Corregir las causas de la crisis

Diario Clarin – Editorial

Sábado 13 de mayo del 2000

El conflicto de Salta ha derivado, como era casi previsible, en violencia y tragedia. En estos momentos es urgente encontrar las vías para la vuelta a la normalidad, lo que requiere, necesariamente, proporcionar asistencia a los pobladores de General Mosconi. Pero paralelamente los gobiernos nacional y provinciales tienen que considerar seriamente los problemas estructurales de las zonas en crisis y diagramar políticas para empezar a resolverlos.

Los reclamos de los manifestantes de General Mosconi son fácilmente entendibles: piden el pago de salarios atrasados y el mantenimiento de programas de trabajo que habían sido prometidos. Dadas la falta de otras fuentes de ingresos, los recursos proporcionados por esos programas son vitales para la sobrevivencia de muchas familias.

Aun así, los métodos utilizados en la protesta no son justificables. Los manifestantes recurrieron a cortes de ruta que afectan seriamente las actividades de empresas y el desempeño de otro trabajadores y desataron una escalada de violencia que culminó con muertes, heridos y destrozos de instalaciones públicas.

Sobre este punto habrá que establecer hasta donde llega la responsabilidad de los manifestantes del lugar y en qué medida pudo haber influído la acción de instigadores interesados en crear un clima de inseguridad como parte de alguna maniobra política.

También hay que establecer si las fuerzas policiales locales o la Gendarmería cometieron excesos y si hicieron todo lo que estaba a su alcance para prevenir los hechos de violencia. En anteriores situaciones se ha evidenciado poca solidez en la prevención.

Con respecto a los reclamos económicos, más allá de las soluciones de corto plazo, es necesario conisiderar que la crisis de Salta es un caso más en un amplio abanico de lugares con problemas que ya son escenarios de conflictos o están en vías de serlo.

Este cuadro se origina, básicamente, en la larga historia de atraso de amplias zonas del interior, que en ciertos casos se fueron agravando en la última década.

Mientras algunas explotaciones crecieron o sobrevivieron sobre la base de la modernización de las producciones y la salida a mercados externos, otras sufrieron el impacto de las fluctuaciones de la demanda doméstica y de los precios internacionales, los altos costos financieros y la presión fiscal.

A esto se agregaron en muchos puntos de la geografía nacional, consecuencias derivadas de las privatizaciones. Tal es el caso de General Mosconi y de otras ciudades del Norte y de la Patagonia, en las que la venta de YPF causó el cierre de instalaciones de la empresa, la reducción de tareas de exploración y en consecuencia la pérdida de puestos de trabajo. En otros lugares el levantamiento de ramales ferroviarios condenó a pueblos enteros a una progresiva pérdida de actividad y de oportunidades de trabajo.

Esta situación fue observada casi pasivamente por los gobiernos anteriores que en el mejor de los casos, dispusieron programas de emergencia de alcance reducido.

Los gobiernos provinciales han tenido también, en su mayor parte, una responsabilidad fundamental.

Casi tradicionalmente han sido poco enfáticos en la recaudación de impuestos y proclives a destinar buena parte de sus recursos escasos a financiar el clientelismo político, cuando no, la corrupción de la administración, en lugar de sustentar programas de desarrollo local. A su vez, suelen dedicar buena parte de sus energías en reclamar mayores fondos de la coparticipación y en atribuir la responsabilidad de sus dificultades de sus territorios a las políticas del gobierno central. Por otra parte las finanzas públicas, del Gobierno Nacional y de las provincias tienen deficit elevados y escasos recursos para financiar programas de emergencia.

Esto es el resultado de años de imprevisión, irresponsabilidad y desaprensión por las necesidades elementales de la población, que solo puede afrontarse con un cambio radical de políticas.

En lo inmediato el Gobierno nacional y los provinciales deben coordinar esfuerzos para ofrecer ayudas para paliar las necesidades de las economías y las poblaciones afectadas. Para que ello sea posible tanto el gobierno nacional como los provinciales deben revisar sus programas de gastos y sus métodos de administración de los fondos públicos, para derivar los recursos hacia los destinos con más capacidad para generar trabajo y evitar que sean absorbidos por la corrupción.

El monitoreo de la utilización de los programas de trabajo y asistencia social es fundamental para evitar que se repitan desvíos indebidos de fondos.

Peor la crisis del interior alcanzó tal profundidad que las políticas asistenciales no bastan, por lo que es fundamental la reconversión de las economías regionales.

Como toda crisis, esta puede aportar una enseñanza que sirva para corregir los errores acumulados. Si no es así, nos espera casi seguramente, un oscuro horizonte de descontento, violencia y regresión económica y social de amplias zonas del país.