¿Responsabilidad social de las empresas o control democrático de las decisiones económicas ? [1]

                                                                       Fuente : http://france.attac.org

Este artículo trata de proponer por un lado un análisis crítico de la doctrina de la « Responsabilidad Social de las Empresas » (la RSE)  actualmente impulsada por los lobys  vinculados a las transnacionales  como respuesta a las exigencias sociales y por otra a enunciar  algunas propuestas tendientes a lograr el objetivo, que  también lo es de ATTAC, de establecer pautas de transparencia y de control democrático de las decisiones económicas que afectan a la sociedad.

« Pocos cambios podrían socavar  tan profundamente los cimientos de nuestras sociedades libres como el hecho de que los dirigentes empresarios aceptaran una responsabilidad  social diferente a la de amasar la mayor cantidad de dinero posible para sus accionistas. Es sin duda una doctrina fundamentalmente subversiva. Si los empresarios tienen otras responsabilidades y no solo lograr el máximo beneficio para sus accionistas ¿cómo pueden hacer para saber cual es? ¿Pueden acaso   los privados autonominados decidir sobre los intereses de la sociedad? (Milton Friedman, Capitalismo y libertad).

Una creciente marea viene desencadenándose desde hace algunos años: la ola de la “Responsabilidad Social de las Empresas” no cesa de ampliarse. Según esta nueva doctrina las empresas deben ciertamente tender a obtener el máximo provecho pero tener asimismo en cuenta en su funcionamiento el interés de todos los que las conforman incluyendo desde luego a los accionistas pero también a los asalariados, los consumidores, las ONGs... y hasta para algunos, la sociedad en su conjunto  y las generaciones futuras. Todo el mundo interviene: la ONU (el “pacto global”, “Global Compact” con las multinacionales). La OIT, la OCDE (“lineas directrices” para las multinacionales), la Comisión Europea (“El Libro Verde”), el Gobierno francés (ley sobre las Nuevas Regulaciones Económicas), las autoridades británicas[2] y ciertamente las mismas multinacionales[3] Actualmente las Confederaciones sindicales francesas (excepto el FO) han creado un “Comité intersindical de ahorro salarial” para orientar la inversión de estos ahorros en lugares “socialmente responsables”

Este trabajo  tiende a proponer por un lado, un análisis crítico de la doctrina de la “Responsabilidad Social de las Empresas” (“RSE”) impulsadas hoy en día por lobbies vinculados a las transnacionales como respuestas a los reclamos sociales y por otro lado a enunciar propuestas que permitan avanzar realmente sobre el objetivo, que también lo es de ATTAC, de lograr la transparencia y el control democrático de las decisiones económicas que afectan a la sociedad.

La “RSE” una respuesta de las transnacionales a los movimientos sociales

Este entusiasmo por la “Responsabilidad Social de las Empresas” invade tanto los medios como los sectores gerenciales. Muchas firmas multinacionales se hacen eco de la “responsabilidad social” o del “crecimiento sustentable” en sus comunicaciones publicitarias para  mostrarse permeables a las aspiraciones ciudadanas.  Por otra parte, algunas multinacionales cuyas imágenes se hallan en riesgo, comprenden la necesidad de construir una comunicación “ética” para evitar los riesgos de rechazo por parte de los consumidores. Pero no se trata más que de una moda o de astucias de la propaganda destinadas a seguir sirviendo a intereses inmediatos.

Si bien los primeros trabajos sobre empresas socialmente responsables aparecieron en los Estados Unidos  a comienzos de los 60, la práctica de estos planteos recién se inicia en los 90 con el desarrollo de una corriente gerencial preocupada por la “ética de los negocios”. Ante la desaparición de la amenaza comunista y de los contrapoderes sindicales, frente al retroceso de las regulaciones públicas y a la afirmación de un individualismo inmoral, algunos autores y algunos dirigentes tratan de avanzar  sobre la necesidad de que las empresas regulen por sí mismas sus comportamientos y los de sus trabajadores, con el objeto de evitar excesos que podrían transformarse en el corto plazo perjudiciales a la legitimidad del sistema. Estas p[4]reocupaciones crecen en los años 90, frente a la aparición , especialmente en los países anglosajones y en el Norte de Europa, de movimientos sociales de consumidores que organizan actos simbólicos o boicots contra ciertas empresas de comportamiento es censurable. Aparece así en los EEUU un fuerte movimiento estudiantil contra la explotación de los “sweatshops” (N.de T.  “Talleres de sudor” , expresión acuñada en Inglaterra a fines del siglo XIX, durante la Revolución Industrial en que se explotaba sin control a los trabajadores, especialmente mujeres y niños) en los países del Sur y por el pago de “salarios decentes” para las personas de servicio poco calificadas en el mismo EEUU. La década de los noventa termina con el potente crecimiento de la oposición anti-mundialización liberal, que pone en tela de juicio la búsqueda del máximo provecho como objetivo supremo y hasta único de la actividad económica.

La RSE aparece entonces como una de las respuestas de la elite dirigente hacia los movimientos sociales que se oponen cada vez con más fuerza a los exorbitantes poderes de las multinacionales, que las decisiones políticas de desregulación y la generalización de las privatizaciones vienen fortaleciendo desde hace ya veinte años. Luchas contra las prácticas de subcontratación de Nike o de Reebock, contra la irresponsable negligencia de Shell o de TotalFinaElf, contra los despidos “bursátiles” de Danon o de Mark & Spencer, contra la complicidad de algunas empresas petroleras con dictadores o regímenes corruptos, contra la “Macdonalización” y la mercantilización del mundo, por el respeto de las convenciones internacionales de la OIT y por los derechos de los trabajadores... estas luchas plantean de manera cada vez más aguda el principio del control democrático de las decisiones más importantes de las transnacionales cuyos efectos recaen a millares o hasta a millones de personas en vastos sectores del planeta.

Los planteos de la “RSE” que comienzan entonces a hacerse notar indican que muchos miembros de las élites dirigentes han tomado conciencia de la ilegitimidad  de la doctrina neoliberal según la cual la exclusiva misión de las empresas es la de maximizar los ingresos de los accionistas. Como lo expresa Milton Friedman, pope del liberalismo , toda otra consideración es inmoral y antieconómica. La aparición de la “RSE” testimonia el debilitamiento de la hegemonía de la doctrina neoliberal relativa al “gobierno de las empresas” , la “corporate governance”, solo para el “shareholder value” (accionistas) y el creciente interés que suscita la idea reformista denominada “stakeholder” que reconoce la legitimidad de los intereses de todos los que conforman la actividad empresaria. En el fondo el apoyo creciente hacia lo “socialmente responsable” es, no otra cosa para el Big business, que una tentativa de respuesta al modelo neoliberal destinada a restaurar una cada vez más cuestionada hegemonía moral.

La RSE se inscribe en la tendencia a la “privatización del derecho”

Los dirigentes más lúcidos, además de hallarse en algunos casos influenciados por los argumentos de los movimientos sociales, se preocupan  por el riesgo que implica la posibilidad de que los Estados y las instituciones internacionales cedan ante estos pedidos de volver a la regulación. Prefieren en cambio adelantarse demostrando la capacidad del big business de autolimitarse imponiéndose reglas de buena conducta voluntariamente adoptadas

La RSE se inscribe en la tendencia  más global de la privatización44 del derecho en la que el paso dado por la “refundación social” del Medef  en Francia es  un típico ejemplo. Esta iniciativa presupone que el Estado (o las organizaciones internacionales) no puede intervenir legítimamente en la economía. La empresa debe ser competitiva, debe poder elegir sus reglas de comportamiento ético o social en función de sus propias obligaciones. El campo de la “responsabilidad social” es por lo tanto  la ley de la “soft law”, la ley suave,  no obligatoria, libremente escogida, hecha de compromisos morales, jurídicamente  no sancionables, en lugar de la legalidad estatal. Se trata de promover concertadamente la auto-regulación, con socios elegidos, en lugar de la negociación colectiva con partícipes obligatorios; de utilizar instrumentos de análisis privadamente elaborados o caso por caso en lugar de criterios standard ; de acudir a auditorías privadas más que a inspectores de trabajo... Ciertamente  los sectores ultraliberales de los patrones (como la directiva del Medef) no muestran ningún interés por los temas de la responsabilidad social que consideran como una concesión inútil en estos tiempos; la RSE no constituye para ellos una amenaza en la medida en que se basa en una actitud puramente voluntaria de las empresas, ajena a todo compromiso jurídico o social, impulsada mancomunadamente por las ONGs o por grupos de intereses más o menos representativos destinada a inspirar eventuales acciones de los poderes públicos. Como lo expresara claramente  el presidente de Business Action  for Sustaineable Development en la cumbre de Johannesburgo en setiembre de 20025 “ uno de los éxitos de esta cumbre ha sido mostrar el poder de los empresarios. Preconizamos el desarrollo de los empresariados globales con otros (sic)  con el objeto de fijar normas para los diferentes sectores, (...) normas a partir de las cuales sea juzgado el business internacional. Los resultados ( de estas asociaciones) influirán igualmente en los procesos legislativos nacionales”. Es decir que las asociaciones entre las transnacionales y “otros” socios  elegidos sustituyen a las regulaciones públicas nacionales  e internacionales...

El triple resultado (“triple bottom line”): ¿un acto de fe?

Todos los textos sobre la RSE salidos de los medios de negocios giran alrededor de una misma temática: la gran empresa no puede ignorar a la sociedad en que se inserta;  la cantidad de empleados, el volumen de sus ganancias y su influencia económica y política le significan nuevos deberes. Las exigencias de la sociedad civil y de los consumidores son cada vez más fuertes, las empresas deben estar atentas para mantenerse competitivas. Porque las “virtudes” sociales y ecológicas  permiten aumentar la rentabilidad financiera. Dicho de otro modo, tratar bien a los empleados y al medio ambiente permite políticamente obtener un “resultado triple”: la empresa mejora las condiciones de vida de sus trabajadores, la calidad del medio ambiente y su propia rentabilidad.

El razonamiento subyacente es el siguiente: tomando cuenta de su “responsabilidad social y ecológica” la empresa se pone a cubierto no solo delos movimientos sociales o de opinión que pueden serle costosos6 sino que se asegura la benevolencia de la opinión pública interna ( sus empleados) y externa (los consumidores, los poderes públicos) y obtener de este modo una ventaja sobre sus competidores y afianzar su crecimiento en el largo plazo.

Es curioso descubrir la total ausencia de reflexiones explícitas sobre los costos que un mayor respeto al medio ambiente o una mejora en las condiciones de trabajo  podrían ocasionar. En la retórica de la RSE pareciera que estos costos no existen – y uno de pregunta entonces porqué las empresas no son desde ya entonces espontáneamente “socialmente responsables” – o son forzadamente inferiores a los beneficios (igual pregunta) Sin embargo mejorar las condiciones de trabajo y de los salarios, prohibir el trabajo de los niños, desarrollar la formación o limitar la precariedad  son en un primer momento costos extra para las empresas lo mismo que dejar de evacuar  deshechos contaminantes en los ríos o en las napas freáticas requiere importantes inversiones. El hecho de que estas consideraciones no aparezcan generalmente en las comunicaciones sobre la RSE de las empresas puede atribuirse a dos interpretaciones: sea que las empresas no evalúan los costos de la RSE porque esta apuntaría a un fin superior al de la maximización de los beneficios (aunque ante los accionistas pretenden lo contrario) o bien que los costos adicionales han sido evaluados y considerados menores o tan rentables como los realizados en publicidad. No es en absoluto seguro que estos temas (la metodología de evaluación de los costos y de la rentabilidad de la responsabilidad social) figuren en la formación sobre la RSE de los cuadros dirigentes que muchas empresas están instrumentando.

Si bien la cantidad de creyentes parece bastante grande  (si se leen las listas de los adherentes a las fundaciones dedicadas a la RSE) la efectividad práctica parece bastante limitada: encontramos siempre los mismos nombres ( Shell, Nike, Adidas, Body Shop, Ben &  Jerrys...) De modo que  el 5% de las inversiones en la City sería “socialmente responsable” es decir desarrolladas según criterios no exclusivamente financieros ( Fuente: Libro  Verde).

El ejemplo de Adidas-Salomon: el gerenciamiento de la cadena de subcontratación (supply chaín management)

Adidas-Salomon es una empresa de punta, como Nike su principal competidor, que se encuentra presionada por las campañas de las ONGs estadounidenses. He aquí como la empresa describe su actividad:

“Sub-contratar la producción no debe significar sub-contratar la responsabilidad moral. El propósito de esta estrategia es obtener los productos no al más bajo precio sino al  más bajo precio aceptable. Nuestra compañía cuenta con “estándares de compromiso” cuyo valor de aceptabilidad se basa sobre los propios valores de la empresa (...) La empresa cuenta con un equipo de 30 personas la mayor parte de ellas localizadas en su país de origen en el que se encuentran los proveedores (Asia, Europa y los EEUU) Estas personas conocen los derechos de los trabajadores y las reglamentaciones sobre seguridad de sus países y son a menudo  (sic) capaces de hablar con el  obrero en su propio idioma (...) Antes de entablar una relación con el sub-contratista, se le realiza una auditoria para estar seguros de que las condiciones de trabajo de sus operarios son compatibles con los criterios de Salomón. (...) Luego la supervisión continúa puesto que los subcontratistas son inspeccionados por lo menos  una vez al año y más aún si hubiera problemas serios. (...) En el 2000, se realizaron 800 inspecciones (...) Cuando se detectan problemas serios, la periodicidad de los controles se reduce a tres meses. Si el proveedor se niega a realizar los cambios que fueren necesarios Adidas se reserva el derecho de quitarle los encargos. Este tipo de decisiones solo se toma en casos extremos pues la empresa prefiere mantener a sus proveedores y trabajar desde adentro para favorecer las mejoras. Ver 

http://www.wbcsd.ch/casestud/adidas/index.htm

Las diferentes iniciativas

 

Bajo la etiqueta RSE se encuentran muy diferentes iniciativas : desde el vago « Código de conducta  puramente retórico que se contenta con remitir a las páginas WEB desde algunas multinacionales hasta redes de ONGs activistas o independientes que inspeccionan sitios internacionales en Asia Se pueden distinguir al menos tres grandes tipos de instrumentos:

 

·          “Códigos de conducta” o “Cartas” autoproclamadas y otras declaraciones de  principios éticos (el Global Compact  de la ONU anunciado por Kofi Annan en el 2000, puede considerarse de este tipo). Consiste en enviar señales a los asalariados, a los poderes públicos o  a la opinión pública  en general. Los mecanismos de aplicación de control de estos códigos son particularmente laxos: ya sea porque los códigos son en sí mismos vagos y de difícil evaluación, o porque no existen indicadores objetivos que permitan evaluar su grado de aplicación, o porque las evaluaciones son realizadas por organismos internos o dependientes de la empresa. Muchas fundaciones o asociaciones (en Francia el Observatorio Etico o el Observatorio de la Responsabilidad Social de las empresas)  tratan de motivar a las empresas sobre los temas de la RSE.

·          Etiquetas o certificados otorgados por organizaciones independientes: así la organización estadounidense Social Accountability International  ha definido una norma bajo el título SA8000 que controlan oficinas de auditoría independientes ; el  británico Institute of social and ethical accountability auspicia un procedimiento (AA1000) que permite integrar las pautas de la responsabilidad social a los indicadores de gestión de la empresa. La Global Reporting Initiative  es una gran ONG estadounidense que desarrolla  indicadores de resultados « sustentables » en tres ámbitos, económico, ecológico y social y cuenta con la participación de la AFL CIO, la confederación sindical estadounidense como también (entre otras) de  la General Motors,Nike, Ford y…TotalFinaElf. AFNOR  ha elaborado una norma (SD 21000) mientras que su equivalente internacional la ISO todavía no ha incursionado en este campo. Bélgica ha aprobado una ley sobre las etiquetas sociales7 de la que participan  los poderes públicos, ciudadanos y ONGs y Dinamarca tiene asimismo etiquetas muy difundidas aunque todavía no respaldadas por una ley. La dificultad reside en desarrollar instrumentos de medida de resultados  sociales y ecológicos, es decir indicadores que tengan el mismo sentido para todas las empresas y que permitan compararlas entre sí y en el tiempo. Las etiquetas tienen la ventaja de ser públicas y de poder ser controladas de manera independiente.

·          Los organismos asesores en inversiones “socialmente responsables”: (en Francia esta ARESE, filial de la Caja de Depósitos que ha desarrollado esta oferta para las emresas europeas8 Se trata de agencias de “rating” social y medioambiental que atribuyen a las empresas calificaciones que reflejan sus resultados ecológicos y sociales. Los clientes de estas agencias son fondos “éticos” u organismos de inversiones socialmente responsables que tratan de dirigir sus inversiones hacia empresas “políticamente correctas”La utilización por parte de las empresas de las  etiquetas o los nombres anteriormente mencionados pueden constituir un criterio de juicio pero no el único (efectivamente son muy pocas las empresas que usan actualmente esas etiquetas) Para adjudicar las notas a las empresas las agencias de rating social proceden a analizar los documentos de las empresas (balance financiero, “balance social”, obligatorio en Francia para empresas con más de 300 trabajadores, etc) mediante cuestionarios enviados a las empresas, entrevistas con sus componentes (gerentes, sindicatos, ONGs..) Como se trata de asesoramientos los resultados no son generalmente poblicados por cuanto pertenecen  al cliente que paga el estudio9 La transparencia y los resultados son por lo tanto bastante débiles. El Centro Francés de Información sobre Empresas (CFIE) realiza más bien un papel de lobbying con relación al RSE aunque realice análisis de resultados societarios (publica un informe en Alternativas económicas sobre las multinacionales francesas).

 

La mayor parte de las iniciativas forman parte actualmente de la primera categoría: la lógica espontánea de la inmensa mayoría de las empresas es la de tratar de conservar el control interno de las pautas RSE. Las multinacionales en respuesta  al Libro Verde de la Comisión insisten en la necesidad de que las iniciativas sean de carácter voluntario y no coercitivo, en que resultan nocivas  las tentativas de normalización o de generallización de las pautas. Las empresas están a menudo dispuestas a destinar algunos recursos a la creación de una Dirección específica (“ética de los negocios” o “desarrollo sustentable”), a la redacción de Cartas y  la difusión de “prácticas correctas” ( en el marco del benchmarking, precedentemente llamado copia que forma parte de las prácticas corrientes del moderno gerenciamiento). Suelen estar dispuestas a responder a los cuestionarios de las agencias de rating social y a abrirles las puertas a sus consultores. Son menos frecuentes las que aceptarían voluntariamente  a elaborar un “balance social” público basado en criterios objetivos, mensurables y definidos fuera de  la empresa, procedentes de varias fuentes y que puedan producir una auditoría plenamente independiente...  ¿Cómo pueden intervenir los movimientos sociales para influir en estos procesos?

 

La RSE, una caja de Pandora

 

Frente al desarrollo de esta retórica de la RSE podemos considerar a las multinacionales y a sus dirigentes al pie de la letra. La crisis de legitimidad del neoliberalismo puede obligarlas a abrir la caja de Pandora. Los movimientos sociales y ciudadanos pueden impulsarlo ventajosamente y poner  fundamentalmente en tela de juicio las actuales reglas de juego a través de las cuales los accionistas y los dirigentes son los únicos contramaestres de las empresas: hacia un proceso de responsabilidad social y ambiental que permita avanzar hacia el control democrático de las transnacionales.

 

Pretendiendo ubicarse en el terreno de la responsabilidad social y ecológica, cuando hasta ahora fundaban ampliamente su legitimidad sobre postulados de eficacia y del juego del libre mercado, las empresas se están comprometiendo en el marco de la mundialización liberal (¿tienen acaso elección?) en un terreno peligroso para su hegemonía. En el debate que les ha sido impuesto por los movimientos sociales y en el que intentan redefinir sus términos, las multinacionales están viendo ampliarse el campo de maniobras de los sindicatos y de las ONGs independientes y abrirse en consecuencia un  nuevo campo de lucha (definición de indicadores, formas de control, sanciones...) Sus pretensiones de definir y controlar por sí mismas los criterios “socialmente responsables” en el marco de organizaciones cuidadosamente dosificadas, podría volverse  insostenible frente a la presión de los movimientos sociales y de la opinión pública. ¿Ustedes quieren lograr un “desarrollo socialmente sustentable”, conciliar la ley del beneficio con el desarrollo humano? Sea. Pero ¿cuales son las medidas que estáis tomando para asegurar la distribución equitativa de las ganancias de la  productividad entre vuestros empleados, el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, la igualdad entre hombres y mujeres, la seguridad laboral? ¿Estáis dispuestos a poner en conocimiento del público vuestros resultados sobre el particular, a través de indicadores  elaborados y controlados por organismos realmente independientes? O bien ¿la publicidad policroma, las Cartas huecas y los coloquios con invitados elegidos van a seguir siendo para vosotros el único compromiso ciudadano?

 

Por otra parte el debate puede resultar saludable para uno de sus actores más importantes, el sindicalismo. Resulta muy evidente hoy en día la dificultad de estos últimos en lo que  hace a la redefinición de sus estrategias en el contexto de la mundialización liberal y del crecimiento de los movimientos contestatarios civiles. El debate sobre la responsabilidad social y ambiental de las empresas puede ciertamente, entre quienes acepten los términos de la RSE, según sus turiferarios patrones, facilitar la cooptación dentro del  juego neoliberal, reservándoles un papel supletorio en la certificación y calificación de las empresas, a los actores sindicales. Pero también puede empujar al sindicalismo a repensar su papel y el de los demás actores sociales en el sentido de abrir nuevos campos de lucha, mediante la formalización de nuevas alianzas con los consumidores, los usuarios, las asociaciones y las ONGs intervinientes en los campos de la actividad empresaria. Puede también conducirlos a replantearse el problema de la intervención de los trabajadores en las decisiones económicas  (qué produce la empresa, porqué, para quién, cómo...) Su capacidad para tratar seriamente estos problemas será decisiva para el éxito de las nuevas alianzas.  El debate obligará sin duda a tratar cuestiones cruciales (por ejemplo: cadenas de subcontratación, nacionales e internacionales, diferencias entre empresa y sociedad de capitales) mal encaradas por los actores sociales en las empresas y no  tratadas por las instituciones o los derechos existentes.

 

Trampas a desarmar

 

Existen de todos modos serios peligros que reclaman cierta prudencia en nuestro posición amiento y un análisis preciso de los desafíos que plantea n los debates sobre la responsabilidad social de las empresas. La primera trampa consiste en admitir la cooptación de la crítica como argumento comercial. Desde ahora el buen ciudadano debería cargar su tanque en la Shell y no en TotalFinaElf o hacer sus compras en Carrefour más que en Auchan . Dado que las pautas de la RSE son comparativas por naturaleza: las empresas se clasifican las unas con relación a otras, (o en relación a sus prácticas anteriores)en función de una batería de criterios económicos, sociales y ecológicos. La hipótesis más fuerte que sostienen estas pautas es que los actuales problemas sociales (aumento de las desigualdades, desempleo, precariedad, devastaciones ecológicas) son la consecuencia de los inadecuados comportamientos empresarios individuales y que mejorando sus componentes mejorará la situación global.

 

Ahora bien esta hipótesis debe ser ampliamente discutida: bajo el efecto  de la dinámica de conjunto del capitalismo neoliberal, es probable que los progresos supuestamente realizados por tal o cual empresa serán contrapesadas por la degradación producida por sus competidores en otra parte ; nada asegura tampoco que el comportamiento calificado (¿por quién?) socialmente responsable por una empresa pueda mantenerse frente a la aleatoriedad de los mercados  y de los accionistas. Danone, parangón de lo socialmente correcto en Francia, tomó la decisión de suprimir  empleos en nombre del crecimiento del retorno de las inversiones. (eligiendo por otra parte, por azar sin duda, cerrar los dos establecimientos más sindicalmente turbulentos).

 

Un compromiso acrítico con el proceso RSE tal como actualmente está planteado por sus promotores desembocaría en una legitimación de un  capitalismo neoliberal atemperado por la buena voluntad de las multinacionales. Se acepta la lógica del valor accionista, moderándolo al nivel de cada una de las empresas teniendo en cuenta valorees sociales o ecológicos, pero sinn poner en tela de juicio las opciones neoliberales: libertad del movimiento de capitales, privatizaciones, reducción de los presupuestos sociales, competencia generalizada...Constituye la tentación de algunos sindicatos o de ciertas importantes ONGs comprometidas con la defensa de los derechos del hombre, habituadas a razonar sobre casos concretos, individuales y desdeñosas de los razonamientos globales. De este modo, influido especialmente  por el ejemplo de Renault  Vilborde, el Libro Verde de la Comisión europea insta a la “reestructuración responsable”  diciendo al respecto “ la forma es a menudo tan importante como el fondo” (p.11) y que es conveniente “asegurar la participación y el involucramiento” de los asalariados en la toma de  decisiones de supresión de empleos que no forman parte de ciertas negociaciones...

Una segunda trampa, muy cierta teniendo en cuenta la literatura existente sobre la RSE, tiene que ver con el corto circuito en los sindicatos. Estos se han visto considerablemente debilitados por las nuevas formas de gestión del trabajo (precarización, flexibilidad en a organización laboral, acelerada movilidad de los asalariados...) puestas en práctica con el objeto de de asegurar a los inversores  la más estable y elevada rentabilidad posible. Hasta ahora los sindicatos permanecen  quasi ausentes   dentro de los planes de RSE ( la palabra sindicato por ejemplo solo aparece excepcionalmente en el Libro Verde de la Comisión Europea. Efectivamente aparece recién en la página 17 y de manera totalmente incidental). La RSE  (se nota claramente en el enfoque anglo sajón les reserva un papel secundario, de relevo del discurso ético gerencial o en el mejor de los casos como auxiliares de  la definición o del control interno de los criterios de responsabilidad social. Frente a la opinión pública externa, llamada por la RSE a jugar de árbitro entre las empresas que compiten por una mejor imagen “ética”, algunos sindicatos   pueden ser conducidos a formular sus críticas y a jugar a favor de la empresa para evitar una disminución de su nota (clasificación) y la pérdida de mercados accionarios. Mucho más ( por lo menos los más estables y más calificados) si los empleados bajo la égida de su sindicato han invertido en dicha empresa o en fondos éticos 

Finalmente en el marco de la lógica ya invocada  de la “privatización del derecho”, la RSE tiende a privilegiar el interés de todos los que conforman directamente la empresa (los accionistas, los empleados, los consumidores) descuidando el tema del “interés general”  y de su construcción. Lo que es bueno para los “componentes” de Total FinaElf  o de otras  empresas químicas puede no serlo para el conjunto de la sociedad (vale recordar el acuerdo firmado entre los sindicatos y los directivos de la empresa para salvaguardar las fábricas  de Toulouse contra la voluntad de los habitantes y de los colectivos locales). Son necesarios pues arbitrajes políticos  que deben respaldar la democracia para todos los ciudadanos en su conjunto.

La privatización del enjuiciamiento hace nacer toda una industria de asesoramiento y evaluación de lo “socialmente responsable”  sobre los que, al igual que en los consejos de  evaluación puramente financiera, se ejercen toda clase de influencias cruzadas entre  quienes contratan las auditorías, los controladores, los asesores de gestión, las empresas controladas... Se vio en  la quiebra de Enron: la sociedad auditora Arthur Andersen, que era la encargada de autentificar los balances (trucados) de Enron, aceptó  cerrar los ojos durante años sobre grandes malversaciones (creación de miles de sucursales en paraísos fiscales para disimular deudas y aumentar ficticiamente las ganancias) Y es indudable que la complicidad de Arthur Andersen  era generosamente retribuida  mediante contratos de asesoramiento solicitados por Nerón... Por otra parte la proliferación de organizaciones y de métodos anglosajones conduce a la standardización de los procedimientos de evaluación y aún de los conceptos, tendiendo a hacer  de la certificación social un caso particular del “certificado de calidad” mediante procedimientos bastante menos rigurosos.

Es probablemente seguro que las ONGs combativas puedan intermediar entre los métodos y las organizaciones competentes, denunciar las corrupciones y favorecer a las más críticas e independientes, pero también es probable que tengan dificultades para entrar en las empresas a requerir informaciones y sobre todo a disponer de financiación suficiente para poder competir en gran escala con oficinas integradas al business. A menos que el sector se beneficie con reglamentaciones y financiamiento público lo suficientemente importante como para garantizar la transparencia y la fiabilidad democrática.

La crítica global y la presión local: algunas propuestas

Resulta decisivo ser consciente de los riesgos para preservar la evolución de ATTAC hacia una radical democratización ciudadana y de la reapropiación por parte de los ciudadanos del funcionamiento de la sociedad. Debemos mantener  y desarrollar la crítica global del capitalismo neoliberal, exigir el fortalecimiento de los derechos de las organizaciones sindicales, de las ONGs  de defensa de los intereses de los ciudadanos, de los productores y de los consumidores, reclamar a los poderes públicos la defensa del interés general en lugar de continuar con sus políticas de desregulación y de privatización, que enaltezcan los derechos sociales, que definan y fortalezcan las leyes y los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales que garanticen el respeto de tales derechos.  Solo en este marco podrá desarrollarse la inclusión del tema de la responsabilidad social, ecológica y democrática de las empresas con el objeto de salir los discursos huecos sobre la RSE y de las piruetas publicitarias y obligarlas a ejercitar la transparencia sobre las condiciones sociales y ecológicas de sus actividades propias o subcontratadas en todo el mundo y preparar el terreno para la incorporación de regulaciones públicas para las mismas. Se trataría de desarrollar una estrategia de hostigamiento constructivo tomando al pié de la letra la virtuosas proclamas de los dirigentes  y exigiéndoles su traducción en acciones concretas, evaluadas según indicadores objetivos establecidos y controlados pluralísticamente.

La lucha por la responsabilidad social de las empresas, que debe diferenciarse de la fraseología sobre la RSE, podría salir muy bien de los estrechos marcos en que se pretende encerrarla; la fuerza de las ideas y de las aspiraciones democráticas no dará lugar a la manipulación  si los movimientos sociales se adueñan del debate, formulan radicalmente sus términos10 y exigen  transparencia  y evaluaciones independientes de los resultados  “societarios” de las empresas. ATTAC podría plantear en tal sentido  una cierta cantidad de principios y de propuestas concretas que tendría por objeto:

1º. Exigir una mejor aplicación del derecho existente

2º. Incorporar nuevos derechos para los trabajadores y los ciudadanos.

3º. Proveer informaciones confiables a los actores sociales y económicos (consumidores, otras empresas, sindicatos) y a los poderes públicos, con el objeto de apoyar las movilizaciones sociales y las políticas públicas.

Es importante, ante todo, reafirmar la necesidad de aplicar rigurosamente las actuales leyes sociales y desarrollar nuevos derechos . En el marco de la refundación social el Medef quiere retrotraer la regulación pública ( leyes iguales para todos) en pro de una negociación social descentralizada, con sindicatos fragmentados y a menudo minoritarios. Los lobbies pro-RSE de las transnacionales desarrollan estrategias similares (cf. Johannesburg)  para producir cortocircuitos en las tentativas de regulación pública internacional. Contra la autorregulación de la actividad de las empresas, contra la regulación por parte de organismos privados opacos y captados por las empresas, contra la privatización del derecho y los patronazgos de las transnacionales con socios más o menos representativos e independientes, nosotros exigimos el fortalecimiento de la intervención pública, el control de los Estados y de las instituciones internacionales , primero para convertir en obligatorio el respeto a las convenciones de la OIT (con sanciones penales para las violaciones) y en hacer respetar simplemente los diferentes códigos laborales.  Esto pasa de manera insoslayable  por el fortalecimiento de los poderes  y de los inspectores laborales, así como por la búsqueda de nuevos métodos a nivel europeo e internacional.

Para favorecer la transparencia y la evaluación independiente del comportamiento de las empresas, apoyamos la definición de indicadores ambientales y sociales generales y obligatorios para aplicarlos a las empresas multinacionales, y permitan evaluar sus prácticas ambientales y sociales ( condiciones laborales y de empleo, derechos sociales, revisión de la precariedad y las subcontrataciones...) Se crearían o apoyarían  instituciones ad hoc  destinadas a elaborar indicadores y ayudar a los actores a ponerlos en marcha y para sostener a las ONGs independientes (a condición de que funcionen transparente y democráticamente) encargadas de ayudar a los intervinientes y a los poderes públicos a asegurar la rigurosa aplicación de dichos indicadores.. En Francia se podría comenzar por actualizar y especialmente a homogeneizar los indicadores del Balance social anual, obligatorio desde 1978 para toda empresa con más de 300 empleados11 y establecer la obligatoriedad de su publicación en internet como así también el informe anual sobre la situación comparada de hombres y mujeres en la empresa, (obligatorio desde 1983 para toda empresa con más de 50 empleados) Los  grandes grupos deberán incluir a sus subcontratistas dentro de estos balances. Por otra parte será necesario construir indicadores específicos para las PYMES.

Para una mayor independencia y transparencia de los métodos y de los actores de la evaluación de los resultados de las empresas: quienes intervienen en el terreno de la responsabilidad social y ambiental (agencias de auditoria, oficinas de calificación, asesorías de inversiones, etc) no serán creíbles sino se independiza absolutamente su financiamiento de la financiación por parte de las empresas evaluadas. Lo muestra claramente la experiencia de los recientes  escándalos financieros: los organismos de auditoria o de evaluación financiados por las transnacionales no podrían pretender exhibir confiabilidad democrática. Para asegurarla estamos convencidos de que será necesario  crear instancias públicas nacionales e internacionales de evaluación ciudadana que podría de ese modo “etiquetar las etiquetas” En el nivel nacional esta instancia podría reunir, bajo la tutela de los poderes públicos, a los representantes de los principales actores involucrados, empresas, sindicatos, asociaciones y ONGs, colectividades territoriales) y servir de ventros de recursos y de experiencias para esos actores, con el objeto de mejorar la calidad y la comparabilidad de las evaluaciones. Una instancia similar debería crearse a nivel internacional (asociando a la OIT, al PNUD y a las ONGs independientes) para trabajar en el establecimiento de normas internacionales comunes en materia de evaluación de las prácticas empresarias.

Para fortalecer los contrapoderes a nivel empresarios estamos convencidos de que se deberán fortalecer los derechos sindicales y la independencia de los sindicatos con relación a las empresas, el desarrollo de una estrecha colaboración  entre actores internos (sindicatos, organizaciones representativas del personal) y externos (asociaciones, ONGs) tendientes al fortalecimiento de las reales y autónomas capacidades de los expertos y al democrático funcionamiento de las empresas. Se deberán en consecuencia ampliar las prerrogativas de los Comités de Empresa  con derecho a una intervención sobre las decisiones empresarias más importantes en materia de empleo e inversión; la ampliación de los Comité de empresa con la incorporación de una serie de actores de la sociedad civil y de las colectividades territoriales ( que a menudo contribuyen a la financiación de estas empresas y sufren en consecuencia sus  decisiones);etc.12

Para fortalecer los contrapoderes de los consumidores apoyamos el desarrollo de acciones colectivas por parte de los consumidores por medio de boicots (asociados con los sindicatos de las empresas involucradas) o el comercio ético; y por lo tanto al desarrollo de etiquetas definidos en condiciones de transparencia y  evaluación, anteriormente citados referentes a los productos y a los servicios provistos por las empresas que respetan  estándares satisfactorios en relación a los indicadores sociales y ambientales.

En cuanto a la de definición de políticas públicas estas deberán incitar a cumplir los objetivos en materia de resultados sociales y ambientales, planteados por los poderes públicos a nivel local e internacional (ordenamiento del territorio, políticas de empleo, protección del medio ambiente, etc) Estamos  a favor de tener en cuenta  criterios sociales en los mercados públicos de los Estados de la Unió Europea: los poderes públicos y las empresas públicas deberán favorecer, en relaciones calidad-precio más o menos equivalentes a las empresas que muestren (de manera creíble) resultados sociales y ecológicos superiores. Se podrán llevar a cabo otras políticas de apoyo (créditos bonificados, subvenciones, etc...) para favorecer estas pautas, especialmente en relación a las PYMES.

A prop ósito de las inversiones socialmente responsables, presentadas a menudo como una manera de favorecer la conducta socialmente responsable de las empresas a través de la presión de los inversores, es necesario distinguir, por un lado el ahorro solidario, y por otro la tentativa de influir sobre las empresas a través del  ahorro de los asalariados invertido en los mercados financieros. El ahorro solidario es legítimo como opción ofrecida a los ciudadanos que quieren contribuir en proyectos de desarrollo comunitario, de utilidad social o de desarrollo local, mediante una menor pero garantizada retribución local. Por el contrario ATTAC se ha declarado en contra de los fondos de pensión en general y contra la ley Fabius (o de su sucesor) sobre los planes de ahorro salarial en particular. Tratar de impulsar la inversión “socialmente responsable” con  el fin de orientar el ahorro de los trabajadores, de alguna manera asegurado por acciones socialmente correctas es una ilusión que puede ser peligrosa. La ilusión de querer  moralizar los mercados financieros  mediante la introducción de criterios no financieros: también en el caso del masivo desarrollo de los fondos de pensión en  Europa (hipótesis combatida por ATTAC) o de una conversión de los ricos ahorristas individuales hacia la inversión “ética”, no llegará a tener suficiente tono crítico como para pesar sobre los fondos especulativos “ordinarios”.13 Ilusión peligrosa, sin duda, puesto que se alimenta  del flujo de recursos hacia los mercados financieros, refuerza la lógica  financiera en los comportamientos individuales y colectivos, contribuye al desarrollo de la esquizofrenia salarial (apruebo mi despido porque redundará en la suba de mis acciones)  El hundimiento fiananciero ha desacreditado ( al menos por un buen rato) la aventurada orientación que incitaba a los trabajadores a querer influir en los mercados financieros  con su ahorro colectivo.

Conclusiones

ATTAC debe comprometerse en el debate sobre la responsabilidad social y ambiental de las empresas. Este debate ha sido impuesto a las transnacionales y a las elites dirigentes por los movimientos sociales de estos últimos años: es nuestro debate. La codificación en ciertos sectores de negocios de iniciativas  de “Responsabilidad Social de las Empresas” se apoya en compromisos a menudo débiles, raramente verificables de modo independiente y generalmente definidos de manera unilateral o por “patronazgos” que por lo general excluyen a los sindicatos y a los poderes públicos nacionales e internacionales. Esta iniciativa de autorregulación sobre bases voluntarias está acompañada por la creación de instituciones y de organismos de evaluación y de  normalización dependientes, a veces financiados, por las transnacionales , nosotros les contraponemos la construcción controversial de instrumentos y de instituciones evaluadoras independientes, las únicas  susceptibles de garantizar, en nuestra opinión, la sustentabilidad democráticay la eficacia social de  los procesos de responsabilidad social de las empresas.

Algunos elementos bibliográficos

Capron M., Quairel F. (2002), « Les dynamiques relationnelles entre les firmes et leurs parties prenantes », Rapport au Commissariat général du plan. Commission Européenne (2001), « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises. Livre Vert », juillet Courrier de la Planète (2001), « Entreprises. Quelle responsabilité sociale ? » , Solagral Dion M. (dir.) (2001), Responsabilité sociale de l'entreprise et déréglementation, Montréal, Guérini Duval G. (2001), « 30 entreprises françaises au banc d’essai », Alternatives Economiques, Octobre Force Ouvrière (2001), « Commentaires sur le « Livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises » » décembre (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/fo_fr_fr011211.html) Mercier S. (1999), L’éthique dans les entreprises, La Découverte Revue du Mauss, Éthique et économie. L'impossible (re)mariage ?, n° 15, premier semestre 2000, Paris, La Découverte. Salmon A., Éthique et ordre économique. Une entreprise de séduction, Paris, CNRS Éditions, 2002 Université Européenne du Travail (2002), « Socialement responsables ? Contribution à la réflexion sur la responsabilité sociale et ses pratiques en Europe », Liaisons Sociales Europe

Wolfers M., Fraisse L., Cozette M. (2001), « Entreprises et solidarité », Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire (

http://business.socioeco.org

  REFERENCIAS


[1] En el marco del grupo de trabajo del Consejo Científico de ATTAC “economía solidaria y democracia económica” este texto ha sido coordinado por Thomas Coutrot co-animador con J.L. Laville del grupo que ha discutido largamente y corregido  una primera versión (Contribuyeron al debate: Tony Andréani, Thierry Brugvin, Michel Capron, Martial Cozette, Guillaume Duval, Laurent Fraysse, Christian Jacquiau, Madeleine Hersent, Pierre Khalfa, Jean-Louis Laville, Jean-Paul Maréchal, Christiane Marty, Arturo Palma, Eric Saint-Alary, Catherine Samary, Claude-Emmanuel Triomphe).

[2] Hacemos notar sin embargo que el “Ministerio de la Responsabilidad Social de las Empresas” creado por Blair en el 2000  fue ahogado en el seno de un más vasto “ministerio de e-comercio y de la competitividad” cuyas atribuciones son por lo menos demasiado amplias...” el e-comercio, las industrias de la comunicación y de la   información, las agencias de radiocomunicaciones, los servicios empresarios, postales, la responsabilidad social de las empresas y las empresas sociales”

[3] Citemos por ejemplo Corporate Social Responsability Europe, una fundación que agrupa especialmente a  British Telecom, IBM, Suez, France Telecom, Danone , Shell, Nike, etc,[3]), o el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que reune a 150 multinacionales de 30 países  (ATT, BP, Ford, GM, Monsanto, Shell, Unilever, etc…)

 

4 O de la “re-feudalización” según la expresión del jurista Alain Supiot relativa ala “autorregulación” patronal

5 Discurso del –Sr. Moody Stuart Presidente del BASD que es una coalición entre la Cámara Internacional de
  Comercio  y el WBCSD-
/www.basd-action.net/docs/speeches/20020909_mms.shtml

6 Como expresa el libro verde de la Comisión europea, la RSE “contribuye a minimizar los riesgos
   anticipando y previniendo las crisis que pueden ensombrecer la reputación de la empresa y provocar una
   espectacular caída del valor de sus acciones.

7 Ley del 27/02/2002

8 Nicole Notat, exsecretaria general de la CFDT, acaba de acerse caro de una nueva agencia de calificación
 (VIGEO) que absorbió a ARESE con acuerdo de la Caja de Depósitos

9 Se hubiera podido esperar que las cosas mejoraran al aceptar las multinacionales de no hacer por su
  cuenta el balance de aplicación de los Códigos  confiando esta tarea a empresas de certificación social
  como
PricewaterhouseCoopers, Interek, SGS ou DNV. Pero la supervisión de los Códigos constituye una fuente de
   ingresos, poniendo en peligro a quienes las realizan
 (E. Sheperd, « Credibility gap between codes and conduct », Asian
   Labour Update, n°37, 2001, cité in « Entreprises, quelle responsabilité sociale », Courrier de la Planète n°64, 2001)
.

10 Rechazando por ejemplo la noción de “triple resultado” que trata de hacer creer que la maximización de los réditos financieros es compatible con el bienestar social y el desarrollo sustentable.

11 En oportunidad del debate de la ley que establece el Balance Social, el CNPF había logrado que los indicadores obligatorios no fueran estrictamente estandardizados con el objeto de evitar la posibillidad de realizar comparaciones sistemáticas entre las empresas.

12  Remitimos al texto de ATTAC “Contra los despidos bursátilmente convenientes” Junio de 2002

13  La cifra del 15% de inversiones éticas en los EEUU incluye los fondos religiosos, que excluyen a las empresas de bebidas alcohólicas, cigarrillo, armas... En todo caso los efectos no son para nada visibles ni sobre el comportamiento global de las empresas, ni sobre los mismos mercados financieros; en cuanto a las tentativas de los sindicatos estadounidenses de influir en la gestión de las empresas a través de los fondos de pensión sindicales, el fracaso ha sido total como lo demuestran Pernot y Sauviat (2001)