversaciones
(creación
de
miles
de
sucursales
en
paraísos
fiscales
para
disimular
deudas
y
aumentar
ficticiamente
las
ganancias)
Y
es
indudable
que
la
complicidad
de
Arthur
Andersen
era
generosamente
retribuida
mediante
contratos
de
asesoramiento
solicitados
por
Nerón...
Por
otra
parte
la
proliferación
de
organizaciones
y
de
métodos
anglosajones
conduce
a
la
standardización
de
los
procedimientos
de
evaluación
y
aún
de
los
conceptos,
tendiendo
a
hacer
de
la
certificación
social
un
caso
particular
del
“certificado
de
calidad”
mediante
procedimientos
bastante
menos
rigurosos.
Es
probablemente
seguro
que
las
ONGs
combativas
puedan
intermediar
entre
los
métodos
y
las
organizaciones
competentes,
denunciar
las
corrupciones
y
favorecer
a
las
más
críticas
e
independientes,
pero
también
es
probable
que
tengan
dificultades
para
entrar
en
las
empresas
a
requerir
informaciones
y
sobre
todo
a
disponer
de
financiación
suficiente
para
poder
competir
en
gran
escala
con
oficinas
integradas
al
business.
A
menos
que
el
sector
se
beneficie
con
reglamentaciones
y
financiamiento
público
lo
suficientemente
importante
como
para
garantizar
la
transparencia
y
la
fiabilidad
democrática.
La
crítica
global
y
la
presión
local:
algunas
propuestas
Resulta
decisivo
ser
consciente
de
los
riesgos
para
preservar
la
evolución
de
ATTAC
hacia
una
radical
democratización
ciudadana
y
de
la
reapropiación
por
parte
de
los
ciudadanos
del
funcionamiento
de
la
sociedad.
Debemos
mantener
y
desarrollar
la
crítica
global
del
capitalismo
neoliberal,
exigir
el
fortalecimiento
de
los
derechos
de
las
organizaciones
sindicales,
de
las
ONGs
de
defensa
de
los
intereses
de
los
ciudadanos,
de
los
productores
y
de
los
consumidores,
reclamar
a
los
poderes
públicos
la
defensa
del
interés
general
en
lugar
de
continuar
con
sus
políticas
de
desregulación
y
de
privatización,
que
enaltezcan
los
derechos
sociales,
que
definan
y
fortalezcan
las
leyes
y
los
mecanismos
jurídicos
nacionales
e
internacionales
que
garanticen
el
respeto
de
tales
derechos.
Solo
en
este
marco
podrá
desarrollarse
la
inclusión
del
tema
de
la
responsabilidad
social,
ecológica
y
democrática
de
las
empresas
con
el
objeto
de
salir
los
discursos
huecos
sobre
la
RSE
y
de
las
piruetas
publicitarias
y
obligarlas
a
ejercitar
la
transparencia
sobre
las
condiciones
sociales
y
ecológicas
de
sus
actividades
propias
o
subcontratadas
en
todo
el
mundo
y
preparar
el
terreno
para
la
incorporación
de
regulaciones
públicas
para
las
mismas.
Se
trataría
de
desarrollar
una
estrategia
de
hostigamiento
constructivo
tomando
al
pié
de
la
letra
la
virtuosas
proclamas
de
los
dirigentes
y
exigiéndoles
su
traducción
en
acciones
concretas,
evaluadas
según
indicadores
objetivos
establecidos
y
controlados
pluralísticamente.
La
lucha
por
la
responsabilidad
social
de
las
empresas,
que
debe
diferenciarse
de
la
fraseología
sobre
la
RSE,
podría
salir
muy
bien
de
los
estrechos
marcos
en
que
se
pretende
encerrarla;
la
fuerza
de
las
ideas
y
de
las
aspiraciones
democráticas
no
dará
lugar
a
la
manipulación
si
los
movimientos
sociales
se
adueñan
del
debate,
formulan
radicalmente
sus
términos10
y
exigen
transparencia
y
evaluaciones
independientes
de
los
resultados
“societarios”
de
las
empresas.
ATTAC
podría
plantear
en
tal
sentido
una
cierta
cantidad
de
principios
y
de
propuestas
concretas
que
tendría
por
objeto:
1º.
Exigir
una
mejor
aplicación
del
derecho
existente
2º.
Incorporar
nuevos
derechos
para
los
trabajadores
y
los
ciudadanos.
3º.
Proveer
informaciones
confiables
a
los
actores
sociales
y
económicos
(consumidores,
otras
empresas,
sindicatos)
y
a
los
poderes
públicos,
con
el
objeto
de
apoyar
las
movilizaciones
sociales
y
las
políticas
públicas.
Es
importante,
ante
todo,
reafirmar
la
necesidad
de
aplicar
rigurosamente
las
actuales
leyes
sociales
y
desarrollar
nuevos
derechos
.
En
el
marco
de
la
refundación
social
el
Medef
quiere
retrotraer
la
regulación
pública
(
leyes
iguales
para
todos)
en
pro
de
una
negociación
social
descentralizada,
con
sindicatos
fragmentados
y
a
menudo
minoritarios.
Los
lobbies
pro-RSE
de
las
transnacionales
desarrollan
estrategias
similares
(cf.
Johannesburg)
para
producir
cortocircuitos
en
las
tentativas
de
regulación
pública
internacional.
Contra
la
autorregulación
de
la
actividad
de
las
empresas,
contra
la
regulación
por
parte
de
organismos
privados
opacos
y
captados
por
las
empresas,
contra
la
privatización
del
derecho
y
los
patronazgos
de
las
transnacionales
con
socios
más
o
menos
representativos
e
independientes,
nosotros
exigimos
el
fortalecimiento
de
la
intervención
pública,
el
control
de
los
Estados
y
de
las
instituciones
internacionales
,
primero
para
convertir
en
obligatorio
el
respeto
a
las
convenciones
de
la
OIT
(con
sanciones
penales
para
las
violaciones)
y
en
hacer
respetar
simplemente
los
diferentes
códigos
laborales.
Esto
pasa
de
manera
insoslayable
por
el
fortalecimiento
de
los
poderes
y
de
los
inspectores
laborales,
así
como
por
la
búsqueda
de
nuevos
métodos
a
nivel
europeo
e
internacional.
Para
favorecer
la
transparencia
y
la
evaluación
independiente
del
comportamiento
de
las
empresas,
apoyamos
la
definición
de
indicadores
ambientales
y
sociales
generales
y
obligatorios
para
aplicarlos
a
las
empresas
multinacionales,
y
permitan
evaluar
sus
prácticas
ambientales
y
sociales
(
condiciones
laborales
y
de
empleo,
derechos
sociales,
revisión
de
la
precariedad
y
las
subcontrataciones...)
Se
crearían
o
apoyarían
instituciones
ad
hoc
destinadas
a
elaborar
indicadores
y
ayudar
a
los
actores
a
ponerlos
en
marcha
y
para
sostener
a
las
ONGs
independientes
(a
condición
de
que
funcionen
transparente
y
democráticamente)
encargadas
de
ayudar
a
los
intervinientes
y
a
los
poderes
públicos
a
asegurar
la
rigurosa
aplicación
de
dichos
indicadores..
En
Francia
se
podría
comenzar
por
actualizar
y
especialmente
a
homogeneizar
los
indicadores
del
Balance
social
anual,
obligatorio
desde
1978
para
toda
empresa
con
más
de
300
empleados11
y
establecer
la
obligatoriedad
de
su
publicación
en
internet
como
así
también
el
informe
anual
sobre
la
situación
comparada
de
hombres
y
mujeres
en
la
empresa,
(obligatorio
desde
1983
para
toda
empresa
con
más
de
50
empleados)
Los
grandes
grupos
deberán
incluir
a
sus
subcontratistas
dentro
de
estos
balances.
Por
otra
parte
será
necesario
construir
indicadores
específicos
para
las
PYMES.
Para
una
mayor
independencia
y
transparencia
de
los
métodos
y
de
los
actores
de
la
evaluación
de
los
resultados
de
las
empresas:
quienes
intervienen
en
el
terreno
de
la
responsabilidad
social
y
ambiental
(agencias
de
auditoria,
oficinas
de
calificación,
asesorías
de
inversiones,
etc)
no
serán
creíbles
sino
se
independiza
absolutamente
su
financiamiento
de
la
financiación
por
parte
de
las
empresas
evaluadas.
Lo
muestra
claramente
la
experiencia
de
los
recientes
escándalos
financieros:
los
organismos
de
auditoria
o
de
evaluación
financiados
por
las
transnacionales
no
podrían
pretender
exhibir
confiabilidad
democrática.
Para
asegurarla
estamos
convencidos
de
que
será
necesario
crear
instancias
públicas
nacionales
e
internacionales
de
evaluación
ciudadana
que
podría
de
ese
modo
“etiquetar
las
etiquetas”
En
el
nivel
nacional
esta
instancia
podría
reunir,
bajo
la
tutela
de
los
poderes
públicos,
a
los
representantes
de
los
principales
actores
involucrados,
empresas,
sindicatos,
asociaciones
y
ONGs,
colectividades
territoriales)
y
servir
de
ventros
de
recursos
y
de
experiencias
para
esos
actores,
con
el
objeto
de
mejorar
la
calidad
y
la
comparabilidad
de
las
evaluaciones.
Una
instancia
similar
debería
crearse
a
nivel
internacional
(asociando
a
la
OIT,
al
PNUD
y
a
las
ONGs
independientes)
para
trabajar
en
el
establecimiento
de
normas
internacionales
comunes
en
materia
de
evaluación
de
las
prácticas
empresarias.
Para
fortalecer
los
contrapoderes
a
nivel
empresarios
estamos
convencidos
de
que
se
deberán
fortalecer
los
derechos
sindicales
y
la
independencia
de
los
sindicatos
con
relación
a
las
empresas,
el
desarrollo
de
una
estrecha
colaboración
entre
actores
internos
(sindicatos,
organizaciones
representativas
del
personal)
y
externos
(asociaciones,
ONGs)
tendientes
al
fortalecimiento
de
las
reales
y
autónomas
capacidades
de
los
expertos
y
al
democrático
funcionamiento
de
las
empresas.
Se
deberán
en
consecuencia
ampliar
las
prerrogativas
de
los
Comités
de
Empresa
con
derecho
a
una
intervención
sobre
las
decisiones
empresarias
más
importantes
en
materia
de
empleo
e
inversión;
la
ampliación
de
los
Comité
de
empresa
con
la
incorporación
de
una
serie
de
actores
de
la
sociedad
civil
y
de
las
colectividades
territoriales
(
que
a
menudo
contribuyen
a
la
financiación
de
estas
empresas
y
sufren
en
consecuencia
sus
decisiones);etc.12
Para
fortalecer
los
contrapoderes
de
los
consumidores
apoyamos
el
desarrollo
de
acciones
colectivas
por
parte
de
los
consumidores
por
medio
de
boicots
(asociados
con
los
sindicatos
de
las
empresas
involucradas)
o
el
comercio
ético;
y
por
lo
tanto
al
desarrollo
de
etiquetas
definidos
en
condiciones
de
transparencia
y
evaluación,
anteriormente
citados
referentes
a
los
productos
y
a
los
servicios
provistos
por
las
empresas
que
respetan
estándares
satisfactorios
en
relación
a
los
indicadores
sociales
y
ambientales.
En
cuanto
a
la
de
definición
de
políticas
públicas
estas
deberán
incitar
a
cumplir
los
objetivos
en
materia
de
resultados
sociales
y
ambientales,
planteados
por
los
poderes
públicos
a
nivel
local
e
internacional
(ordenamiento
del
territorio,
políticas
de
empleo,
protección
del
medio
ambiente,
etc)
Estamos
a
favor
de
tener
en
cuenta
criterios
sociales
en
los
mercados
públicos
de
los
Estados
de
la
Unió
Europea:
los
poderes
públicos
y
las
empresas
públicas
deberán
favorecer,
en
relaciones
calidad-precio
más
o
menos
equivalentes
a
las
empresas
que
muestren
(de
manera
creíble)
resultados
sociales
y
ecológicos
superiores.
Se
podrán
llevar
a
cabo
otras
políticas
de
apoyo
(créditos
bonificados,
subvenciones,
etc...)
para
favorecer
estas
pautas,
especialmente
en
relación
a
las
PYMES.
A
prop
Conclusiones
ATTAC
debe
comprometerse
en
el
debate
sobre
la
responsabilidad
social
y
ambiental
de
las
empresas.
Este
debate
ha
sido
impuesto
a
las
transnacionales
y
a
las
elites
dirigentes
por
los
movimientos
sociales
de
estos
últimos
años:
es
nuestro
debate.
La
codificación
en
ciertos
sectores
de
negocios
de
iniciativas
de
“Responsabilidad
Social
de
las
Empresas”
se
apoya
en
compromisos
a
menudo
débiles,
raramente
verificables
de
modo
independiente
y
generalmente
definidos
de
manera
unilateral
o
por
“patronazgos”
que
por
lo
general
excluyen
a
los
sindicatos
y
a
los
poderes
públicos
nacionales
e
internacionales.
Esta
iniciativa
de
autorregulación
sobre
bases
voluntarias
está
acompañada
por
la
creación
de
instituciones
y
de
organismos
de
evaluación
y
de
normalización
dependientes,
a
veces
financiados,
por
las
transnacionales
,
nosotros
les
contraponemos
la
construcción
controversial
de
instrumentos
y
de
instituciones
evaluadoras
independientes,
las
únicas
susceptibles
de
garantizar,
en
nuestra
opinión,
la
sustentabilidad
democráticay
la
eficacia
social
de
los
procesos
de
responsabilidad
social
de
las
empresas.
Algunos
elementos
bibliográficos
Wolfers
M.,
Fraisse
L.,
Cozette
M.
(2001),
«
Entreprises
et
solidarité
»,
Alliance
pour
un
monde
responsable,
pluriel
et
solidaire
(
http://business.socioeco.org
[1]
En
el
marco
del
grupo
de
trabajo
del
Consejo
Científico
de
ATTAC
“economía
solidaria
y
democracia
económica”
este
texto
ha
sido
coordinado
por
Thomas
Coutrot
co-animador
con
J.L.
Laville
del
grupo
que
ha
discutido
largamente
y
corregido
una
primera
versión
(Contribuyeron
al
debate:
Tony
Andréani,
Thierry
Brugvin,
Michel
Capron,
Martial
Cozette,
Guillaume
Duval,
Laurent
Fraysse,
Christian
Jacquiau,
Madeleine
Hersent,
Pierre
Khalfa,
Jean-Louis
Laville,
Jean-Paul
Maréchal,
Christiane
Marty,
Arturo
Palma,
Eric
Saint-Alary,
Catherine
Samary,
Claude-Emmanuel
Triomphe).
[2]
Hacemos
notar
sin
embargo
que
el
“Ministerio
de
la
Responsabilidad
Social
de
las
Empresas”
creado
por
Blair
en
el
2000
fue
ahogado
en
el
seno
de
un
más
vasto
“ministerio
de
e-comercio
y
de
la
competitividad”
cuyas
atribuciones
son
por
lo
menos
demasiado
amplias...”
el
e-comercio,
las
industrias
de
la
comunicación
y
de
la
información,
las
agencias
de
radiocomunicaciones,
los
servicios
empresarios,
postales,
la
responsabilidad
social
de
las
empresas
y
las
empresas
sociales”
[3]
Citemos
por
ejemplo
Corporate
Social
Responsability
Europe,
una
fundación
que
agrupa
especialmente
a
British
Telecom,
IBM,
Suez,
France
Telecom,
Danone
,
Shell,
Nike,
etc,[3]),
o
el
World
Business
Council
for
Sustainable
Development
(WBCSD),
que
reune
a
150
multinacionales
de
30
países
(ATT,
BP,
Ford,
GM,
Monsanto,
Shell,
Unilever,
etc…)
4 O de la “re-feudalización” según la expresión del jurista Alain Supiot relativa ala “autorregulación” patronal
5
Discurso
del
–Sr.
Moody
Stuart
Presidente
del
BASD
que
es
una
coalición
entre
la
Cámara
Internacional
de
Comercio
y
el
WBCSD-
/www.basd-action.net/docs/speeches/20020909_mms.shtml
6
Como
expresa
el
libro
verde
de
la
Comisión
europea,
la
RSE
“contribuye
a
minimizar
los
riesgos
anticipando
y
previniendo
las
crisis
que
pueden
ensombrecer
la
reputación
de
la
empresa
y
provocar
una
espectacular
caída
del
valor
de
sus
acciones.
7
Ley
del
27/02/2002
8
Nicole
Notat,
exsecretaria
general
de
la
CFDT,
acaba
de
acerse
caro
de
una
nueva
agencia
de
calificación
(VIGEO)
que
absorbió
a
ARESE
con
acuerdo
de
la
Caja
de
Depósitos
9
Se
hubiera
podido
esperar
que
las
cosas
mejoraran
al
aceptar
las
multinacionales
de
no
hacer
por
su
cuenta
el
balance
de
aplicación
de
los
Códigos
confiando
esta
tarea
a
empresas
de
certificación
social
como
PricewaterhouseCoopers,
Interek,
SGS
ou
DNV.
Pero
la
supervisión
de
los
Códigos
constituye
una
fuente
de
ingresos,
poniendo
en
peligro
a
quienes
las
realizan
(E.
Sheperd,
«
Credibility
gap
between
codes
and
conduct
»,
Asian
Labour
Update,
n°37,
2001,
cité
in
«
Entreprises,
quelle
responsabilité
sociale
»,
Courrier
de
la
Planète
n°64,
2001).
10
Rechazando
por
ejemplo
la
noción
de
“triple
resultado”
que
trata
de
hacer
creer
que
la
maximización
de
los
réditos
financieros
es
compatible
con
el
bienestar
social
y
el
desarrollo
sustentable.
11 En oportunidad del debate de la ley que establece el Balance Social, el CNPF había logrado que los indicadores obligatorios no fueran estrictamente estandardizados con el objeto de evitar la posibillidad de realizar comparaciones sistemáticas entre las empresas.
12 Remitimos al texto de ATTAC “Contra los despidos bursátilmente convenientes” Junio de 2002
13 La cifra del 15% de inversiones éticas en los EEUU incluye los fondos religiosos, que excluyen a las empresas de bebidas alcohólicas, cigarrillo, armas... En todo caso los efectos no son para nada visibles ni sobre el comportamiento global de las empresas, ni sobre los mismos mercados financieros; en cuanto a las tentativas de los sindicatos estadounidenses de influir en la gestión de las empresas a través de los fondos de pensión sindicales, el fracaso ha sido total como lo demuestran Pernot y Sauviat (2001)