Del blindaje a la nueva convertibilidad

Julio C. Gambina*

jgambina@idelcoop.org.ar

Todo parece un operativo mediático. Durante los últimos seis meses sobreabundaron los grandes anuncios de superación de las dificultades económicas, que se concentraban en la larga recesión y en su impacto como crisis económica. Los mensajes fueron pronunciados por tres ministros de economía en un gobierno que al sustituirlos confirmaba una mutación en las alianzas políticas y sociales con las que había llegado al manejo del Poder Ejecutivo Nacional. La realidad nos muestra que los problemas subsisten y también, los anuncios. Ayer Machinea alardeaba con el blindaje financiero y ahora Cavallo hace aprobar la Ley de Competitividad, prácticamente reducida a un nuevo impuesto y eleva al Parlamento un proyecto de modificación y ampliación del régimen de convertibilidad. Mientras tanto, la recesión continúa y los efectos se descargan sobre los mismos e indefensos sectores sociales.

Los datos del Indec nos revelan el cuadro de situación. El desempleo abierto parece estabilizarse en un piso del 15% y en una cifra similar el subempleo. Estas cifras  representan a más de 4 millones de personas. El trabajo no registrado, según confirman en el Ministerio de Trabajo implica a más del 38% de los asalariados. Nos encontramos así con 2.027.000 trabajadores desempleados y 3.400.000 no registrados (en negro), de modo que 5.427.000 trabajadores, según las estadísticas oficiales, están desprotegidos de cualquier forma de seguridad social. Esto es lo que pagan los trabajadores para reducir el costo argentino y mejorar la rentabilidad del capital. A los datos mencionados debe adicionarse que debido a la fuerte evasión previsional de los trabajadores autónomos y "monotributistas", la población estimada que no dispone de ninguna contención proveniente de la seguridad social alcanza al 55% de la población económicamente activa (P.E.A.). Si la P.E.A. se estima en 14.083.000 personas en edad de trabajar, unas 7.600.000 quedan afuera de una red de seguridad construida durante años. Sólo el 45% de la P.E.A. tiene algún tipo de cobertura.

Son confirmaciones numéricas del impacto social derivado de las políticas económicas que hegemonizaron el accionar de gobierno en los últimos 25 años. No en vano tomamos ese periodo histórico. Por un lado se puede verificar la reiteración de los personajes a través de la historia y no resulta raro que los tres ministros de economía que hasta ahora presentó la Alianza hayan participado en varios de los turnos gubernamentales de ese periodo, todos bajo la dictadura u otros turnos constitucionales, siendo el actual ministro quién exhibe el récord de haber transitado por gobiernos presididos por militares, peronistas y radicales. Por otro lado, se puede consignar el doble accionar de políticas represivas y de manipulación del consenso en todo el periodo. Aludo a la represión abierta del terrorismo de Estado en su momento y a la judicialización del conflicto social en la actualidad, entre otras formas supérstites de la represión. En materia de manipulación del consenso podemos remitirnos al manejo asociado de la clase dominante con los gobiernos a través de los medios masivos de comunicación y ayudado  por  campañas propagandísticas, tales como el "blindaje", la "competitividad" o la "eurolización", tan últimamente en boga

La crisis es de fondo

Pero, aún más allá de este cuadro de situación social, la crisis económica es manifiesta y junto a la continuidad de la recesión se ven afectados sectores de las clases dominantes vinculadas a la producción, tal el caso de muchos industriales y ganaderos. Es que algunos ganadores de ayer empiezan a transferir ingresos para la acumulación de los beneficiados supérstite, vinculados a los sectores más dinámicos de la acumulación de capitales, riquezas y poder. Entre ellos se encuentran los Bancos Transnacionales con actuación hegemónica en el sistema financiero local; las empresas privatizadas de servicios públicos, que con los cambios de firma han consolidado el peso del capital transnacional en la propiedad y administración de las mismas; algunos sectores industriales y exportadores (alimentos, petróleo, automotores). Lo cierto es que ese abanico estrecho de beneficiarios ha logrado subordinar a la burocracia política de los tres poderes del Estado, a sus deseos e intereses. Resulta por lo menos curiosa la existencia de un sentido común generalizado que "acusa" a la corrupción estatal y al mismo tiempo acepta con resignación política conductas que se reiteran en la elección de partidos y políticos denunciados y estigmatizados por el fenómeno de la corrupción.

Pero volvamos a la crisis, la que denomino estructural y que se caracteriza por las dificultades que enfrenta el capital más concentrado para valorizar sus inversiones. No sólo se trata de obtener ganancias, sino de naturalizar el proceso de acumulación. Cuando eso no ocurre, los capitalistas inducen fenómenos de acumulación ayudados por mecanismos extraeconómicos, tales como la represión abierta o la manipulación del consenso antes mencionado. La Argentina atraviesa ahora uno de esos momentos de crisis. Es cierto que los capitales más concentrados ingresan cuantiosas ganancias, pero no logran legitimar ese proceder en la sociedad y con Machinea y más aún con López Murphy, la extensión de la resistencia abierta demostraba el final de un ciclo y la necesidad de reencauzar los consensos perdidos en el último tramo del menemismo. La Alianza asumió su papel gobernante con la explícita condición de no modificar los cambios estructurales operados en el capitalismo local: apertura de la economía, desregulación de los mercados, flexibilización de las normas laborales, privatizaciones e inserción subordinada a la estrategia global norteamericana. Así se planteó en la campaña electoral y es lo que se confirma en el accionar de gobierno.

Un dato a considerar es el clima de conflictividad social existente en el momento del cambio de turno presidencial a fines de 1999. La represión con muertes en Corrientes a poco de asumir De la Rúa es una muestra palmaria de reclamos irresueltos y una clara evidencia del rumbo impreso a la gestión gubernamental. Está claro que no era posible relanzar el “sistema de acumulación” en un clima de conflictividad y  en medio de  las contradicciones existentes en el seno del gobierno. Eso generó una crisis política y una sucesión de renuncias iniciadas por la del Vicepresidente, que culminó (¿?) con el éxodo de los principales referentes del Frepaso del gobierno nacional. El interrogante tiene que ver con la continuidad de la crisis, ya que el turno de Cavallo se caracteriza por las fuertes presiones que ejerce sobre sus socios en el gobierno y sobre el conjunto de la burocracia política, al mismo tiempo que siembra expectativas en una parte de la población. El tema es que la realidad suele ser implacable y resultados no visibles en el corto plazo, podrían arrastrar al ministro e incluso a todo el gobierno.  

¿Alarmista?  Las cuentas hablan claro. Durante marzo se perdieron depósitos y reservas internacionales por más de 3.000 millones. Eran recursos que estaban en el sistema financiero local y que retiraron grandes inversores cambiándolos por dólares que tuvo que vender el Banco Central. Estos fondos al salir del mercado local  podría considerarse que generaron un "ataque" especulativo orientado a provocar una devaluación o incluso  la generalización de la dolarización. Una u otra de las variantes expresan intereses materiales concretos. En ese marco, Cavallo aceleró la legalización de su propuesta de canasta de monedas, por ahora restringida a partes iguales de dólar y de euro tratando de frenar el accionar de operadores financieros, que en su momento se ubicaron en Brasil (luego se aclaró que se hablaba de especuladores) y luego en el innominado mercado global de capitales. El ministro no se cansa de decir que esos apostadores perderán ya que el BCRA venderá todos los dólares que constituyen la reserva, si es que son requeridos por actuales tenedores de moneda local.

La crisis es profunda y la convertibilidad sólo funciona mediante el incesante ingreso de capitales. El flujo de fondos que lubricó la primera etapa del menemismo y la reelección parece haberse detenido. El mecanismo alterno del endeudamiento también está, a su vez, en crisis. Por un lado, se reconoce la imposibilidad de continuar sustentando el pago de los intereses con el equivalente a un 22% del gasto presupuestado para el presente año es decir más de 11.000 millones, que representan casi el doble del gasto salarial del Estado Nacional. Por otro lado, el blindaje constituye la salvaguarda de los pagos de la deuda para el periodo 2001/2002. Siempre y cuando se materialicen los cambios comprometidos con el FMI. Sin ajuste en profundidad, tal como lo explicitó López Murphy y sin reformas de segunda generación, en lo previsional, la educación,  la salud, el dinero no alcanzará para cubrir las necesidades de financiamiento. Se comprende así el porqué  del requerimiento de facultades especiales solicitadas por el Poder Ejecutivo y otorgadas por el Legislativo.  

Caminos cruzados

Resultan por lo tanto claras cuales son las características de la crisis y cuales las dificultades que se le presentan al poder económico para superarla. Las soluciones  que se intentan antes que resolverlas profundizan la brecha entre pocos que tienen mucho y una cantidad cada vez mayor  de quienes progresivamente pierden ingresos, empleos y calidad de vida. Es un sendero que se puede transitar porque no existen, alternativas políticas visibles para la mayor parte de la sociedad, particularmente para aquella que, en distintos niveles, protagoniza la resistencia. Sin embargo afortunadamente comienzan a visualizarse algunos esbozos de propuestas diferenciadas, que articulan propuestas concretas con sujetos que las sustentan. Una de ellas es la que inicialmente impulsó la CTA y que ahora asume un conjunto de organizaciones, entre las que se destacan la Federación Agraria Argentina, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos planteando la conformación de un movimiento político que impulse la consulta popular con el objeto de instalar un Seguro de Empleo y Formación para cada jefe/a de familia desempleado y una asignación para los menores de 18 años.

Es una propuesta concreta que afecta recursos del presupuesto actual,  incluye una reforma tributaria de carácter progresivo y a la vez, organiza sujetos desde el punto de vista político. Actúa con propuestas concretas y con la movilización de personas con reclamos muy específicos que apuntan a resolver al menos en la coyuntura el problema del empleo. En tanto iniciativa apuntala procesos de resistencia, contribuye a la organización de las propias entidades que los promueven y realiza un ejercicio ideológico y propagandístico destinado a conformar una masa crítica capaz de disputar la alternativa. El tema ha sido abordado también desde los Encuentros por un Nuevo Pensamiento, impulsados también por la CTA y en los que, no casualmente, se analizan las relaciones entre el Movimiento Social y la Representación Política. Nadie duda que la representación política está también en crisis. El interrogante y las expectativas están puestas en la posibilidad de construir una propuesta política de carácter alternativo que sea capaz de articular el fragmentado arco que expresa a la izquierda en sus diversas variantes, en tanto organizaciones políticas, sociales e incluso de determinadas personalidades. 

Esa cultura desarticulada y sin referencia propia vislumbra estímulos internacionales que aún no han logrado insertarse totalmente en la Argentina. Son su testimonio  los ejemplos de protestas globales que recorren el panorama mundial. Desde Seattle a Porto Alegre, más recientemente contra el ALCA, en Buenos Aires y próximamente en Canadá. Así como el poder económico y político recorre su camino y ensaya respuestas acordes con sus necesidades, éste es también un tiempo de experimentación de respuestas sociales y políticas que hoy anima el movimiento popular.

Buenos Aires, 17 de Abril de 2001.


* Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Director del Centro de Estudios de la FJA y miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Estudios de la CTA. Director del Instituto de la Cooperación. Miembro de ATTAC-Argentina.