Sobre las últimas medidas económicas de la Argentina

                                                                                            Julio C. Gambina

Diciembre de 2001

 

El régimen de convertibilidad está en crisis y ella se descarga sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad. El desempleo sigue creciendo a niveles cercanos al 20%. La pobreza alcanza a 14 millones de argentinos. El trabajo informal se estima en el orden del 40%. La recesión de la economía afecta a los sectores de menores ingresos, que son la mayoría de la población.

En ese marco se desató el viernes 30 de noviembre una fuerte corrida bancaria que se extendió a buena parte de los depositantes del sistema financiero. Se estimó en 1.350 millones los dineros retirados por los ahorristas, inversionistas y el propio sector público. En rigor, ese accionar de los depositantes se sumó a una continua extracción de fondos que venía aconteciendo desde enero de 2001. Más del 17% de los depósitos y de las reservas internacionales se perdieron desde entonces. El gobierno indicó que se trataba de un ataque a la moneda local de fondos buitres radicados en el exterior.

En realidad, se trata de una larga crisis de la política económica que trasciende a esta administración y que tiene como eje las condicionalidades derivadas del endeudamiento externo y la concentración de las ganancias, la riqueza y el poder en muy pocas manos. En efecto, durante el presente año y bajo el índice de riesgo país y otros mecanismos, los acreedores y bancos transnacionales han presionado para obtener mayores rentas y garantías para sus inversiones. Los grandes grupos empresarios, a su vez, presionaron para obtener la impunidad sobre sus deudas bancarias, tributarias y previsionales, e incluso  el perdón de sus deudas con el Estado, tal como ocurre en el caso del no pago de canon en aeropuertos y correo. De la ofensiva de éstos capitales altamente concentrados resultan las regresivas políticas de déficit cero y ajuste en los estados nacional y provinciales, contribuyendo a deteriorar los indicadores sociales y profundizando la recesión, que por cierto, pagan los más débiles.

La administración del Dr. De la Rúa actuó con el aval del gobierno norteamericano y sus influencias decisivas en el FMI, las que se materializaron con el blindaje financiero por 39.000 millones de dólares hace ya un año, completado luego con el mega canje de la deuda externa por 20.000 millones en mayo y ahora se acaba de cerrar la reprogramación local por 50.000 millones de dólares. En todos los casos se aseguraron condiciones para el cobro puntual de la deuda externa y alejando las posibilidades de una cesación de pagos. Para ello se garantizó el pago de las acreencias con recaudación tributaria.

Ahora toca el turno del canje de títulos en manos de los acreedores externos, los cuáles indujeron fuertes maniobras especulativas tendientes a lograr una devaluación monetaria, o una dolarización total de la economía, o ambas cuestiones a la vez. Debemos aclarar que en las condiciones políticas y económicas actuales, ambas medidas (devaluación o dolarización) y la propia defensa de la convertibilidad tiene costos regresivos para la mayoría de la población.

La insostenible corrida bancaria y la necesidad de mantener la regresividad de la política económica, llevó el 1 de diciembre pasado al Presidente de la Nación y a su Ministro de Economía a anunciar un nuevo decreto confiscatorio de los ingresos de los sectores populares y a una bancarización compulsiva de la mayoría de la población, empujando a una mayor dolarización. El segmento de mayores ingresos no se ve afectado, ya que están bancarizados desde hace tiempo y operan en ámbitos económicos también bancarizados. Es más, operan en distintas entidades financieras y con distintos instrumentos bancarios, con los que no tendrán obstáculos para operar, pese a las restricciones de extraer sólo $250 semanales. Buena parte de la pequeña y mediana empresa está informalizada por imperio de una política que restringe el mercado interno y los condena a la exclusión. Se plantea la necesidad de blanquear la economía y sin embargo es probable que los anuncios contribuyan a acrecentar el desempleo y a profundizar la recesión.

En cambio, para aquellos trabajadores que reciben menos de $1.000 mensuales se ven impedidos de disponer libremente de sus magros ingresos e inducidos obligatoriamente a operar en entidades financieras. Se induce a la bancarización de aquellos trabajadores irregulares, como si ello dependiera de los propios actores. Se señala que se trata de operaciones gratuitas, por lo menos en la transición. ¿Quién asegura la continuidad de esa gratuidad luego de superada la emergencia bancaria, sugerida en 90 días por las autoridades?

El decreto también restringe la salida de dinero, olvidando que la política oficial ha favorecido la existencia de recursos de argentinos en el exterior similares al monto de la deuda externa pública y superiores al monto total del sistema financiero. El Estado ha tenido que salir a sostener su política desdiciendose de su brega por el libre juego del mercado. El mercado es una relación donde los más concentrados se impusieron sobre la mayoría de la población.

Existe la necesidad de modificar sustancialmente la política en curso, poniendo el acento en la distribución progresiva del ingreso y la solución a las demandas de los sectores sociales más necesitados. Ese es el espíritu de la convocatoria a la Consulta Popular a desarrollarse entre el 13,14 y 15 de diciembre para aplicar un Seguro de Empleo y Formación de $380 mensuales para cada Jefe/a de hogar desempleado y un asignación universal de $60 para cada menor de 18 años, como forma de iniciar un proceso de reactivación del mercado interno y que elimine la pobreza de los hogares argentinos.

El gobierno nos coloca en una trampa, ya que en el marco de la política vigente, todas las medidas anunciadas y por anunciar tendrán los mismos pocos beneficiados y la condena a la mayoría de la población a condiciones que afectan su calidad de vida.